La Lista de la (Des) Vergüenza de Piñera en Derechos Humanos

 Allende Antidemócrata y Causante del Golpe de Estado de 1973

Al conmemorarse 40 años del levantamiento miliar que asoló a buena parte de los chilenos y chilenas, mediante torturas, metralletas y balas, el entonces presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo sobre el gobierno de la Unidad Popular que encabezó Salvador Allende quebrantó la democracia: «El gobierno de la Unidad Popular reiteradamente quebrantó el Estado de derecho en nuestro país«. El mandatario señaló esto durante el acto oficial en el palacio de La Moneda del 11 de septiembre de 2013.

 

 Ley Antiterrorista contra el Pueblo Mapuche

En el año 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Chile precisamente por la aplicación de la Ley Antiterrorista a dirigentes mapuches. Consideró que hubo violación al debido proceso, a la libertad de pensamiento y discriminación arbitraria en el fallo contra Víctor Ancalaf, José Huenchunao, Jaime Marileo, Patricio Marileo, Ciriaco Millacheo, Aniceto Norín, Pascual Pichún y Patricia Troncoso. Por lo tanto, se obligó al Estado a anular las condenas.

Como una de las costumbres que tiene Piñera es tergiversar la verdad, por no señalar abiertamente que es un mentiroso compulsivo, expresó en el programa de debate televisivo Tolerancia Cero que… “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró explícitamente que la Ley Antiterrorista chilena, después de la reforma que nosotros introdujimos, cumplía todos los estándares internacionales”.  Amén, afirmó que impulsaría vigorosamente modificaciones a la Ley Antiterrorista, incorporando “testigos protegidos, agentes encubiertos, informantes, entregas vigiladas”.

Estos puntos -presentes en la actual legislación- son los que precisamente la CIDH pidió a Chile que reforme, por considerar que testigos protegidos y con reserva han sido utilizados de manera “abusiva”.

 Atentados, Montajes y Falacias Contra el Pueblo Mapuche

El empresario y expresidente Sebastián Piñera ha estado en varias oportunidades en el tapete de lo ilícito que a la fecha ha trascendido fronteras, incluyendo ser parte de campañas operacionales político-comunicacionales que han generado un enorme daño al Pueblo Mapuche.

“Tenemos información confiable que nos hace presumir que detrás de estos incendios ha habido intencionalidad criminal y en consecuencia creemos que debemos combatir no sólo los incendios sino a criminales que presuntamente están detrás de estos incendios”, dijo Sebastián Piñera, siendo Presidente de Chile en el marco de la muerte de siete brigadistas de la forestal Mininco el año 2012, mientras  que el exministro Hinzpeter y operadores políticos de su mismo bloque como el Diputado Edwards, el senador Espina y el exintendente de La Araucanía Andrés Molina, dejaban entrever que detrás de esos hechos habían “causas mapuches”, al tiempo que desligaban a la empresa forestal de todo tipo de responsabilidad en la ola de incendios que se registraban en el centro sur de Chile, mientras se tapaba la plaga de la avispa taladradora en las plantaciones de monocultivos y mientras los operadores de justicia como el exfiscal Ljubetic también apuntaba  sus dardos a personas mapuches, hechos que en suma gatillaron una campaña racista contra el Pueblo Mapuche acusado de “asesinatos” y de “terrorismo”, mientras desde diversas organizaciones sociales acusaban de manipulación, ocultación de información y autoatentados.

Demás está decir la cercanía que el expresidente Piñera tenía hacia los intereses de grupos empresariales forestales.  El año 2006 vendía el 4% de las acciones de AntarChile y cuadruplicó su inversión en 6 años. AntarChile es un holding perteneciente al grupo Angelini, que posee más de un millón doscientas mil hectáreas de plantaciones forestales en el centro sur de Chile a través de Forestal Arauco – Celco.

Piñera también intentó prorrogar a 20 años un decreto ley proveniente de la dictadura militar (DL 701) que además de Angelini ha beneficiado también al grupo Matte (CMPC – Forestal Mininco), con más de 750.000 hectáreas de plantaciones.

