Caso Guzmán, un proceso judicial que pretende institucionalizar la imagen del ideólogo de la dictadura

Dividida y en crisis, la derecha mas extrema, la UDI, intenta retomar liderazgo con un discurso anticomunista añejo y desgastado, atacando e intentando desviar con cualquier excusa la atención sobre su realidad paupérrima. En este contexto endurecen sus posiciones y se levantan como los guardianes y defensores del sistema económico y político que construyeron, el más extremo del mundo, condicionando al éxito de su funcionamiento las libertades y la institucionalidad democrática del país.

Mientras esto sucede en la UDI, otro sector de la derecha se refugia en la Fundación creada por el ex Presidente, el Arca de Noé-Piñera, construida para capear el temporal y prepararse para difundir y defender la gestión de su gobierno, pensando en repetirse el plato en el 2017. Desde esa trinchera critican el programa de gobierno de Michelle Bachelet y sin reparos utilizan la reciente tragedia nacional, para establecer comparaciones odiosas e introducir incertidumbre, sobre las capacidades del actual gobierno para llevar adelante su programa y superar la crisis provocada por el desastre natural.

Pero no se han quedado solo en eso, al igual que en la Roma Antigua lo que ha querido hacer la UDI, durante todos estos años, es imponer la divinización oficial de su líder fundador (Jaime Guzmán), reconociéndole como una suerte de dios al cual se le deben construir estatuas, brindarle celebraciones e incluso reconocerlo como un astro del firmamento (catasterismo). A esto  responde el uso grosero y utilitario de su figura desgastada, tanto como la del dictador y de su gobierno corrupto en el cual participaron, con el nuevo intento por reubicar la figura de Guzmán en la historia y en el escenario nacional.

En todo caso nadie podría negar el derecho que tienen los militantes del partido de extrema derecha, de recordar la imagen de su progenitor y fundador, pero lo que no pueden hacer es imponernos su imagen y ubicarla como un hito a imitar asociándola a valores democráticos que no tuvo. Objetivo que han buscado lograr sin resultados puesto que Jaime Guzmán es eso, el ideólogo principal de una tiranía que se impuso, no en el marco de la democracia sino que a sangre y fuego, transformándose en la más brutal y corrupta dictadura que ha conocido nuestra historia.

Hipócrita resulta entonces el reclamo de la UDI en contra de la Diputada Camila Vallejo por no saludar de pie el homenaje que en la Camara de Diputados le hicieron al ideólogo autor de la Constitución de 1980, al revés, lo que hicieron es mas bien es una provocación. Con su prepotencia los UDIOSOS se olvidan de la historia, que fueron ellos, hoy disfrazados de demócratas, los que avalaron la persecución, la tortura, el asesinato y la desaparición de cientos de dirigentes y militantes comunistas.

La tergiversación que han hecho de la historia ya no engaña a nadie, por lo que insistir en reabrir una y otra vez la investigación por el crimen de Jaime Guzmán con el solo fin de provechar su imagen, es simplemente un ataque a la inteligencia de los chilenos. Alguien tendrá que recordarles de que se trata de un caso investigado y resuelto por la justicia hace ya varios años, por el cual hubo procesados y condenados a cumplir penas de cárcel por ello, como autores intelectuales y materiales del hecho.

Seis han sido los jueces que en diferentes periodos investigaron el caso Guzmán, Guillermo Navas, Marco Libedinsky Alfredo Pfeiffer, Raquel Camposano Hugo Dolmesch y el actual ministro  Mario Carroza, lo que demuestra que la justicia hizo su papel y que los resultados no satisfacen el apetito de venganza de personeros de la UDI, quienes han puesto todo su esfuerzo en encontrar culpables sin importar averiguar la verdad, algo que hace rato fue develado judicialmente.

Aquí solo se trata de acusar y en particular a dirigentes del FPMR, el itinerario de la investigación, en su cuarta versión, iniciada en Septiembre del año 2010 así lo demuestra, es un proceso plagado de anomalías e intentos  de manipular a la justicia. Solo un par de ejemplos para ilustrar lo anterior, la investigación se reabre después de veinte años con un montaje, con el pacto que hace el abogado de la UDI en Brasil, bajo la figura de la delación compensada, con quien luego apareció e televisión (el canal televisivo del ex presidente Piñera) entregando “elementos nuevos” para justificar reabrir la investigación.

