Asamblea Constituyente, queremos

En el reconocimiento de que nuestro Parlamento es poco representativo de la diversidad política y social del país sería absurdo confiarles a nuestros diputados y senadores la definición de una nueva Constitución o las reformas que se le pudieran hacer a la actual Carta Fundamental para transformarla en un texto de real solvencia democrática. Quienes hoy integran ambas cámaras legislativas han sido elegidos mediante un sistema electoral binominal acotado y absolutamente deslegitimado en la ciudadanía. Salvo honrosas excepciones, los actuales legisladores más bien representan los intereses corporativos de sus partidos políticos, entidades que en su desempeño se reiteran completamente abyectas a los poderes factuales que definen los grandes lineamientos de la política, la economía, las relaciones internacionales y , en general,  toda la actividad nacional.

El descrédito que se expresa en las encuestas respecto de toda la política, las colectividades partidarias y las propias instituciones  públicas, lo que más pudiéramos esperar del Gobierno y del Parlamento es una iniciativa legal que convoque a una Asamblea Constituyente amplia e incluyente y que en un período determinado defina un nuevo texto fundamenta. El que debiera ser refrendado, luego, en una elección popular para este fin. Es éste, por lo demás,  el camino seguido por otros países que han salido de regímenes autoritarios. Es decir, por aquellas naciones que no le temen a la opinión del pueblo y en que sus clases dirigentes no se sienten tan iluminados por el don de representar lo que éste anhela y necesita. Llevamos demasiados años tutelados por las Fuerzas Armadas y por los protagonistas de la posdictadura; parece ser la hora, entonces, de que se consulte la voluntad de quienes las democracias asignan como sus verdaderos soberanos. Es decir, los ciudadanos.

Sin embargo, podemos  apreciar  que en la clase política lo que a lo sumo existe es voluntad para hacerle otras enmiendas cosméticas a la Constitución heredada de Pinochet, mientras algunos se resisten, incluso, a modificar el actual sistema electora. Convencidos de que un Parlamento que se abra a otras expresiones que no sean las del duopolio político que nos rige pudieran convertirse en un riesgo para la estabilidad institucional sacralizada en nuestro ordenamiento jurídico. Unos y otros se niegan a reconocer el alto grado de tensión  que vive nuestro país en la Araucanía, en las calles de las grandes ciudades y en la explosión social de múltiples ciudades y pueblos. Obtusas posiciones que le siguen confiando a la represión policial el control del llamado “orden público”, sin considerar para nada que la mejor forma de garantizarlo es con justicia y equidad, dos términos respecto de los cuales nuestro país presenta severos déficit, pese al crecimiento económico sin duda alcanzado.

Ante la necesidad de que Chile avance realmente a su consolidación democrática, y la renuencia de las autoridades a reconocer este objetivo, es preciso que asumamos la movilización social como el más efectivo expediente de los cambios. Así como los estudiantes movilizados lograron poner en el debate público la responsabilidad que al Estado le compete en la recuperación de una educación pública, igualitaria y de calidad, también éstos y otros sectores del país deben emprender una movilización intensa para exigir Asamblea Constituyente y plebiscito. Para ello debemos contemplar, necesariamente, el recurso de la desobediencia civil, la renuencia a participar en las elecciones acotadas y otras formas de resistencia ciudadana efectivas.

Tal como a la Dictadura se la derrotó con el alzamiento popular, hoy es necesario oponerle a la pos dictadura nuevas movilizaciones en la convicción de que –al final- las ideas son más efectivas que la represión y las armas. Así como la solidez moral termina derrotando siempre a los políticos e intereses corruptos y abyectos.

Luego de un año de movilizaciones, se podrá argumentar que es insuficiente todavía lo logrado por el mundo educacional en recursos e iniciativas gubernamentales o parlamentarias.  Sin embargo, la tozudez de las autoridades puede estar próxima a desmoronarse con algo mucho más contundente: la comprensión general de que las demandas educacionales, laborales, medioambientales, previsionales y tantas otras sólo podrán alcanzar solución con un logro esencial.  Esto es, con un nuevo ordenamiento institucional, el fin de nuestros falsos representantes y el ejercicio de una democracia participativa. Que le pierda, ciertamente, elmiedo al pueblo y a los ciudadanos.

*Fuente: Radio de la U de Chile