Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.

Noticias

Agua y Alimentos, Declaraciones, Salud

El Estado chileno coarta nuestro derecho a saber qué comemos 

El Estado chileno coarta nuestro derecho a saber qué comemos
Compartir:

Santiago, 16 de octubre de 2015

 
Sra. Carmen Castillo, Ministra de Salud
Sr. Carlos Furche, Ministro de Agricultura
Sr. Michel Leporati, Director de ACHIPIA
En el Día Internacional de la Soberanía Alimentaria nos dirigimos a Uds. para entregarles nuestra visión sobre los alimentos que estamos consumiendo mayoritariamente, lo cual nos aleja de la soberanía alimentaria. Hoy no  podemos decidir qué producimos y qué comemos de acuerdo a nuestra cultura y necesidades. Para cambiar la realidad que aquí describimos, demandamos que su gobierno adopte políticas públicas al servicio de los consumidores y de los campesinos y campesinas que producen nuestros alimentos.
Al contrario de lo que  pregonan autoridades de gobierno y la agroindustria, gran parte de nuestra alimentación es de mala calidad,  producida  utilizando hormonas, preservativos, colorantes  y grandes cantidades de fertilizantes y plaguicidas, muchos de ellos altamente peligrosos, que dañan nuestra salud y la de quienes producen estos cultivos. Al mismo tiempo, cada vez hay más  supermercados repletos de transgénicos no etiquetados, muchos de  los alimentos procesados a la venta allí, que también constituyen un riesgo para la salud.
Las ferias libres, y las ferias locales, en cambio, permiten acceder a verduras y hortalizas con menores riesgos para la salud. Pero los alimentos sanos integralmente, producidos a nivel local, con métodos agroecológicos, orgánicos o biodinámicos, sin plaguicidas, patentes ni fertilizantes,  no llegan sino a una pequeña cantidad de los chilenos y chilenas. En general, esos productores no tienen canales adecuados de comercialización, y carecen del apoyo y estímulos estatales garantizados a la agroindustria.
La vista gorda con el glifosato
Este gobierno y particularmente los Ministerios de Agricultura y de Salud han escogido hasta ahora hacer la vista gorda ante el hecho que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, ha reclasificado el herbicida glifosato y otros plaguicidas asociándolos al cáncer. Los estudios presentados por la industria para lograr la aprobación de plaguicidas y transgénicos,  no arrojan conclusiones válidas porque sólo analizan efectos del muy corto plazo, ocultando así su real peligrosidad. Esto quedó en evidencia con la resolución de la IARC/OMS y ya había sido demostrado en el estudio del equipo del científico francés Gilles Eric Séralini, de dos años de duración.
Pero no es necesario ir muy lejos para comprobar en terreno los efectos de la agricultura fomentada por la agroindustria biotecnológica. En Argentina la organización denominada “Médicos de Pueblos Fumigados” encabezó un equipo desplegado en terreno, que encontró un alarmante aumento de cánceres y malformaciones congénitas en la localidad de Monte Maíz, Córdoba. Allí se utiliza ampliamente el glifosato y otros venenos peligrosos, también registrados y en uso en Chile.
Aunque el programa de Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud se plantea “eliminar o controlar los agentes que representen riesgo para la salud de los consumidores y/o que puedan influir de manera gravitante en el perfil de morbi-mortalidad, ” este ministerio no realiza una vigilancia epidemiológica específica relacionada con cáncer y exposición a plaguicidas ni  desagrega por comuna la información pública relacionada con la morbilidad por cáncer y la presencia de malformaciones congénitas en las regiones de O´Higgins y del Maule, u otras. En esos territorios la agroindustria esparce cada año miles de toneladas de glifosato y otros plaguicidas altamente peligrosos. Así  se esconde la relación existente entre el uso de estos venenos y el sufrimiento de muchas familias campesinas. Estos costos ocultos de la agroindustria son una verdad incómoda que es mejor disfrazar con estadísticas generales.
Escandaloso apoyo a Monsanto y ChileBio
El Estado entregó nuevamente financiamiento a Monsanto y las transnacionales productoras de transgénicos para realizar investigaciones orientadas a facilitar la aprobación de leyes que introduzcan  esos cultivos para el mercado interno.  Según un boletín de ChileBio (el gremio de los productores de transgénicos), ejecutor del proyecto FONDEFF IDEA N° 13I10173  de Corfo  junto a INIA,  “los resultados de ese proyecto serán clave a la hora de legislar para la introducción de transgénicos en el país” y ya son publicitados por ChileBio en la revista Plant Biotechnology. En la revista, Miguel Ángel Sánchez, de Monsanto y ChileBio, se identifica como jefe del proyecto “Internet para el desarrollo agrícola de Chile: servicio público para estimar el impacto de coexistencia de especies vegetales genéticamente modificadas, convencionales y orgánicas”.
También hay nuevos fondos estatales entregados al  Consorcio BioFrutales para el desarrollo de uva transgénica y luego, de duraznos y carozos transgénicos. Se trata de tres proyectos recientemente adjudicados por InnovaChile y Fondef por $5.800 millones, por 10 años.