Así es como una declaración extrajudicial se transforma en el  instrumento legal fabricado para reabrir un caso prescrito, que se intenta mantener abierto pretendiendo tipificarlo como un crimen de lesa humanidad. Una aberración jurídica que no resiste análisis en el marco del derecho y que ya fue claramente y de manera contundente, rechazada por un prestigiado jurista y experto nacional el Prof. Dr. Gonzalo Aguilar Cavallo,

En su planteamiento este perito establece que “El asesinato del senador Jaime Guzmán no cumple con los requisitos necesarios para constituir un crimen contra la humanidad. Como se ha explicado, un crimen contra la humanidad o de lesa humanidad requiere para su configuración de la realización de un acto internacionalmente prohibido, por ejemplo tortura o violación, en el contexto de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil, y con conocimiento de dicho ataque”.

Sin embargo la UDI insiste en mantener la calificación de crimen de lesa humanidad, lo que demuestra que no tiene otro fin mas que el de perseguir e impedir que la justicia cierre el caso. Facilita el trabajo de los acusadores el hecho de que el proceso penal moderno se construye sobre la base del principio de la presunción de inocencia, por lo que el peso de la prueba radica en aquellos que acusan.

Durante todo el proceso la finalidad de la persecución ha cegado a los acusadores, haciendo caso omiso del principio esencial de la buena fe, donde el dolo debe ser probado por quien lo alega, lo imputa, algo que hasta ahora no se hecho porque y como se ha probado por la defensa hay absoluta falta de participación en los hechos que se imputan al acusado.

A esto obedece la aparición de un personaje inventado y puesto como testigo en este proceso, la Francesa (Emmanuel Verhoeven), señalada por un tercero (El Subcomisario Barraza) sin prueba alguna, mas que su opinión, como jefa de inteligencia del FPMR y como su vocera. Como contraparte se ha demostrado que esta persona nunca fue vocera del FPMR ni menos Jefa de Inteligencia, ( cargo que nunca existió en el Rodriguismo) al menos hasta los años 90, desmentida además públicamente, por dirigentes históricos de la organización que han declarado en el proceso y por quien si fue Mariela Vargas Vocera del FPMR.

Lo expuesto me lleva a concluir que todo esto no es mas que un globo inflado con mentiras y con todos los recursos del estado en el gobierno pasado, cuyo fin es manipular a la justicia con maniobras felonas, destinadas a frenar el ímpetu de cambio que se acrecienta en la mayoría de chilenos y chilenas. Cada día somos más los que queremos una nueva Constitución, la actual, la que diseñó Jaime Guzmán y que se validó en un plebiscito fraudulento en 1980, es el sostén de un modelo económico y político generador de desigualdades que ya no son tolerables porque dañan la vida y limitan el futuro de generaciones de compatriotas.

Finalmente, nada de lo anterior se podrá conseguir sino se avanza en llevar a la justicia a quienes son culpables directos, cómplices o encubridores de crímenes de lesa humanidad. Quienes participaron en el gobierno cívico militar de Pinochet, pretenden que se olvide que ellos nos aplicaron sin misericordia, el juicio más nefasto y brutal que una persona puede recibir en vida o en la muerte, la condena de la memoria (damnatio memoriae) o la «destrucción del recuerdo”.

Por eso no pueden quedar impunes. Ellos no solo permitieron la tortura, el asesinato sino que hicieron desaparecer los cuerpos de las víctimas e intentaron eliminar todo vestigio del pensamiento político de quienes consideraron y aun consideran como un enemigo del Estado. Eso las nuevas generaciones de chilenos y chilenas  tienen que saberlo, para educar a nuestros jóvenes en los valores democráticos, cuyo asiento principal es el respeto a los derechos humanos y no la adoración de  héroes o dioses con pies de barro.

– El autor, Enrique Villanueva M., es un ex Dirigente Rodriguista