Piñera, que a inicios del 2017 aparece con una fortuna que supera los 2.700 millones de dólares, fue un activo promotor en señalar supuestos vínculos terroristas “mapuches – Farc”.

En agosto del año 2009, como candidato presidencial, afirmaba que detrás de la violencia en el conflicto mapuche hay organizaciones terroristas extranjeras y llamaba a aplicar más ley antiterrorista, y en agosto del año 2010 con quien fue su homónimo en Colombia, el actual presidente Juan Manuel Santos, dijeron a la prensa que habían acordado “cortar el ‘vínculo entre mapuches y las Farc”.

Cabe consignar al respecto, que tanto Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y hasta el exministro del gobierno de Piñera,  Andrés Chadwick Piñera (primo de Sebastián), tuvieron que desmentir en su momento dicha campaña, no existiendo antecedentes. Los Cables de la Embajada estadounidense en Chile durante el 2008 al 2009, correspondientes a las desclasificaciones de Wikileaks, revelados por diversos diario internacionales, demostraron que la pretendida conexión mapuches-PC-FARC fue un montaje o sobre exageración.

Perdón a los Militares Genocidas

Sebastián Piñera, presentó en junio de 1995 un proyecto legislativo que buscaba poner punto final a los procesos por violaciones a los Derechos Humanos, incluyendo a los responsables del denominado “Caso Quemados”.

La iniciativa en cuestión fue presentada cuando él era senador por Renovación Nacional (RN), y buscaba la impunidad para todos los crímenes políticos perpetrados entre 1978 y 1990 a través de la ampliación de la Ley de Amnistía hasta el retorno de la democracia.

Cabe recordar que el Decreto Ley Nº 2.191 de abril de 1978, también conocido como Ley de Amnistía, vino en imponer, mediante un poder ilícito, un perdón a todas las personas implicadas en actos delictivos en calidad de autores, cómplices o encubridores, cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.

Piñera en sus tiempos de senador presentó aquel proyecto que buscaba ampliar la amnistía que había dejado la dictadura cívico militar, dejando sin sanción alguna a quienes habían violado los Derechos Humanos, no obstante que él, en alguna oportunidad estimó que era indispensable que los delitos de lesa humanidad debían ser investigados, entre ellos el asesinato del expresidente Frei Montalva.

El Candidato Piñera anuncia Ley para que el Presidente pueda Conmutar Pena de Prisión a Enfermos Terminales por Arresto Domiciliario

Entre las primeras medidas que tomará en caso de volver a La Moneda en marzo de 2018, el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, anunció el envío de una ley para que el Presidente de la República pueda conmutar la pena de prisión a enfermos terminales o con Alzheimer por arresto domiciliario, pudiendo así concluir sus sentencias en sus hogares; junto con reiterar que en su eventual gobierno, no cerrará el penal Punta Peuco… ¿Nuevo ofertón a los militares presos por atropellos a los derechos fundamentales de las personas?

 

Dilatada retención de querellas contra criminales de Lesa Humanidad

Ahora estamos en noviembre de 2010. El gobierno de Sebastián Piñera retiene hace meses 60 querellas contra violadores a los derechos humanos, que debían ser perseguidos penalmente por el Ministerio del Interior, denunciaron en aquella ocasión familiares de las víctimas de la cruenta represión militar.

“Hay una decisión política de obstaculizar los procesos e instalar la impunidad”, afirmó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro.

La dirigenta, que anunció protestas, reveló que la propia jefa del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Rosy Lama, mantuvo reuniones con criminales de lesa humanidad.

“Tampoco debemos olvidar que Piñera también tuvo un encuentro con generales en retiro antes de asumir su cargo en marzo“, recordó.

La dirigenta, hija del detenido desaparecido Waldo Pizarro, dijo que además de frenar la presentación de las querellas, “el gobierno decidió que despedirá en diciembre a los abogados que llevaban las causas… Nos reunimos con Rosy Lama y nos señaló que no les renovarán los contratos. Por ello, vamos a tomar medidas. No podemos permitir la impunidad”, recalcó.

