TTIP: ¿prosperidad para el sur?

Traducido por  Javier Fernández Retenaga
Se sigue oyendo con insistencia el soniquete de que la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP) estimulará el crecimiento de la economía, y no sólo en Europa y EE.UU., sino también en los llamados países emergentes y en vías de desarrollo. Sven Hilbig, experto en comercio internacional de “Brot für die Welt” (Pan para el Mundo), lo rechaza.
El pasado febrero, durante la octava ronda de negociaciones en torno al TTIP, la Comisión europea anunció que el acuerdo previsto sería “una mina de oro para los países en vías de desarrollo”. También llega a esa conclusión un estudio del Ifo (Instituto para la Investigación Económica), que por encargo del Ministerio para el Desarrollo y la Cooperación Económica investiga los posibles efectos del TTIP en los países de África, Asia y Latinoamérica. El Ifo afirma ahí, de forma poco sorprendente, que la zona transatlántica de libre comercio beneficiará no sólo a Europa y EE.UU., sino también a terceros países. Sin embargo, esta conclusión se funda en supuestos extremadamente aventurados y en ocasiones contradictorios. Estos economistas dan por hecho que el TTIP producirá en los países pobres “una pérdida de ingresos reales, a largo plazo, del 2% al 4%”. Pero afirman que estas pérdidas serían despreciables comparadas con el elevado crecimiento total en el conjunto del sur, de un 4% anual. Los autores del estudio ignoran de este modo los fatales efectos del acuerdo sobre la población necesitada de muchos países.
Así, en el caso de Brasil dan por sentado que la exportación de zumos de frutas, entre otros productos, cuyo volumen asciende a los dos mil millones de euros anuales, caerá estrepitosamente. En cualquier caso, según el Ifo, Brasil será capaz de soportar esas pérdidas debido a que dispone de una economía nacional robusta y diversificada.
En Kenia, Indonesia, Marruecos, México, Sudáfrica y Turquía, los efectos negativos se compensarían de otra manera, mediante el aumento del turismo. Se supone que ese crecimiento se debería al previsible incremento de ingresos de la ciudadanía europea y estadounidense como consecuencia del acuerdo de libre comercio. Sin embargo, este supuesto tiene un sostén muy débil: según el Centre for Economic Policy Research (CEPR) los beneficios para una familia de la UE formada por cuatro miembros rondaría los 550 euros, y eso en un espacio de diez años. Esta escasa ganancia cubriría, si acaso, el coste del vuelo de uno de los miembros de la familia a uno de esos países. Además, la mayor parte de los beneficios del sector turístico no van a parar a los países de destino y a su población, sino que, debido al auge de los paquetes “todo incluido”, se quedan dentro del circuito comercial de la empresas turísticas del norte.
También los sindicatos europeos y estadounidenses ponen en duda esas esperadas ganancias. De hecho, la experiencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) muestra que los trabajadores estadounidenses con salarios más bajos se cuentan entre los perdedores, y que muchos puestos de trabajo se han desplazado a México, un país con salarios aún más bajos. Una política comercial sostenible es algo diferente.
El TTIP acabaría con la producción local de alimentos
Por otra parte, los investigadores del Ifo dejan completamente de lado el sector agrario de los países emergentes y en vías de desarrollo. Al quedarse sin mercados en la UE, los productores agrícolas pobres podrían sufrir enormes pérdidas.
Los pequeños productores agrícolas de los países en vías de desarrollo, cada vez más integrados en las cadenas de valor de la industria alimentaria mundial, verán peligrar sus exportaciones de frutas y verduras a la UE debido al TTIP, pues la desaparición de las tasas aduaneras para los productos estadounidenses y el reconocimiento recíproco de estándares entre EE.UU. y la UE reducirían los precios de las mercancías estadounidenses. En consecuencia, los productores estadounidenses podrían fortalecer el lucrativo mercado de la UE, con precios elevados, y expulsar los productos del sur.
Los autores del estudio han ignorado otro efecto negativo para los países en vías de desarrollo: si desaparecen los aranceles a la importación entre EE.UU. y la UE, podría producirse una fuerte competencia predatoria también en los países del sur, en particular en lo que se refiere a los productos lácteos y cárnicos, ahora protegidos con altas tasas aduaneras. Pues las empresas europeas y estadounidenses de los sectores agrario y alimentario, empujadas por una intensa guerra de precios entre ellas, ejercerían con sus abaratadas mercancías una presión aún mayor que antes sobre los mercados de África, Asia y Latinoamérica, en perjuicio del los pequeños productores de alimentos de esos países.
