Una conmemoración poco convincente

A la fecha conmemorativa de los 40 años del golpe militar que derrocó al gobierno de la Unidad Popular se sumó, el pasado 5, la celebración de otro hecho emblemático en las luchas en contra de la dictadura de Augusto Pinochet: el plebiscito de 1988. Puede sorprender la circunstancia que dicha conmemoración se realizase tanto por la oposición al gobierno de Sebastián Piñera como por esa misma administración; sin embargo, existen motivos que explican este comportamiento como se verá en el curso del presente análisis.
LA CONMEMORACIÓN DE LA OPOSICIÓN
El hecho que la oposición, representada hoy por la coalición denominada ‘Nueva Mayoría’ —que reemplaza a la antigua ‘Concertación de Partidos Por la Democracia’— lo hiciese no es algo que deba llamar la atención. Mayoritariamente, dicha coalición está integrada por personas que, ante la convocatoria de la dictadura para pronunciarse acerca de su continuidad, concurrieron a las urnas para expresar que ‘no’. No ocurre así con los sectores gobiernistas que lo hicieron para respaldar al gobierno de facto, marcando en su voto un ‘sí’.
La celebración oficial de esa fecha, por cuenta de la coalición ‘Nueva Mayoría’ estuvo a cargo de la candidata a la presidencia de la República Michelle Bachelet Jeria. La abanderada lo hizo en un acto que tuvo lugar en la comuna de El Bosque, al sur de Santiago, oportunidad en la cual expresó a sus seguidores que:

“Debemos sentirnos orgullosos de haber estado al lado de la democracia y no de la dictadura y haber luchado juntos para vencer el miedo y masivamente decir que No a la dictadura”[1].

Al acto se había invitado a todos los ex presidentes de la ‘Concertación’, actores principales en la escena política de la nación en esos años. Sin embargo, a pesar de ello, el ex mandatario Patricio Aylwin debió excusarse de asistir. En carta que hizo llegar a los organizadores del acto, señaló el líder demócratacristiano, entre otras cosas que:

“A mi edad no me siento con fuerzas para participar en un evento de las características que se han previsto […]”

“[…] no olvidemos nunca  el necesario reconocimiento y cuidado de la democracia, lo que implica buscar soluciones que no pongan en riesgo la unidad de los chilenos, y que hagan avanzar por los caminos de la razón y la concordia”

A su casa llegaron a saludarlo connotados dirigentes de la colectividad a la que pertenece, entre otros, Eduardo Frei Ruíz-Tagle, Ignacio Walker, Soledad Alvear y Alberto Undurraga; la visita, además, tenía por objeto la entrega de galardones tanto para él como para el ex presidente Frei.
Enrique Correa, ex Secretario General de Gobierno, ex DC, ex MAPU, ex MAPU Obrero Campesino, ex Convergencia Socialista, miembro del Partido Socialista hoy, era en los años del plebiscito coordinador del comité político-técnico de la campaña del No, junto con Ignacio Walker. Rememorando esa fecha señala, al respecto, en una entrevista que le hiciera un diario capitalino:

“El 5 de octubre fue un acontecimiento difícilmente repetible en la historia de un país […] Era un enfrentamiento de la razón de la política contra la fuerza de las armas y desde ese punto de vista triunfó la razón, la política y la voluntad de la gente. Y como se ha dicho, sin una bala, sin un muerto, sin una gota de sangre, el país reemprendió el camino democrático[2]”

Y, a la pregunta de si imaginaba lo que sucedería más adelante, señala:

“Es imposible imaginarse todo lo que ocurrió. Pero creo que todo el núcleo, con los dos grandes líderes que dirigieron esto, Patricio Aylwin y Ricardo Lagos, también Gabriel Valdés y Enrique Silva Cimma, en fin, todos teníamos claro un diseño de la transición como el que se llevó a cabo. Todos teníamos claro, Edgardo Boenninger, Alejandro Foxley también, que solo si hacíamos confluir democracia con crecimiento económico íbamos a poder durar […]”

Ricardo Núñez, ex presidente del PS, conjuntamente con señalar que el triunfo del No fue una de las epopeyas más importantes del país, también se pronunció acerca de la fecha señalando que, con todo,

“El período político posterior ha dejado sabor a poco”[3].

Y lo explicaba señalando que

“La Constitución de Pinochet amarró muchos elementos de la vida cívica e institucional del país”.

Por su parte, Gutenberg Martínez, que se desempeñara como secretario general de la DC al momento de realizarse el plebiscito de 1988, indicó que ese acto

“[…] fue el triunfo de la razón, de los ideales y de una estrategia bien concebida. Hoy día parece fácil, pero no lo fue”.