Pizarro, tras decir que algunos de quienes gobiernan con Piñera antes fueron asesores del exdictador Augusto Pinochet, opinó que la derecha no está interesada en perseguir estos crímenes.

Por lo tanto, si la ley obliga al Ministerio del Interior a presentar querellas por todos los casos de ejecutados políticos y desaparecidos  ¿cómo lo podrían hacer sin tener prácticamente abogados? Ante ese escenario, se dejaron unos 3.000 casos sin sanciones.

Tras el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, donde unas 3.000 personas fueron ejecutadas o desaparecidas durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, un número menor de represores cumple condena efectiva.

De los 110 exuniformados condenados desde 2007 a 2010, solo 22 cumplen penas efectivas, según cifras del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

En total, de 200 condenados desde 1995 a 2010, solo 65 están presos. Los demás recibieron penas remitidas, en virtud de leyes ordinarias de prescripción de los delitos.

Piñera designó como cabeza de Gendarmería a exrepresor  del Caso Degollados

Piñera tuvo la desfachatez, falta de ética e inmoralidad de designar como director de Gendarmería de Chile a Iván Andrusco, quien fuera miembro de los aparatos represivos de la dictadura en un organismo conocido como la Dicomcar y que agrupaba a los miembros de la policía uniformada del país. Esta entidad represiva degolló a los militantes comunistas José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero.

La Dicomcar era un organismo similar a la DINA-CNI, e Iván Andrusco aparece involucrado en varios procesos en calidad de inculpado; procesos que no se han cerrado del todo. Aun así por el solo hecho de formar parte de dicho organismo criminal y represivo Andrusco no deja de ser encubridor y cómplice de las violaciones a los derechos humanos cometidos por la Dicomcar, pues él era uno de los jefes importantes en dicho organismo.

 La designación de Iván Andrusco como director de gendarmería  corroboró los intentos de Piñera por  blanquear las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el imperio de la dictadura militar y proteger a los uniformados que participaron en alevosos crímenes de lesa humanidad.

 

Omisión de Normativas de Negociación Sindical y Colectiva

El 28 de octubre de 2013, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), a través de su presidenta Bárbara Figueroa, anunció que sentaría en el banquillo de los acusados al gobierno de Sebastián Piñera ante la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, para que responda por qué no ha implementado medidas para mejorar la negociación de sindicatos interempresas como también el Código del Trabajo sobre las negociaciones colectivas.

La presentación de Figueroa –ingresada en agosto de aquel año- contó con el apoyo de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas.

El derecho a asociación fue conculcado durante la dictadura de Augusto Pinochet y todo lo que supuso en materia laboral y constitucional. Aunque se reconocen avances desde la vuelta a la democracia en 1990, la CUT señala que el actual Código Laboral viola la Convención Americana de Derechos Humanos del organismo internacional suscrito por Chile.

En síntesis, la CUT asegura que Chile también no ha tomado en cuenta las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ha hecho ver las dificultades, por ejemplo, de que los funcionarios públicos puedan negociar colectivamente. Básicamente, sostiene la CUT, el alcance de la presentación busca que los trabajadores chilenos fuesen escuchados en esta instancia internacional.

 

Amnistía Internacional Reconviene al Gobierno de Piñera

15 de marzo de 2012. Amnistía Internacional (AI) señala como una de sus preocupaciones las violaciones a los DD.HH practicadas el 2011 contra manifestantes que participaban de marchas y acciones en las calles del país. Los manifestantes denunciaron ante Amnistía el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, uso inadecuado de gases lacrimógenos y chorros de agua con alta presión, detenciones arbitrarias e informes de torturas, maltrato, golpizas y amenazas de violencia sexual.

“Amnistía Internacional reconoce el difícil contexto en que el cuerpo de carabineros debe actuar y también reconoce que los Estados están obligados a mantener el orden público. Sin embargo, el Estado chileno tiene la obligación de cumplir con esta responsabilidad de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos, las cuales regulan el uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, subraya la información.

