Informes reservados de Carabineros: así se infiltran los agentes encubiertos en la zona mapuche

ESPECIAL
Operación Huracán

CIPER accedió a siete informes de Carabineros que describen cómo operan los agentes encubiertos en la zona del conflicto mapuche. Lo hacen sin permiso judicial, ya que la Ley de Inteligencia los autoriza. Financiados con fondos reservados, bajo identidades falsas y biografías inventadas por sus superiores, consiguen entrar en la intimidad de las comunidades. Su trabajo no es supervisado por ninguna autoridad civil y desde 2004 –cuando se promulgó la Ley de Inteligencia– funcionan bajo sus propios criterios. La “ley corta antiterrorista” que se tramita en el Congreso tampoco regulará su accionar.

* CIPER modificó los nombres e iniciales del agente policial y de los mapuche que infiltró para resguardar la seguridad de los principales protagonistas de esta historia. Por la misma razón, se mantuvo bajo reserva la comunidad involucrada.

Rayén tenía 22 años cuando comenzó a recibir mensajes de Pablo en su cuenta de Facebook. Él le hablaba de cosas triviales y de su amor por la naturaleza. Le contó que tenía 26 años, que era deportista, que había estudiado hotelería y turismo en el Inacap y que trabajaba en unas termas en la zona cordillerana de La Araucanía. Ella le dijo que vivía en una comunidad mapuche y que la lucha por la recuperación territorial era algo que la comprometía. Pablo le dijo que apoyaba esa causa. Hubo afinidad. Él le propuso un encuentro y ella aceptó. Así se concretó la primera cita.

Pablo no se llamaba Pablo, ni había estudiado hotelería y turismo, tampoco tenía 26 años. No apoyaba la causa mapuche, ni tampoco trabajaba en unas termas. No vivía donde decía que vivía y su familia no era de Santiago. Rayén tampoco estaba enterada de que mientras caminaba con su nuevo amigo –cuando se juntaron por primera vez en enero de 2013-, eran seguidos y fotografiados por tres carabineros vestidos de civil.

Todo era una puesta en escena. Pablo en realidad era R.T.R., de 24 años, nacido en La Unión (Los Ríos) y había sido trasladado al sur unos meses antes, desde Santiago, como parte de las labores que cumplía como cabo segundo de Carabineros.

La información real sobre la identidad de Pablo y sus actividades de inteligencia policial quedaron registradas en siete informes reservados de Carabineros. CIPER tuvo acceso a esos documentos y también a información clasificada sobre otra funcionaria policial que fue reclutada y preparada para infiltrarse en comunidades indígenas de la Región de la Araucanía.

Los agentes policiales encubiertos han operado desde hace años, y siguen haciéndolo, en la zona del conflicto mapuche. Fuentes policiales y de gobierno lo confirmaron a CIPER y reconocieron, también, que la autoridad civil no tiene control alguno sobre estas operaciones.

LOS AGENTES ENCUBIERTOS

El miércoles recién pasado (7 de agosto) el Senado aprobó la idea de legislar la “ley corta antiterrorista” enviada por el gobierno. De ser aprobada, podría facultar a la Fiscalía para utilizar técnicas investigativas especiales, como interceptaciones telefónicas, informantes y agentes encubiertos en la investigación de delitos terroristas. Lo que muy poca gente sabe es que las policías y las Fuerzas Armadas ya están facultadas, por la Ley de Inteligencia, para usar agentes encubiertos que se financian con gastos reservados. Y lo hacen. Lo que se quiere aprobar ahora es que los datos que consigan agentes infiltrados puedan ser usados por la Fiscalía como pruebas en un juicio, lo que hasta hoy no se permite.

Los senadores que se opusieron a iniciar la discusión del proyecto argumentan que es peligroso darle más atribuciones a instituciones que en el pasado no han asegurado el debido proceso en sus investigaciones. Como ejemplo han citado el montaje de la “Operación Huracán”. Quienes aprobaron la idea de legislar estiman que el Ministerio Público, para perseguir de manera eficiente los delitos terroristas, debe contar con agentes encubiertos, además de informantes.

Más allá de si la ley en discusión se aprueba o no en el Congreso, hay algo que su promulgación no va a modificar: la utilización de agentes encubiertos, sin autorización judicial, hoy no está bajo el control de autoridades civiles. Justamente, uno de los reclamos de la oposición ha sido que se debe tramitar una “ley larga antiterrorista” que reforme el sistema y establezca mecanismos de control que evite abusos por parte de las policías y Fuerzas Armadas.

