La obligación de España con los refugiados saharauis

El conflicto, no resuelto, del Sahara Occidental heredado de la dictadura franquista por los acuerdos firmados en Madrid el 14 de noviembre de 1975 entre España, Marruecos y Mauritania, acuerdos cuestionados por el asesor jurídico de NNUU Hans Corell en su dictamen de 29 de enero de 2009 y considerados ilegales según el derecho internacional, debe formar parte de la agenda electoral de las próximas elecciones generales del 28 de abril.

Después de este acuerdo, las Naciones Unidas nunca han considerado ni a Marruecos ni a Mauritania como potencias administradoras del territorio del Sáhara Occidental al figurar en la lista de NNUU como único territorio español pendiente de descolonización, según resolución 1542 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Corresponde, pues, a España asumir de una vez su responsabilidad como potencia administradora del último proceso africano pendiente de descolonización, una responsabilidad política, jurídica y ética para con los habitantes, hombres y mujeres que, a pesar de constar como españoles en 1975 (El Sahara adquirió el estatus de provincia en 1959), fueron abandonados a su suerte tras la ocupación militar y colonial de Marruecos.

La conciencia democrática y la responsabilidad atribuida por el Derecho Internacional a España para administrar la descolonización del territorio saharaui, debería obligar a todos los partidos que se presentan a las elecciones generales a posicionarse sobre la obligación no ejercitada, hasta el día de hoy, por parte del Estado español, de garantizar la administración de la descolonización del territorio no autónomo del Sahara Occidental, contribuyendo así a su legítima autodeterminación.

Una obligación urgente, dadas las consecuencias dramáticas que produce la presencia militar, policial y colonial marroquí entre los habitantes del Sáhara Occidental ocupado. A la violación sistemática de los derechos humanos se une el expolio continuo de sus riquezas, contraviniendo toda la jurisprudencia y el derecho internacional.

El enviado especial de las NNUU para el Sáhara Occidental, Horst Köhler, consiguió sentar en diciembre pasado en Ginebra, por primera vez en seis años, a representantes marroquís y del Frente Polisario en una mesa redonda con la participación de los Ministros de Asuntos Exteriores de Argelia y Mauritania. El pasado mes de marzo volvieron a sentarse suscribiendo un comunicado final donde “las delegaciones celebraron discusiones profundas sobre cómo alcanzar una solución política mutuamente aceptable para la cuestión del Sáhara Occidental que sea realista, viable, duradera, basada en un compromiso, justo, duradero, que proporcione la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental de conformidad con la Resolución 2440 (2018) del Consejo de Seguridad”.

Pero ese marco negociador no impide que tanto España como la Unión Europea sigan siendo actores cómplices de la ocupación, violaciones de derechos humanos y saqueo del Reino de Marruecos en el Sáhara Occidental. Así, a pesar de los cuatro fallos consecutivos del Tribunal de Justicia de la UE que establecen que los derechos del espacio y los recursos no pertenecen a Marruecos, declarando por tanto ilegal cualquier acuerdo que incluya las aguas jurisdiccionales del territorio no autónomo del Sáhara, la Unión Europea aprobó el nuevo Acuerdo de Pesca UE-Marruecos.

Empresas europeas, incluidas españolas, explotan los recursos naturales del Sáhara Occidental sin tener base jurídica para operar en ese territorio, convirtiéndose en la práctica en agentes legitimadores de una colonización ilegal impuesta por la fuerza militar y policial que agrede permanentemente los derechos humanos de la población saharaui.

Las condiciones de vida de esa población se deterioran y sus derechos, no reconocidos por la fuerza ocupante, son violados sistemáticamente sin que la Misión de Observación de las NNUU (MINURSO) actué para impedir los continuos atropellos. La resistencia del pueblo saharaui es constante como se demostró en el 2010 en la rebelión de miles de saharauis en el campamento de Gdeim Izik (el Aaiún) que, demandando el fin de la ocupación y las mejoras de sus condiciones de vida, fue objeto de una violenta disolución y posterior represión por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes que se saldó con muertes (policías marroquís y manifestantes saharauis) y detenciones (163 saharauis).

Los presos políticos saharauis, entre ellos los condenados por los sucesos de Gdeim Izik, son procesados por tribunales que no tienen jurisdicción sobre el territorio ocupado, sufriendo continuos malos tratos con total impunidad por parte de la administración marroquí.