Lenin Moreno, el entregador 

12.04.2019
Manning, Snowden, Assange… tres héroes condenados al ostracismo por el Imperio. Los secretos de las guerras sucias, del espionaje en escala planetaria, de los asesinatos y la tortura como instrumentos del terrorismo de Estado deben quedar ocultos. Un triste vasallo, el presidente del Ecuador, obra como un vulgar caza-recompensas entregando a Julián Assange a la venganza imperial. Gran Bretaña hace el trabajo sucio mientras la Unión Europea cierra la boca. La libertad de prensa sufre el peor atentado ante la indiferencia de países que posan de democráticos.

El presidente del Ecuador, Lenin Moreno, decidió entregar a la policía londinense a Julián Assange, asilado diplomático en la embajada de ese país en el Reino Unido. Lo hizo por sorpresa y en el medio de la noche. La decisión vulnera el derecho de asilo, consagrado en acuerdos internacionales, con el agravante que además desprotege a un ecuatoriano, nacionalidad que le había sido otorgada a Assange. Pero, más grave aún, la decisión de Moreno tiene una connotación moral ineludible, lo que afecta la dignidad de los ecuatorianos.

Assange, fundador de Wikileaks, se había convertido en una persona peligrosa para los Estados Unidos. Publicó miles de documentos secretos del Pentágono y del Departamento de Estado, que revelaban los crímenes cometidos por soldados norteamericanos en las guerras de Afganistán e Irak. Los aparatos de seguridad no perdonan. Se inicia una persecución implacable contra Assange, que lo obliga a buscar asilo político en la embajada ecuatoriana en Londres.

El gobierno del presidente Rafael Correa, antecesor de Moreno, con la valentía y dignidad que lo caracterizan, otorgó protección a Assange. Lo hizo, porque éste era perseguido político por los Estados Unidos y sufría el acoso de sus gobiernos aliados, el Reino Unido y Suecia. Existían incluso indicaciones y declaraciones que ponían en peligro la vida de Assange.

En efecto, Assange, logró obtener las conversaciones de un gran jurado secreto en los Estados Unidos, que lo acusaban formalmente. Posteriormente, Wikileaks, consiguió los correos diplomáticos desclasificados que confirmaban la existencia de esa acusación formal secreta. Además, esos documentos indicaban que Australia no tendría objeciones a la potencial extradición EEUU. Assange temía ser enviado a Guantánamo, junto a los terroristas musulmanes y luego terminar con una larga condena.

Los dichos de dirigentes políticos de los Estados Unidos son decidores,
Sarah Palin, excandidata republicana a la vicepresidencia de los Estados Unidos decía en noviembre del 2010: “Assange es un operador antiestadounidense con sangre en sus manos ¿Por qué no fue perseguido con la misma urgencia que perseguimos a los líderes de Al-Qaeda y el Talibán?”

Newt Gingrich, candidato presidencial en las primarias republicanas, decía en diciembre 2010: “Julian Assange está involucrado en terrorismo. Debe ser tratado como un combatiente enemigo. WikiLeaks debería ser clausurado permanente y decisivamente»

El mundo desarrollado no daba garantías a Assange y optó por refugiarse en la embajada de Ecuador Londres. El asilo era plenamente justificado. Y el gobierno de Correa se lo otorgó.

El asilo es una larga tradición latinoamericana. Presidentes, dictadores, políticos y guerrilleros han encontrado amparo en este recurso, normado por la Convención de Caracas de 1954, surgida a raíz de la larga estadía de Víctor Raúl Haya de la Torre, opositor al dictador Odría, en la embajada de Colombia en Lima.

El dictador Stroessner de Paraguay, después de su derrocamiento, obtuvo asilo en Brasil hasta su muerte. Salvador Allende, en 1971, otorgó un asilo de paso a guerrilleros argentinos que, fugados de la cárcel de Trelew, se dirigían a La Habana. Las dictaduras genocidas de Pinochet, en Chile, y Videla en Argentina, no se atrevieron a capturar a asilados que se protegían en las embajadas en Santiago o Buenos Aires. Y, por cierto, ningún gobierno complaciente con esos regímenes fue capaz de entregar a los asilados a las policías represoras. Moreno ha hecho todo lo contrario.

Ecuador se ha caracterizado por ser exportador de destacados asilados políticos. Son los casos de José Velasco Ibarra, Gustavo Noboa, Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez, exmandatarios que se asilaron en Colombia, República Dominicana, Panamá y Brasil, respectivamente. Ecuador ha sido respetuoso de ello y también ha sido generoso en otorgar asilo a políticos opositores provenientes de las dictaduras del cono sur en los años setenta y ochenta. Por ello es tan sorprendente la decisión de Moreno.

El asilo asegura la protección que un Estado ofrece a personas que no son nacionales suyos y cuya vida o libertad se encuentran en peligro por actos, amenazas o persecuciones de las Autoridades de otro Estado. En consecuencia, la decisión del presidente Lenin Moreno vulnera el derecho al asilo y es éticamente reprobable, colocando en vergüenza a toda la sociedad ecuatoriana.

Hace pocos días, el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Nils Metzer, señalaba su preocupación por los peligros que acosan a Assange. Pidió al gobierno de Ecuador que no retire a Julián Assange su condición de asilado porque si lo hace “…es probable que sea arrestado por las autoridades británicas y extraditado a los Estados Unidos”. Y, tal decisión “…podría exponerlo a un riesgo real de violaciones graves a sus derechos humanos.” La respuesta del gobierno de Moreno fue entregarlo a la policía londinense.

Todos los latinoamericanos tenemos la obligación de defender la libertad de Julián Assange. En primer lugar, porque Moreno, al quitarle el derecho de asilo, vulnera la protección a los perseguidos políticos, consagrada en el derecho internacional. En segundo lugar, esa decisión convierte al pueblo ecuatoriano en cómplice de los peligros que pueda sufrir Assange. En tercer lugar, porque la persecución contra Assange es un ataque a la prensa libre e independiente, otro derecho fundamental que debemos defender

Moreno, el entregador, ha cometido un grave error. Le ha dado la espalda al derecho internacional, a los derechos humanos y a la libertad de prensa. Con su decisión ha llenado de vergüenza al digno pueblo ecuatoriano.

-El autor, Roberto Pizarro H. es economista y ex embajador de Chile en el Ecuador

*Fuente: Politika