La guerra personal de Luchsinger contra los mapuche

Raro. Nadie reivindica su campo, pero ya cuenta 22 ataques. Su finca está custodiada por 30 carabineros, pero encapuchados van y lo queman todo. El miércoles, la justicia absolvió a los indígenas acusados de asociación ilícita. Pero Jorge Luchsinger sigue atacando y suena como candidato UDI. El diputado Alejandro Navarro anuncia que el jueves presentará querella en su contra por expresiones discriminatorias contra el pueblo mapuche.

“El indio no ha trabajado nunca. El mapuche es un depredador, vive de la naturaleza, no tiene capacidad intelectual, no tiene voluntad, no tiene medios económicos, no tiene insumos, no tiene nada (…). Entregándoles tierras no van a dejar de ser miserables. ¿Ha visto los campos que les entrega la Conadi? No queda nada, ni un árbol, no producen nada”.

Jorge Luchsinger Viliger no maneja eufemismos. Sin rodeos, va y dice lo que piensa del pueblo mapuche y del conflicto en la Araucanía. Y así lo ha hecho. Ha reiterado que detrás de los atentados sufridos en su fundo -cuyo último episodio redujo a cenizas la casa patronal y destrozó dos vehículos- “está la Coordinadora Arauco-Malleco”.

Sus palabras no pasan inadvertidas. Menos para el diputado Alejandro Navarro, que este jueves presentará en tribunales una querella contra Luchsinger por "expresiones odiosas, injuriosas y discriminatorias contra el pueblo mapuche", confirma. Pero es sólo una parte del lío que se ventila en Temuco.

Tras la seguidilla de misteriosos ataques contra su predio, el empresario agrícola dueño de 236 hectáreas en Vilcún (IX Región), no halló mejor cosa que tapar de críticas la seguridad que brinda el Estado y llamar a la “autodefensa” como fórmula para resolver el conflicto. “Si hay que sacarlos a balazos, se los saca no más”, sostuvo.

Sus palabras, unidas a otras del mismo calibre emitidas por latifundistas e influyentes productores de la zona -que agrupados en la Sociedad de Fomento Agrícola ofrecieron recompensa por el paradero de los autores de la agresión-, avivaron rumores sobre la reaparición del clandestino grupo paramilitar Comando Hernán Trizano, nombre tomado del oficial de ejército que a fines del siglo XIX combatió a los indígenas de la Araucanía.

Tres teorías

Luchsinger anota nada menos que 22 presuntos ataques contra su fundo Santa Margarita. El primero ocurrió el 22 de diciembre de 2000, denunciando abigeato (robo de animales) y destrucción de cercos. Después fue acusando usurpación, amenazas, robo de fardos, hurto de un motor, quema de un establo y de dos casas, entre otros. Todo en menos de cuatro años.

¿Qué hizo el empresario descendiente de suizos para ser objeto de sucesivos incidentes? En Temuco, conocedores del tema afirman que se manejan al menos tres versiones. Una indica que el hostigamiento provendría de familiares de un grupo de lugareños que hace un par de años Luchsinger mandó a la cárcel por abigeato. Las otras dos versiones enfrentan a terratenientes y mapuches.

Por años, los amigos de Luchsinger pensaron que la animadversión respondía al mal concepto que tiene de la cultura mapuche, pero él se convenció de otra cosa: que lo eligieron a él para conseguir impacto comunicacional para que el Gobierno reconozca la Convención 169 de la OIT. En este contexto, los empresarios sostienen que la Coordinadora Arauco-Malleco lo ha ungido como símbolo para elevar sus demandas. “Esa es la tesis de Luchsinger y del Ministerio Público”, resume un periodista que labora en el periódico mapuche “Azkintuwe”.

Del lado indígena, la versión señala que con todos estos actos sólo se pretende victimizar a los empresarios, generar alarma pública, criminalizar al movimiento mapuche e influenciar la opinión de los jueces que conducen cruciales procesos contra comuneros indígenas.

“Soy Juan Pichún, dirigente mapuche de la comunidad de la que proviene el lonko procesado Pascual Pichún, mi padre. El de Luchsinger no es un caso aislado, pues así buscan criminalizar a la gente procesada para que sean considerados terroristas. Creemos que hay grupos que tal vez sean de inteligencia o extrema derecha que aún operan en la zona. Ese atentado fue un montaje para culpar a nuestros lonkos y a la organización mapuche”.

Pichún es uno de los seis comuneros acusados de terrorismo absueltos el miércoles pasado por la Segunda Sala del Tribunal Oral de Temuco.

Quienes los acusan, por cierto, opinan distinto. El fiscal Alberto Chifelle pronuncia tajante: “Don Jorge es un testigo importante en la causa contra la coordinadora. Él iba a declarar en el juicio y yo pienso que (el amedrentamiento) es una de las hipótesis que se barajan con mucha fuerza”, sostuvo a la prensa.

Este argumento resulta insólito para otras voces. “Nadie con dos dedos de frente puede pensar que un acto como ése haya sido hecho por mapuches, cuando el único efecto que produce es perjudicar a los enjuiciados”, opina un periodista local. “Ciegamente quieren vincular los atentados que Luchsinger dice haber sido víctima. Con estos actos pretenden justificar que la coordinadora es una organización terrorista y no lo han podido probar”, agrega Pichún.

Tierras sin conflicto

El fundo Santa Margarita está rodeado por unas ocho parcelas pertenecientes a mapuches. En todos sus límites tiene vecinos indígenas. “Pero nadie ha reivindicado las tierras de este señor”, advierte Pichún. Incluso, hasta Luchsinger reconoce que en la Conadi le han informado que nunca han reclamado sus numerosas hectáreas.

