La Pontificia Universidad Católica por primera vez reconoce oficialmente a sus propias víctimas de la dictadura

MIÉRCOLES, 28 DE AGOSTO DE 2013
El Colectivo Memoria PUC informó que a 40 años del golpe de estado, las autoridades de la Pontificia Universidad Católica de Chile harán su primer acto de reconocimiento oficial a sus Alumnos Detenidos Desaparecidos o Ejecutados Políticos durante la dictadura cívico militar.
El acto solemne se realizará el jueves 5 de septiembre, a las 18:30 horas, en el Campus San Joaquín UC, Avenida Vicuña Mackenna 4860, estación Metro San Joaquín. Comenzará con una misa en la Capilla del Campus, concelebrada por el Vice Gran Canciller de la Universidad y sacerdotes vinculados a la defensa de los derechos Humanos.
El reconocimiento a las victimas continuará a las 19:30 horas, en el Aula Magna del mismo Campus San Joaquín. Incluirá la entrega de Títulos Póstumos de la Universidad a los estudiantes victimados, y Diplomas que entregarà la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) a los profesores y profesionales que fueron detenidos desaparecidos o ejecutados políticos durante la dictadura. Más información en Facebook: Colectivo Memoria PUC y en YouTube: colectivomemoriapuc.
Breve historia
28 estudiantes y académicos de la PUC fueron asesinados o hechos desaparecer por la dictadura cívil-militar de 17 años establecida por los mismos grupos económicos y políticos civiles que gobiernan de nuevo Chile. Durante casi cuatro décadas, la universidad mantuvo un ominoso silencio sobre estos 28 estudiantes y profesores de la casa de estudios controlada en 1973 por el Movimiento Gremial (MG) y quienes hoy forman parte de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación (RN), quienes convirtieron a la PUC en el “think tank” de la dictadura, cuna del neoliberalismo importado desde la Escuela de Economía de Chicago, tan temprano como más de una década antes del golpe de 1973.
La PUC fue históricamente la cuna formadora de la clase política de las dos facciones de la derecha conservadora hoy en el poder. Incluido Sebastián Piñera, casi todos los ministros y altos funcionarios del actual gobierno se formaron en las aulas de la PUC y después cursaron postgrados en universidades emblemáticas estadounidense, Harvard, Yale, Chicago y otras. La Escuela de Economía de la PUC suscribió en 1956 el convenio con la Universidad de Chicago que con la dictadura introdujo en Chile por la fuerza el modelo neoliberal.
¿Quiénes eran?
La desaparición y/o muerte de estas 28 personas fue un tabú jamás reconocido por las autoridades de la Católica. Incluso, desapareció misteriosamente una placa recordatoria informal ubicada en la cafetería de la escuela de sociología, que nadie supo cuándo, por qué, ni quién lo retiró. En 2007 hubo una misa y eso fue todo…
El Colectivo Memoria PUC sacó a la luz el asunto en 2010, con la presentación del libro “Una luz sobre la sombra: detenidos desaparecidos y asesinados de la Pontificia Universidad Católica de Chile”, 180 páginas que refleja una investigación del equipo editor y de la periodista/escritora Nancy Guzmán, con prólogo del historiador Gabriel Salazar y diseño gráfico y portada de José Bórquez. La presentación de ese libro fue la primera actividad en memoria de estas 28 víctimas realizada oficialmente en un recinto de la PUC, gracias al interés de la Federación de Estudiantes de esa casa de estudios, presidida entonces por Joaquín Walker.
Entre las víctimas se encuentran talentosos jóvenes, como las (os) periodistas Diana Arón y Eduardo Jara, la cinematografista Carmen Bueno y su pareja, el documentalista Jorge Hernán Müller Silva –camarógrafo de la trilogía “La batalla de Chile”, de Patricio Guzmán–, el estudiante de ingeniería Allan Bruce, el profesor de inglés Alejandro Ávalos, el pedagogo y ex sacerdote Omar Venturelli y otras vidas truncadas.
El ex fiscal del ejército Alfonso Podlech, abogado y terrateniente anticomunista que envío a la muerte a Venturelli y a decenas de personas en la Araucanía-Temuco, estuvo preso en Italia desde 2006, juzgado por un tribunal que investiga el asesinato de éste y otros ciudadanos de origen italiano ultimados en Chile, Argentina y Uruguay, pero resultó “absuelto” en julio de 2011, aunque la Fiscalía italiana pidió cadena perpetua.
