24/03/2015
Los abogados Jeremy Lieberman y Francis McConville exponen diversos argumentos donde solicitan al juez Edgardo Ramos, que los acusados paguen los daños sufridos por los inversionistas de SQM, la tarifa de sus abogados.
La firma Pomerantz Law presentó el miércoles pasado una demanda colectiva en contra de SQM, Patricio Contesse, Patricio de Solminihac y Ricardo Ramos, en la Corte del Distrito Sur de Estados Unidos a nombre de Megan Villella y de “todas aquellas personas en situación similar”, es decir, de todos aquellos que compraron o adquirieron de alguna forma acciones de SQM transadas en la Bolsa de Valores de Nueva York entre el 4 de marzo de 2014 y el 17 de marzo de 2015, incluidas ambas fechas, consignó esta mañana The Clinic Online.
Los abogados Jeremy Lieberman y Francis McConville exponen diversos argumentos donde solicitan al juez Edgardo Ramos, que los acusados paguen los daños sufridos por los inversionistas de SQM, la tarifa de sus abogados, “otros costos; y otorgue cualquier otra compensación que esta Corte pueda considerar justa y apropiada”.
El documento señala que por un año los demandados emitieron información falsa o engañosa, u omitieron datos relevantes para “inflar artificialmente” el precio de las acciones de la empresa. En este sentido, se refieren a que no informaron que el “dinero de SQM era canalizado ilícitamente a campañas electorales para la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido conservador más grande de Chile”, y que “la compañía carecía de controles internos adecuados sobre reportes financieros”, por lo que “las declaraciones financieras fueron materialmente falsas y engañosas”.
Para argumentar lo anteriormente señalado, se sustentan en la investigación que hoy lidera el fiscal nacional Sabas Chahuán y que indaga el “escándalo de soborno y evasión de impuestos que involucra a la firma financiera Banco Penta, un escándalo de corrupción que ha involucrado a numerosos políticos a lo largo del espectro político del país”. En el oficio exigen que se investigue si los demandados estaban en conocimiento del financiamiento de campañas políticas, si la omitieron deliberadamente y “si los demandados hicieron que SQM emitiera declaraciones financieras falsas y engañosas durante el tiempo que se señala”.
Los abogados de Pomerantz Law aseguran que los demandados “tenían una motivación personal para hacer declaraciones falsas y omitir información… de forma tal de beneficiarse personalmente de las ventas de valores de SQM para sus portafolios personales”. Además aseguran que se violaron dos secciones del Acta de Intercambio de Valores, ya que “como resultado de la divulgación de los reportes falsos y engañosos ya mencionados, comunicados y declaraciones públicas, el precio de mercado de los valores de SQM fue inflado artificialmente”.
Esta sería la primera de un conjunto de acciones legales en contra de la minera no metálica. El día viernes, en entrevista con La Segunda, el abogado Phillip Kim de la firma The Rosen Law, señaló que “estamos investigando a esta compañía y estaremos presentando una demanda colectiva muy pronto… probablemente mañana o en un par de días” y que han sido contactados “por un número interesante de accionistas que están muy enojados que han perdido mucho dinero y quieren una reparación legal”.
*Fuente: Cambio 21
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Las sociedades Anónimas cuyas acciones se transan en la Bolsa, no pueden ser usadas por sus controladores como si fuera una empresa familiar, sacando dinero de la caja para pagarle al chófer de la familia, o inventando boletas que simulan gastos para disminuir utilidades, ya que lo que les importa a los accionistas son esas utilidades. Además la Bolsa de Comercio de Chile se relaciona con las Bolsas de Comercio de N. York o Londres, donde las leyes de manejo de las empresas son muy estrictas y no juegan con estos temas.
En Chile las AFP tienen acciones de empresas y en la medida que las empresas estén falsificando balances, están estafando a las AFP y a los pensionados chilenos. Aquí es preocupante el papel que los auditores externos realizan en estas empresas, donde les pasan por las narices boletas falsas, bastante obvias, y no ven nada.
Parece que la institucionalidad del control en Chile sufre de ceguera congénita, porque nunca ve nada.