Quince diputados del Frente Amplio, junto al senador de la colectividad, Juan Ignacio Latorre, se sumaron en declaración pública, a la demanda de organizaciones sociales y ambientales de todo el país, exigiendo justicia por el asesinato de la activista ambiental Macarena Valdés. El crimen, ocurrido en el sur del país, el 22 de agosto de 2016, aún es catalogado oficialmente como suicidio y el Instituto Médico Legal aún no evacúa su informe de la segunda autopsia practicada el año pasado. Las parlamentarios Gael Yeomans, Catalina Pérez, Claudia Mix, y Camila Rojas, junto a los diputados Tomás Hirsch, Miguel Crispi, Giorgio Jackson, Jorge Brito, Félix González, Gabriel Boric, Gonzalo Winter, Renato Garín, Pablo Vidal y Florcita Alarcón sostienen: “Exigimos respuestas de la justicia por el crimen de Macarena. Asimismo, el Servicio Médico Legal debe entregar su informe para el avance de la investigación, y deben realizarse todas las diligencias necesarias para esclarecer este asesinato, a partir del nuevo peritaje del Dr. Ravanal y la experta Dra. Carmen Cerda, que está en conocimiento de la comunidad y la familia.”
Feminicidio empresarial
En la declaración dada a conocer el 7 de agosto, los quince parlamentarios expresan:
“No podemos aceptar que en Chile se repitan los crímenes de odio en contra de mujeres que se opongan a este tipo de proyectos En Latinoamérica ‘nos están matando’, y mientras la justicia no trabaje de manera exhaustiva para aclarar los hechos, la impunidad será una herramienta más para que empresas, coludidas con el Estado, sigan asesinando a mujeres que defienden su tierra, y eso, no lo vamos a permitir.”
En la declaración, los firmantes dan cuenta de que el 22 de agosto próximo se cumplen dos años de la muerte de Macarena Valdés, y agregan que
“la familia, la comunidad mapuche a la que ella pertenece, movimientos sociales en defensa del agua, organizaciones feministas y de derechos humanos, han catalogado el hecho como un feminicidio empresarial, y la justicia, sin investigarlo, sigue afirmando fue un suicidio.”
Los diputados relatan el contexto en que ocurrieron los hechos no investigados hasta ahora por la justicia chilena. Así, explican que Macarena Valdés, defensora de su territorio, del agua y la semilla, perdió la vida a los 32 años, el 22 de agosto de 2016, en medio de una lucha de su comunidad contra el irregular proyecto de central de pasada –sin evaluación de impacto ambiental ni consulta indígena- de la empresa austríaca RP Global, hoy RP Arroyo (financiado por el Banco BICE), en una zona turística. Como afectada, Macarena formaba parte de esta lucha junto a su esposo, Rubén Collío, Werken (vocero) de su comunidad ubicada en Tranguil, un sector cercano a Liquiñe en la comuna de Panguipulli de la región de Los Ríos. Un día antes del hecho, contratistas de RP Global se acercaron a la casa de la señora Mónica Paillamilla, dueña del terreno donde la familia Collío vive, para asegurarle que si Rubén no abandonaba el lugar “algo muy malo podría pasarles”.
Al tomar conocimiento de estos hechos, los parlamentarios solicitaron la intervención de la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados para que el conjunto de los parlamentarios sea informado. Así esperan avanzar en lograr la justicia que desde hace dos años es la demanda planteada por la familia de Macarena Valdés y las organizaciones socio-ambientales de todo el país que han asumido la causa de justicia por Macarena Valdés, defensora del territorio y del agua.
Lucía Sepúlveda Ruiz
www.periodismosanador.blogspot.com
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