Cinco víctimas –Ismael Chávez, María Teresa Eltit, Ángel Guerrero, Samuel Lazo y Ernesto Ríos– estudiaban en el Departamento Universitario Obrero Campesino (DUOC), que nació en 1968, con la Reforma Universitaria y el primer rector laico de la PUC, Fernando Castillo Velasco (recientemente fallecido), para dar educación gratuita a hijos de obreros y campesinos, tal como otros programas de las universidades de Chile, Técnica del Estado y Federico Santa María dirigidos a trabajadores y alumnos pobres que recibieron formación en carreras técnicas de alto nivel. Al año de fundarse, el DUOC tenía 475 alumnos y siguió creciendo, pero hoy la educación debe pagarse.
Entre las víctimas figuran también Eugenio Ruiz Tagle-Orrego, ingeniero civil y militante del Mapu, pariente del ex presidente y actual senador demócrata cristiano Eduardo Frei R-T. Sus ideas políticas condujeron a todas las víctimas de la PUC a militar o simpatizar con los diferentes partidos y movimientos de la diversidad política que marcó la presidencia de Salvador Allende (1970-1973) y el ascenso de las luchas sociales en Chile en la década del 60.
Según el orden alfabético de sus apellidos, las víctimas cuya memoria recuerda ahora oficialmente la PUC son Diana Frida Arón Svigilsky, Alejandro Ávalos Davidson, Jenny del Carmen Barra Rosales, Leopoldo Raúl Benítez Herrera, Patricio Biedma Schadewaldet, Alan Roberto Bruce Catalán, Carmen Cecilia Bueno Cifuentes, Mauricio Jean Carrasco Valdivia, María Teresa Eltit Contreras, Ismael Darío Chávez Lobos, Ángel Gabriel Guerrero Carrillo, Ignacio Orlando González Espinoza, Luis Enrique González González, José Eduardo Jara Aravena, Juan Alberto Leiva Vargas, José Patricio del Carmen León Gálvez, Samuel del Tránsito Lazo Maldonado, Enrique López Olmedo, Víctor Eduardo Oliva Troncoso, Jaime Ignacio Ossa Galdámez, Ernesto Igor Ríos Céspedes, Alicia Viviana Ríos Crocco, Juan Carlos Rodríguez Araya, Eugenio Ruiz Tagle Orrego, Enrique Antonio Saavedra González, Jilberto Patricio Urbina Chamorro, Omar Roberto Venturelli Leonelli y Héctor Patricio Vergara Doxrud.
De las víctimas, 5 pertenecieron al Mapu, 2 al PC, 1 al partido Socialista, 18 al MIR y el resto no registran militancia específica, como Ernesto Ríos, de 18 años, muerto en 1986 de un balazo en el cráneo disparado desde un helicóptero mientras presenciaba una protesta popular en su domicilio. También hay tres extranjeros, como el sociólogo Enrique López Olmedo, nacido en España, y el arquitecto Patricio Biedma, oriundo de Buenos Aires, quien terminó sus estudios en la PUC y se quedó a vivir y trabajar en Chile, tras huir de la dictadura argentina de Juan Carlos Onganía. Su asesinato secreto, al igual que la desaparición de otras 118 personas, fue enmascarado por la Operación Colombo del Plan Cóndor, con el montaje periodístico de un falso enfrentamiento “en las pampas argentinas” en que murieron 119 supuestos refugiados izquierdistas chilenos.
La colosal mentira fue fabricada por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), con el coronel Manuel Contreras a la cabeza, y la Dirección Nacional de Comunicaciones (Dinaco), manejada por un tal Álvaro Puga (Alexis). Las mentiras fueron difundidas por todos los medios, en particular los diarios de las cadenas El Mercurio, La Tercera y otros, con la complicidad de algunos periodistas de la época. La Operación Colombo también es conocida como el caso de “Los 119”.