“El triunfo del  No y la historia reciente nos enseñaron la necesidad de contar con gobiernos mayoritarios, y eso implicaba algo más fuerte que una mera alianza electoral, y por eso fundamos una coalición […]”

LA CONMEMORACIÓN DEL OFICIALISMO
La conmemoración del oficialismo ha de observarse desde dos ángulos diferentes: la versión del presidente Piñera y su gobierno, y la de la candidata oficialista Evelyn Matthei.
Si bien puede llamar la atención la existencia de dos enfoques en relación a la conmemoración del 5 de octubre, menester es recordar que la voz discordante de una opinión que pudo ser unánime la dio el propio presidente Piñera. En efecto, la generalidad de la militancia de la coalición gobernante ‘Alianza Por Chile’ está constituida por personas que votaron a favor de la continuidad de la dictadura en ese acto; sin embargo, el presidente Piñera escapa a esa regla pues en el plebiscito de 1988 concurrió a votar por la opción del No; uno de sus ministros (Jaime Mañalich) también estuvo en manos de la CNI y preso en Villa Grimaldi. Por eso, las expresiones de unos y otros no podían ser acordes; forzosamente una debía constituirla la intervención del primer mandatario; la otra, la del resto del oficialismo, especialmente, la de la candidata de la coalición Evelyn Matthei, hija de uno de los miembros de la Junta de Gobierno.
Piñera no estaba en Chile; se encontraba fuera del país, participando en la cumbre de los países de la ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION APEC, y sólo pudo referirse a ese hecho en un momento de su estadía en el Palacio Real de Tailandia:

“Hoy es 5 de octubre y el 5 de octubre del año 1988 fue un gran día para Chile y un gran día para nuestra democracia. Ese día, los chilenos, en forma libre y democrática, tomamos una decisión, y estoy seguro que fue una decisión sabia, porque escogimos el camino más corto, más directo y más seguro para recuperar nuestra democracia […]”

 Evelyn Matthei lo hizo en uno de los actos de su campaña. Conjuntamente con recordar la figura de su padre, Fernando Matthei, como miembro de la Junta Militar, y referirse al Gobierno de la Unidad Popular como un ‘desastre’, sostuvo que el régimen pinochetista

“[…] fue el único gobierno militar no democrático, como ustedes le quieran llamar, dictadura, lo que le quieran llamar, el único que le puso fin a su propio gobierno con una elección, llamada por ellos mismos”[4].

Y Andrés Chadwick, quien al igual que la candidata votara por el Sí, indicó, al respecto:

“Puedo decir que el 5 de octubre hoy debe ser considerado por todos como un día positivo para Chile. El tiempo nos indica que ese ha resultado ser un muy buen camino. En esa perspectiva, lo que significó el triunfo de la opción No, y posteriormente el compromiso constitucional y la lección democrática, fue el mejor camino”[5].

¿POR QUÉ ESTE CONJUNTO DE CELEBRACIONES, DECLARACIONES, EXCULPACIONES Y ANÁLISIS?
Carlos Peña sostiene, en su columna dominical del periódico ‘El Mercurio’, que

“Los seres humanos no recuerdan por simple delectación por el ayer. Lo hacen para alcanzar el sosiego y definirse a sí mismos. La memoria, individual o colectiva, nunca es una vuelta al pasado: siempre es un esfuerzo por revisar la identidad presente”[6].

Y, agrega Peña:

“Por eso los individuos y las colectividades, recuerdan no sólo su pasado real, sino también el pasado que pudo ser, el que hoy quisieran hubiera sido”.

