Ana Palacio, la exministra que dijo que el Sáhara no era moneda de cambio

“El Sáhara no es moneda de cambio” y para resolver este conflicto “hay que contar con lo que digan los saharauis” y  “la ONU debe buscar una solución que tenga en cuenta los intereses de este pueblo”. Así pensaba, o es lo que decía, Ana Palacio en 2002, cuando era ministra de Asuntos Exteriores con José María Aznar.

Esta actividad se añade a la que Ana Palacio  realiza como asesora jurídica elaborando informes que utilizan los compradores de fosfatos del Sáhara Occidental a Marruecos para legitimar sus importaciones frente a sus accionistas, según Western Sáhara Resource Watch (WSRW), red internacional de organizaciones de más de 30 países que investigan las empresas que colaboran con intereses marroquíes en los territorios ocupados del Sáhara Occidental

Miembro electivo de Consejo de Estado y fundadora del despacho de abogados Palacio y Asociados -especializado en Derecho europeo, Derecho internacional público y arbitraje-, Ana Palacio ha tenido entre sus clientes a las hermanas Koplowitz, al exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi, al que representó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, y a Rafael Pérez Escolar, colaborador de Mario Conde en la época de Banesto, según datos publicados por Cecilia Guzmán en El Plural.

Marruecos amplia la larga lista de organismos y consejos de administración que han proporcionado importantes ganancias a Ana Palacio:  Consejería General del Banco Mundial,  Anadarko Petroleum Corporation,  INVESTCORP, Global Agenda Council del Foro Económico Mundial,  Atlantic Council de Estados Unido,  grupo francés AREVA -líder mundial en energía nuclear-,  PHARMA MAR, Hidrocantábrico (HC Energía), Enagas…

Nombrada ministra de AAEE el 10 de junio de 2002, Ana Palacio ejerció su cargo en un clima de tensión con Marruecos: desembarco de marinos marroquíes en la isla de Perejil, ausencia durante un tiempo de embajadores y rechazo español a la propuesta de una autonomía para el Sáhara dentro de Marruecos.

Una serie de manifestaciones de la ministra de Aznar en 2002 expusieron la postura del Gobierno de España en esos momentos sobre el conflicto del Sáhara Occidental:

-El 11 de agosto de 2002, en declaraciones a Europa Press, Ana Palacio dijo: “Hay que tener una perspectiva de solucionar el asunto y ello pasa por los intereses de los países vecinos y fundamentalmente por lo que es la manifestación del pueblo saharaui”.

-El 26 de septiembre dijo a Peru Egurbide,  en  El País: “El Sáhara no es moneda de cambio. Nuestra postura sobre el Sáhara está fundada en muchísimas cosas, pero desde luego en ningún caso será moneda de cambio para mejorar nuestras relaciones con Marruecos”.

-Y el 9 de diciembre Marco Schwartz escribió en el Diario Córdoba:  “La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, dijo ayer que la ONU debe buscar una solución al conflicto del Sahara que tenga en cuenta no sólo los intereses de Marruecos, sino también los del pueblo saharaui. Palacio salió en defensa de los derechos saharauis tres días antes de recibir en Madrid la visita del ministro de Exteriores marroquí, Mohamed Benaisa, para buscar una salida a la crisis diplomática que separa a los dos países desde hace más de un año y que se originó, precisamente, por el rechazo de España a un arreglo favorable sólo a Rabat”.

En este contexto se pueden enmarcar manifestaciones desde el Polisario que consideran a Aznar como el presidente del Gobierno de España que ha tenido “posicionamientos más claros a favor de la causa saharaui”, como dijo el primer ministro de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD),  Abdelkader   Taleb   Omar, en junio de 2013, a El Espía Digital o las  impresiones que recogió  la periodista Ana Romero en El Aaiún, en noviembre de 2010, antes de ser expulsada por las autoridades marroquíes: “Los saharauis dicen que Aznar ha sido quien mejor los ha tratado”.

