Chile. Se fue Boric y entró Kast: siguen pasando bala contra la juventud trabajadora y popular

13 de marzo de 2026

Durante el cambio de mando presidencial en La Moneda realizado este 11 de marzo, se verificaron múltiples protestas sociales en Santiago, Concepción, Valparaíso y Temuco, contrarias a la delegación estadounidense, al colonialismo belicista norteamericano y sus aliados, por la conquista de los derechos sociales inexistentes, el fin de la ejecución de leyes de abierta coacción arbitraria sobre los estudiantes secundarios; contra la impunidad represiva y a discreción de las policías o ley de gatillo fácil; por las demandas de la comunidad trans, y en contra del nuevo administrador de La Moneda, el extremista José Antonio Kast.

En el marco de un contexto internacional signado por la pavorosa cristalización de las condiciones para una conflagración mundial cuya única duda que cabe sobre su inminencia corresponde a si será nuclear o no; los efectos tangibles hace tiempo de la crisis climática; la intensificación de la desigualdad social como jamás antes en la historia existió registro; la revolución cibernética de la mano con la industria armamentista y el disciplinamiento social; la proliferación de Estados policiales y cuestionamiento terminal de la democracia capitalista; el estancamiento de inversiones productivas; la nueva crisis del petróleo en ciernes; entre otras manifestaciones propias del agotamiento del régimen del lucro; la presidencia de Kast en Chile se presenta como el continuismo de las gerencias gubernamentales desde el término formal de la dictadura civil militar en 1990.

En Santiago, con una importante participación de «los hijos de la revuelta social de 2019», jóvenes estudiantes y trabajadores fueron los protagonistas de la jornada de protestas, las cuales se concentraron entre la Biblioteca Nacional de la Alameda y la Plaza de la Dignidad, cuya estatua del General Baquedano (criminal de guerra) fue repuesta como último y extraño gesto de Gabriel Boric.

Mientras Kast, desde una de las ventanas de La Moneda hacía un discurso anodino sobre cómo estima acabar con la delincuencia y destrabar la inversión (¿olvidó que Chile es importador de petróleo y su precio se dispara a diario, incrementando la inflación y los precios de todo?); la policía militarizada, blindada por la «legítima defensa privilegiada», no sólo reprimió las protestas con carros lanzaaguas y bombas lacrimógenas, sino que, irrespetando la estatura honorífica de la investidura del nuevo mandatario, disparó balas de metal y de goma al cuerpo de los jóvenes, dejando varios heridos, e incluso usó sus armas de servicio en el sector de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile. No fueron pocas las personas detenidas.

El sistema político institucional del país se divide en dos sectores, reproducciones leales de los bloque estadounidenses. Es así que Boric hace parte del partido Demócrata y Kast del partido Republicano. Y van turnándose.

Ahora bien, como en gran parte del mundo, el impacto económico de la guerra en Asia Occidental, en los países dependientes y primario exportadores como Chile, es mucho mayor. El PIB de Chile se justifica en gran medida por el cobre, así como la balanza de pagos por el intercambio comercial con China (alrededor de un 35%). En otras palabras, si el gobierno de Trump solicita a su camarada Kast que ponga fin a cualquier relación económica con China, sin dudas, una facción del capital en el país podría restarle soporte político a José Antonio y/o simplemente migrar sus capitales.

En la misma línea, Kast se ha quejado inagotablemente por el déficit estructural con que la administración anterior empobreció las arcas fiscales.

En los últimos días de la administración Boric, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) emitió un informe donde afirma que, por tercer año consecutivo, el presupuesto fiscal presentó un déficit en su balance estructural (regla de política fiscal que dirige el gasto público sobre la base de ingresos a largo plazo -cobre y PIB tendencial- y no en ingresos coyunturales).

Al respecto, el 2025 cerró con un saldo negativo igual al 3,6% del PIB, superando el 1,1% proyectado (2,5% de diferencia).

El CFA indicó que el gobierno excedió el acuerdo marco de la Ley de Presupuesto, considerando que el 2025 no fue un periodo con eventos extraordinarios. El «desvío» estructural comporta la falta de credibilidad del país en cuanto a sus compromisos en materia de regla fiscal.

