La Memoria no es una mercancía, es un derecho, un deber público

01 de febrero de 2026

Existe una línea, delgada pero fundamental, que diferencia entre entre honrar la memoria y explotarla. En los últimos años, tanto en Europa como en América Latina, hemos visto cómo lugares que deberían servir como pilares de la conciencia histórica de la humanidad y la defensa de los Derechos Humanos corren el riesgo de transformarse en productos comerciales, vaciando su significado profundo.

Observamos con preocupación fenómenos como:

• La banalización comercial en los alrededores de memoriales del Holocausto, como ha ocurrido en Auschwitz, Dachau y otros.
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• La realización de eventos sobre DDHH, en Sitios de Memoria, con entradas a precios excluyentes, pues eso convierte la reflexión que debe realizar permanentemente la sociedad -«Nunca Más»– en un bien de consumo para las elites.
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• La reconversión de lugares de tortura y exterminio en destinos turísticos donde se prioriza la «experiencia» del visitante sobre el respeto a las víctimas y la pedagogía del horror.
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El caso de Colonia Dignidad en Chile es un ejemplo desgarrador y paradigmático. Un enclave donde se cometieron crímenes atroces contra la humanidad –abuso sistemático de niños, tortura y desaparición de opositores a la dictadura– no puede ser promovido principalmente como un lugar para “saborear la comida alemana y el descanso”. Hacerlo es una segunda victimización: borra el sufrimiento con la pincelada del Oktoberfest y el paisajismo, reduciendo un capítulo siniestro de nuestra historia a una curiosidad folclórica. Por supuesto, el caso de Colonia Dignidad es un caso especial. Cuando nos referimos a la Colonia pensamos en los decenas y decenas de niños y adultos que fueron violentados, abusados, y que trabajaron por largos años sin recibir un centavo de sueldo. Pensamos en esos niños que fueron abusados y violentados con medicamentos y golpes y que el estado de Chile no termina de reconocer e indemnizar como se debe. Colonia Dignidad sigue siendo una vergüenza para Chile y Alemania.

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Frente a esto, sostenemos que:

1. La memoria es un derecho y un deber público.

La preservación de estos los Sitios de Memoria y la educación sobre lo que allí ocurrió es una obligación ineludible del Estado. No pueden quedar a merced de la lógica del mercado o del turismo masivo.

Su financiamiento debe ser prioritario y garantizado con fondos públicos, asegurando su integridad histórica y su vocación educativa.

El tema de fondo es si la totalidad de los Sitios de Memoria van a ser financiados por el Estado destinando para ello un fondo suficiente o, como ocurrió vergonzosamente en la Salud,  tendrá que aparecer un Don Francisco de los Derechos Humanos que organice teletónes o festivales para que reunir lo necesario para el financiamiento de la mantención de los Sitios de Memoria. Las leyes de memoria debieran imponer al Estado la obligación de garantizar la preservación y funcionamiento de los sitios o lugares de Memoria, exigiendo una rendición pública anual de sus gastos.

2,  El acceso a la Memoria debe ser universal.

Cobrar precios altos por entrar a un memorial o a un evento sobre DDHH instaura una barrera económica que transforma un derecho ciudadano en un privilegio de clase. ¿Quién del pueblo puede pagar estas entradas?

Respecto de nuestra publicación hecha el 15 de enero de este año, hemos visto que los organizadores han anunciado que liberan 3000 cupos, pero eso no es más que una gota de agua sobre una piedra caliente. La conciencia histórica no puede ser un lujo. En el caso de que sea ineludible la realización de actividades que generan ingresos, es de vital importancia que ellas sean auditadas 100%, públicamente. No podemos permitir que la Memoria sea fuente de ingresos privada para nadie [1]

Nosotros, los chilenos de a pie, no tenemos dinero para invertir y hacer negocios. Y cuando alguien nos financia un negocio para que hagamos dinero con la Memoria, «hay que parar las orejas» y preguntarnos por qué lo hacen. No estamos contra el comercio y la actividad comercial, pero no para que la hagan con la Memoria de nuestros seres queridos.

3. El respeto debe ser el principio rector

Cualquier servicio o actividad (una cafetería, una tienda) dentro o en el entorno de los lugares de Memoria, debe ser discreto, secundario y estar estrictamente subordinado al propósito de recuerdo y aprendizaje. El centro de la experiencia debe ser la confrontación solemne con la verdad histórica, no la comodidad o el entretenimiento.

4.  Denunciamos la “Disneylandización” del horror

Convertir un campo de concentración, un centro de detención y tortura o un lugar como Colonia Dignidad en un itinerario turístico más, donde el selfie y la compra de souvenirs opacan la reflexión, es una traición a la Memoria de las víctimas y un fracaso como sociedad. No es que propongamos transformar los Sitios de Memoria en «mausoleos grises y silenciosos»

Exigimos que todos los Sitios de Memoria sean, ante todo, Espacios de Memoria y Educación. Lugares donde se investigue la verdad, se nombre a las víctimas, se informe sobre lo que allí ocurrió, se expliquen los mecanismos del poder y la impunidad, y se promueva la reflexión crítica para que el “Nunca Más” sea una realidad vivida, no un eslogan comercial, turístico.

La Memoria no se vende. Se defiende, se comparte y se honra con dignidad.

Ni perdón, ni olvido, ni impunidad. Verdad, Justicia, Reparación y Memoria

Más sobre el tema:

La Teletón o «el negocio del siglo»

Notas:

1. La industria del Holocausto. Norman G. Finkelstein  Reflexiones sobre la explotación del sufrimiento del pueblo judío