EL AGENTE “PABLO DIAZ”

Cuando el cabo segundo de Carabineros R.T.R. conoció en persona a Rayén, ya tenía perfectamente memorizada la historia ficticia que la inteligencia policial había creado para él. Esa historia está contenida en el primer informe reservado de la “Operación Tarzán”, como se denominó el plan de inteligencia que tuvo como protagonista al agente R.T.R. bajo la “chapa” de “Pablo Diaz”.

La H.F. (historia ficticia) contenida en ese primer informe, que CIPER pudo revisar, bautizó a R.T.R. como “Pablo Diaz Fernández” y le atribuyó la siguiente biografía: nacido un 16 de septiembre de 1986 en Santiago, hijo único de Yessica y Héctor, egresado de 4° medio en 2005 del Instituto Nacional, ingresó a estudiar hotelería y turismo en la sede del Inacap de Macul hasta 2011, para luego complementar sus estudios con la carrera técnica de ‘traductor intérprete’. En 2012 había comenzado su práctica profesional en unas termas de la Región de La Araucanía, lugar donde se quedó trabajando al término de sus estudios. Allí era asesor turístico, además de captador de clientes. Tenía contrato indefinido. Trabajaba cuatro días seguidos en las termas y luego tenía tres libres. Era soltero, no tenía hijos, tampoco contacto con otros familiares, solo con sus padres.

“Mantiene un gran aprecio y respeto por la causa mapuche, donde se le ha visto en varias ocasiones afuera de los tribunales de garantía apoyando a estos comuneros, como también se le ha visto con Rayén”, señala el informe madre de la “Operación Tarzán”, cuya fecha de inicio consignada en el mismo documento fue el 29 de enero de 2013.

Primera página del plan de operaciones que infiltró a un agente encubierto de Carabineros en la zona mapuche.

En ese informe están contenidos los objetivos de la operación:

“A través de las redes sociales de internet tomar contacto con comuneros pertenecientes a comunidades radicales (…) además de colaboradores y simpatizantes de la causa mapuche, en especial del sexo femenino, con el fin de concretar lazos afectivos”.

Luego de creados esos lazos el agente debía lograr “lazos de confianza” con los comuneros, “efectuando visitas a las comunidades, participación en marchas afines a la causa, ceremonias religiosas de la etnia, visitas a los denominados presos políticos mapuche”, y cualquier otra acción que no pusiera en riesgo su vida ni transgrediera “la normativa vigente”.

Luego de haber concretado la infiltración debía recoger información sobre acciones futuras de las comunidades y antecedentes de acciones pasadas. Otro objetivo era identificar a no mapuche que participaran en las comunidades: anarquistas, extranjeros y ex subversivos.

El jefe de la operación fue el entonces teniente coronel Rodrigo Sotomayor Casanova, quien al menos hasta 2018 seguía activo (el año pasado figuraba como responsable de los contratos de la Prefectura de Fuerzas Especiales de La Araucanía). El oficial analista de la operación era el capitán Cristián Vargas y el oficial de caso era el capitán Leonardo Osses (actualmente imputado y cumpliendo medidas cautelares por el montaje de la “Operación Huracán”).

El agente estaba apoyado además por otros tres suboficiales, quienes lo acompañaban y fotografiaban en sus actividades con los comuneros.

R.T.R. contaba con un celular que funcionaba con dos chips, se movilizaba en locomoción colectiva o en un automóvil facilitado por Carabineros. El personal de apoyo se trasladaba en un “vehículo comando de esta unidad especializada”, se lee en el informe. El documento agrega un dato que podría haber involucrado al Ministerio Público o a los tribunales, a pesar de que la actividad del agente no puede ser utilizada como prueba en la persecución penal de los delitos que eventualmente detecte:

“Se requiere para hacer más creíble y confiable la Historia Ficticia, solicitar a través del Ministerio Público o un Ministro de los Tribunales de Alzada, una nueva identidad para el agente”.

Respecto de las necesidades logísticas de la operación, el documento agrega que se hacía necesario “arrendar una residencia (departamento pequeño o pieza)” para que funcionara como domicilio del agente.

Según el mismo informe policial, firmado por el teniente coronel Rodrigo Sotomayor, al menos tres de los objetivos del plan ya estaban cumplidos:

• El agente logró establecer una relación con Rayén.
• El agente ha participado en acciones concretas pro causa mapuche, dándose a conocer como un simpatizante, generando algunos lazos de confianza con comuneros.
• Ha obtenido información respecto de las actividades que las comunidades desarrollan.