Sensible a las presiones marroquíes

Pero las actuaciones de Ana Palacio no llevaron a donde parecía que apuntaban. Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela,  escribió en junio de 2004 que Aznar logró convencer a Bush de que presionara a favor de una solución al conflicto del Sáhara y consiguió articular un eje Washington-Madrid-Argel-Tinduf-Nuakchott que fue determinante para la aprobación del “plan Baker II”. Pero aquella iniciativa “fue aguada a última hora por la nefasta Ana Palacio, que después de todo el trabajo efectuado por la delegación española en la ONU, a última hora fue “sensible” a las presiones de los aterrorizados marroquíes y aguó la resolución de la ONUque se disponía a aprobar y ordenar la ejecución del plan”.

Años después, el 30 de noviembre de 2010, Carlos Ruiz Miguel  y Romualdo Bermejo García, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de León, insistieron en ABC en la misma tesis: “En 2003, España revitalizó el proceso al conseguir que el Consejo de Seguridad aprobara por unanimidad en su resolución 1495 el «Plan Baker», Sin embargo, la ministra de Exteriores Ana Palacio disparó en el pie al presidente de su Gobierno, Aznar, al acceder a la pretensión marroquí de rebajar el tono de la resolución del Consejo de Seguridad que, de «endosarlo» con fuerza ejecutiva, paso a «apoyarlo» sin fuerza coactiva. Después, todo ha ido a peor. La llegada de Rodríguez Zapatero a la presidencia del Gobierno y el nombramiento de Moratinos como ministro de Exteriores ha supuesto un retroceso en este proceso de solución”.

Ana Palacio ha escrito en la página del World Economic Forum que en mayo de este año viajó a El Aaiún, capital del Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí, para examinar la sostenibilidad de las operaciones del Grupo OCP, primer productor global de fosfato, de cuyo Consejo Asesor Internacional forma parte, y que lleva a cabo sus operaciones en el Sáhara a través de su filial Phosboucraa.

El objetivo de su visita fue “medir el impacto de las actividades de Phosboucraa  desde la perspectiva de su ajuste a la doctrina de NNUU sobre explotación de recursos naturales en territorios no autónomos, fundamentada en los beneficios para el territorio y sus habitantes en tanto se determina su status político definitivo”.

Informes para justificar el comercio de fosfatos

Lo que no ha contado  la presidenta de Palacio y Asociados es que estos informes, como los de otras asesorías jurídicas contratadas por OCP, “son utilizados sistemáticamente por los importadores internacionales de fosfatos para legitimar sus importaciones frente a sus accionistas”. Se trata, según WSRW,  de “análisis confidenciales” que parecen establecer que la población local se beneficia de la industria, pero “esa misma población local -los dueños de los fosfatos- no tiene derecho a ver esos dictámenes,  ni  posibilidad de evaluar su veracidad”.

En su  informe “P de Pillaje” correspondiente a 2015, WSRW  señala que  la firma DLA Piper formó equipo con Palacio y Asociados para proporcionar a OCP un dictamen para justificar el tráfico de fosfatos, citando potenciales beneficios a la “población local” que validan la explotación y subsiguiente comercio.

WSRW contactó con ambas empresas para que compartieran su opinión legal con los saharauis:  DLA Piper dijo que era secreto profesional y que se trataba de un dictamen “formulado en beneficio de Phosphates de Boucraa, S.A. y su casa madre, el Office Chérifien des Phosphates S.A”; Ana Palacio manifestó su desacuerdo con el análisis de WSRW y aludió, tambien, al secreto profesional.

En artículo citado anteriormente, Ana Palacio cuestiona al Frente Polisario -reconocido como representante del pueblo saharaui por la ONU y la Unión Europea- y su  “agresiva campaña contra terceros iniciada recientemente” consistente en emprender una acción legal ante la jurisdicción civil sudafricana solicitando el embargo de un cargamento de fosfato extraído del Sáhara; dice que esta táctica, “nunca seguida antes de utilizar jurisdicciones domésticas para dañar a Marruecos únicamente logrará menoscabar el proceso”.

La exministra que mantuvo las posiciones del gobierno de España sobre la invasión de Irak en 2003 y defendió,y mandó defender a los embajadores de España, que los atentados del 11 M, en 2004, fueron obra de ETA,  dice desde su posición de abogada de  Marruecos que “la solución al conflicto del Sáhara Occidental sólo vendrá de la mano del compromiso de todas las partes implicadas, fundamentalmente Marruecos y el Frente Polisario, pero también los países vecinos, en particular Argelia”.

*Fuente: Contramutis