A propósito de la Asamblea Constituyente: Carta abierta a Camilo Escalona

Estimado Camilo,

Quisiera compartir algunas reflexiones en torno a tu reciente descalificación de la demanda por una Asamblea Constituyente. Me parece basada en un error de apreciación serio, que de imponerse en el seno de la oposición, puede conducir al poderoso movimiento progresista que se levanta en el país a un despeñadero.

Desde luego, tu opinión que no hay crisis institucional sino apenas un “desencanto político,” a estas alturas resulta curiosa, por decir lo menos.Debes ser el único que opina eso. Desde luego, no se sabe de ningún otro político opositor que sostenga algo parecido. El movimiento social es unánime en denunciar dicha crisis. Más allá de ellos, la misma resulta bien evidente para todo el mundo.

Ascanio Cavallo, analista político que no acostumbra hacer apreciaciones tremebundas, afirma: “el descrédito de las instituciones, los partidos y los dirigentes políticos se acerca a los bordes de una crisis de legitimidad.”

Pilar Vergara, periodista de El Mercurio, escribe: “Confianzas en cortocircuito. La conclusión a la que uno llega es que el gran cambio social que vivimos y se siente, en realidad es un rebaraje del poder.”

Bernardo Larraín, Presidente de Colbún y vocero del Grupo Matte, que acaba de suspender el proyecto HidroAysén precisamente por este motivo, ha afirmado: “Para que el resultado sea el legítimo, es necesario que la institucionalidad tenga legitimidad. Sin embargo, esto no está ocurriendo. No se están dando equilibrios entre las empresas y la ciudadanía.” Cabe subrayar que dicha falta de legitimidad ha paralizado los dos proyectos hidroeléctricos que en conjunto cubren la mitad de la demanda de las décadas venideras. Eike Batista, inversionista brasileño que impulsa el segundo de los mismos, declaró: “Se está volviendo imposible invertir en Chile.”

Ciertamente, quien mejor lo ha expresado es el célebre editorial del diario británico Financial Times, del 24 de agosto del 2011: “Diseñadas para salvaguardar el modelo económico y social heredado de Pinochet, su fosilización ha ahuecado las instituciones estatales de toda representatividad.”

Es decir, es una situación que no da para más. Resulta imperioso encontrar una salida. Sin embargo, al revés de lo que afirmas en tu entrevista, la actual institucionalidad no permite hacerlo. Incluso, el solo cambio del binominal no parece resultar suficiente, aunque ciertamente constituye una apertura importante.

Necesariamente, por lo tanto, debe generarse una ruptura. Se pueden imaginar muchas formas en que ello puede cursar, como la aprobación de un plebiscito vinculante con iniciativa ciudadana, por ejemplo. Sin embargo, cuando se encuentre la salida, lo que resulta inevitable y ocurrirá más temprano que tarde, probablemente la misma resultará insospechada.

Lo importante, sin embargo, es representar claramente a la ciudadanía la imperiosa necesidad de realizar este cambio. Ese es precisamente el contenido de la demanda por una Asamblea Constituyente: ciertamente la salida más democrática y civilizada para una situación imposible.

Lo que está en crisis no es sólo la institucionalidad, sino “el modelo económico y social heredado de la Pinochet”. Lo esencial al respecto es renacionalizar el cobre y los recursos naturales, puesto que el monopolio sobre los mismos por parte de un puñado de grandes conglomerados rentistas, extranjeros los mayores de ellos, es la base principal de todas las distorsiones de la economía y la sociedad.

Los grandes grupos que operan en Chile no invierten en la gente, puesto que no obtienen sus ganancias del valor agregado por el trabajo de los chilenos y chilenas, sino de la renta de los recursos con que la naturaleza ha bendecido a nuestro territorio, pero que en sus manos se han convertido en una verdadera maldición.

Por esta razón, principalmente, las políticas de las últimas décadas han desprotegido la producción interna de bienes y servicios, la que se desarrolla con relativa debilidad en relación a otros países emergentes.

Esta es la causa de fondo de la precariedad del empleo, puesto que más de la mitad de la fuerza de trabajo está ocupada en comercio o servicios que producen escaso valor agregado. Por esta misma razón, se ha consentido en el desmantelamiento de la educación pública: la fuerza de trabajo importa poco para los grandes rentistas que hegemonizan la elite.