Asimismo, el 2025 la deuda pública se mantuvo en un 41,7% respecto del PIB, al igual que el 2024, con una tendencia a incrementarse hacia un 45%, guarismo que dirime la calificación de confiabilidad del país para orientar a las empresas inversionistas, independientemente de su procedencia.

En este sentido, el CFA opinó que persisten los déficit estructurales, la baja de los activos del Tesoro Público, y el incremento del pago de los intereses de la deuda pública.

El informe comunicó que el año pasado el gobierno central tuvo ingresos equivalentes sólo a un 2% del PIB, a causa de un menor monto de los impuestos y rentas de propiedad.

Según el CFA, el recorte y ajuste presupuestario (de por sí violento y que daña las carteras sociales y a los empleados fiscales) «fue menor al necesario para sostener la regla fiscal».

El reporte del CFA (fundado en la ortodoxia liberal) se usa como referencia dentro del ámbito técnico, pero no explora las causas profundas que explican la situación económica del Estado.

Siempre dentro de los parámetros establecidos por el régimen del capital, tanto en el país, como en gran parte del mundo, existe un estancamiento de la inversión productiva privada y pública. O sea, la creación de nuevo valor real, de riquezas que no existían antes, sufre un lapso de paralización relativa debido a crisis de arrastre y a los conflictos bélicos en curso. Ante la incertidumbre, el gran empresariado busca refugio en la especulación bursátil e instrumentos financieros ligados a las enormes corporaciones cibernéticas y de IA, cuando, de acuerdo a economistas de diversas escuelas, estas se encuentran sobrevaloradas a causa de que no se han incorporado con la velocidad prometida a las diversas industrias existentes, lo cual abre la posibilidad cierta de una burbuja en el sector. Mismo ocurre con la inversión en el (casi) saturado sector inmobiliario y en la economía B (narcotráfico, trata de personas, comercio sexual infantil, tráfico de órganos, apuestas virtuales), que lava sus utilidades en paraísos fiscales para evitar pagar cualquier tipo de impuestos. En tanto, los Estados centrales del mundo están destacando cada vez más recursos en una nueva carrera armamentista.

En Chile, el gobierno de Boric incumplió sus más importantes promesas de campaña, entre otras cosas, debido a la no aprobación de la (tímida) reforma tributaria, desde donde saldrían los recursos para costear reformas de beneficio social. Como no fue así, para salvar a las AFP, Isapres, subsidiar empresariado directa e indirectamente (por ejemplo, pagando parte de las planillas de sueldo de algunas industrias como las salmoneras), mantener la PGU y otros bonos focalizados, no desfinanciar todavía más la salud y educación públicas, y vivienda social (recientemente recortada presupuestariamente a la mitad), debió tomar deuda pública.

Como dato de la causa, vale recordar que la suma de la deuda pública todavía es mucho menor que la deuda de la empresa privada y los hogares (la más abultada de América Latina). En total, la deuda supera el 100% del PIB. O sea, el conjunto de la sociedad chilena ya gastó los recursos equivalentes a todo un año económico.

Como lo ha advertido el gobierno encabezado por Kast, los ajustes persistirán. En su programa habla de ahorrarle al Estado 6 mil millones de dólares en 4 años. Ello, abiertamente, significa más precarización laboral del sector público, destrucción de empleo y de cargos, no movilidad funcionaria, empobrecimiento de las condiciones de empleo e infraestructura, polifuncionalidad, fragmentación de las organizaciones gremiales, etc. En otras palabras, ejecutar tanto una reducción absoluta como relativa de las remuneraciones de los empleados públicos.

Lo mismo ocurre en el sector privado. Con el objetivo de volver a obtener las tasas de beneficio previas a la pandemia, están aplicando las mismas políticas del Estado. Ahora bien, podría decirse que, a diferencia de ayer, el sector privado de la economía dicta las políticas fiscales (independientemente de la administración de La Moneda), y el sueldo mínimo cada vez más se acerca al sueldo máximo.

Sacando cuentas, la gente no se alimenta de desfiles militares y es posible que al inquilino de La Moneda le toque una crisis económica de proporciones y tenga que tragarse gajo a gajo los cítricos del Patio de los Naranjos.

* Las fotos fueron tomadas por el autor de la nota y son de libre disposición