Falta de coraje para terminar con la impunidad: Una herida abierta que hiere la democracia

Veladamente desde la derecha, del poder judicial y desde el propio gobierno, se ha estado levantando una campaña para otorgar beneficios de libertad a los criminales y torturadores, actualmente recluidos en la cárcel de Punta Peuco, alegando “razones humanitarias”. Con esto se intenta retomar el camino de la impunidad, que libró a Pinochet de ser juzgado, uno de los dictadores más violentos y criminales que haya tenido Chile en su historia, burlándose y eludiendo la justicia.

Aceptar esto contribuye a distorsionar la historia de Chile, dando ninguna relevancia a las masacres cometidas por algunos de quienes hoy intentan ser calificados como victimas, y que fueron participes activos del terrorismo de estado. Que, siendo oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, participaron como agentes del Estado en el asesinato de 3.197 compatriotas, ejecutados (as) extrajudicialmente, e hicieron desaparecer a otros 1.102, entre 1973 y 1990.

Recientemente un ministro de la Corte Suprema alegó que “Hoy día, los tribunales -como pasó con Pinochet- pueden sobreseer a un procesado por falta de salud mental y con eso termina el juicio.” “los criminales de lesa humanidad que se encuentran gravemente enfermos o terminales deben salir de la cárcel para morir en sus casas junto con sus familias”. “En Chile no hemos tenido el coraje para abordarlo”.

Efectivamente ha habido una falta de coraje y de voluntad política para, en primer lugar, terminar con uno de los principales argumentos que justifica la impunidad, que las FFAA actuaron para liberar a Chile del marxismo, una mentira histórica diseñada, junto al Plan Z para justificar la persecución política, la represión y los horrendos crímenes que se cometieron. Y en segundo lugar, los distintos gobiernos post dictadura, no han tenido el coraje para cambiar la esencia de la doctrina de la seguridad nacional, que fue el origen y motor de la represión en Chile, la fuente principal de la intolerancia, que identificó al enemigo interno en el ciudadano y la ciudadana común, calificando al que piensa distinto como una amenaza para la nación.

Los gobiernos Concertacionistas hasta ahora, han sido incapaces de cuestionar tal doctrina, que en sus líneas gruesas continúa siendo el eje rector y formador de los futuros oficiales de nuestras FFAA. Una doctrina militar, que Pinochet, Leigh, Merino y Mendoza, luego Mathei y demás sucesores, utilizaron para trasformar al ejército de Chile en el principal actor de la persecución y represión política.

Me pregunto si no es falta de voluntad política y de coraje, el permitir que los oficiales y suboficiales de las distintas ramas de las FFAA, Carabineros y de la Policía de Investigaciones, identificados como torturadores y asesinos, aun mantengan los grados militares, influencia y beneficios en las FFAA, dejando abierta la posibilidad de repetir estos crímenes y torturar, sin estar sujeto a pena alguna.

En el pasado se han hecho esfuerzos para esclarecer las violaciones a los derechos humanos, la Comisión Retigg y la Comisión Valech permitieron conocer la verdad de los crímenes cometidos por la dictadura. Y sin lugar a dudas, con sus resultados contribuyeron al desarrollo de una conciencia nacional de los derechos humanos.

Pero en las FFAA, actores principales del golpe cívico militar de 1973 y del gobierno dictatorial, la doctrina militar antidemocrática que educó en el pasado y educa en el presente, a los oficiales y suboficiales, en el desprecio de la política, en el menosprecio por el movimiento obrero, por la organización social progresista, a los que califica como antipatriotas y enemigos del ejército, esa doctrina aun sigue vigente.

Sin resolver lo anterior, la medida de otorgar beneficios de libertad a los criminales y torturadores, actualmente recluidos en la cárcel de Punta Peuco, invocando “razones humanitarias”, se enmarca en la idea del olvido sin justicia, alimentando la impunidad para luego alegar cosa juzgada. Es una medida que contradice los tratados internacionales que Chile ha firmado en relación a la defensa de los derechos humanos, cuyos compromisos se someten a la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desde donde nace la obligación para investigar, juzgar y sancionar.

Quienes sufrimos las torturas, la prisión, que perdimos a  personas queridas en los años en que la derecha y las FFAA gobernaron a través del terrorismo de estado, que apoyamos y acompañamos al presidente Allende en su gobierno, tenemos una sensibilidad distinta sobre este tema y no podemos aceptar que se continúe en la senda de la impunidad, sea esta abierta o encubierta. Tambien nos corresponde reafirmar, para los jóvenes, para las nuevas generaciones de políticos, chilenos y chilenas, que la lucha contra la impunidad implica no olvidar nuestra historia.

No se puede obviar bajo argumentos legales o políticos interesados, el juzgar y hacer justicia con todos aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad o los encubrieron. Es necesario exigir a las FFAA la entrega de toda la información que permita saber que hicieron con los detenidos desaparecidos, eso es algo necesario, a partir del derecho de cada persona a saber que pasó con sus seres queridos.

Pero es muy cierto que se requiere de coraje y voluntad política, para modificar todo aquello que hasta ahora ha encubierto y facilitado las prácticas de impunidad. Poderes facticos transversales, que operan en la oscuridad y que no permiten la aplicación de políticas públicas permanentes de educación, de difusión, así como, para la formación y capacitación de las fuerzas armadas y del poder judicial en materia de derechos humanos.

Los derechos humanos no son negociables, el hacerlo como se hizo en los inicios de los gobiernos post dictadura, ello, ha facilitado el momento cruel que estamos viviendo y que hiere el alma de Chile, que insulta a quienes perdieron a sus familiares, amigos y compatriotas durante la tiranía de Pinochet.

Hay que repetirlo hasta el cansancio, las Fuerzas Armadas fueron artífices de una dictadura cívico-militar terrorista, comandada por mandos corruptos y ambiciosos, algunos de los cuales, hoy ya viejos, están en Punta Peuco. Ellos no son víctimas son victimarios.

A 27 años del término de la dictadura cívico militar, ya no hay excusa para negarse a revisar la doctrina militar que llevó a las FFAA a esa situación, para exigirles que deben hacerse cargo de la profunda fractura que provocaron en la democracia y a la convivencia nacional, de los muertos, torturados y de los miles de detenidos desaparecidos de cuyo destino no se sabe hasta hoy.

La memoria de tantos compatriotas, la mayoría héroes y heroínas anónimos y anónimas, nos exigen todo esto y nos reclaman la necesidad de replantear la doctrina militar que sirvió de sostén ideológico a la dictadura. Reemplazándola por una doctrina militar sustentada en valores éticos, morales y espirituales propios de nuestra sociedad, que es lo que le otorga no sólo legitimidad, sino que, además, asegura una unión de principios con la comunidad a la que pertenecemos.