El documento que oficializa el plan de operaciones finaliza con un anexo de fotografías donde se ve al agente paseando junto a Rayén y también participando en actividades de la causa mapuche. Pablo Diaz ya era un infiltrado (revise aquí ese documento, los datos sensibles han sido tarjados).

¿QUIÉN CONTROLA A LOS AGENTES?

El artículo 31 de la Ley de Inteligencia faculta a los jefes de los organismos de inteligencia militares y policiales para ocupar agentes encubiertos. El artículo 23 especifica el objetivo de esa infiltración: “Dichos procedimientos estarán limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico”.

La misma ley señala que el control interno de los organismos de inteligencia estará a cargo de los jefes de inteligencia de cada policía, y el control externo recaerá en la Contraloría, la Cámara de Diputados y los Tribunales de Justicia. Sin embargo, nada se especifica en la ley sobre cómo podrán ejercer el contralor, los diputados y los jueces, ese control externo sobre la actividad de los agentes encubiertos. CIPER no encontró antecedentes que indiquen que autoridades civiles están al tanto de la labor de estos agentes ni de cómo se financian sus operaciones.

El diputado Gabriel Silber (DC), quien integra la comisión del Congreso encargada del “control del sistema de inteligencia del Estado”, aseguró a CIPER: “Nosotros tenemos un control genérico respecto de las labores de inteligencia que realizan nuestras distintas agencias, pero no sobre operativos específicos, como sí ocurre en otros países, como España o Alemania”.

Desde La Moneda señalaron a CIPER que se está tramitando un proyecto en el Senado que aumenta la fiscalización sobre las actividades de los aparatos de inteligencia, y que entregaría mayores facultades al Congreso y en particular a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), para que esta última efectivamente coordine y supervise las operaciones de las unidades de las policías y Fuerzas Armadas especializadas en esta materia.

Pero desde 2004, cuando se promulgó la actual Ley de Inteligencia, no ha habido control efectivo.

LOS INFORMES DE «PABLO DIAZ»

CIPER accedió a otros seis informes enviados por el agente R.T.R. a “Oso”, que era la “chapa” que utilizaba en Carabineros el capitán Leonardo Osses Sandoval. El primero está fechado el 29 de enero de 2013 y allí el agente encubierto le informa a su superior que concretó una cita con Rayén. También consigna que la joven le fue contando sobre la situación de su comunidad y sobre redes que ayudan a salir del país a prófugos de la justicia.

En esos informes hay muchos más detalles de la información entregada por el agente, pero CIPER los mantendrá en reserva para resguardar la integridad del policía infiltrado y de Rayén, así como del entorno de la joven y de su comunidad (revise aquí el informe Nº 1).

El segundo informe que llegó al capitán Osses da cuenta de otro encuentro entre Pablo y Rayén y está acompañado de un set fotográfico (reviselo aquí).

El tercer informe está fechado el 12 de febrero de 2013 y allí el agente informa sobre una marcha a la que asistió en apoyo a un grupo de presos mapuche. El documento indica las identidades de quienes participaron en la manifestación, sus vínculos familiares y sociales. En el informe se detallan identidades, direcciones y números telefónicos de personas de Santiago que viajaron a apoyar la protesta de los comuneros. Este es parte del relato:

• “Una vez finalizado el operativo policial, trasladaron a los comuneros a la ciudad de ****, este agente con las técnicas de la especialidad logra subirse al vehículo de ***** *****, quien en su interior llevaba a *** ***** **** y a dos mujeres mapuches, las cuales son familiares de los imputados que trasladaba el bus de Fuerzas Especiales (…). Una vez que los buses llegan a la cuidad de ****, se trasladaron al hospital ********, con el fin de constatar lesiones”.

Poco a poco el agente se ganaba la confianza de los comuneros.

• “A las 17:00 horas aproximadamente el oficial de guardia anuncia que todos los imputados pasan a control de detención, al escuchar esta noticia y que el fiscal a cargo era **** ******,  la respuesta de los comuneros fue inmediata, ofuscándose e insultando al fiscal de forma agresiva, después de este momento, este agente se retira del lugar, volviendo una hora más tarde con el fin de visitar a la totalidad de los detenidos en especial a ***** ****. Al momento de la visita  este agente llega con alimentos para que puedan ser consumidos por los detenidos, provocando una gran satisfacción hacia ellos, ya que quedó de manifiesto el gran interés por parte del suscrito hacia ellos”.

