La exclusión de los indígenas en el Consejo Asesor para la Educación

A pesar de que la Presidenta Bachelet ha declarado una y otra vez su disposición por el reconocimiento de los pueblos indígenas, sus asesores no son capaces de sacar las conclusiones políticas y prácticas de ese reconocimiento que se predica. El Gobierno predica pero no practica. Se desaprovecha una oportunidad preciosa de materializar la inclusión de los derechos y actoría indígenas, como un desafío cotidiano y transversal de las políticas de estado.

"Excluir a los indígenas y sus perspectivas, del Consejo Asesor Para la Educación, es pretender ignorar que las políticas educacionales son las principales responsables de la producción y reproducción de las desigualdades y discriminaciones étnicas. Es pretender desconocer que en la matriz, el habitus, en la caja negra de la institución escolar, está a fuego la trilogía de clase-etnia-genero, convirtiendo las diferencias en desigualdades".
Víctor Toledo, Historiador

Culminan los 100 primeros días del gobierno de Michelle Bachelet, y cualquier hijo de vecino puede constatar que la agenda de las políticas públicas en Chile pasa por un proceso de redefiniciones, más o menos profundo. Como corresponde en una democracia, las prioridades de la agenda gubernamental y legislativa se están definiendo en buena medida en la arena pública. ¿Qué no era este el gobierno de los ciudadanos?

La educación en crisis – que duda cabe- ha pasado a ser una prioridad en la agenda, impuesta desde la calle. Al mismo tiempo, la elite del país discute con cierto desparpajo qué hacer con los excedentes del cobre; se abre el debate de la reforma del sistema electoral, donde las mujeres y las minorías políticas exigen sus cuotas; se discute a puertas cerradas la reforma de la previsión social que ha hecho crisis; y por otro lado se rediseña la institucionalidad ambiental. Eso sin entrar aun a sentir los efectos de los TLCs. Son algunos de los temas que están hoy en la agenda-país. Son asuntos estructurales, cuya definición marcará el destino de varias generaciones de habitantes de esta república.

¿Y “como van ahí” en esa agenda-país, los intereses de los pueblos indígenas, de los niños indígenas, las mujeres indígenas, los trabajadores indígenas, y los ancianos indígenas? La pregunta es necesaria porque esas reformas del país enmarcarán el destino de los pueblos indígenas en Chile, por varias décadas. Sin embargo, pareciera que tanto para la clase política chilena, la sociedad civil chilena, incluso las propias organizaciones indígenas -mapuches, rapa nui, aymara, licanantai, quechuas, coyas, diaguitas, kawashkar, yagan- viviesen en un país otro, y con agendas distintas. La agenda pública de Chile pareciera una cosa lejana, ancha y ajena.

Ya se ha destacado que entre las 36 primeras medidas de los primeros 100 días del Gobierno de Bachelet no había ninguna medida sobre asuntos indígenas. Y en el discurso del 21 de mayo del 2006 quedó claro que los derechos y sustentabilidad indígenas no constituyen prioridad para los próximos cuatro años. Más aun. No solo los asuntos indígenas no integran la agenda del país. En estos 100 días ha quedado claro que a la hora de tratar los temas centrales del país tampoco se considera a los indígenas. No están convocados ni considerados. Se opera una exclusión de los indígenas por partida doble.

Volver a los 17. Los movimientos sociales y la agenda pública
La rebelión estudiantil de mayo 2006 sacudió a todo al país. Fruto de esa movilización de cientos de miles de estudiantes se puso prioridad a la reforma de la educación en Chile, poniendo en evidencia su crisis, su carácter discriminador y excluyente. En esa movilización se involucraron masivamente los estudiantes indígenas. Su contribución no fue menor.

Por si no se ha notado, varios de los y las líderes secundarios son mapuches, no solo en Temuco. Y ello no es casual, los indígenas están sobrerepresentados en la educación municipal, la única opción para las inmensas mayorías. Y los estudiantes indígenas, veteranos en movilizaciones, aportaron su perspectiva a la crítica de la discriminación educacional. Más aun, la reivindicación de la autonomía, las prácticas asambleísticas de democracia directa, las vocerías colectivas, de que hacen gala los secundarios para asombro y espanto de la clase política, no salieron de la nada en Chile, son repertorios culturales que los secundarios tomaron indirectamente de los movimientos mapuches y su década de movilizaciones, que durante años fueron las únicas expresiones de ciudadanía activa, y por ello duramente reprimidas, como se intentó hacer con los estudiantes.