En efecto, las conmemoraciones no ocurren por mera casualidad, sino porque constituyen expresiones de un universo de representaciones dentro del cual, paradojalmente, se desenvuelve la vida real del ser humano. Nos explicamos.
Uno de los atributos más notables del ser humano lo constituye su extraordinaria capacidad para estar creando constantemente símbolos, valores, conceptos, asociaciones[7] y conformar con todos ellos un cosmos de representaciones. Es más: al ser humano le sería imposible perseverar en su carácter de tal si no pudiese incorporarse a esa vastedad de construcciones intelectuales. Porque allí encuentran su hábitat las letras y las palabras, los números y las cifras, las notas musicales y las melodías, las percepciones olfativas, táctiles y gustativas, las escalas de valores, los conceptos y categorías, en suma, el mundo de la ‘semiótica’, puesto que ‘semiótica’ se llama, precisamente, la disciplina que se preocupa del significado de tales símbolos, y ´semiósfera’[8] el universo que los reúne o contiene. No constituye exageración alguna, en consecuencia, sostener que el ser humano es, por esencia, un sujeto semiótico.
En la semiósfera puede encontrarse todo aquello que el ser humano construye intelectualmente a diario, las conmemoraciones, las fechas de los acontecimientos o la mención a los lugares en donde éstos han ocurrido y marcado la ruta de una colectividad humana hacia el encuentro consigo misma o, lo que es igual, en busca de su identidad. La semiótica es el terreno fértil, además, donde echa sus raíces la memoria.
No podría suponerse, en consecuencia, que el universo semiótico estuviese ajeno a la vida social del chileno; por el contrario: así como sucede en otras latitudes, también en Chile dicho universo informa la vida de sus habitantes. No por algo se vive conmemorando efemérides, fechas en que sucedieron tales o cuales acontecimientos que deben ser grabados en la memoria colectiva. La cultura no se fundamenta sino en ese acto repetitivo que instaura una forma de ser vinculada al pasado.
La conmemoración del célebre plebiscito realizado el 5 de octubre de 1988 constituye uno de esos hitos que ha querido asentarse en la memoria de los habitantes de la nación. No debe, en consecuencia, sorprender que el recuerdo de ese hecho haya producido un revuelo tan grande al cumplirse 25 años del suceso.
No obstante, si bien la condición de abstraer los fenómenos hasta reducirlos a representaciones intelectuales que se nos hacen presentes con la fuerza de la verdad, el afán de retroceder en las páginas de la historia y establecer vínculos con un suceso al que se le asignan diversas interpretaciones puede vincularse, además, a circunstancias más terrenales. Las formas de cómo han reaccionado los actores políticos, los análisis de investigadores, los testimonios de los protagonistas arrojan luces acerca de cómo entender algunas de las motivaciones que subyacen tras las afirmaciones que se hacen en torno a la conmemoración en comento. Nos hacen comprender por qué el recuerdo del 5 de octubre de 1988 fue realizado de tan diversa manera, con distintas expresiones y en distintos lugares.
Comencemos afirmando que los diferentes sectores de la sociedad acostumbran a ejercer un verdadero derecho de propiedad sobre los sucesos a fin de orientar su ocurrencia en beneficio propio. Los sucesos dejan de ser tales; constituyen objetos de los que se apropian los sectores dominantes. No se trata tan sólo de expresar para ellos una aspiración de lo que pudo ser y no fue, sino del instrumento por excelencia para sostener o mantener hoy aquello que ya no se sostiene sin que se venga abajo todo el andamiaje sobre el cual determinados sectores dominantes se han apoyado para seguir dominando. En consecuencia, si esa conmemoración emana de la perseverancia con que la generalidad de los actores políticos juzgan, explican y justifican su participación en los hechos en que se vieron involucrados, ha de revestir el carácter de triunfo para satisfacer los intereses de quienes lo conmemoran. Podríamos decir que, a partir de ese momento, no hay una exposición imparcial de los hechos, sino otra por completo interesada, una robusta reafirmación de lo propio en torno a que lo realizado era la única opción posible de llevar a cabo. De esa manera, los hechos históricos aparecen determinados por un fatalismo imposible de eludir, y que sólo puede conjurar la voluntad de un grupo de personas que, al igual de los viejos profetas bíblicos, tiene la misión de señalar el camino de la salvación eterna.
Pero, ¿puede entenderse la historia de esa manera? ¿Debemos someternos por entero a esa visión, a veces aparentemente dual y contradictoria, de un suceso que, probablemente, ni siquiera pudo tener la relevancia que se le asigna? Para entender tales designios, forzoso es retroceder en el pasado y volver a considerar ciertas circunstancias.
LAS PROTESTAS DEL ’83 EN ADELANTE
Las protestas comenzaron un 11 de mayo de 1983 cuando la Confederación de Trabajadores del Cobre, dirigida por el entonces carismático dirigente Rodolfo Seguel, convocó a la ciudadanía a una gran manifestación en contra de la dictadura pinochetista, cuyos resultados sorprendieron a todas las organizaciones políticas e, incluso, a aquella. La población pareció haber perdido el miedo y reaccionaba como un solo individuo en contra de la dominación. Sin embargo, y simultáneamente, alertó a las organizaciones políticas y a la propia dictadura a robustecer los canales por donde debían transmitirse y circular los sentimientos de las grandes mayorías nacionales, es decir, a través de los partidos y las estructuras o instituciones del Estado. La lucha de clases, hasta ese momento librada entre dominantes y dominados, cambió de actores: organizaciones políticas que decían defender los derechos de los sectores dominados se identificaron con los intereses de los dominantes e iniciaron una carrera frenética por apoderarse de las organizaciones sociales para controlarlas políticamente e impedir sus desbordes ‘anarquistas’ cooptando a las dirigencias y ofreciéndoles militancia. La lucha de clases se libró entre organizaciones sociales y partidos políticos. Y eso no ocurrió por casualidad. Las organizaciones políticas sabían que las organizaciones sociales son capaces de construir movimientos con determinados fines y perspectivas, pero son incapaces de aliarse entre sí inmediatamente y de establecer los nexos indispensables para tomar a su cargo la dirección de toda una nación; los partidos, por el contrario, son instituciones que se preparan para gobernar; su norte está en esa dirección, persiguen y se disputan el poder. Están preparados para asumir el control de una formación social.
Para el observador acucioso, no cabía la menor duda que los partidos políticos, en afanoso proceso de reorganización, estaban convencidos que las futuras protestas, luego de la exitosa inauguración de las mismas el 11 de mayo de 1983, no sólo debían ser dirigidas por ellos sino orientadas a la obtención de una finalidad que no era otra sino la directa negociación con la dictadura. Cualquiera otra solución era el caos y la anarquía; en eso coincidían oposición y dictadura. Como era de suponerse, el precio de la negociación no sería otro que los cuarenta o cincuenta muertos y los centenares de detenidos y apaleados que la población chilena entregaría en cada protesta. Pero, ¿acaso no pagan, constantemente, los sectores dominados esa tarifa para que los miembros de las clases dominantes los representen impropiamente en los parlamentos y gobiernos de la América morena?
Así, a fines de 1984 y principios de 1985, el movimiento social estaba agotado. Les sucedía lo mismo que sucede hoy con las protestas sociales. Porque la protesta, así como la marcha y la concentración, no bastan para hacer transformaciones sociales si no se convierten en ‘fuerza social organizada’. Cuando no lo hacen, es el momento de los partidos políticos, con sus fuerzas intactas, frescos, llenos de entusiasmo y deseos de gobernar. Fue lo que sucedió en Chile a mitad de la década de los ’80. Homogeneizados en torno a las reivindicaciones de negociación impuestas por la Democracia Cristiana presentaban una misma estrategia. Todos querían negociar, menos la propia dictadura que se sentía fuerte, aún. Y era tan grande ese deseo que, incluso, en las consignas del Partido Comunista se deslizaban algunas expresiones reñidas con su concepción de clases sociales como lo eran aquellas que decían ‘Fuera Pinochet’ y ‘Pinochet es el obstáculo’. ¡Cómo si fuesen los líderes quienes determinaran el destino de las clases sociales y no éstas la aparición y figuración de aquellos![9] La negociación, estrategia diseñada y defendida por la Democracia Cristiana desde el mismo 11 de septiembre de 1973, se había impuesto ampliamente en todos los sectores sociales.
En 1980 había convocado la dictadura a la ciudadanía a una Consulta Nacional a fin de aprobar una Constitución. Dicho cuerpo normativo contemplaba en su artículo transitorio vigésimo séptimo, una disposición que obligaba a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros, o a falta de unanimidad de ellos, al Consejo de Seguridad Nacional —integrado además por el Contralor general de la República—, para proponer al país una persona que ocuparía el cargo de Presidente de la República a partir del período que se abría del 11 de marzo de 1989. Esa proposición estaría sujeta a la ratificación de la ciudadanía mediante un plebiscito que debería realizarse con, a lo menos, noventa días de anticipación a la fecha en que Pinochet debía cesar en el ejercicio del cargo que ocupaba y que su propia Constitución fijaba en la fecha antes indicada.
Pinochet, no  obstante, no ocultaba sus deseos de seguir gobernando. Por eso, el 11 de julio de 1986, en una clara alusión a sí mismo, no vaciló en señalar que

