Hacia una cultura ética para el nuevo Chile

Wallmapu, 23 de junio de 2020
La construcción del camino hacia una verdadera sociedad democrática con componentes éticos se ha constituido como uno de los desafíos más pedregosos del período político desde el 18 de octubre pasado, debido principalmente a las múltiples interpretaciones y confusión que proviene del cada vez más cuestionado poder, por lo que existe la necesidad de analizar de manera amplia las variables que implican entender que uno de los principios de la democracia justamente, está dado por la necesidad ética como uno de sus fundamentos más relevantes y, en esto, no hace falta escuchar la gran cantidad de teorías que señalan que sin ética los sistemas políticos colapsan, pues la propia práctica lo ha demostrado en su cotidianeidad.
Etimológicamente la palabra democracia proviene del griego demokratia y se descompone en demo que significa “pueblo” y kratia o kratos que se interpreta como “poder o gobierno”. En esta descomposición nos encontramos ya en un fuerte dilema, pues el “poder del pueblo”, no es lo que hoy tenemos ni mucho menos algo que se le parezca, por esa razón realizar un breve análisis de todos los otros componentes contemporáneos que se le han añadido constituyen, en su conjunto, una forma de expresar la deformación inicial que históricamente ha tenido el camino hacia una ética democrática.
El principio material de la ética se basa en afirmar la vida humana, por lo tanto, una ética democrática se debiera abocar en afirmar la vida en comunidad, y para que esto resulte resulta fundamental volver al origen de las conceptualizaciones que cambian la mirada, en tanto cultivar dichos principios debieran constituir una máxima para quienes ejercen cargos públicos.
En este sentido, si consideramos el componente de corrupción, que en palabras de Garzón (1995) es uno de los más importantes problemas que sufre el actual sistema democrático de la mayoría de los países, inclusive aquellos que aspiran a serlo, siendo ésta una barrera permanente para encontrar la consolidación de sus gobiernos. Nosotros agregaríamos legitimación a este cuestionamiento.
En este orden de cosas, urge delinear al calor de la discusión otros elementos que tributan a la democracia, como ocurre con el modelo económico y un comportamiento político que se haga cargo de las necesidades y demandas de la sociedad, en un contexto de absoluta complejidad debido a elementos como la crisis climática profunda y acelerada en que nos encontramos, y al develamiento de desigualdades socioeconómicas que conviven al interior del país.
En cuanto al análisis de una nueva constitución, será un largo camino que hemos decidido recorrer y al que nos abocaremos dentro de poco tiempo. Y en esa discusión quedará pendiente la construcción del modelo económico, que debe garantizar su orientación de beneficios para las grandes mayorías nacionales, y no para unos pocos como es ahora.
En el tránsito de esa construcción social, económica y cultural deben desaparecer para siempre rasgos antisociales como la corrupción, que no tiene que ver con el abuso de un cargo público en particular, si se viera desde ese punto de vista, porque se estaría encasillando solamente a los políticos como corruptos. Efectivamente la corrupción está relacionada con el abuso de poder, pero con el fin de obtener un beneficio propio, independientemente de quién lo tenga.
Para contextualizar, es preciso señalar que es un error pensar que toda la responsabilidad de lo público la tiene el Gobierno y el Estado. Si se piensa de esa manera no se puede avanzar hacia una comprensión de lo que se entiende como público, ni tampoco resolver directamente el problema de la corrupción (García, 2010). Todos somos parte de lo público, porque esta es una categoría en que todos cabemos y tenemos responsabilidades.
En una democracia real, una que beneficie a las grandes mayorías, la sociedad civil juega un rol preponderante y, para fortalecerla, se deben generar políticas públicas que apunten a darle una efectiva y activa participación, por lo que es relevante apreciar que existan en el debate de la nueva sociedad que buscamos modelar, reformas a leyes que la afectan (y promueven) directamente, tales como la ley de partidos políticos, financiación de la política, aplicación de normas éticas y de transparencia a los propios partidos políticos, así como también en las empresas, mejorar los mecanismos de descentralización de las decisiones políticas, entregar mayor autonomía a los territorios para que todas las voces puedan ser protagonistas de las decisiones que afectan a sus localidades.
Obviamente, lo anterior no es una panacea para resolver los problemas de corrupción y centralización de forma automática, pues también es necesario entender que debe existir una sana convivencia entre el Estado y la sociedad civil, y muchos autores coinciden en que precisamente esa relación es la sumatoria de ambas instancias, donde nace un efecto sinérgico que favorece el establecimiento de nuevas reglas del juego, buscando reestablecer  confianzas y legitimidad mucho más profundas que instruir sobre transparencia, en términos dialécticos la confianza no debiera prescindir de la transparencia.
El espectro que abarca a la sociedad civil es bastante amplio, su composición puede estar dada por entidades educacionales, gremios, asociaciones gremiales, corporaciones, ONGs, fundaciones, pueblo organizado en barrios, trabajadores y juventud.  Tampoco se debe perder de vista que también la componen las propias empresas son parte importante en un tejido social formando parte de lo público. Se debe reafirmar que su responsabilidad es pública, independientemente que pertenezcan a privados, pues sus beneficios pueden ser tanto públicos como privados y su quehacer y responsabilidad debe ser directamente relacionado con la vida social del país.
Ahora bien, para avanzar hacia la superación de la crisis de representatividad y legitimidad,  quienes han ostentado posiciones en lo político y empresarial deben hacerse cargo del avance de la corrupción, por lo que es importante entender que lo público es mucho más amplio que lo político y la democracia va más allá de  los partidos, por lo que resulta imprescindible transitar desde una democracia deliberativa e instalada en la élite, hacia una activamente participativa e inclusiva, donde tengan una responsabilidad más amplia los distintos sectores que representan a la sociedad.
Después de este breve análisis, surgen tres preguntas claves: ¿dónde está la relación entre ética, política y empresa?, ¿en qué coinciden la empresa y la política?, y a estas dos agregar una tercera, ¿cuál es el rol de la ética en esta relación?  Tal vez no exista una única respuesta a estas interrogantes, sin embargo, hay algo que está claro,  no se puede generalizar a todos los profesionales, empresas y políticos, para ello es importante aprender a visualizar lo que podría representar el surgimiento de una nueva institucionalidad que debemos construir entre todos, como lo plantea el profesor Domingo García Marzá (2014), quien afirma que no es posible soslayar la responsabilidad de quienes se involucran en actos de corrupción, pero se debe rescatar que todavía existen personas honestas y muchas veces se ven afectadas por las acciones de otros.
Nada tiene sentido si la componente ética es un piso que se realiza por cumplir estándares al mínimo de lo posible, nuestro debate democrático hacia una construcción nacional debe ser parte de una verdadera y profunda transformación estructural y cultural que le dé un lugar privilegiado a la tan anhelada justicia social y a la ética pública en el nuevo Chile que está por nacer.