Crisis y transformación del modelo universitario

La autonomía de las instituciones viene a ser una cuestión muy relevante. Una de nuestras instituciones que tradicionalmente han elaborado un discurso en torno a la autonomía son las universidades. Hace algunos meses la universidad ha estado permanentemente sometida a análisis debido a la aparición pública de algunos rectores. Quiero destacar tres casos para este análisis: la destitución de la rectora Pey y las polémicas de dos rectores de universidades vinculadas a la iglesia católica. Estos casos servirán para reflexionar en torno a las políticas de intervención del Estado en las universidades, el ejercicio indebido de la “autoridad” al interior de estas instituciones, y de la responsabilidad en cuanto a la defensa de la universidad como espacio de autonomía.

Como pudimos ver hace algunos mese Roxana Pey fue destituida de su cargo de rectora en una universidad nacional que se estaba creando. La causa de la destitución estaba motivada por ciertas opiniones y discrepancias críticas hacia las políticas de educación superior. La respuesta de la ministra que aún se mantiene en su cargo a pesar de la serie de errores que ha cometido no sólo en torno a este asunto que comentamos, fue la de exoneración de la rectora. Frente al cuestionamiento de que se estaba cometiendo una violación a la autonomía universitaria, no se argumentó y se procedió con mayor uso indebido de la autoridad apelando que la universidad todavía no existía por no tener estatutos y que por lo tanto no se estaba faltando el respeto a la autonomía de la universidad. Simple eufemismo, recurso típico de políticos. Roxana Pey ha seguido en una lucha hasta el día de hoy en contra de esta medida arbitraria e injusta. Lamentablemente no ha tenido un respaldo solidario rotundo por el resto de las autoridades universitarias. Asistimos una intervención arbitraria del Gobierno que no permite el ejercicio autónomo al interior de la universidad. Esto es preocupante, ya que el control de la autonomía aumenta al interior de las universidades con el uso del nuevo sistema de “gratuidad” que sigue siendo sólo una modificación al interior de la educación de mercado que protege la heredada Constitución que ya no es tema de plubicitario en el intento de cambiar los índices y tendencia al aumento en el porcentaje de desaprobación ciudadana de este Gobierno y del grupo de la oposición política regida por el sistema binominal existente.

La universidad autónoma es un modelo institucional que defiende una administración democrática de ésta, lo que implica algunos rasgos de horizontalidad entre los estamentos que la componen. El esfuerzo organizativo aquí ha estado puesto en fortalecer la llamada universidad triestamental. Una universidad antidemocrática sería aquella que centra el gobierno universitario en la figura de la autoridad del rector. Muchas universidades privadas, pero que en Chile son financiadas por el Estado aunque no pertenezcan a éste, carecen de una administración democrática. La universidad jesuita que lleva el nombre de nuestro santo se ha convertido en un paradigma de censuras a la autonomía. En este caso el impedimento para la autonomía universitaria ha sido la gestión de su actual rector Silva. Tenemos en este caso, una autoridad que aplica mano firme en la persecución de los estudiantes que adhieren a las movilizaciones estudiantiles, hay denuncias serias en torno a este actuar de la autoridad, también se han publicado testimonios de despidos indebidos. Esta mala praxis ha sido respaldada por la ministra y por rectores de otras universidades, que ven un peligro en cuanto a los destrozos a la propiedad que sufren estas instituciones durante las movilizaciones. El discurso aquí alude a la necesidad de aplicación de la autoridad interna por los rectores (sumarios y expulsiones de estudiantes) y externa por la intervención militarizada en los campus (detenciones ilegales, tortura, violación a los derechos humanos).

Las universidades que financia el Estado deben ser colaboradores de la vida democrática. Sabemos desde una larga historia nacional que el Estado no ha sido capaz de entregar una cobertura a las demandas educativas superiores de la ciudadanía. Bajo esta falencia se inscriben algunas instituciones que van en ayuda del Estado para colaborar en esta falta. Las universidades confesionales juegan una función determinante en este caso. Acá el Estado no interviene con seriedad, por lo tanto la falta de autonomía nuevamente recae en la autoridad universitaria. En Chile contamos con dos universidades pontificias la de Santiago y la de Valparaíso. Ambas universidades tienen un pasado reciente bastante oscuro en cuanto a la participación que tuvieron en la instalación de las políticas neoliberales, quien haya visitado la universidad pontificia de Santiago entiende de lo que hablo, ya que seguro tuvo que pagar para ingresar a la biblioteca o para poder estacionarse si es que no es un ciudadano de a pie. Pero, además del lucro de estas universidades pontificias es su constitución en bastión del pensamiento conservador en Chile, estas instituciones atentan ante el desarrollo democrático, las financia el Estado y se les permite lucrar. En este caso la cuestión ideológica es más grave que en el caso anterior de la universidad jesuita. Me refiero a cuestiones como el discurso del rector Sánchez en contra de las modificaciones a la ley del aborto, pero también en la oposición que la autoridad académica está llevando a cabo del la federación de estudiantes que se identifica con movimientos de la nueva izquierda. La autoridad universitaria en este caso realiza una práctica de censura frente a la autonomía estudiantil y confunde a la opinión pública en temas valóricos desde posiciones conservadoras.

Quiero finalizar este análisis afirmando que la cuestión de la autonomía universitaria no se encuentra garantizada y que sigue siendo controlada por prácticas autoritarias. La universidad chilena que pretende ser el centro formativo de nuestra sociedad y en la cual el Estado invierte bastante recursos económicos se debe replantear desde una organización que asegure una práctica universitaria democrática. La universidad es un asunto político y por lo tanto la ciudadanía puede tomar partido en la construcción de la universidad que requiere nuestro momento histórico.

–El autor, Alex Ibarra Peña, es miembro del Colectivo de Pensamiento Crítico palabra encapuchada y Docente Universidad Católica Silva Henríquez.