El movimiento estudiantil salió victorioso como movimiento ciudadano, pues instaló el tema de la crisis de la educación en la agenda pública y gubernamental. Y de pasó validó a la movilización social como una expresión legítima y necesaria de la democracia. Es un parteaguas en la historia democrática de este país. El auténtico fin de la transición y el inicio de la democracia de las ciudadanías lo marcaron los que nacieron en 1990.

La Presidenta de la República, repitiendo una inercia de 16 años primero había fustigado duramente a la movilización estudiantil en su discurso del 21 de mayo de 2006, calificándolos de “vándalos”. Sin embargo, Michelle Bachelet en un giro discursivo que es un hito para la nueva democracia, y que la honra, el 7 de junio de 2006, señaló ante sus funcionarios: “Menos aún hay que tenerle miedo a las movilizaciones, a las protestas o a las diferencias. Lo que sí pedimos a todos es que se actúe a cara descubierta. Lo que pedimos es coherencia. Lo que pedimos es hacerse parte de la solución, no sólo de la petición. Lo que hacemos es invitar a construir propuestas pensando en el país, no sólo en el interés propio.”

En respuesta al vigoroso reclamo estudiantil, la Presidenta de la República, convocó a un Consejo Asesor Presidencial Para la Educación el 7 de Junio de 2006, con la tarea de debatir ampliamente esa prioridad de país y proponer las bases de una nueva política de Estado.

La exclusión de los indígenas de la agenda nacional
Se ha destacado la pluralidad de dicho Consejo, sin embargo en su enormidad, donde hay asientos para medio mundo, han sido olvidados los indígenas. Otra vez. Como si fueses habitantes de otro país, como si la educación no les incumbiese, y no fuesen ciudadanos. Otra elocuente señal de ceguera y ninguneo. No hay caso. Aunque pida Saramago “mirar a los mapuches”, en el Chile del siglo XXI y en el gobierno de las ciudadanías, los indígenas son invisibles. Lejanos son aquellos tiempos de la Asamblea de la Civilidad, bajo dictadura, en que era inconcebible una mesa sin los indígenas, para soñar y diseñar la democracia.

A pesar de que la Presidenta Bachelet ha declarado una y otra vez su disposición por el reconocimiento de los pueblos indígenas, sus asesores no son capaces de sacar las conclusiones políticas y prácticas de ese reconocimiento que se predica. El Gobierno predica pero no practica. Se desaprovecha una oportunidad preciosa de materializar la inclusión de los derechos y actoría indígenas, como un desafío cotidiano y transversal de las políticas de estado. En ese Consejo Asesor no están presentes ni siquiera las instituciones oficiales encargadas de lidiar con los asuntos indígenas. ¿Qué dice la CONADI y su Consejo Nacional? ¿No establece acaso la propia ley 19.253 competencias en materia de educación?

Y no se trata de que los indígenas estén presentes por un asunto simbólico. Excluir a los indígenas y sus pers
pectivas, del Consejo Asesor Para la Educación, es pretender ignorar que las políticas educacionales son las principales responsables de la producción y reproducción de las desigualdades y discriminaciones étnicas. Es pretender desconocer que en la matriz, el habitus, en la caja negra de la institución escolar, está a fuego la trilogía de clase-etnia-genero, convirtiendo las diferencias en desigualdades. Excluir a los indígenas es desentenderse del hecho de que los planes de educación, su relato de la historia y la sociedad, forjan los prejuicios de chilenitos discriminadores y etnocéntricos, lo que no solo los inhabilita para “mirar a los mapuches” sino para ser ciudadanos del siglo XXI pluriétnico, globalizado y multicultural.

Tal como está conformado el Consejo Asesor y su agenda, será una reforma discutida y definida entre chilenos, para chilenos, traspasada inevitablemente de racismo, ese “currículum oculto” de la educación chilena. La exclusión de los indígenas del Consejo Asesor es desperdiciar una oportunidad de abordar uno de los asuntos claves de las sociedades contemporáneas: la formación de los ciudadanos en una cultura de respeto interétnico y pluralidad de identidades. Por último, las autoridades olvidan la receta majadera, que todas las elites chilenas bienpensantes repiten a la hora de opinar y perorar sobre como abordar “el problema indígena”: “educación y más educación”. Pero cuando llega el momento de discutir en serio la educación, se excluye a los indígenas del Consejo Asesor.

