Agrupaciones de víctimas de la dictadura preocupadas por declaraciones de Bachelet sobre violadores de DD.HH.

9 de Octubre de 2013
Las presidentas de las agrupaciones de familiares de Ejecutados Políticos y de Detenidos Desaparecidos, Alicia Lira (AFEP) y Lorena Pizarro (AFDD), expresaron este miércoles su preocupación ante las declaraciones emitidas por la candidata presidencial de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, quien sostuvo que revisaría caso a caso posibles beneficios a militares condenados por violaciones a los derechos humanos.
Las representantes de las agrupaciones de familiares recordaron que el 11 de septiembre de 1998 el Gobierno, encabezado por Eduardo Frei Ruiz-Tagle, suscribió el Estatuto de Roma, iniciativa que creaba una Corte Penal Internacional (CPI), también denominada Tribunal Penal Internacional (TPI), cuyo objetivo se centra en juzgar a personas que cometen graves crímenes en contra de la humanidad, en el caso que sus propias naciones de origen omitieran acciones judiciales al respecto, que fue finalmente ratificado el 29 de junio de 2009 por el Congreso, bajo el gobierno de Michelle Bachelet.
“Como agrupación es lamentable (oír) las declaraciones, porque son una mala señal para el país, sobre todo en estos momentos en que hemos vivido los 40 años del golpe cívico militar, cuando seguimos escuchando declaraciones de victimarios, de la ruindad de Manuel Contreras, donde no existe ningún grado de arrepentimiento, donde reivindica la organización terrorista que practicó la tortura, la desaparición forzada de los chilenos”, remarcó la presidenta de la AFEP.
Alicia Lira enfatizó que “es una mala señal de parte de una candidata, pero me quiero también dirigir a todos los candidatos presidenciales, porque, si llegan a la Presidencia de la República, tienen que respetar los convenios y tratados internacionales cuando se trata de victimarios de violaciones a los Derechos Humanos, porque hay que recordar que los beneficios carcelarios, los indultos son para la población común en hechos delictuales, no para los crímenes de lesa humanidad, que está tipificados universalmente, específicamente en el Estatuto de Roma”.
Asimismo, aseveró que “creo que hay una forma distinta de dar una respuesta a este problema; hay que recordar a la opinión pública y también a los candidatos presidenciales, que ellos (militares condenados por violaciones a los Derechos Humanos) tienen todas las condiciones del buen vivir, solamente no pueden dormir en sus casas. Ellos están en cárceles especiales, tienen la mejor atención médica en el hospital Militar, que cualquier chileno la desearía. Nosotros seguimos esperando que en este país haya verdad y justicia”.
En tanto, la presidenta de la AFDD y candidata a diputada por el bloque Nueva Mayoría, expresó que “no me gusta, me parece que no corresponde hablar de caso a caso cuando estamos hablando de violadores a los Derechos Humanos y genocidas, y, en mi condición de militante comunista y hoy candidata al Parlamento, yo no estoy de acuerdo con una visión así”.
Lorena Pizarro expresó que “nos preocupa el planteamiento de la candidata en relación a estudiar caso a caso la posibilidad de entregar indulto a los violadores de Derechos Humanos. Las organizaciones de Derechos Humanos hemos manifestado con mucha fuerza, y particularmente la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, nuestro absoluto convencimiento, basado en el Derecho Internacional Humanitario, de que quienes son condenados por crímenes contra la humanidad, por genocidio, no pueden ser sujetos de beneficios como leyes de Amnistía, prescripciones, medias prescripciones”.
La candidata a diputada remarcó que “tampoco indultos presidenciales o de cualquier otro tipo que interrumpan el cumplimiento de la condena, y esto tiene que ver con una visión internacional que habla de la necesidad de establecer, por parte de los estados, obligaciones que impulsen la no repetición de estos hechos y es por esto que la comunidad internacional ha declarado que los crímenes contra la humanidad y sus responsables, son delitos que no prescriben, no se amnistían y no se indultan, aquí los caso a caso no corren”.
Además, las dirigentas manifestaron su intención de seguir insistiendo en terminar con cárceles especiales y beneficios para los violadores de los Derechos Humanos, y que quienes se encuentran cumpliendo condena en Punta Peuco deben ser trasladados a recintos penitenciarios comunes.
*Fuente: El Mostrador