Tampoco los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) ni los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) juegan papel alguno en el estudio. Incluso la “coherencia política” para un desarrollo sostenible, prometida por el Ministerio para el Desarrollo y la Cooperación Económica, prescinde de ellos. En su lugar, lo único que cuenta para los investigadores del Ifo es el crecimiento económico. Siguen de ese modo la lógica economicista de los defensores del libre comercio, que evalúan el comercio internacional ante todo en función de los precios, y no por su calidad social y ecológica.
Precisamente en este punto se requiere un cambio urgente. Según las reglas vigentes de la Organización Mundial del Comercio (OMC), sólo en casos excepcionales pueden los países condicionar la circulación de mercancías y servicios a las condiciones de producción. De tal modo que un alimento producido con pesticidas o genéticamente modificado disfruta de los mismos derechos de acceso al mercado internacional que un alimento de producción ecológica.
El TTIP sigue esta lógica, ya que señala el principio de precaución y el de que “quien contamina, paga” del derecho medioambiental europeo como obstáculos al comercio. Los grupos lobistas estadounidenses critican ya desde hace tiempo los supuestamente dificultosos procesos de admisión y el etiquetado de los alimentos genéticamente modificados en Europa. Pretenden también evitar un endurecimiento del reglamento europeo REACH, relativo a la producción y uso de sustancias químicas, y la normativa europea relativa a las emisiones contaminantes de los vehículos.
Una política comercial social y ecológicamente sostenible precisa un marco reglamentario político. Este marco es necesario para, por un lado, hacer que las empresas respeten los estándares sociales y medioambientales vigentes, y por otro, para dictar nuevas normas relativas a la conservación de los recursos, la protección del medioambiente, la justicia social y los derechos humanos.
La UE debe atenerse a sus propias normas
Pero tanto el estudio como el proyecto del TTIP muestran a este respecto algunos puntos ciegos. Esto hace que la afirmación de que los países emergentes y en vías de desarrollo se beneficiarán del TTIP resulte ser un puro mito. Su único propósito es contener las crecientes y justificadas críticas al acuerdo de libre comercio. Pero difícilmente sucederá esto, sobre todo teniendo en cuenta que la UE debe atenerse a sus propias normas. Y es que, según el Tratado de la UE, esta está obligada a respetar y promover los universales e indivisibles derechos humanos también en su política exterior. Al mismo tiempo, debe apoyar los esfuerzos de los países miembros en sus políticas de ayuda al desarrollo, con el objetivo principal de que estas estén al servicio de la lucha contra la pobreza. En otras palabras, la política comercial de la UE y la cooperación al desarrollo debe ser coherentes (Art. 208 y ss.). Así mismo, los principios rectores de la ONU relativos a la economía y los derechos humanos obligan a los Estados a proteger a la población frente a las vulneraciones de los derechos humanos cometidas por las empresas.
Para la política comercial europea, esto significa que en todo acuerdo de comercio e inversiones ha de hacerse una estimación de sus consecuencias para los derechos humanos, a fin de reconocer y eliminar las estipulaciones problemáticas. En consecuencia, la UE debería insistir en que todos los futuros acuerdos comerciales contengan una cláusula relativa a los derechos humanos, que comprenda también los efectos del acuerdo. Esto permitiría excluir o modificar aquellas estipulaciones del acuerdo que pongan en peligro o vulneren derechos humanos económicos o sociales. Además, debe incorporarse a tales acuerdos un mecanismo de denuncia en caso de que las inversiones provoquen la vulneración de derechos humanos en terceros países.
Sin embargo, en las negociaciones del TTIP los derechos humanos no juegan ningún papel. Más bien se trata, única y exclusivamente, de conseguir en todo el mundo ventajas mercantiles para los sectores más competitivos de cada una de las partes.
Con la pretensión de establecer, “antes de que lo hagan los chinos”, estándares globales unilaterales que a largo plazo se aplicarán al “resto del mundo”, la UE y Alemania regresan a la caduca política de ayuda al desarrollo de los años 70. Entonces, por lo general, se sobrevaloraban los intereses de los países donantes, dejando a un lado las necesidades reales de los países receptores. Esta forma de proceder contradice los principios de cooperación que ahora resultan obvios en la cooperación al desarrollo.
Pese a todo ello, los negociadores de Bruselas y Washington siguen tratando de hacernos creer que el patito feo del TTIP se transformará en un bello cisne que traerá beneficios también a los países emergentes y en vías de desarrollo. Pero esto sólo pasa en los cuentos, no en la actual política comercial internacional.
Gracias a: Tlaxcala
Fuente: https://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2015/juni/ttip-wohlstand-fuer-den-sueden
Fecha de publicación del artículo original: 15/06/2015
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