Aún con respecto a las protestas sociales, AI teme la posible aprobación de la ‘Ley que Fortalece la guarda del Orden Público’, conocida como ‘Ley Anti-tomas’, Proyecto de Ley enviado al Congreso Nacional por el gobierno de Piñera con la intención de “resguardar el orden público”. La redacción del proyecto, para Amnistía, está abierta a interpretaciones que pueden llevar a vulnerar los derechos humanos y afectar la libertades de expresión, reunión, asociación y circulación.

La situación de los pueblos indígenas también es mencionada en la misiva que AI le envió al entonces presidente Piñera, ya que el país no avanzó en este ítem, como debería. A pesar de haber votado favorablemente la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio 169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Estado no concretizó acciones que lleven al cumplimiento de los principios contemplados en tratados internacionales.

Una de las principales demandas que deben ser cumplidas es asegurar que los pueblos indígenas y originarios sean consultados sobre las actividades que los afectan. Otro punto a ser cumplido con carácter definitivo es poner fin a la aplicación indiscriminada de la llamada “Ley Antiterrorista” en el juzgamiento de los mapuches. AI expresa también su preocupación por la ilegal aplicación de esta ley contra menores de edad.

Cuando se habla de Derechos Humanos no se puede dejar de recordar las situaciones enfrentadas por lesbianas, gay, bisexuales y transgéneros. Por ello, Amnistía demandó que Chile adopte una legislación integral, que castigue no solo a quien practique discriminaciones en razón de la identidad sexual, sino también discriminación en virtud del sexo, origen étnico, nacionalidad o creencias religiosas.

En resumen, Piñera y su gobierno derechista y reaccionario no tomaron en cuenta ninguna medida de las planteadas por AI.

El Caso de Sergio Albornoz y Patricio Mery Bell

Es el 30 de agosto de 1988, el general Gustavo González Jure, por entonces capitán de la 13° Comisaría de La Granja, se apersonó junto al resto de su contingente policial para sofocar una protesta en contra de Pinochet y su régimen. En dicho acontecimiento disparó una bala dumdum que impactó por la espalda, específicamente en el cuello al niño Sergio Albornoz, de 14 años de edad, ocasionándole la muerte. De acuerdo al Informe Rettig, “Sergio Albornoz murió por una bala, víctima de la violencia política”.

En 2011 este luctuoso y criminal acontecimiento fue develado por el medio electrónico Panorama News (sitio periodístico dirigido por Patricio Mery). Ahí se relata cómo González Jure habría llamado aquella vez a su padre, el general González, para pedirle al subteniente de Carabineros (que hasta 2011 era teniente coronel) Miguel Ángel Ortiz que se inculpara de dicho crimen, a cambio de mantenerlo en la institución, pero con una baja condena. Hechos que fueron rememorados por el sobrino de Miguel Ángel Ortiz, el oficial de Ejército Ignacio Avello Ortiz.

Además, funcionarios activos y en retiro de la institución, y  que participaron esa noche en aquellos eventos, afirman que el subteniente Ortiz, nunca estuvo en el lugar de los hechos, ya que se encontraba en la Comisaría.

Ante estos antecedentes, y después de la denunciada diseminada por Mery, el senador Alejandro Navarro denunció que “(Carabineros) no puede tener a González Jure al mando, mientras dure esta investigación (…) Hay un principio de verdad, los denunciantes incluso, uno de ellos es teniente del Ejército, dan cuenta de una necesidad de investigar”.

Todos conocemos el telón de la carrera policial de González… Premiado el 8 de septiembre de 2011, por el gobierno de Piñera, como jefe máximo de la policía uniformada… Horrenda señal de la inexistente ética y justicia para los chilenos, en general; para Mery, en particular; y para la familia de Sergio Albornoz, en lo singular.

