Los negocios se adueñaron de la política 

24/09/2019
Léo Pinheiro, expresidente de la empresa brasileña OAS, dice haber entregado 101 millones de pesos en el año 2013 para financiar la campaña presidencial de Michelle Bachelet. Aunque no es ninguna sorpresa que el empresariado financie la política hoy día, la OAS solo había sido conocida en Chile por Enríquez-Ominami, quien se benefició con la facilitación de un avión para su campaña presidencial.

Las denuncias de Pinheiro han sido cuestionadas por la ex-Presidenta Bachelet, pero también se han visto oscurecidas con demasiadas contradicciones, en particular por los cambios de versión del empresario en sus acusaciones a Lula. Según el Folha de São Paulo, en colaboración con The Intercept, Pinheiro habría sido chantajeado por los fiscales de la Operación Lava Jato para concederle el beneficio de la “delación premiada”.
Adicionalmente, es innegable que el sistema de justicia brasileño ha perdido credibilidad. Porque resulta extraño y éticamente insostenible que el juez Moro, después de haber condenado y enviado a la cárcel a Lula por el caso Lava Jato, aparezca como ministro de Justicia del presidente Bolsonaro.

Así las cosas, resultará difícil saber si efectivamente la campaña de Bachelet recibió dineros de la OAS. Pero, por otra parte, no es ningún secreto que grupos empresariales chilenos aportaron a su campaña. Y, de hecho, hubo financiamiento ilegal, investigado por la justicia chilena, lo que le significó a la entonces Presidenta serias dificultades durante su primer año de Gobierno. En particular, se vio obligada a despedir a Rodrigo Peñailillo, su primer ministro del Interior. Seguramente la candidata Bachelet no estaba al corriente de la forma en que financiaban su campaña, pero ella cometió un grave error al no informarse debidamente.

Es muy cuestionable el financiamiento empresarial de la política. Resta independencia a los gobernantes. Por ello resulta lamentable que no solo en Chile sino en toda América Latina proyectos, aparentemente de izquierda, que proponen reducir las desigualdades sociales, apelen al gran empresariado para financiar sus campañas. Es quizás una prueba manifiesta de que la hegemonía neoliberal ha hecho desaparecer las fronteras ideológicas entre partidos políticos.

En las últimas décadas, el mercado no solo impuso sus reglas sobre la economía sino también domesticó a la política. Así las cosas, el predominio empresarial se ha convertido en rasgo dominante de la sociedad actual y probablemente la indiferenciación ideológica ha favorecido el abandono de la ética.

En Chile, al término del Gobierno del Presidente Aylwin la política y los negocios estrecharon vínculos. Comenzó a moverse la puerta giratoria. Ministros, subsecretarios y superintendentes de entidades reguladoras fueron capturados para ocupar asientos en directorios de bancos, grandes empresas, medios de comunicación y universidades, todos de propiedad de los hombres más ricos de Chile. Otros, sirvieron al mundo empresarial como lobbistas.

En el último tiempo se dio un paso adicional. Los grupos económicos han financiado, ilegalmente campañas electorales. Candidatos de todos los partidos políticos han aceptado recursos de poderosos grupos económicos, como Soquimich, Angelini y Penta. Su propósito: capturarlos, maniatarlos, para que legislen y actúen en su favor. Caso paradigmático es la Ley de Pesca.

En Brasil sucedió algo similar. El entorno del presidente Lula y del Partido de los Trabajadores (PT) estableció una relación íntima con las empresas Petrobras y OAS para operaciones políticas en su país y también en otros países de la región. El resultado ha sido lamentable. Se ensuciaron los gobiernos de Lula y Dilma y, de rebote, las platas brasileñas desprestigiaron a la clase política en casi todos los países de América Latina. Ello dio origen al escándalo Lava Jato. Ese accionar favoreció el triunfo de Bolsonaro.

El actual modelo económico del sálvese quien pueda ha crecido el peso de la economía y el poder de quienes la controlan. Así las cosas, la política y el Estado se debilitan y, en vez de servir para compensar las desigualdades propias a los mercados, se convierten en instrumentos de ampliación del poder económico. Es el triunfo de la economía sobre la política y la concomitancia de esta con el poder económico.

El empresariado, al no ser debidamente regulado, encuentra las puertas abiertas para capturar gobiernos y partidos políticos y así ampliar sus negocios. Y, en años recientes, se ha especializado en corromper dirigentes de centroizquierda para neutralizarlos.

Al mismo tiempo, también en los últimos años, el poder económico se ha caracterizado en América Latina por llevar a cabo operaciones de limpieza contra políticos que no son cómodos a sus intereses, utilizando a las instituciones republicanas y a la gran prensa. Por ello, quienes se presentan ante la ciudadanía como críticos del sistema económico imperante, y se proponen impulsar transformaciones, cometen un grave error cuando recurren al empresariado para financiar su accionar político.

Es preciso ser claros. Recibir dineros del empresariado corrompe la política, impide la transparencia del accionar público y destruye las instituciones republicanas. La ética y la democracia exigen independencia a los servidores públicos.

El autor, Roberto Pizarro, es economista, con estudios de posgrado en la Universidad de Sussex (Reino Unido). Investigador Grupo Nueva Economía. Fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, ministro de Planificación, embajador en Ecuador y rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.  Columnista de diversos medios. Artículo enviado a OtherNews por el autor y publicado en El Mostrador de Santiago, el 24.09.19
*Fuente: OtherNews