El titular del juzgado 101 de Madrid, Pedro José Puerta, ha emitido una resolución que ordena al Estado chileno pagar 551,77 millones de dólares (alrededor de 520 millones de euros) a los propietarios españoles del diario El Clarín, confiscado por el dictador Augusto Pinochet el mismo día en que dio el golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, antes incluso de dirigir los tanques hacia La Moneda, sede del Gobierno chileno que en aquel momento presidía el socialista Salvador Allende. Los activos del periódico en Chile siguen ocupados por los militares casi medio siglo después.

El diario era, en aquel momento, el de mayor patrimonio y ventas del país -más de 250.000 ejemplares diarios- y con una línea democrática, comprado en 1972 por el empresario Víctor Pey, republicano español exiliado en Chile que falleció en 2018 a los 103 años. Los actuales propietarios de las acciones de las empresas editoras son la Fundación Española Presidente Allende, con un 90%, y la hija de Pey, Coral Pey Grebe (10%). Actualmente, El Clarín se edita únicamente en formato digital.

El juzgado 101 de Madrid, que históricamente estuvo especializado en materias de arbitraje, es el mismo que en 2013 ejecutó las costas que impuso este mismo laudo a Chile: más de tres millones de dólares, que el Estado ya abonó. La nueva resolución continúa ahora la ejecución de otras disposiciones del mismo laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el organismo de arbitraje internacional del Banco Mundial, tras más de una década de intentos por parte de Chile de impedir que se pudiera materializar la obligación de indemnizar a los inversores españoles que ordena el laudo de 2008.

El CIADI zanjó en 2020 la pugna jurídica al reiterar que los dueños de El Clarín tienen el derecho a ser compensados “de todo daño susceptible de evaluación financiera que podrán establecer” y que su inversión de 1972 está bajo el amparo del Convenio de protección de inversiones extranjeras entre España y Chile. Este derecho tiene autoridad de “cosa juzgada” desde 2008 en los 155 países que han ratificado el Convenio del CIADI, entre ellos España y Chile.

Los propietarios de El Clarín presentaron en 2020 su solicitud de continuación de la ejecución en Madrid, junto con una cuantificación del valor de las acciones elaborada por los expertos de Accuracy, consultora internacional con sede en París y una de las referencias internacionales en arbitrajes, así como un dictamen del catedrático de Derecho Mercantil Francisco Vicent Chuliá, socio de honor del bufete Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

La resolución de ejecución del juez Puerta ha fijado la cuantía del principal de la indemnización en 429,797 millones de dólares (382,45 millones de euros). A esta cantidad, suma otros 121,972 millones de dólares (108,53 millones de euros) por los intereses y costas estimadas. El laudo del CIADI fijó en 2008 los intereses de demora en el 5% anual compuesto hasta el completo pago de la indemnización, con lo que las dilaciones de los sucesivos gobiernos de Chile, tanto de la Concertación como de Sebastián Piñera, va a tener como consecuencia actualizar la indemnización, que deberá afrontar ahora el nuevo Ejecutivo de Gabriel Boric, quien no ha tenido nada que ver con el arbitraje más largo de la historia del CIADI y de Chile.

Sobre el fondo del laudo, que dio la razón a los inversores españoles y obliga a Chile a indemnizarlos, no cabe recurso alguno. El auto del juzgado español señala que el Estado puede oponerse al despacho de ejecución en los términos que establece la ley procesal. El Gobierno de Boric no ha respondido a las preguntas realizadas por elDiario.es sobre este asunto.

Piñera evita responder de sus actos

Al comunicar el auto el pasado 20 de diciembre a la representación del Estado chileno en Madrid y a su Procurador ante el juzgado, el Gobierno de Sebastián Piñera se negó a recibirlo y pidió remitirlo a Santiago, lo que el juzgado hizo. Sin embargo, cuando aún está por resolverse si la comunicación surtió en diciembre los efectos jurídicos que establece la ley procesal, es sobre el Gobierno de Boric que caen las consecuencias de que Piñera en sus dos mandatos al frente del país no haya cumplido la obligación de indemnizar, a pesar de que públicamente se comprometió a hacerlo.

En realidad, en tanto que Estado firmante del convenio del CIADI, el organismo internacional de referencia para disputas entre inversores extranjeros y Estados, Chile no tiene ningún margen para eludir el laudo ni tampoco su ejecución. El artículo 54 del convenio es tajante: “Todo Estado contratante reconocerá al laudo dictado conforme a este convenio carácter obligatorio y hará ejecutar dentro de sus territorios las obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo como si se tratare de una sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho Estado”.

La resolución del magistrado Puerta acerca el fin de este larguísimo procedimiento, que en sus inicios parecía una quimera y que ha resultado ser una especie de versión contemporánea del mito de David contra Goliat. De un lado, el Estado chileno, asesorado por los mejores despachos internacionales y recursos prácticamente ilimitados. Del otro, un reducido equipo de juristas solidarios dirigido por el abogado español Joan Garcés, que fue asesor de Allende.

La odisea de Víctor Pey

El otro gran motor de la causa, Víctor Pey, no vivió para conocer el final feliz de su odisea, a pesar de que nunca dejó de creer en ella y se mantuvo implicado hasta el mismo día de su muerte, con 103 años. Pey fue siempre un luchador: ingeniero de formación, al estallar la guerra civil española se enroló en la Columna Durruti hasta que su amigo el conseller Josep Tarradellas le confió la dirección de la Comisión de Industrias de Guerra de Cataluña. En septiembre de 1939 llegó a Chile en el Winnipeg, el emblemático barco cuya partida con exiliados organizó Pablo Neruda.

En Chile, Pey inició una nueva vida como empresario, manteniendo su vinculación con la causa de la República y la democracia hasta que el 11 de septiembre de 1973 revivió la pesadilla de un golpe de Estado militar, que ya había sufrido en España 37 años antes, y tuvo que volverse a exiliar, en esta ocasión a Venezuela y España. Su legendaria figura inspiró la novela de la escritora Isabel Allende Largo pétalo de mar.

En la década de 1990, con la vuelta formal de la democracia a Chile, Pey regresó al país suramericano y trató de recuperar El Clarín con el propósito de restaurarlo en un contexto mediático monopolizado por las cabeceras y grupos que habían apoyado el golpe de Pinochet. Sin embargo, los documentos que acreditaban que había comprado todas las acciones del diario habían sido sustraídos por la policía secreta del régimen pinochetista, aunque finalmente en 1995 acabaron apareciendo en un proceso sin relación con Pey y el juez se los restituyó. Incluso entonces, sus peticiones para recuperar sus derechos cayeron en saco roto por parte de un sistema institucional muy condicionado por el legado de la dictadura.

Ante la imposibilidad de que la reclamación avanzara en Chile, en 1997 Pey y Garcés buscaron en el derecho internacional justicia y reparación recurriendo al arbitraje del tribunal del CIADI, el más importante tribunal mundial al que acuden los inversores extranjeros que consideran que sus derechos no han sido respetados. España y Chile habían firmado su tratado bilateral de protección de inversiones extranjeras en 1991, de aplicación retroactiva en las circunstancias específicas de la inversión de Pey.

Y ahí empezó la larguísima y compleja batalla internacional, que ahora se acerca a su final, 25 años después de arrancar y casi medio siglo de confiscación, con la ejecución del juez de Madrid que ordena al Estado chileno consignar casi 500 millones de euros a los inversores españoles.