Inversionistas con información privilegiada apostaron contra la economía de Israel antes del 7 de octubre

En un estudio titulado Trading on Terror?, investigadores estadounidenses revelan que, un mes antes del ataque palestino contra Israel, inversionistas no identificados apostaron en Wall Street por un derrumbe a corto plazo de las acciones israelíes [1].

La firma estadounidense MSCI (antes conocida como Morgan Stanley Capital International) se dedica a la gestión de fondos que se negocian en la bolsa (Exchange-traded fund), incluyendo uno que sigue el conjunto de las firmas israelíes, con la posibilidad de “apostar” al alza o a la caída de sus valores. Cinco días antes del ataque del 7 de octubre se registraron bruscamente 227 000 “apuestas” a la caída a corto plazo de las acciones israelíes –habitualmente sólo se registraban unos miles al día.

Durante los 20 días posteriores al ataque palestino del 7 de octubre las acciones israelíes perdieron, como promedio, un 17,5% de su valor.

Un fenómeno similar, aunque menos extenso, ya se había visto el 3 de abril, el día que el primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, destituyó a su ministro de Defensa, el general Yoav Gallant, a pesar de que la opinión pública ignoraba entonces que el general había sido destituido porque estaba alertando a los demás ministros sobre un posible ataque del Hamas.

Los inversionistas que se enriquecieron al “prever” que los valores israelíes iban a bajar estaban seguramente al tanto de que el ataque del 7 octubre iba a tener lugar y utilizaron esa información privilegiada –lo cual se conoce como “delito de iniciado” o “abuso de información privilegiada”.

Un fenómeno idéntico se observó en 2001. Cuando sucedieron los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington pudo verse que ciertos inversionistas habían “apostado” al derrumbe de las acciones de las compañías aéreas afectadas por los atentados y a la caída de las acciones del World Trade Center. La Securities and Exchange Commission (SEC, el órgano estadounidense encargado de garantizar la honestidad de las operaciones bursátiles) identificó a los inversionistas beneficiados, pero nunca divulgó sus nombres ni emprendió acciones contra ellos.