“[…] nadie puede desconocer el derecho del Gobierno a proyectarse más allá de 1989”.

Ese año, el 7 de septiembre, un notable hecho aceleró el proceso de democratización contemplado en la Constitución pinochetista. Fue el atentado realizado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en contra el dictador y la muerte de cinco de sus guardaespaldas. A partir de ese momento, la preparación del instrumental jurídico e institucional que iría a regir al país adquirió una inusitada actividad. Por lo pronto, en marzo de 1987 se dictaron decretos leyes que regulaban las atribuciones del Tribunal Calificador de Elecciones y la organización de partidos políticos. El 7 de julio de 1987 Pinochet llamó a Sergio Fernández Fernández para designarlo, una vez más, como su Ministro del Interior, encomendándole las tareas que implicaba la realización del plebiscito en donde él se presentaría como único candidato. Fernández tenía experiencia en esas lides; había sido su brazo derecho para la realización de la Consulta de 1980. Así, la fecha para el plebiscito que contemplaba la Constitución se fijó para el 5 de octubre de 1988: Pinochet sería el candidato único por ocho años más. La ciudadanía debía pronunciarse tan sólo con un ‘Sí’ a la prolongación de su desempeño, o con un ‘No’ para el caso de estimar lo contrario. Esta última alternativa, de ganar—lo que era muy improbable—, obligaría a la dictadura a convocar a elecciones presidenciales. Aún con todos esos inconvenientes, la oposición sin embargo, consideró que era necesario intentar disputar ese campo al poder convocante. Como lo expresan dos analistas

“A partir de enero de 1988, recién una parte de las fuerzas opositoras tomaron determinaciones drásticas y urgentes para constituir el Comando de Partidos Democráticos por el NO; la Democracia Cristina acordó terminar su inscripción y las fuerzas de izquierda crearon el Partido Por la Democracia. Otros partidos se inscribieron también en los registros de la dictadura para controlar el plebiscito”[10].