Con esa exclusión se comete un doble agravio, pues si hay algún tema de política pública que ha sido debatido por los indígenas, analizado y objeto de elaboración de propuestas, para “ser parte de la solución y no solo de la petición” es precisamente en asuntos de educación. Si en alguna materia se han preparado los indígenas, formado especialistas, postgrados, escrito libros, realizado congresos, en las últimas décadas es en educación. ¿En qué topamos ahora que llegó la hora de la educación? Bien pueden preguntar las organizaciones indígenas, de estudiantes, profesores, académicos, mapuches, aymaras, rapanui “¿y ahora qué más quieren sus señorías para escuchar a los indígenas?” ¿Cuándo si no ahora?

Un asunto de ciudadanía, respeto y dignidad
La Presidenta Michelle Bachelet en su discurso del 7 de junio de 2006, en el Patio de las Camelias, advertía a sus funcionarios: “Necesito un gobierno que se anticipe a los problemas y no que reaccione solamente a ellos.” “Reitero que la dignidad de las personas debe ser respetada siempre”. Y aquí estamos ante un problema anunciado, y ante una falta de respeto.

Lo cierto es que ese Consejo Asesor excluyente y tácitamente racista en su composición y enormidad, incumple obligaciones estatales ante el derecho internacional y nacional, respecto a la consulta y participación de las comunidades y organizaciones indígenas en los asuntos que les conciernen. Y vaya si les concierne la educación. Ese Consejo excluyente está desperdiciando una oportunidad de poner en debate intercultural la implementación del derecho a la educación de los pueblos indígenas, en particular de las obligaciones estatales establecidas en la Convención Internacional de Derechos del Niño, y en la Convención de Eliminación de la Discriminación Racial.

Por si no se ha advertido, el flamante Consejo está al borde de la inconstitucionalidad. ¿De cual derecho a la igualdad se habla cuando se excluye a los indígenas? Y sin ir más lejos, el Consejo Asesor Presidencial, creado por un acto de la Administración, incumple con el Artículo 34 de la Ley 19.253 y sus actos adolecerán de nulidad de derecho público, si no se escucha y considera la opinión de las comunidades y organizaciones indígenas. ¿Será necesario que las comunidades y organizaciones indígenas lleguen a tribunales a interponer un recurso de protección o acciones de nulidad de derecho público, para que se respete su derecho a participar y ser escuchados en los asuntos que les conciernen?

En políticas públicas, siempre se pueden corregir los errores. Así como se inventó una “Medida Nº 37” para parchar la omisión de los primeros cien días, nada cuesta corregir ahora la nueva omisión cometida y abrir los cupos para la representación indígena en el Consejo Asesor Para la Educación. En una mesa donde caben 74 bien pueden caber 80. Es cosa de voluntad, de la buena. Aun es tiempo. Y también es urgente que las propias organizaciones indígenas se auto convoquen a su propio congreso de educación. ¿Cuándo si no ahora?

El Consejo Asesor Para la Educación no es el único caso de invisibilidad y exclusión de facto de los indígenas y sus derechos en los temas centrales de la agenda del país. Otro tanto ha ocurrido con la Comisión Boeninger sobre reforma electoral; la Comisión Marcel sobre previsión; el debate de la Ley de Discriminación, la reforma de la institucionalidad medio ambiental; la discusión del anteproyecto de ley corta de Bosque Nativo; el proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos Humanos. Todos casos donde se hace gala de ceguera chilena y exclusión indígena.

Debe entenderse que los asuntos y los desafíos de las ciudadanías en materia indígena no se reducen a las políticas de la CONADI, a la creación de una subsecretaria y a ceremonias folklóricas. Como dijera Francisco Huenchumilla en enero de 2006: “Sin duda, los pueblos indígenas requieren superar la pobreza, pero también tienen pleno derecho a ser actores válidos en el poder y la toma de decisiones del Estado y la sociedad”.

Las políticas públicas, la agenda del país, no puede ser un mundo ancho y ajeno para los ciudadanos indígenas. Más aun, cuando allí otros están trazando las coordenadas del propio destino de los pueblos indígenas y del país. Es lo que esta en juego en estos meses y en la democracia de las ciudadanías / Azkintuwe

El autor es Director del Centro de Políticas Públicas y Derechos Indígenas. Ver: www.politicaspublicas.cl