El Estado chileno coarta nuestro derecho a saber qué comemos. Los supermercados nos venden alimentos procesados importados, que contienen ingredientes transgénicos, sin que exista etiquetado que permita optar por otros alimentos. El ministerio de Salud está a contrapelo de la tendencia mundial, que respalda el derecho de los consumidores a saber qué estamos comiendo. El reglamento sanitario fue modificado en 2003 a petición de la industria, para que Chile se guiara por un criterio inventado por las transnacionales agroquímicas y de la biotecnología, la llamada “equivalencia sustancial” que pretende calificar un alimento transgénico como idéntico a uno producido convencional u orgánicamente. SERNAC  y MINSAL se amparan en ello para mantenernos desinformados sobre los alimentos que contienen transgénicos.
Más fondos para el agronegocio
Los fondos para investigación del Estado en agricultura, no se ocupan en estudiar cómo producir más sano. Discriminan a favor de  la llamada “tecno ciencia”, la ciencia aplicada a  resultados de innovación vinculados a los cultivos transgénicos o el desarrollo de híbridos o alimentos funcionales o a complicados sistemas tecnológicos para beneficio de la agroindustria.
Este gobierno proclama su apoyo a la agricultura familiar campesina, pero órganos del Estado como INIA, FIA, la CNR y otros, así como  la mayor parte de las políticas y presupuesto del ministerio de agricultura, continúan al servicio de la agroindustria. Por ejemplo, se han entregado fondos importantes para que estas instituciones desarrollen proyectos de generación de semilla “mejorada”.  Los resultados de ese trabajo sin duda mejorarán los ingresos de la agroindustria, orientados a la exportación de semillas “mejoradas” o plantas de maíz, pimiento, alcachofa, o cerezo, y últimamente de  la quínoa y  el pepino dulce.  Esas nuevas variedades, con propiedad intelectual registrada  en el SAG, por su costo no estarán al alcance de los pequeños campesinos. Este tipo de  “mejoramiento” genético tampoco tiene como objetivo  satisfacer al consumidor sino al comercializador.  Un ejemplo típico es el tomate que consumimos hoy mayoritariamente, de “larga vida” para el supermercado y los transportistas, pero sin olor ni sabor; o la sandía cuadrada para facilitar su transporte.
Los cultivos desarrollados con la semilla campesina tradicional no se incentivan con ese mismo ímpetu ni con fondos generosos; no hay políticas de entrega de semilla tradicional a la agricultura familiar campesina,  ni hay campañas públicas orientadas a mostrar las cualidades nutricionales de estos productos. Mientras los plaguicidas entran con arancel cero, no existen subsidios para la agricultura orgánica, Tampoco se apoya financieramente los procesos de transición de producción convencional a producción agroecológica.  El Estado no está preocupado de abastecer a los comedores escolares y hospitales públicos con verduras y hortalizas sanas producidas localmente, como ocurre en Brasil y Bolivia. En Chile sólo interesa mejorar la productividad y orientar todo hacia la exportación.
El gobierno también promueve la continuidad del decreto 701 de subsidio a los monocultivos de pino y eucaliptus que han dejado sin agua a las comunidades indígenas y campesinas. No es coherente apoyar la agricultura familiar campesina y continuar expandiendo  estos monocultivos rechazados por su negativo impacto en el ambiente.
Achipia aboga por normativas laxas
Por su parte ACHIPIA, el nuevo órgano dependiente del ministerio de agricultura, que por definición debiera preocuparse de la calidad integral de los alimentos, está actuando en la práctica como  portavoz de la agroindustria exportadora, orientado a convencer al público y el mercado externo que todo lo que Chile produce es de calidad. Aunque Achipia define la inocuidad de un alimento como “la garantía de que no causará daño al consumidor, cuando sea preparado o ingerido y de acuerdo con el uso a que se destine”,  en 2012, la entidad no mostró ninguna preocupación por factores como los plaguicidas,  que inciden en la salud de los consumidores. El funcionario de Achipia Eduardo Aylwin (actualmente asesor en temas de plaguicidas), al discutirse los LMR en alimentos, es decir los límites máximos de residuos  de plaguicidas reconocidamente cancerígenos según la UE, USEPA, IARC, se opuso a que se aplicara la normativa más rigurosa.
Actualmente incluso las semillas de hortalizas se recubren con venenos –insecticidas neonicotinoides- de carácter sistémico. Además de contribuir a la mortandad de abejas y a la merma de la apicultura,  esas sustancias tóxicas van a estar presentes también en los alimentos. No existe norma sobre residuos de plaguicidas en miel.
Las normas sobre residuos  que existen no son garantía de calidad por la escasa fiscalización existente, pero sobre todo, como hemos visto en las comisiones respectivas público-privadas,  han sido dictadas para ser lo más laxas posible, como resultado de la intensa presión de la industria productora de agrotóxicos, apoyados por académicos integrados a la industria.
Llamamos al gobierno a prohibir los plaguicidas altamente peligrosos, promover efectivamente la agroecología, etiquetar los alimentos transgénicos, retirar el proyecto de extensión del Decreto 701,  y generar una política de compras públicas de alimentos sanos para escolares y hospitales públicos.
Red de Acción en Plaguicidas Chile, RAP-Chile /Alianza por una Mejor Calidad de Vida/OLCA/ANAMURI/CIAL
Campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile
Alonso de Ovalle N°1618, oficina A, Santiago Centro / 22 6 997 375/ 9-8 858 227/ rap-al@terra.cl/
 