¿DESCONOCIMIENTO O INTERESES PROTEGIDOS?
Sin embargo, cuando el gobierno de Pinochet determinó, en 1987, realizar un plebiscito al año siguiente y, en caso de perder (lo que no imaginaba), convocar a elecciones presidenciales en donde estaría impedido de presentarse como candidato, no lo hizo por voluntad propia. Jamás las dictaduras hacen concesiones graciosas. Las contradicciones con el amo del sistema capitalista mundial (Estados Unidos) se habían exacerbado. El régimen pinochetista ya no era deseado por la dirigencia política norteamericana: era necesario terminar con él o resolver sobre su continuidad; si continuaba, debería contar con la anuencia o aceptación de gran parte de la población chilena (mayoría). Las protestas habían puesto en entredicho la continuidad del dictador y el apoyo norteamericano. Y era que los intereses del gran capital se veían amenazados a consecuencias de aquellas. Esa circunstancia era bien conocida por los sectores socialdemócrata chilenos, incluida la Democracia Cristiana; y de gran parte de la llamada ‘izquierda’, nucleada aún en torno al ‘Movimiento Democrático Popular MDP’. Así pues, las concesiones que aparecía dando la dictadura a la oposición no emanaban ‘motu proprio’, sino eran imposiciones hechas por el Gobierno norteamericano que veía deteriorarse cada vez más los cimientos en donde se asentaba el orden en la república sureña. En otras palabras, la dictadura no hacía esas concesiones porque estuviese de acuerdo en hacerlo, sino porque estaba presionada por su socio que era el Gobierno norteamericano, temeroso de una masacre o de una revolución que pudiese amenazar sus intereses en este país.
Sin embargo, ninguna de las partes en disputa hizo mención a tales circunstancias en los debates que desembocarían en el plebiscito. Por el contrario: la oposición, liderada por el ‘Comando de Partidos Democráticos Por el No’ hacía creer a sus seguidores que todo aquello era fruto de su fortaleza política. No debía extrañarse que también sacase cuentas alegres en cuanto a sostener que la línea de la negociación había sido la más correcta y que, por esa circunstancia, se encontraban al borde de expulsar al dictador. Por su parte, la dictadura no encontraba nada mejor que alegar su vocación de respeto a las instituciones y estar dispuesta a aceptar el veredicto popular[11]. Un manto de silencio sobre lo que realmente sucedía se tendió sobre la ciudadanía; los actores habían coincidido en torno a una circunstancia: el único sujeto que nunca debía saber lo que ambos tramaban sería la comunidad nacional a quien nada había de informársele sobre las conversaciones sostenidas.
Agreguemos algo más: Una negociación, antes de las protestas, como lo pretendían los partidos institucionales organizados en torno a la Alianza Democrática y el Movimiento Democrático Popular, estaba destinada al fracaso porque los regímenes militares no negocian con perdedores sino con ganadores, con quienes le demuestran fuerza física, económica, social o moral. Era una insensatez, por decir lo menos, establecer en esos años la estrategia de la ‘negociación’ con un sujeto que no quería negociar y que detentaba la plenitud del poder. Sin embargo, hasta el líder de la oposición (Eduardo Frei Montalva) creía posible hacerlo. Olvidaba que, para emprender esa tarea, primero había que demostrar estar en posesión de fuerza suficiente para poder enfrentar al antagonista y no, simplemente, ‘blufear’ frente a él.
Las protestas, por el contrario, al irrumpir, alteraron el panorama político y las fuerzas sociales comenzaron a ubicarse al otro lado del tablero de ajedrez que controlaba la dictadura, frente a ella, amenazándola con su presencia. Tras esa explosión social sí que era posible negociar; una nación entera, alzada en contra de la opresión, constituía, sin lugar a dudas, un seguro aval.
Pero, cuidado. Cuando se está en posesión de la fuerza y no se negocia favorablemente, las bases tienen pleno derecho a acusar a quienes tomaron su nombre y representación de haber actuado en contra de sus intereses. La oposición de ese entonces cometió aquel imperdonable error, como se verá más adelante.
EL TRIUNFO DEL NO
Así las cosas, el día 5 de octubre de 1988 el triunfo del No resultó aplastante. Hubo fiestas en todo el país que se prolongaron hasta el día siguiente. Según Gonzalo Martner, se contó con

“[…] más de 60 mil personas que organizaron el control de los resultados del plebiscito, con alma y pasión, y que pudieron contar más del 90% de los votos de manera independiente del Estado”[12].

‘La alegría ya viene’, frase que identificaba el movimiento por el NO, se hizo realidad, aunque solamente en ese período. No ocurrió así en el ámbito empresarial. Al abrirse la Bolsa, al día siguiente, los valores experimentaron el mayor retroceso del que se tiene memoria en la historia de las transacciones bursátiles del país[13]. El índice IPSA descendió en un 16,7% y amenazó la estabilidad de la nación, a pesar que en los días posteriores logró estabilizarse con tendencia a la recuperación. Tampoco ello fue casual.
Y era que la dictadura había sopesado bien la situación. Pinochet (y su cohorte) no quería irse. Vacilaba. Pretendía desafiar al Gobierno norteamericano y desconocer los acuerdos tomados con la oposición. En conocimiento de esas maniobras, el presidente Reagan instruyó, en la noche del 3 de octubre, a su Secretario de Estado interino John Whitehead en el sentido de convocar al embajador chileno y manifestarle la inconveniencia de desconocer los resultados del plebiscito y la preocupación de esa nación ante tal despropósito. Whitehead cumplió con esa misión; le manifestó a Hernán Felipe Errázuriz, embajador de la dictadura en ese entonces ante Estados Unidos, el deseo de esa administración que

“[…] el plebiscito se desarrolle como está previsto”[14].

La noche misma del evento, cuando la dictadura quiso alterar los resultados y hasta el propio líder de Renovación Nacional Andrés Allamand amenazó con denunciar el fraude, hubo frenéticas reuniones entre Pinochet y Sergio Fernández, a la sazón, ministro del Interior, orientadas a declarar ‘estado de sitio’, medida que rechazó el resto de la Junta Militar, temerosa de terminar a la manera de lo que había sucedido en Filipinas. Lo único posible era colocar condiciones para continuar con el proceso de democratización del país. La ocasión para imponerlas se dio en torno a la discusión sobre la Constitución. La oposición quería introducir algunas modificaciones; pero también quería hacerlo la dictadura. Porque esa Constitución estaba hecha para que gobernara Pinochet con los poderes que le otorgaban los arts. 65 y 68: poder aprobar los proyectos de ley frente a un Congreso adverso. Y la ocasión se le dio. Puesto que la propia Constitución establecía un plebiscito para modificarla, hubo acuerdo en torno a realizar otro evento eleccionario destinado a introducir reformas al texto de la carta fundamental y dar en el gusto a algunas proposiciones de la oposición.
Pero, si todo lo que hacía en esos momentos la oposición contaba con el apoyo incondicional del Gobierno norteamericano, ¿no era aquel el momento preciso para exigir mayores espacios de libertad y obtenerlos de manera casi segura? ¿Se hizo todo aquello? ¿Qué sucedió con esos hechos? ¿Qué sucedió en la práctica? ¿Fue eso lo que se consiguió, finalmente, en las negociaciones que se realizaron con posterioridad al plebiscito y poco antes de asumir Patricio Aylwin en el carácter de Presidente de la República?
En realidad, no fue así. Porque el asunto se resolvió con lo que se conoce hoy como ‘plebiscito de 30 de julio de 1989’ destinado a consagrar las condiciones bajo las que se iba a construir la ‘democracia’. En esa oportunidad se establecieron los basamentos para los futuros gobiernos de la Concertación. Y todo ello se hizo en el más estricto secreto. Un autor se refiere a este momento con las siguientes palabras:

“Los partidos políticos de la Concertación recién llegados a la arena política tuvieron que someterse plenamente al consenso. El plebiscito del 30 de julio no fue antecedido de debates ni de divergencias. Todo estaba atado desde las cúpulas. A los partidos de Gobierno y de oposición y a sus bases sólo les tocaba obedecer. Se estaba perfilando una democracia disciplinada y autorregulada, con los ojos puestos temerosamente en no molestar a los sectores militar y empresarial”[15].

Lo grave fue que en ese plebiscito se aprobaron las modificaciones a los arts. 65 y 68 de la Constitución que permitían todo tipo de dictación de leyes y la oposición lo aceptó. Según lo expresa Felipe Portales, la modificación

“[…] necesitaba de una aprobación plebiscitaria, esto es, del concurso de la Concertación. Y los líderes de la Concertación aceptaron perder aquel inmenso poder que le brindaba la propia Carta Fundamental original del 80. Y lo que es aún más grave, desde el punto de vista democrático, dichas modificaciones se hicieron pasar completamente inadvertidas, dentro del conjunto de reformas constitucionales que se plebiscitaron en julio de 1989. Prácticamente nadie de los adherentes de la Concertación (ni tampoco de la derecha, aunque para éstos se trataba de un beneficio) supo siquiera que con su voto estaba validando aquella enorme cesión de poder político a la futura oposición de derecha”[16].

A partir de ese momento, las concesiones hechas por los sectores opositores a la Dictadura se intensificaron. Atrás quedaron los ejes programáticos de la Alianza Democrática cuando, en 1983, expresaba que su primer objetivo sería

“[…] buscar un acuerdo nacional sobre una Constitución Política del Estado, para lo cual se proponía un plebiscito que aprobase la creación de una Asamblea Constituyente”[17].

LA ESTRATEGIA DE LA OPOSICIÓN
Los hechos más arriba consignados no ocurrieron por casualidad. Hubo tras ello una estrategia diseñada por determinados partidos, por personas que dirigían organizaciones políticas y que sólo veían y siguen viendo —y refiriéndose a— aspectos parciales de lo que se debatía en esos años. Ya lo vimos en las declaraciones de Enrique Correa transcritas al comienzo de este documento. Permítasenos, no obstante, corregirnos: en verdad, había no una sino dos estrategias, porque una estaba contenida dentro de la otra. La primera era la destinada a entusiasmar a los más ingenuos: sacar a Pinochet con el poder del voto, algo que parecía difícil, pero no imposible. Sin embargo, tras esa estrategia se ocultaba otra que era la imposición de una política de ‘convergencia’, en donde las protestas formaban parte de esa estrategia de negociar, en donde las víctimas tendrían que darse la mano con los verdugos, magistralmente descrita por Gonzalo Martner en uno de sus artículos:

“Apreciábamos entonces que debía construirse una línea de derrota política de la dictadura a través de un proceso de desobediencia civil generalizada y de alianzas partidarias amplias (incluso con quienes habían contribuido decisivamente a derrocar al Presidente Allende en 1973 y colaborado inicialmente con la dictadura en una actitud que no los enaltece históricamente) y no una  línea de acciones militares sin viabilidad  en las condiciones de la dictadura chilena, y que en caso de éxito prefiguraría, habíamos concluido después de amargas experiencias, un autoritarismo contrario a los propósitos democratizadores”[18].

Para eso se necesitaba centrar la discusión en la inviabilidad de la política de los sectores que propiciaban la vía armada y en desprestigiar la movilización social ‘sin objetivos’, aunque recurriendo a ella como un método de presión a la dictadura. O, como lo expresan otros analistas:

“El triunfo del ‘NO’ en el memorable 5 de octubre, fue verdaderamente el triunfo de una estrategia político electoral que se impuso por sobre la vía violenta o la simple movilización social sin contenido político”[19].

Felipe Portales, que ha escarbado acerca de estos tópicos, sostiene que el triunfo del No estuvo orientado por la política que diseñara Edgardo Boenninger de acercamiento a las bases programáticas establecidas por la propia dictadura, acercamiento que el teórico demócrata cristiano jamás dejó de sostener. Portales sostiene que Boenninger, en su libro ‘Democracia en Chile: Lecciones para la Gobernabilidad’,

“[…] reconocía crudamente que, a fines de los 80 del siglo pasado, aquel liderazgo había llegado a una ‘convergencia’ con el pensamiento económico de la derecha; ‘convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer’”[20].