Más extraño aún, según señala el diputado Alejandro Navarro, es que no obstante el fundo de Luchsinger cuenta con nutrida protección policial que patrullan día y noche el predio -30 carabineros asignados, según el general Héctor Jara, jefe de la IX Región-, ocho encapuchados provistos de armas largas y vestimenta estilo militar golpearan al empresario y a su esposa, incendiaran la casa y dos automóviles. “¿Dónde estaban los carabineros al momento del ataque?, se pregunta el parlamentario exigiendo un sumario.

Si bien las comunidades mapuches sospechan que todo se trató de un montaje, ni ellos, ni la policía ni Navarro poseen pruebas concluyentes. Pero las suspicacias son varias. El propio diputado recuerda cómo en 1999 un helicóptero de la forestal Mininco fue atacado a balazos y el acto fue atribuido al Consejo de Todas las Tierras. “Pero un informe policial, el que he pedido varias veces y me ha sido negado, demostró que las balas proceden de armas no relacionadas con comuneros”.

El abogado del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, Rodrigo Lillo, agrega otro dato: “Las municiones salieron de un arma perteneciente al empresario agrícola de Traiguén Enrique Stapunng, cercano a RN y conocido de Luchsinger”, señala el profesional. Alejandro Navarro desliza otro antecedente: “Por varios conflictos en la zona y dados los procedimientos utilizados, tenemos aprensiones sobre la ocurrencia de autoatentados”, sostiene.

Comando Trizano

El diputado Navarro presentó, en 2001, una querella para dar con el Comando Hernán Trizano -un grupo paramilitar “vinculado a la ultraderecha, una especie de Patria y Libertad contemporánea”, apunta el abogado Lillo-, que anónimamente asomó en la zona en 2000 para defender a los grandes “agricultores, forestales e hidroeléctricas del ataque de indígenas radicalizados”, según registra el “Diario Austral”. Incluso se sigue una pista que indica que los agricultores habrían cruzado la frontera para adquirir armas.

Días después del ataque a Luchsinger, un llamado telefónico al “Diario Austral” de Temuco anunció la reaparición del comando. “Hicimos una denuncia ante la Fiscalía Militar
poniendo en antecedentes sobre el denominado Comando Trizano, porque Luchsinger llama a la autodefensa y al patrullaje armado. Tenemos testimonios de que él viaja constantemente armado y ha salido a ‘rondas de inspección y autodefensa’. Eso es muy grave”, plantea Navarro.

“Hay que investigar hasta el final la agresión al señor Luchsinger. Es extraordinariamente sospechoso que ese hecho se hubiera producido en vísperas del juicio contra la coordinadora, porque genera un clima de rechazo y de condena, perjudica la defensa de la coordinadora y tiene efectos devastadores de la imagen del procesado”, apunta el parlamentario. Navarro, además, cuestiona que la Fiscalía presente como pruebas contra los comuneros hechos como el atentado incendiario a Luchsinger sin que hayan sido investigados ni aclarados.

Rodrigo Lillo, que trabaja codo a codo en el Observatorio de Derechos Indígenas junto al también abogado José Aylwin, hijo del ex Presidente de la República, precisa que “de los 22 supuestos atentados hay uno sólo con resolución definitiva. Fue una toma en 2001 de parte de su campo. Mapuches cortaron cercos y entraron, pero fueron desalojados violentamente por carabineros. Pero del resto nada, lo que fortalece el estereotipo violento y terrorista ad portas de un juicio”, reclama.

Politica y dinero

En la zona, Jorge Luchsinger es conocido hombre de derecha, simpatizante pinochetista e ideológicamente vinculado a la UDI. Él mismo se ha encargado de desmentir dos rumores: uno, que integró Patria y Libertad, y dos, que actualmente es militante gremialista.

Pero tras la visita de Joaquín Lavín que recibió luego del atentado del 9 de junio, no tardó en arrojar otro titular: Luchsinger es una de las cartas que la UDI baraja como candidato a diputado por el distrito 50, de Temuco y Padre Las Casas, al igual que otro empresario cercano a Luchsinger, Alan Cooper, hombre que junto a Patria y Libertad se vio involucrado en el asesinato del general René Schneider en 1970.

“Todo lo que ha ocurrido puede tener una connotación política clara”, anota el diputado Navarro. “El último atentado ha servido para muchas cosas. Se ha usado para influenciar el segundo juicio contra la Coordinadora Arauco-Malleco y, de paso, uno se entera que se le ha ofrecido una candidatura parlamentaria”, menciona el abogado Rodrigo Lillo. “También llama mucho la atención que, al día siguiente del atentado y desde el lecho de enfermo, Luchsinger diga que está dispuesto a vender sus tierras”

Sobre el valor de la tierra en la zona, el diputado Navarro tiene serias aprensiones. “Hay forestales que compraron la hectárea a 90 mil pesos, las forestaron con subsidio estatal de 125% y que hoy día, cuando la Conadi intenta comprar para recuperar terrenos por potenciales conflictos, los precios llegan hasta cinco millones de pesos por hectárea”, apunta.

Para algunos, es cuestión de recordar que Luchsinger posee 238 hectáreas en el fundo Santa Margarita, y luego multiplicar. La referencia ya la entregó el propio latifundista: “Yo estoy dispuesto a vender mis terrenos, pero por menos de cinco millones la hectárea no los entrego”.