Los estrechos vínculos socialistas con empresas de la Dictadura

La semana pasada estalló una bomba en la interna socialista. Un reportaje elaborado por Mega reveló que la Comisión de Patrimonio del partido presidencial habría elegido empresas como Pampa Calichera o SQM para invertir sus dineros.

Las críticas vinieron desde todos los sectores, acusando al PS de falta de consecuencia política al mantener sus dineros en compañías vinculadas a la dictadura militar, las que (a la vez) forman parte de las sociedades cascadas, “estrategia” comercial liderada por Julio Ponce para dejar disponibles importantes paquetes de acciones, las que luego de salir a remate, eran recompradas por sus mismos dueños a mayor precio que su venta inicial.

Pese a los cuestionamientos, el Comité de Patrimonio del PS defendió su “modelo de negocios” y apagó el fuego con bencina. A través de una carta califican de “admirable” el manejo económico del partido.

“En realidad es admirable lo que el PS hizo a partir de 2002 con los dineros de devolución de sus activos antes expropiados por la dictadura. No despilfarrarlos, sino administrarlos bien, es de las cosas revolucionarias que ha hecho el PS. Le dio independencia y soberanía para hacer y decir lo que quisiera, sin mirar antes la cara a algún “donante”; habitualmente grandes empresas o esos Chávez deseosos de remunerar turiferarios locales en cada país. El PS fue el partido político en Chile que con su gestión patrimonial pudo alcanzar lo que otros menos rigurosos no logran: decir a ricos y poderosos del mundo lo que está en el sueño de todo jugador de Lotería: ¡Chao jefe!”.

Ese es uno de los párrafos contenidos en una declaración de seis carillas en las que acusan de “delirio” a quienes usan bien las inversiones para fortalecer sus activos, asegurando que son miles de socialistas los que están orgullosos del manejo económico que por años ha llevado el Partido.

“Las Mesas Directivas encabezadas por los compañeros Ricardo Núñez, Camilo Escalona, Gonzalo Martner, Osvaldo Andrade, Isabel Allende y Álvaro Elizalde, lideraron y llevaron a buen puerto lo mandatado por el Congreso General del Partido. Todas las instancias democráticas de nuestra organización participaron del diseño, debate y aprobación de las políticas de financiamiento patrimonial que fueron ejecutadas por la Comisión Patrimonio, incluidos los Congresos de 2001, 2005, 2008 y 2011”, agregan refutando las palabras de algunos de los mencionados, quienes aseguran desconocer las decisiones que toma el Comité de Patrimonio sobre el destino de las inversiones.

(Leer la carta completa aquí)

El problema no solo es por el patrimonio. Según se reveló esta mañana, el Servicio de Impuestos Internos (SII) habría permitido que el partido eludiera más de 1 mil 400 millones de pesos en el pago de impuestos por sus inversiones en el mercado.

El documento que acreditaría la condonación sería un oficio de noviembre 2005 que descarta el cobro de impuestos de primera categoría, que hasta 2009 habría significado un millonario ingreso para el Estado.

Según se consigna en radio BíoBio, en el Oficio N°4.335, firmado por Juan Toro Rivera, entonces director de la entidad, se descarta asimilar al partido con una empresa: “Que para calificar a una entidad de empresa se requiere de la formación de un todo constituido por el capital y el trabajo, encaminado a la realización de actividades mercantiles, industriales o de prestación de servicios con fines lucrativos, propósito este último que no concurre en el caso de aquellos entes cuyo objetivo principal por su naturaleza no es perseguir un fin lucrativo, y que las eventuales rentas obtenidas se invierten íntegramente en el financiamiento de la colectividad o asociación de que se trate”.

Dictamen que se contrapondría a la doctrina oficial del SII que dice que todos deben pagar impuestos, invalidando la decisión judicial. Sin embargo, la versión del Servicio es otra. En un comunicado de prensa aseguraron que “el beneficio está en la ley desde hace más de 45 años y favorece a fundaciones y corporaciones que no pueden clasificarse como empresas para fines tributarios”, no siendo los socialistas los únicos a los que se le aplica de este modo la normativa.

El presidente socialista se defendió lanzando duras críticas contra el reportaje: “La información que ha sido publicada por una radio esta mañana, es falsa y no se condice con la realidad. Al Partido Socialista se le ha aplicado los criterios tributarios que permanentemente aplica el SII respecto de todos los partidos políticos”, dijo a la salida de La Moneda.

Militantes en directorios

Como si esto fuera poco, en la actualidad hay militantes socialistas que pertenecen al directorio de SQM.

Este es el caso del abogado Hernán Contreras, profesional que estuvo encargado de representar a la diputada Maya Fernández en la disputa por votos que la enfrentó en 2012 a Pedro Sabat.

En el libro La máquina para defraudar, la periodista María Olivia Monckeberg ubica al abogado en el núcleo duro de Norte Grande, sociedad clave en el diseño de control del ex yerno de Pinochet, cargo en el que permanece hasta la actualidad, según consta en la página 42 de la Memoria Anual 2016 de la empresa.

Hernán Contreras Molina ocupa el cargo de director titular junto con personajes como Patricio Phillips Sáez, hijo del fundador del extinto Partido Nacional, y con Patricio Contesse Fica, procesado por financiar irregularmente a políticos en el caso SQM.

Para Ernesto Águila, cientista político y cercano a la izquierda socialista, dijo a Radio Universidad de Chile reprochó la vinculación de militantes PS con este tipo de empresas: “El Partido Socialista está viviendo una situación muy difícil. Yo creo que tiene ver no solo con las decisiones de administrar un patrimonio, sino con entender la relación entre un partido de izquierda y el mundo empresarial”.

El también académico de la Universidad de Chile reconoció que “durante varios años se estableció una relación impropia” entre un partido como el socialista que, por un lado, debe defender su autonomía política, pero sin perder el proyecto que encarna que es de transformaciones sociales: “Muchas veces entran en contradicciones con intereses del gran empresariado del país”.

Así aseguró que se vive un problema de identidad y proyecto: “Es saber dónde estás parado y a quiénes representas. Un proyecto como el socialista requiere de una autonomía política de los actores empresariales, lo que hace que no sea coherente el que existan representantes que provengan del PS y que -a la vez- estén en empresas que incumplen legislaciones de todo tipo, o que (en este caso) provienen de privatizaciones que fueron un saqueo del Estado”.

Para Águila este dato agrava el problema: “El PS enfrenta una decisión de fondo: definitivamente separa aguas con el empresariado y retoma la autonomía, o sigue en esta connivencia negativa”.

Sin embargo, desde la mesa socialista señalan que en el caso puntual de Hernán Contreras no saben cómo actuarán, principalmente porque se trata de un militante (que reconocen es activo), pero que estaría participando a título personal de las decisiones de dicho directorio.

*Fuente: Diario UdeChile