* * * * * 0 * * * * *

 

 
OMS IARC – pesticidas y cancer – MonographVolume112.pdf 
OMS IARC – trabajo cientifico 2015.pdf 

Compartir:

Artículos Relacionados

4 Comentarios

  1. olga larrazabal

    Los funcionarios son ciegos, sordos y mudos. Tiene que ser la ciudadanía indignada y consciente de estar siendo lentamente envenenada, la que tiene que expresar su indignación por todos los medios al alcance de sus fuerzas. Y si se firma el TPP nos atarán las manos para solicitar información sobre los que estamos comiendo, ya que la Organización Internacional del Comercio considera una falta a la competitividad, exigir un etiquetado que informe lo que uno está comprando en materia de alimentos transgénicos.
    P Ej las personas que consumen leche de soja, o carne de soja porque son vegetarianas, no pueden saber si estos alimentos proceden de soja transgénica, que es lo más probable, porque es lo que se cultiva en Argentina, Paraguay y Brasil. Lo mismo pasa con los derivados del maiz, colorante caramelo y espesantes usados en toda la industria de las bebidas de fantasía y sopas, masas y dulces.

  2. jose garcia peña

    Desgraciadamente, no podemos prescindir de los alimentos necesarios para vivir, aunque estén envenenados. Pero sí podemos prescindir de muchos productos fabricados por los envenenadores, como Coca Cola, Burger King y otros productos innecesarios que se deberían ir publicando.
    Un boicot a todos esos productos innecesarios, sería un castigo para los criminales envenenadores.
    Castigo insuficiente, pero con algo hay que empezar.

  3. olga larrazabal

    De partida las bebidas gaseosa contienen ácido carbónico que corroe los dientes. La Coca Cola tiene colorante caramelo, que se extrae de maiz generalmente transgénico, sirve para limpiar los WC y corroer el óxido de las tuercas igual que el W40. El Aceite Vegetal que venden en los Supermercados , suele ser de soja transgénica, de colza, raps y contiene ácido erúcico. Además por su sistema de extracción tiene grasas «trans» que son unos compuestos que el cuerpo no sabe que hacer con ellos y que también se encuentran en la margarina.
    Entonce podemos dejar de tomar bebidas gaseosas, comer margarina y usar aceite vegetal en la cocina.

  4. José Maria Vega Fernandez

    Estimados, como vemos, es casi indispensable desarrollar un verdadero camino personalmente comprometido con un ascetismo-místico y filosófico, lleno de convencido entusiasmo, casi una religión no consumista, absolutamente individual, para comer sanamente.
    Ni siquiera podemos contar con nuestro propio círculo familiar, ya que lo tomarían como un autoritarismo salvaje…

Deja una respuesta

Los campos marcados son requeridos *

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.