11 de febrero de 2026
Cuando Gabriel Boric asumió en marzo de 2022, pensamos ingenuamente en una posibilidad real de romper con esa larga historia chilena de tratar al pueblo mapuche y a los demás pueblos indígenas como un simple “asunto de seguridad”, en vez de naciones con derechos plenos y colectivos.
Lo señalo porque en campaña lo dijo claro:
terminar con el Estado de Excepción en el Wallmapu, restituir tierras ancestrales de verdad, reconocer el Estado plurinacional y abrir un diálogo político sin que siempre medie la lógica represiva. La primera señal fue fuerte: apenas ganó la primera vuelta en 2021, llamó a Elisa Loncón.
Quienes lo apoyamos —en medio de un proceso constituyente que parecía romper con siglos de colonialismo— pensamos que por fin se podía dejar atrás el Estado monocultural y uninacional, que solo ha traído desigualdad, racismo estructural y exclusión territorial.
De hecho, yo mismo ingresé a militar a Convergencia Social en 2021, ya que sentía que aquel proceso constituyente y demandas como la construcción de un Estado plurinacional debían ser respaldadas por un partido y un gobierno que se presentaba como transformador y que ponía en el centro las demandas indígenas.
Pero no ocurrió aquello, pues el gobierno de Boric no avanzó en una transformación estructural hacia lo plurinacional; al revés, reprodujo y hasta endureció las lógicas coloniales que tanto cuestionaba desde la oposición. No debe sorprendernos, entonces, que la militarización del Wallmapu siguiera igual o peor: los estados de excepción se renovaron uno tras otro, con las Fuerzas Armadas en carreteras y territorios.
Desde el gobierno se defienden diciendo que crearon la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, con ideas de un nuevo sistema de tierras, una agencia de reparación y justicia. Pero no tocó lo de fondo: la colonialidad estructural, el extractivismo forestal ni la militarización ya instalada como política de Estado.
Lo mismo ocurrió con el Plan Buen Vivir: si bien hubo recursos para obras e infraestructura en territorios indígenas, no se cambiaron las relaciones de poder ni se cuestionó el modelo extractivista. Se siguió conviviendo con la militarización permanente, sin avanzar en restitución territorial ni en autodeterminación.
Así, el modelo forestal —heredero directo de la “Pacificación de la Araucanía”— siguió intacto, profundizando la crisis hídrica, la pobreza en las comunidades y las tensiones territoriales. No hubo reforma seria al Código de Aguas ni devolución masiva de predios usurpados; solo anuncios aislados, diálogos sin fuerza vinculante y gestos que diluyeron lo autónomo.
La derrota del proceso constituyente de 2022 —con su plurinacionalidad explícita— dejó al gobierno sin herramientas reales. En vez de empujar mecanismos de participación indígena soberana o una agenda descolonizadora más allá de lo simbólico, Boric optó por un pragmatismo electoral: priorizar la “paz social” vía coerción antes que la justicia histórica.
El resultado fue más desconfianza en las comunidades, criminalización continua de la protesta mapuche y un legado que se suma a la larga lista chilena de promesas incumplidas a los pueblos indígenas, quienes han tenido que lidiar con gobiernos irresponsables e incompetentes que los usan para la campaña y después se olvidan de ellos.
En consecuencia, el gobierno de Gabriel Boric no enfrentó el poder económico que sostiene el extractivismo en territorios indígenas (forestal, hidroeléctrico, minero). No desarmó la lógica racista que ve al mapuche como freno al “desarrollo”. Y no construyó alianzas reales con movimientos indígenas, prefiriendo interlocutores institucionales que terminan diluyendo las demandas de raíz.
No por esto justifico ni avalo las prácticas de violencia de ciertos sectores que reivindican el asesinato de civiles como acción política en nombre de la causa mapuche. Eso es condenable y va en contra de cualquier proyecto de justicia colectiva. Pero tampoco hay que olvidar que esos mismos sectores rechazaron también la plurinacionalidad como vía institucional y democrática.
En definitiva, el gobierno de Gabriel Boric eligió la continuidad del Estado colonial por sobre una transformación profunda, que fuera mucho más allá de meras comisiones sin poder real, negando la posibilidad de construir una institucionalidad que reconociera la autodeterminación, devolviera lo usurpado y dejara de responder con militarización a un conflicto histórico.
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