LAS MOTIVACIONES PARA UNA CELEBRACIÓN
Llegamos, así, a la parte crucial de este análisis.
Según Karl Marx, la historia jamás es crítica consigo misma; consecuentemente, tampoco lo es la generalidad de los historiadores. Atreverse a juzgar el pasado, para algunos constituye, en lo esencial, una osadía. Un acto temerario que puede llegar a constituirse en la más abyecta abominación. Y es que los hechos han transcurrido, se han petrificado en el devenir. El pasado es pasado. No puede suponerse que pueda alterarlo una nueva visión.
La crítica de la historia, sin embargo, no implica construir el pasado de manera distinta; no se trata, en suma, de hacer política-ficción, sino ensayar la búsqueda de una explicación del por qué de determinadas circunstancias y actitudes. El por qué de lo que hoy sucede. Y eso se logra cuando se incorporan los elementos que la historia oficial deja de lado para no ser interpelada. O que interpreta en una dirección interesada. En ese sentido, tiene cabida preguntarse en torno a la conmemoración del 5 de octubre, como lo hacen otras personas,

“[…] ¿quiénes son los que tienen que celebrar hoy? ¿Los que condujeron esa épica por las avenidas de una transición inconclusa? ¿Los que negociaron las condiciones de dicha transición allanándole el camino a la vía chilena al neoliberalismo?[21]”

Porque, mirando con objetividad lo sucedido en aquellos días, e identificando la dictadura con la sola persona de Pinochet, parecía aquella haber llegado a su término; y decíamos ‘parecía’ porque, como lo veremos de inmediato, el dictador no se había ido. Y, por otra parte, si la identificábamos con la institucionalidad vigente, persistía, se prolongaba en el tiempo, parecía no llegar a su fin. No era atrevido suponer, entonces, que alejado Pinochet del mando, la dictadura, así entendida, continuaría con otros actores, con otros mentores. Era más: ni siquiera se había logrado, con ese plebiscito, desplazar a Pinochet de las esferas del poder porque, de dictador, asumía como Comandante en Jefe del Ejército. La fuerza militar estaba controlada por él. La consigna según la cual ‘Pinochet es el obstáculo’ se mostraba, de esa manera, en su más extrema fragilidad; porque la dictadura continuaba en su legado institucional y cultural y, lo que era peor, en el ejército. Pero lo más grave era que todo ello había sido posible gracias a la aquiescencia de una estrategia encaminada a tal objeto y que más tarde sería definida como ‘política hecha en la medida de lo posible’. Por eso, no dejan tener razón las reflexiones de dos autores que señalan, al respecto, que

“[…] este 5 de octubre parece imprudente repetir la celebración ensimismada de quienes terminaron más obedientes a los dictados empresariales que a los anhelos por mayor democracia, contribuyendo a que se naturalizaran la restricción de derechos y la entrega de subsidios estatales a la acumulación privada, en nombre de nuestro peculiar capitalismo de servicios públicos”[22].

¿Fue, entonces, todo ese proceso, una estrategia para instaurar un modelo de sociedad que persistiera en el tiempo con o sin Pinochet? Así nos parece. Y en esa línea de pensamiento, sostiene Adolfo Castillo, que el 5 de octubre no constituiría sino una fase más en lo que denomina ‘estrategia de la contrarrevolución conservadora’ que derrocó a Salvador Allende, para establecer su proyecto neoliberal. Así, señala este autor que dicha fecha no constituye sino

“Un mito necesario para dar coherencia a los comportamientos de aquellos actores que terminaron sirviendo a los artífices del nuevo proyecto, tornándose efectivos agentes reproductores de un orden contra el cual algunos intentaron superarlo o transformarlo o simplemente humanizarlo”[23].

Por lo mismo, no deja de tener razón Patricia Politzer, una periodista que constantemente identificó sus posiciones políticas con las de la Concertación, cuando  al rememorar lo sucedido en esa emblemática fecha, no puede dejar de reconocer que, en el presente,

“[…] la alegría tardía se vive como frustración, rabia y urgencia”[24].

Así pues, resulta inútil desconocer hoy que ha sido esa estrategia de converger con el pensamiento neo liberal y no revelar las intenciones de las acciones políticas a quienes depositaban su confianza en los partidos vigentes a la fecha del plebiscito lo que explica el despertar de los movimientos sociales, entre otros, el que ha evidenciado desde el año 2006 el movimiento estudiantil. Porque el legado dictatorial no sólo ha estado presente en estos años de democracia autoritaria sino ha sido administrado y perfeccionado, y porque, como lo señalara acertadamente Patricio Bañados, vocero en 1988 de la llamada ‘Franja del NO’, y lo consigna el ‘Boletín Libertad de Expresión’, de octubre de 2007, del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile,

“[…] en el plebiscito del 88 ganó el Sí”.

Felipe Portales lo expresa claramente en el documento que hemos citado anteriormente:

“[…] el triunfo electoral del No, no se tradujo en una sustitución del modelo político, económico y social impuesto por la dictadura a través de la Constitución del 80 y de sus leyes posteriores”[25].

