¡No a la Minera Paguanta en Tarapacá!

 Hugo Gutiérrez Gálvez es Diputado de la República por la Región de Tarapacá

Carlos Silva Riquelme es Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Huara

Hoy la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de la región, debe resolver si autoriza la iniciación de faenas de prospección de la empresa minera Paguanta, en la comuna de Huara. Es la primera fase de un ambicioso proyecto que busca producir unas dos mil toneladas de concentrado de zinc y unas mil toneladas de concentrado de plata y plomo mensuales. Los miembros del CEA -en el que participan una decena de seremis y el intendente- se enfrentan a un desafío histórico: respaldar la mantención de un modelo productivo basado en una industria minera depredadora, o dar una clara señal a la ciudadanía del inicio de un nuevo rumbo, en donde las autoridades se ponen al servicio de una verdadera política de desarrollo.

Tarapacá ya no puede esperar. El paso de las mineras está dejando un triste legado de contaminación, usurpación de agua, destrucción de patrimonio histórico y cultural, elevación del costo de la vida y saturación de los servicios públicos. En la contraparte, las inmensas riquezas que obtienen estas empresas, en su mayoría de capital foráneo, apenas se perciben en la región. No sólo pagan uno de los impuestos más bajos del mundo, sino que además de lo que se recauda, la inmensa mayoría va a parar a Santiago. En síntesis: privatización de las ganancias y socialización de los problemas.  Quienes viven, luchan y sufren en el Tamarugal, saben bien de éstos avatares.

Hoy la industria minera quiere dar un nuevo zarpazo y a primera vista llegan a una pelea ganada de antemano: el gobierno saliente, hizo que se aprobara en casi todos los servicios, informes favorables a la iniciación de faenas de Paguanta, lo que obligaría al CEA a votar en concordancia. En otras palabras, pretenden obligar al gobierno de la Presidenta Bachelet, a que apoye una política de Piñera. Un plan tan espurio como inaceptable, lo que obliga a buscar soluciones más creativas y audaces al verdadero «zapato chino» heredado de la anterior administración.

Mientras no haya consulta efectiva a las comunidades no puede haber proyecto

Lo cierto es que una aprobación a Paguanta no sólo es ilegítima, sino que también vulnera principios básicos del derecho. Ya en el inicio del proyecto, las comunidades presentaron un recurso de protección que fue acogido por la Corte Suprema, la que en su fallo ordena la realización de la «Consulta Previa» a las organizaciones indígenas, en el marco del Convenio 169 de la OIT sobre derechos de nuestros pueblos originarios, suscrito por Chile. En esta consulta, los pueblos que sean afectados por dichas faenas deben ser consultados sobre la iniciación y características del proyecto.

Intentando eludir los reales alcances del fallo del máximo tribunal, la empresa realizó una consulta acotada a un sólo poblado, obviando deliberadamente un gran número de poblados adyacentes, directamente afectados por el proyecto, el cual, por sus dimensiones, alteraría todo el entorno social, ecológico y cultural de la Quebrada de Tarapacá. Esto ha motivado la presentación de nuevos recursos, ya a nivel internacional, por parte de las comunidades, ante la vulneración flagrante del Convenio 169, el cual tiene rango constitucional.

En este contexto, una potencial aprobación del CEA, supone vulnerar un fallo de la Corte Suprema, así como los compromisos internacionales suscritos por el Estado chileno. Las autoridades deben priorizar estas normas a las originadas del derecho administrativo, como son las aprobaciones anteriores evacuadas por diversos servicios públicos del gobierno de la Derecha. De lo contrario, pondrían al Estado y al gobierno, en la delicada situación de verse víctima de demandas internacionales, que suponen un fuerte impacto a la imagen -y potencialmente al erario- del país.

En síntesis, el desafío es reafirmar el principio de la consulta previa, real y vinculante, en el marco de un modelo de desarrollo integral para la región. Este sólo hecho, supondría elevar el listón de requerimientos a las empresas que deseen invertir, desde el punto de vista de salvaguardar los derechos de nuestros pueblos. Para que nunca más se destruyan nuestros humedales, se contaminen y usurpen nuestras aguas, para que se respete nuestra cultura y patrimonio, para apoyar sectores económicos sustentables como el turismo… el deber de nuestras autoridades es aplicar en la región, los principios sobre derechos humanos que ya han sido asumidos en gran parte del mundo.

 Hugo Gutiérrez Gálvez, Diputado de la República por la Región de Tarapacá

Carlos Silva Riquelme, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Huara