Otro episodio sesgó la vida del joven boliviano Enrique Saavedra, 18, quien jamás mostró ningún interés por la política. Sólo viajó a Chile para formarse como ingeniero comercial en la PUC, ya famosa por su adscripción a las teorías neoliberales de la universidad de Chicago. Alcanzó a aprobar el primer semestre en 1973 y con su primo Ramiro Carlos González enfrentaban la aventura de vivir solos en un hotel céntrico de la capital chilena. Cuatro días después del golpe del 11 de septiembre de 1973, salieron a caminar por las calles, a curiosear y comprar alimentos, tras el largo toque de queda impuesto por la junta. Jamás regresaron a su hotel. Nunca más se supo de ellos. Tampoco apareció cadáver alguno, ni hubo causa judicial. Pasaron al olvido como si nunca hubieran existido.
La fobia racista y xenófoba fue convertida en política de Estado por los militares, como pilar ideológico del golpe contra Allende, inspirada en la mentira de “defender la patria amenazada por el comunismo internacional”. Las falacias y montajes castrenses inventaron el Plan Zeta fabricado por la CIA (supuestas listas de derechistas que serian asesinados por el gobierno de Allende y sus partidarios), pregonaron el absurdo mito de un ejército secreto de 10.000 checoslovacos, húngaros, cubanos y toda clase de “comunistas” empeñados en dominar el país.
Cualquier latinoamericano era sospechoso de “tropical”, quienquiera que hablara de manera distinta al chileno, se convirtió en un peligroso “comunista cubano”, aunque fuera brasilero o centroamericano, y si era negro, peor. Desde la expansión territorial chilena conquistada en la llamada Guerra del Pacífico de 1879, bolivianos y peruanos siempre han padecido en Chile la xenofobia racista subyacente en la propaganda de la clase propietaria bicentenaria y de sus aparatos armados.
Empatía PUC-dictadura
La PUC, que se llama Pontificia porque pertenece al Vaticano, fue un importante soporte ideológico y teórico de los militares. La universidad jamás mostró interés en rescatar la memoria de estos 28 miembros de la casa de estudios, en contradicción con el innegable esfuerzo de 17 años de la jerarquía católica por “dar voz a quienes no la tienen” defendiendo los derechos humanos de las víctimas de la dictadura (1973-1990) a través de la Vicaría de la Solidaridad. La facultad de economía de la PUC motorizó las teorías político-económicas acuñadas por Milton Friedman en la Universidad de Chicago, que del debate académico pasaron a implantarse por la fuerza en Chile sobre una clase trabajadora incapaz de defenderse de la feroz represión castrense, en el primer experimento neoliberal de la historia contemporánea en todo el mundo.
Muchos académicos de la facultad de economía de la PUC se convirtieron en millonarios, ministros y altos cuadros del aparato económico-financiero del estado, que bajo la dictadura militar privatizó todas las empresas públicas, incluida la línea aérea LAN, que al cabo de los años terminó en manos de Sebastián Piñera. El mayor aporte teórico de esos ingenieros comerciales fue un pesado texto fundamentalista de teoría económica neoliberal apodado “El Ladrillo”, que se convirtió en el catecismo de la dictadura.
En el ámbito jurídico, el académico de derecha Jaime Guzmán, ideólogo del régimen militar, muy cercano a Pinochet y profesor de derecho de la Católica, fundador del movimiento de extrema derecha que todavía se hace llamar “gremialismo”, fue uno de los forjadores de la constitución impuesta por la dictadura en 1980, después de gobernar 7 años sin ninguna carta fundamental. Esta constitución sigue vigente en Chile gracias al maquillaje de sucesivas modificaciones que más bien legitimaron una carta que sólo refleja los intereses de los dueños del país y de la clase política a su servicio. Algunos profesores, como el abogado y ex senador UDI Carlos Bombal, incluso ayudaron a la DINA a capturar y torturar a sus entonces colegas y alumnos de ideología izquierdista.
“Son conocidos los casos del abogado Carlos Bombal, que ayudó a la DINA en la detención de Alejandro Ávalos Davidson, [de] Andrés Terrisse, quien habría participado en interrogatorios a detenidos de la Universidad Católica, y el de la enfermera egresada de esta casa de estudios María Eliana Bolumburú Taboada, que fue conocida en la DINA como la ‘Reina del Pentotal’ por ser quien lo inyectaba a los detenidos antes de ser subidos al helicóptero que los lanzaba al mar”, cita un párrafo del libro (pág. 24) “Una luz sobre la sombra…”
– El autor, Ernesto Carmona, es periodista y escritor chileno.