También, ciertamente, es la causa principal de la escandalosa inequidad. No solo de aquella que se verifica al interior de la fuerza de trabajo, que es la que mide la CASEN, que también resulta peor que en la mayoría de los países. La desigualdad de verdad, sin embargo, es entre el 99 por ciento de la población que representa la CASEN y el uno por ciento verdaderamente rico que ni siquiera se digna responderla, lo que no le impide apropiarse de la mitad del PIB; consume nada menos que un 27 por ciento del mismo e invierte el resto, para ganar más todavía en la otra vuelta.

La renacionalización de los recursos naturales resolverá de una plumada estas gigantescas distorsiones.Es el equivalente de la reforma agraria, que hace cuatro décadas barrió con las trabas que frenaban el progreso del país.Permitirá redirigir la economía hacia la producción de bienes y servicios, en base a la mano de obra nacional, garantizando una verdadera competencia en todos los mercados y reorientada a su vez hacia adentro de una América Latina crecientemente integrada.Junto a ello, hay que terminar con el lucro en la educación, las ISAPRE y AFP y reconstruir los grandes sistemas públicos de educación, salud, previsión y transporte, para ofrecer una adecuada calificación, seguridad y comodidad a la población.

Esas grandes medidas no constituyen un asalto al cielo ni mucho menos.Sencillamente, se trata de corregir las distorsiones acumuladas tras cuatro décadas de extremismo neoliberal, que han favorecido principalmente a un puñado de grandes corporaciones rentistas.Permitirán el desarrollo sin trabas de la auténtica producción capitalista en el país, como ocurre en las potencias emergentes más dinámicas, con grados mucho mayores de respeto y equidad para los trabajadores: la verdadera fuente de la moderna riqueza de las naciones.

Sin embargo, no se trata de tareas sencillas. Los sectores afectados son ínfimos en número, pero hoy por hoy controlan el país a su amaño. No podemos caer nuevamente en la ingenuidad de pensar que no harán todo lo que esté a su alcance para mantener sus privilegios.Pero es posible.Principalmente porque se trata de medidas nacionales, indispensables para que el país continúe progresando. También, porque la situación actual no da para más. La abrumadora mayoría del país está de acuerdo con estas medidas, puesto que benefician a todos. Incluso a la segregada elite que hoy vive aislada y atemorizada, en un Apartheid que sabe que no puede continuar.

Ciertamente, al igual como ocurrió a lo largo de buena parte del siglo pasado, esta gran transformación solo puede ser dirigida por el Estado, conducido por una nueva coalición desarrollista, de trabajadores, empresarios y funcionarios, civiles y militares. También los trabajadores independientes, pescadores y campesinos; no pocos de estos últimos se identifican en medida no menor con las comunidades de pueblos originarios amenazados por la voracidad de los grandes rentistas.

Al igual que ha venido ocurriendo con todos los grandes avances de nuestra sociedad a lo largo del pasado siglo, una transformación de esta magnitud solo resulta posible en el marco de una renovada participación masiva de la ciudadanía en los asuntos políticos. Felizmente, es bien evidente que ello está sucediendo nuevamente.

Esto lo conocemos bien, porque hemos sido actores en los últimos grandes ciclos de auge de la movilización popular: el que se extendió desde la segunda mitad de los años 1960 y hasta 1973, que hizo posibles las grandes e irreversibles transformaciones progresistas de los gobiernos de los Presidentes Frei Montalva y Allende. También en aquel que en el curso de los años 1980 permitió terminar con la dictadura.

Aprendimos asimismo, que cuando la movilización va al alza, hay que adecuar las consignas, adelantándolas para que se encuentren con el movimiento de masas en ascenso. El peor error en estas situaciones, consiste en quedarse atrás del movimiento en alza; sencillamente, este último nos pasaría por encima. Es lo que Lenin denominó “cretinismo parlamentario,” aludiendo a los políticos que pretenden seguir actuando en los momentos de auge igual como lo hacían en los largos y exasperantes períodos de calma chicha, durante los cuales la política se ve reducida a la manida “medida de lo posible” de los consensos en los corredores parlamentarios.

