En México, la ciudadanía armada va pasando de la autodefensa a la autogestión 

Detenido el intento, iluso y descabellado, del gobierno federal de desarmar a las autodefensas antes que dar una mínima prueba de congruencia y efectividad ante el crimen organizado, el proceso ciudadano de resistencia entra en una fase crucial. Siguiendo lo discutido en mi entrega anterior (México, regiones liberadas, La Jornada, 7/1/14) retornamos a un principio elemental: no es lo mismo autodefender que autogestionar. Lo segundo procede, y no necesariamente, de lo primero. Cuando se efectúa la transición se está dando un salto cualitativo, pues se está pasando de la mera resistencia a la construcción del poder ciudadano.

En el caso de Tierra Caliente, las autodefensas organizadas ya en torno a una mínima coordinación, que se supone aglutina a unos 20 mil ciudadanos armados que tienen presencia en más de 70 localidades de 21 municipios, deberían proclamar de manera clara y contundente un conjunto de demandas, sin las cuales no se puede pasar a la fase siguiente. Convertidas, de facto, en interlocutores reconocidos por el gobierno federal y estatal, las autodefensas solamente lograrán sus objetivos si se plantean y exigen demandas específicas, concretas y realizables a corto, mediano y largo plazos. En lo inmediato deberán demandar aquello que garantice el desmantelamiento de los escenarios dejados por las mafias y tolerados por el gobierno y sus numerosos actores, desde el nivel municipal hasta el estatal.

Por ello se debe exigir: 1) la captura de todos los líderes del crimen organizado y el desmantelamiento de sus redes y estructuras, es decir, el fin a sus actividades criminales; 2) la investigación de todos aquellos funcionarios del gobierno estatal, no importa su rango, que resultan sospechosos de colusión con el crimen organizado. Para ello debería crearse una instancia independiente y mixta (ciudadana y oficial), un tribunal que sea objetivo, imparcial y honesto; 3) la legalización de las autodefensas y su validación por los ciudadanos y las comunidades; 4) la liberación inmediata de los miembros de autodefensas presos, y 5) la creación de organizaciones ciudadanas legítimas, incluyendo la formación de comités y la celebración de asambleas y de elecciones comunales y municipales en cada localidad reconocida. Esto dará lugar a las condiciones mínimas para garantizar que el simple desarme de los criminales no oculte o haga que resurja la grave situación que hoy prevalece. De lo contrario, todo lo ganado se irá desvaneciendo. Se trata de establecer garantías que dejen un proceso irreversible y de cara al futuro.

Logrado lo anterior, se debe impulsar un proceso real de autogestión. La expansión de las autodefensas en Michoacán debe verse como parte de procesos similares ocurridos en otras porciones, como es el caso de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. En consecuencia de esas experiencias se debe aprender y reproducir lo reproducible. Sin embargo, en la entidad misma se tienen ya modelos probados y exitosos. Por ejemplo, la comunidad indígena de Cherán*, no solamente ha logrado recuperar la paz y sus bosques, sino que controla los movimientos de la gente, ha elegido a sus autoridades de manera directa y sin partidos políticos, e impulsa proyectos productivos, forestales, agroecológicos, sociales y culturales para beneficio de la colectividad.

*Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2014/01/21/opinion/018a1pol