La indagatoria de CIPER determinó que ese día el agente vestía jeans azules desgastados, una polera sin mangas que dejaba ver un tatuaje en su brazo, zapatillas anchas y un gorro de lana. En su informe, consignó que logró obtener los números telefónicos de cuatro personas que dirigían la manifestación e incluyó un análisis de los roles que cumplía cada uno de ellas. Se refirió también a la participación de un niño de 13 años: “Será un futuro “Machi” y subversivo de la familia **** ****, ya que mantiene bien arraigado sus principios con la causa mapuche” (vea aquí el informe N° 3).

Un día después, volvió a los tribunales para apoyar a los comuneros detenidos. Eso está relatado en su cuarto informe enviado a Leonardo Osses. Aquí sufrió su primer sobresalto:

“También llega ***** *** con sus acompañantes, estos una vez en el lugar, se acercan donde este agente haciendo preguntas más directas sobre las comunidades, si mantenía información sobre la C.A.M. si alguna vez había ingresado a alguna comunidad, y sobre la vida personal de este agente. A lo cual se respondió conforme a la H.F. (historia ficticia) y conforme al resto solo se respondió que no mantenía ningún tipo de información sobre lo preguntado” (vea aquí el informe Nº 4).

El informe N° 5 relata que las comunidades van a realizar una marcha en la Ruta 5 y ha escuchado que uno de los manifestantes tiene “miguelitos” (vealo aquí).

El último informe relata que nuevamente participó en una manifestación pacífica y que acompañó a Rayén a realizar trámites a una municipalidad (lea el informe Nº 6).

AGENTES EN TIERRA DE NADIE

Según una versión aportada por fuentes policiales, R.T.R. pidió su baja de Carabineros. Esa versión no pudo ser chequeada por CIPER. Lo que sí pudimos corroborar es que en los años posteriores estudió en una universidad de Temuco, y que hoy vive en otra región donde abrió un negocio con su identidad real.

Fuentes de Carabineros señalaron a CIPER que después del descalabro provocado por el montaje de la “Operación Huracán” siguen utilizando agentes encubiertos, pero solo para recopilar información. Si en esa labor se enteran de la comisión de algún delito deben traspasar los datos a alguna unidad especializada, como el OS 7 o el OS 9, desde donde se alertará de inmediato a la Fiscalía. Las mismas fuentes señalaron que los agentes encubiertos de Carabineros son financiados con gastos reservados.

El senador Francisco Huenchumilla (DC), quien votó en contra de la “ley corta antiterrorista”, señaló a CIPER que “los controles a los servicios de inteligencia no funcionan mucho porque tenemos una ley deficiente. Pero eso hay que modificarlo. Lo básico es que el control lo tenga la autoridad civil política y que desde ahí haya una cadena jerárquica que establezca sucesivos controles. De tal manera que haya un mecanismo de auto control y un mecanismo de supervigilancia, porque no puede ser que los servicios de inteligencia sean autónomos”.

Respecto de cómo se financian estas operaciones, Huenchumilla dijo: “Hay que establecer también un mecanismo de control de los recursos y de control político, con la Cámara de Diputados y el Senado, para que haya un conjunto de contrapesos en virtud del cual el organismo de inteligencia puede actuar con libertad y flexibilidad, pero con una estructura de control y de márgenes éticos bien establecidos en la ley y en los reglamentos internos”.

No se sabe cuántos agentes encubiertos operan hoy en Chile. Ni las policías ni las Fuerzas Armadas entregan esa información, amparándose en motivos de seguridad. En Carabineros dicen que “no son tantos como se piensa”. Tampoco se sabe cómo los preparan. Pero lo que está claro es que sí reciben formación. De ello da cuenta un chat por Whatsapp, al que accedió CIPER, entre el capitán Leonardo Osses y el mayor Patricio Marín (ambos en prisión preventiva por la “Operación Huracán”). Ese chat es de marzo de 2017 y en el diálogo se menciona a una carabinera que ha sido reclutada para seguir los pasos de R.T.R.:

• Osses: Futura agente (en referencia a una fotografía adjunta). Actualmente haciendo el curso de carabinero en stgo.
• Marín: Jajjajajaj 🐺
• Osses: Esta bien ella? Es de carahue. Pal campo.
• Marín: Demás. Tienes que reclutarla. Te recuerdo lo de **** (le nombra al agente R.T.R.)
• Osses: Yo la ayude a entrar. Ya está reclutada.