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Chile propone una nueva constitución impregnada de ciencia 

Chile propone una nueva constitución impregnada de ciencia
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Crédito: Ivan Alvarado/Reuters/Alamy

31 de julio de 2022
Aunque muchos investigadores apoyan el proyecto, la oposición podría hundirlo.

Los chilenos han estado examinando de cerca el contenido del proyecto de Constitución, que se ha distribuido en línea y en formato de bolsillo.

Chile tiene un nuevo best seller. Desde que se terminó de redactar el 4 de julio, el borrador de lo que podría convertirse en la Constitución de la nación ha suscitado un número masivo de descargas en línea y multitudes que esperan para comprar ejemplares impresos en papel.

«Puede convertirse en uno de los textos más leídos en Chile en los últimos tiempos», afirma Ximena Báez, presidenta de la Asociación Nacional de Investigadores de Postgrado del país, con sede en Valparaíso.

Los investigadores chilenos están estudiando detenidamente el texto, que podría cambiar la forma de su país si se aprueba en la votación del 4 de septiembre, y están encontrando muchas cosas que les gustan. Contiene una serie de artículos destinados a impulsar la ciencia, ampliar la protección del medio ambiente y mejorar el sistema educativo de la nación.

Esto contrasta con el contenido de la actual Constitución, promulgada hace más de cuatro décadas bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet. Ese documento contiene sólo breves y débiles menciones a la ciencia, dice el sociólogo de Santiago José Ortiz Carmona, autor de un informe de 2021 en el que se compara cómo está representada la ciencia en 193 constituciones, y muchos lo ven como la fuente de una profunda desigualdad en Chile.

En octubre de 2019, muchos chilenos protestaron por décadas de desigualdades sociales y económicas derivadas, según ellos, de las políticas de Pinochet, y exigieron una reforma política, así como una nueva constitución. Un año después, la nación votó abrumadoramente para reemplazar el documento.

Para redactarla se formó una asamblea elegida democráticamente, que incluía a científicos, profesores, estudiantes y representantes indígenas. El producto, según han señalado algunos, es la primera constitución de la historia de Chile que no ha sido redactada por las élites políticas, económicas o militares.

A pesar de haber sido elaborada por un grupo diverso, la visión del futuro de Chile no ha ganado el favor de todos. Algunos académicos la rechazan. Y varias encuestas muestran que la mayoría de los encuestados piensan votar en contra.

Impulsar la ciencia

Al igual que la Constitución actual, la propuesta obliga al Estado a «estimular» la ciencia y la tecnología, algo crucial para un país que, durante la última década, ha invertido sistemáticamente menos del 0,4% de su producto interior bruto en estos campos.

Pero va más allá al añadir que los logros científicos y las soluciones tecnológicas deben utilizarse para mejorar la vida de los chilenos. Por ejemplo, uno de sus artículos dice que el Estado debe apoyarse en la ciencia para asegurar la «mejora continua» de los servicios y bienes públicos.

El proyecto pretende descentralizar la investigación. «Las universidades más grandes están todas en [la capital] Santiago», dice Báez, «por lo que son las que reciben el mayor porcentaje de recursos». La propuesta de constitución indica que el Estado debe crear las condiciones necesarias para desarrollar la ciencia en todo Chile.

También se incluye la obligación del Estado de garantizar la libertad de investigación, lo que, según Ortiz Carmona, podría evitar «presiones indebidas» de poderes económicos o políticos que pretendan influir en la investigación del país. Chile no es inmune a estos intentos. El año pasado, por ejemplo, el candidato presidencial José Antonio Kast se comprometió a desterrar la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, organización con sede en San Juan de Costa Rica que promueve la investigación y el diálogo académico, por considerarla «un reducto de activismo político».

Otro de los grandes ganadores de la propuesta de constitución es la educación. A partir de la década de 1980, Chile promulgó políticas de apoyo a la educación privatizada. Esto dio lugar a un sistema «profundamente desigual, segregado e ineficiente», afirma Cristián Bellei Carvacho, investigador en materia de educación de la Universidad de Chile en Santiago. La nueva constitución, dice, revertirá esta situación haciendo que la educación sea universal, inclusiva y gratuita para todos.

Protección del medio ambiente

La propuesta se ha denominado «constitución ecológica» porque hace hincapié en los derechos medioambientales. Dice que el Estado tiene el deber de prevenir y adaptarse a los riesgos de la crisis climática y de la biodiversidad, así como de mitigar sus efectos. Considera que «el ser humano es parte de la naturaleza y, por tanto, su cuidado es una condición para la supervivencia humana», explica Pilar Moraga, subdirectora del Centro de Investigación en Clima y Resiliencia de Santiago.

En particular, el documento afirma que la naturaleza tiene sus propios derechos, lo que significa que puede ser protegida legalmente, incluso en ausencia de daños directos a las personas. En un panel online celebrado este mes, David Boyd, relator especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y medio ambiente, con sede en la isla de Pender (Canadá), afirmó que es probable que las principales industrias no estén satisfechas con las disposiciones ecológicas. Si se promulga la Constitución, surgirán muchas demandas, dijo, y el gobierno chileno tendrá que mantenerse firme para luchar contra estos «intereses creados».

El proyecto de Constitución también pretende proteger los derechos de los pueblos indígenas de Chile -un 13% de la población del país- por primera vez en su historia. El documento dice que la investigación debe ser ética y que el progreso científico no debe estar vinculado a la discriminación, lo que podría reforzar los esfuerzos por replantear la relación entre los científicos chilenos y las personas que estudian, afirma Constanza Silva Gallardo, investigadora sobre el uso de sustancias en la Universidad Estatal de Pensilvania en University Park, y miembro de la Comunidad Autónoma Diaguita Mapochogasta de Santiago. En su opinión, su inclusión en el proyecto de Constitución podría hacer que la investigación fuera más participativa, mejorar los procesos de consentimiento informado y abordar la desigual dinámica de poder entre el mundo académico y los grupos indígenas.

Un resultado poco claro

Dado que el entusiasmo inicial por la Constitución parece haberse disipado, aún no está claro qué ocurrirá cuando los chilenos voten en septiembre.

Algunos investigadores no están seguros de ciertos aspectos del proyecto. Por ejemplo, aunque se supone que el sistema educativo recibirá una financiación «permanente, directa, pertinente y suficiente», la investigación no parece tener la misma consideración, afirma José Manuel Jiménez, farmacólogo y secretario de la Asociación Nacional de Investigadores de Postgrado, con sede en Santiago. Esto podría abrir la puerta a que el gobierno recorte en ciencia cuando los tiempos sean difíciles, dice.

A Soledad Bertelsen, investigadora jurídica de la Universidad de los Andes en Santiago, le preocupa que el proyecto propuesto no mencione los derechos de propiedad intelectual, que están garantizados en la actual Constitución. Es «un retroceso explícito», dice, y añade que los empresarios podrían decidir trasladar sus inversiones fuera de Chile.

Aun así, muchos científicos apuestan por la propuesta de constitución para llevar al país a una nueva era. Para Carlos Olavarría, biólogo conservacionista y director del Centro de Estudios Avanzados de Zonas Áridas de La Serena (Chile), las promesas de proteger el medio ambiente y hacer de la ciencia un pilar de la sociedad apuntan a un futuro que él está deseando ver.

«No sé si lo presenciaré antes de morir», dice. «Pero sueño que Chile camina hacia esa senda».

doi: https://doi.org/10.1038/d41586-022-02069-0

-Traducción del ingles al castellano, para piensaChile: Martin Fischer

*Fuente: Nature

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