Lo anterior provoca mucha indignación, ya que la sentencia número 106, de la causa, rol número 502-90, del Segundo Juzgado Militar de Santiago (Patricio Mery Bell contra Gustavo González Jure), grosso modo manifiesta lo siguiente: el oficial  Ortiz, indicó que fue atacado por un grupo de doscientas personas. Por este motivo, habría utilizado su arma de fuego. No obstante, y según los más de cuarenta testigos que presentaron los querellantes, el grupo de personas, con los que estaba Sergio Albornoz al momento de ser acribillado, no superaba las seis.

A su vez, en el punto siete del fallo se consigna que:

“El proyectil se hallaba deformado y que el cañón del arma siendo desmontable puede ser intercambiado por no tener como pieza aislada número de serie, dado el largo tiempo transcurrido entre el hecho y el peritaje; es altamente probable que dicho cañón haya sido efectivamente cambiado antes de la experticia en el arma”.

En el punto ocho de la sentencia, se deja entrever cómo Carabineros, quemó las pruebas para impedir que se determinara  si efectivamente el cañón del arma fue cambiado o no. “Carabineros tenía la obligación legal de mantenerla en las mismas condiciones en que quedó luego de haber sido empleada; y por lo demás, los documentos de la prueba plenaria señalan, el de fs. 427, que la documentación al respecto fue incinerada, y el de fs. 429, solo consigna observaciones  generales sobre el aseo del armamento y el eventual cambio del cañón de una pistola ametralladora UZI, sin referirse específicamente al arma de autos”.

Debido a la denuncia efectuada por Panorama News -sitio electrónico actualmente censurado, que debió cambiar su nombre en la web por Panoramas News- su director ha sido continuamente perseguido, hostigado y públicamente censurado. Lo anterior es a todas luces una situación completamente injusta e ilegal porque de lo único que se puede estigmatizar a Mery es de haber denunciado al autor material de un horrendo y sangriento crimen perpetrado en dictadura.

 

El Caso de Teófilo Haro

Ahora nos situamos  temporalmente en el año 2012 y espacialmente en Aysén. Los que tengan buena memoria, rememorarán que en esa localidad hubo una fuerte eclosión social, como en todo Chile a partir de 2011 bajo la administración Piñera. El movimiento social de Aysén tenía una serie de demandas al Gobierno central, entre estas: solución al alto costo de los combustibles, salud de calidad, equidad laboral, etc. Uno de los activos participantes de este movimiento era el pescador Teófilo Haro, cuya memoria jamás olvidará la fatídica madrugada del 17 de febrero de aquel año. Para mayor abundamiento:

 En la madrugada de aquel día, el sargento Martínez conducía un carro lanza agua en las proximidades del Puente Ibáñez, y fue testigo presencial de los dos disparos en contra del pescador Haro, uno de los cuales “le reventó un ojo”. Su versión de los hechos, eso sí, se encuentra en las antípodas de la que entregó el Alto Mando de Carabineros, a saber: el disparo que afectó a Teófilo Haro había salido del arma del suboficial Héctor Aburto.

 La versión del Alto Mando fue inicialmente avalada, y posiblemente  ingeniada,  por el general director de Carabineros, Gustavo González Jure, y el ministro del Interior de la época, Rodrigo Hinzpeter, cuando ambos declararon en el Congreso Nacional para dar cuenta de las medidas que estaba tomando el gobierno ante la serie de excesos policiales en Aysén.

 En esas circunstancias, la Justicia Militar refuta la participación del suboficial Aburto y apunta sus dardos al teniente coronel Víctor Follert Alarcón como el verdadero autor del disparo.

 A simple vista, podría tratarse de un simple error cometido por el Alto Mando al inculpar al suboficial Aburto, pero “En febrero de 2015 el sargento José Martínez presentó una querella en contra de Carabineros para investigar la acción de una presunta red de encubrimiento digitada desde Santiago con la finalidad de proteger a su exsuperior Follert. Esta confabulación habría comenzado a operar desde el momento en que el general Gustavo González Jure envió a la región austral al coronel Leonardo Glade para instruir una investigación sobre los hechos y conseguir una declaración del sargento Martínez que exculpara al comandante Follert» (http://www.eldivisadero.cl/noticia-31087).