También aprendimos dolorosamente, que estos grandes ciclos de actividad política masiva no duran para siempre. Cumplidos sus objetivos principales, la gente común y corriente, cuya fuerza colectiva de millones los hacen posible en primer lugar, se cansan del inevitable caos en que transcurren y añoran que se restablezca el orden para poder regresar a sus asuntos cotidianos.

La joven generación de socialistas de la cual formas parte, se grabó a fuego el gran error de 1973, cuando la dirección de tu partido promovía frívolamente “avanzar sin transar,” sin percatarse que el gran ciclo de movilización popular había empezado a declinar. La generación de comunistas de la cual yo formo parte, aprendimos la misma lección a fines de los años 1980, cuando pretendimos seguir impulsando “a pulso” el derrocamiento de la dictadura, sin parar mientes que la gran ola de protestas populares había empezado a declinar desde mediados de 1986.

En ambos casos, fuimos presa de una suerte de “cretinismo parlamentario al revés.”

Precisamente porque aprendimos juntos todas estas cosas a lo largo de todos estos años, es que te escribo esta carta: tus declaraciones recientes parecen indicar que no aprecias la situación que se vive con realismo. Pareces tener una sola idea en la cabeza: ganar las próximas elecciones presidenciales y asegurar la gobernabilidad del segundo mandato de la Presidenta Bachelet.

Ciertamente, concuerdo plenamente en la necesidad de ganar las próximas elecciones presidenciales y obtener la mayor representación parlamentaria que resulte posible. Asimismo, será necesario garantizar la gobernabilidad del gobierno de Bachelet. Lo primero parece bastante asegurado, porque la gente votará por Michelle para poner término al gobierno de la derecha, tal como votó por Piñera para poner término a los gobiernos de la Concertación. Así de sencillo. De ahí se verá.

Sin embargo, lo más probable es que lo segundo, sólo resulte posible poniéndose a la cabeza del movimiento ciudadano en alza. No sería de extrañar que el futuro gobierno de Bachelet desate una importante movilización popular. Hasta ahora solo han entrado a la pelea los sectores medios, pero ello no significa que el pueblo ya esté arreglado, como ilusamente ha planteado el ex presidente Lagos. Muy por el contrario, el descontento popular es explosivo, solo que nunca empiezan la pelea, esperan pacientemente al momento preciso para lanzarse al ruedo, porque saben que al final pagan los platos rotos.

Para asegurarse la conducción de dicho movimiento hay que hacer ahora lo mismo que hizo la Unidad Popular: levantar un programa decidido, que diga claramente lo que hay que hacer. Luego, hay que avanzar apoyándose en la movilización en alza, con cautela para no quedar en el vacío, con paciencia para no precipitarse, pero con toda decisión en la medida que las condiciones para avanzar vayan madurando.

Luego, asegurarse de estar muy atentos al momento en que la movilización empiece a declinar, para restablecer el orden y consolidar lo avanzado, antes que la inevitable reacción asuma este desagradable papel. Esto último es lo que no hicimos con Allende.

Acá es donde entra la demanda de una Asamblea Constituyente. Ésta debe ser la consigna central de la campaña de Bachelet. Al mismo tiempo, hay que decir que no vamos a poder lograrla si no obtenemos una mayoría importante en el parlamento y/o la movilización social no irrumpe para exigirla.

Si el gobierno de Bachelet no se propone actuar de este modo, corre el riesgo de ser sobrepasada absolutamente por los acontecimientos. Éstos, por otra parte, seguirían un curso impredecible al no tener adelante una fuerza política experimentada, capaz de conducirlo.

Su segundo gobierno sería un desastre. Sencillamente no podría gobernar y podría terminar muy mal, en la impotencia total. ¡Una suerte de madrugada del 27 de febrero extendida a los cuatro años de gobierno!

Estoy seguro que eso sería lo último que desearías para ella y para el país. Por este motivo, te sugiero consideres revisar tu posición respecto de la justa consigna de la Asamblea Constituyente.

Te saludo con un abrazo fraternal.

*Fuente: Cooperativa

Ultimos publicados:

• Opositores a Allende
• Zambullón
• ¡No más lucro en las pensiones!