Podemos entender, así, que las celebraciones hayan sido muchas, y que todos quieran convocarnos a hacernos partícipe de ‘la alegría que viene’. Sin embargo, aunque así las apariencias nos lo digan, aunque parezca que todos ganaron, y tal idea pretenda imponerse hoy no sólo en la historia, sino en la cultura de quienes participaron en el plebiscito de 1988, los hechos, los porfiados hechos hacen entender que solamente ganaron las clases dominantes que hasta el día de hoy mantienen el control del país en sus manos.
Pongamos fin aquí a este análisis, intentando explicarnos la pregunta del millón: por qué un vasto conglomerado humano terminó aceptando un modelo de sociedad con el cual no sólo discrepaba, sino le resultaba hasta repulsivo, para concluir no sólo tolerando, sino —en muchos casos—, profundizando y defendiendo su permanencia como la más acabada y manifiesta expresión de la excelsitud. La razón no parece difícil de entender; sin embargo, resulta tremendamente simple a la vez que desoladoramente amarga. Para ello hay que volver al pasado y recordar dos fechas emblemáticas que, por ello, jamás deberían olvidarse: el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de septiembre de 1980, fecha esta última de la llamada ‘Consulta Nacional’ en la que Pinochet llamó a aprobar la Constitución que aún hoy nos rige (ahora, con las firmas de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet). La primera de aquellas marca el momento de la derrota estratégica del movimiento popular, derrota que se extiende o prolonga sin alteraciones hasta nuestros días; la segunda, constituye la derrota de la ‘alternativa de recambio burgués’, como la llamó uno de los documentos del Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales CODEHS, presidido por Clotario Blest. Esta alternativa, que pretendía el cambio de la dictadura por un gobierno de transición, era impulsada por la Democracia Cristiana.
En efecto, la convocatoria a participar en la Consulta Nacional de 1980 no era un llamado simple a votar por una nueva Constitución sino a poner fin a todas las expectativas que había tenido un sector de la ciudadanía, convencido de la transitoriedad de la dictadura que asumía el control del país luego del derrocamiento del Gobierno Popular. Como lo expresáramos en una de nuestras obras, dicha convocatoria era, en verdad,

“[…] un golpe de Estado dirigido esta vez en contra de los sectores social demócratas (en especial, en contra de la Democracia Cristiana) y, consecuentemente, en contra todos los sectores populares que habían decidido subordinarse a la política de aquellos”[26].

Así, pues, luego de 1980, podía vanagloriarse la dictadura de haber derrotado a dos de sus contendores, a saber, el proletariado y sectores populares y la alternativa del recambio burgués. Tampoco ello ocurría por casualidad. Ambos derrotados sectores habían ofrecido como alternativa de modelo de sociedad el llamado ‘estatismo’, modelo que había mostrado sus inconvenientes, especialmente dentro del campo soviético; la dictadura, por el contrario, había establecido el modelo neo liberal, una visión moderna, nueva, de cómo había de conducirse la sociedad que se empezaba a construir a nivel global. Los partidos populares carecían de toda otra alternativa a ofrecer que no fuesen las experiencias soviética, cubana, china, vietnamita, rumana, en fin, de fuerte raigambre estatal; la social democracia (con la Democracia Cristiana), por su parte, no tenía otra propuesta que no fuese el keynesianismo, alternativa también caracterizada por su enérgico predominio estatal. Para la dictadura, ambos modelos habían llevado a la intervención de las Fuerzas Armadas, por lo que les parecían altamente inconvenientes. Esa era la política que había derrotado en tales actos allanando, de esa manera, el camino para la implementación de la economía social de mercado.
Esa imposibilidad de ofrecer una alternativa diferente al modelo de sociedad instaurado por la Dictadura es una limitación seria que subsiste hasta el día de hoy. Podemos, entonces, concluir, que no ha existido traición alguna en contra de los intereses de los sectores populares, de parte de socialistas, pepedeístas, radicales y otros grupos que adhirieron a la Concertación, cuando decidieron su apoyo al desarrollo del modelo de sociedad establecido por la Dictadura. Se trata, por el contrario, de algo más grave aún. Las organizaciones políticas no sólo están absolutamente convencidas acerca de la inviabilidad de estatuir una sociedad diferente a la que existe —hecho que bastaría para descalificarlas como representantes de los sectores que dicen representar— sino, además, evidencian una no menos absoluta incapacidad para ofrecer un modelo alternativo de sociedad al impuesto por la dictadura. Porque la verdad es esa: no son capaces de idear algo nuevo, no son capaces de formular una proposición diferente. Y en esa incapacidad radica la causa real de su aparente resistencia al cambio. Por eso intentan sólo ‘reformas’ que pueden realizarse ‘en la medida de lo posible’. Por eso, aunque coloquen a los más célebres doctores, ‘masters’ y académicos de las mejores universidades del mundo a la cabeza de las instituciones estatales o a fabricar ideología, jamás podrán satisfacer los intereses de las grandes mayorías nacionales. Es esa incapacidad lo que gobierna hoy la escena política de la nación. Esa falencia y no otra es lo que ha permitido el acceso al Gobierno de la nación de individuos a quienes se ha asignado como única labor la de administrar el modelo, e impedir a toda costa que lo haga alguno de sus detractores. Y es trágico que así sea. Pero es lo que ha ocurrido hasta ahora.
Santiago, octubre de 2013