 

Manifestaciones Estudiantiles

En el año 2011 vuelven a emerger como principales actores sociales los universitarios. En Chile casi 700.000 estudiantes de las instituciones de Educación Superior se encuentran endeudados con cifras que superan el precio del arancel total de su carrera debido al Crédito con Aval del Estado (CAE), que permite a los estudiantes comenzar a pagar su carrera después de 18 meses post – finalización con una tasa de interés, que hasta ese entonces, bordeaba el 6% que destinan a instituciones bancarias.

En el año 2011 con el gobierno de Sebastián Piñera y su gabinete se ordenó al Cuerpo de Carabineros y Fuerzas Especiales reprimir a los estudiantes. Las medidas para detener a los estudiantes fueron nefastas, marchar por la vereda, controles preventivos de identidad a centenares de estudiantes, entre otras. Se expresa un notorio gasto público destinado a las Fuerzas de Seguridad y Orden Público, aumento de número de carros lanza agua, lanza gases y móviles operativos.

En agosto del año 2011, se produjo una trágica noticia, el 25 de agosto el estudiante secundario Manuel Gutiérrez fallece a raíz de un impacto de escopeta mientras se encontraba observando una protesta con cacerolas cercana a su casa. El carabinero que lanzó la bala hoy no sufre mayores consecuencias, pues se trató de una “bala loca”, siendo ya el segundo caso de estudiantes que fallecen en protestas estudiantiles.

El jueves 26 de mayo de 2011 se registraron 118 detenidos en una protesta, desplegando mayor contingente policial. Las ambulancias socorrieron a una estudiante que sufrió tres paros cardio-respiratorios, pero no dieron abastotampoco dieron abasto para auxiliar a una joven que defendió a estudiantes mientras estos eran atacados por Carabineros, quien también sufrió golpes causándole un aborto tras la patada que recibió en la vagina por parte de una uniformada.

Estos hechos no son singulares y hay evidencia. El 7 de junio de aquel año una estudiante secundaria pasó a Fiscalía por maltrato de obra a carabineros; la estudiante recibió golpes de parte de carabineros y su informe médico señaló tortura, pero a pesar de esto, la estudiante estuvo en calidad de imputada por “golpear” a una uniformada.

Durante la administración Piñera, las manifestaciones sociales se tornaron complejas, más aun cuando se otorgaron mayores facultades a los organismos que reprimen a las y los movilizados, pues los legisladores aprobaron el Control Preventivo de Identidad que faculta a Carabineros a revisar porte y equipaje. Las tomas de los estudiantes estuvieron fuertemente custodiadas por contingente policial en las afueras de los establecimientos. Un sinnúmero de denuncias se masificaron a través de las redes sociales respecto de abusos sexuales que sufrieron gran parte de estudiantes secundarias y universitarias por personal policial, exponiéndose a vejámenes institucionalizados y sin pudor alguno.

 

Educación: ¿Bien o Derecho Social?

En julio de 2011, el entonces Presidente Sebastián Piñera dijo  «requerimos, sin duda, en esta sociedad moderna una mucho mayor interconexión entre el mundo de la educación y el mundo de la empresa, porque la educación cumple un doble propósito: es un bien de consumo«.

Ergo, Piñera explicitó lo que realmente la derecha conservadora y neoliberal piensa de un derecho humano universal y fundamental, como es la educación, es decir, que en lugar de ser un derecho social, al cual todos y cada uno de los seres humanos podemos  acceder libremente, independientemente de la cuna donde nacimos, es un negocio; la derecha la mira desde la óptica del dinero, es decir, si usted carece de éste nunca podrá acceder a una enseñanza de calidad y gratuita. Si se supone que constitucionalmente el gobierno debe propender y resguardar el bien común, entonces qué prefiere Piñera, ¿o el imperio desmesurado del capital o el interés general de la sociedad?