Corrupción, Política y Empresa

Para contextualizar, es preciso señalar que es un error pensar que toda la responsabilidad de lo público la tiene el Gobierno y el Estado, si se piensa de esa manera no se puede avanzar hacia una comprensión de lo que se entiende como público, ni tampoco resolver directamente el problema de la corrupción (García, 2010).
En palabras de Garzón (1995), la corrupción es uno de los problemas más importantes que sufre el actual sistema democrático de la mayoría de los países, inclusive aquellos que aspiran a serlo, siendo ésta una barrera permanente para encontrar la consolidación de sus gobiernos.
Por otro lado, la corrupción no tiene que ver con el abuso de un cargo público en particular, si se viera desde ese punto de vista, se estaría encasillando solamente a los políticos como corruptos, pues efectivamente la corrupción está relacionada con el abuso de poder, pero con el fin de obtener un beneficio propio, independientemente quien lo tenga.  En el mismo sentido, para que exista la corrupción es necesario que al menos hayan dos entes, compuestos ya sea por profesionales, políticos, empresarios, porque todos aspiran a tener cuotas de poder, por lo tanto quien debe atribuirse la potestad de ese bien tan preciado simplemente debiera ser el mercado dentro de una economía, la cual debe aspirar a tener la menor cantidad de fallas posibles, pero lamentablemente eso no se condice con la realidad en la cual vivimos, debido principalmente por la falta de control y regulación económica.
Es importante señalar de que en una democracia real, la sociedad civil juega un rol preponderante, para fortalecerla se deben realizar políticas públicas que apunten a darle una participación efectiva, por eso es relevante apreciar que existan reformas referidas a leyes que la afectan directamente, tales como la ley de partidos políticos, financiación de la política, aplicación de normas éticas y de transparencia a los propios partidos políticos, así como también en las empresas, mejorar los mecanismos de descentralización de las decisiones políticas, entregarle mayor autonomía a los territorios, para que todas las voces puedan ser protagonistas de las decisiones que les afectan a sus localidades.  Obviamente, lo anterior no es una panacea para resolver los problemas de corrupción y centralización de forma automática, pues también es necesario entender que debe existir una sana convivencia entre el Estado y la Sociedad Civil, muchos autores coinciden en que precisamente esa relación es la sumatoria de ambas instancias.
Para referirme al  concepto de Sociedad Civil, voy a mencionar la definición del autor Michel Walzer, quien plantea que es “el espacio cubierto por las asociaciones humanas no coercitivas como la red de relaciones creadas para la defensa de la familia, la fe, los intereses y la ideología que cubren este espacio”.  En esta definición el autor se centra en darle énfasis a que no hay restricción, porque la puede constituir cualquier grupo de interés social, los cuales se reúnen sin un sentido de obligatoriedad, pues la voluntad es la característica principal que destaca.  Para complementar tal definición, resulta imprescindible señalar que la Sociedad Civil corresponde a una instancia no gubernamental, que tiene un rol diferente a lo que hace el Estado, se deben complementar, pero cada uno tiene sus propias obligaciones, ninguno debe reemplazar ni sustituir a la otra.
El espectro que abarca a la Sociedad Civil es bastante amplio, su composición puede estar dada por entidades educacionales, gremios, cámaras de comercio, corporaciones, ONGs, fundaciones, etc.  Tampoco se debe perder de vista que también la componen las propias empresas, que son parte importante en una democracia, las cuales forman parte de lo público, se menciona esto para reafirmar que su responsabilidad es pública, independientemente que pertenezcan a privados, pues sus beneficios pueden ser tanto públicos como privados.
Ahora bien, para avanzar hacia la superación de la crisis de corrupción, es importante entender que lo público es mucho más amplio que lo político, la democracia va más allá de  los partidos políticos.  En este sentido, resulta imprescindible transitar desde una democracia deliberativa hacia una más inclusiva, como lo es la participativa, donde tengan una responsabilidad más amplia los distintos sectores que representan a la sociedad, en este sentido, se justifica pensar en la elaboración de un Proceso Constituyente como está ocurriendo en Chile.  Para que esto ocurra, se debe concientizar a la Sociedad Civil respecto a que debe tener derechos, pero también deberes, asumiendo la responsabilidad de que estos últimos no deben ser soslayados, digo esto porque muchas veces son olvidados o simplemente pasados a llevar.
Otra de las reformas que se encuentran en proceso de discusión en Chile, corresponde a la laboral, donde es imprescindible apelar nuevamente a la participación, procurando que existan niveles de consenso aceptables, que puedan dar garantía de la construcción de políticas que resguarden los derechos de los trabajadores, así como también asegurar que las tasas de empleo se mantengan, por eso escuchar la opinión de las empresas que tiene la misma relevancia, pues el hecho de tener rayada la cancha hacia deberes y derechos entre las partes, no garantiza el éxito de las relaciones en una empresa, pero por lo menos sirve para evitar el surgimiento de conflictos mayores, debido a que se anticipan situaciones cotidianas que tiendan al conflicto.
Después de este breve análisis, surgen tres preguntas claves:  ¿dónde está la relación entre ética, política y empresa?, ¿en qué coinciden la empresa y la política?, y a estas dos agregar una tercera, ¿cuál es el rol de la ética en esta relación?.  Tal vez no exista una única respuesta a estas interrogantes, sin embargo, hay algo que está claro,  no se puede tender a generalizar que todas las personas, profesionales, empresas y políticos son corruptos como se insinuó al principio de esta columna, para ello es importante aprender a revalorizar lo que representa la institucionalidad, como lo plantea el profesor Domingo García Marzá (2014), en sus conferencias, quien afirma que no es posible soslayar la responsabilidad de quienes se involucran en actos de corrupción, pero se debe rescatar que todavía existen personas honestas, que muchas veces se ven afectadas por las acciones de otros.
En definitiva, se deben generar estrategias para fortalecer las instituciones en materia políticas claras que lleven a realizar acciones impidiendo las malas prácticas, en los gobiernos, las empresas y en la sociedad civil en general.
Todo lo anterior, no tiene sentido si solamente se realiza por cumplir estándares, o para mostrar preocupación por los temas que hoy en día son el centro de atención, relacionados a diferentes tipos de crisis que convergen en la pérdida de confianza, la cual debe ser revertida, gestionando acciones que tiendan una verdadera transformación estructural que le dé un lugar privilegiado a la tan anhelada justicia social.
-El autor, Guido Asencio Gallardo, es Académico e Investigador Universidad de Los Lagos. Miembro Núcleo Desafíos Regionales. Miembro del Consejo Asesor Socio-Productivo