Posición de los Agricultores Orgánicos de la región del Bio Bio frente a la Ley de Obtentores vegetales

Opina : Guillermo Riveros Urzúa, Ingeniero Agrónomo y agricultor orgánico de Hierbas medicinales y berries en la provincia de Ñuble, Presidente de la Asociación gremial de agricultores Orgánicos de la Región del Bio Bio (B.B.O.A.G.)

Primera parte: sobre lo que pasa con la agricultura orgánica y agroecológica

1.       Odepa menciona que en la temporada 2011-2012 se certificaron en Chile un total de 111.218 hectáreas orgánicas  Las exportaciones de este sector están creciendo pero la consolidación del sector exportador de semillas transgénicas representa un peligro evidente para el desarrollo de este tipo de agricultura, que por definición no utiliza insumos químicos (agrotóxicos ni químicos sinteticos) ni semilla transgénica.  También afecta la exportación de semilla convencional.

2.       En  el artículo 1 del  mensaje de introducción a esta ley, se menciona  que este instrumento legal permitirá trabajar en la obtención de variedades orientadas al estrés hídrico, lo cual no se ha logrado en ningún país, a pesar de décadas de ensayos. Pero la transnacional Syngenta no necesitó de esta ley y ya está desarrollando este tipo de experimentos con maíz transgénico en el  valle de Azapa  Esos cultivos, sumados a los semilleros de exportación de maíz transgénico existentes en las regiones VI y VII  ya están poniendo en riesgo la integridad de las razas de maíz propias de este país y en general, de los cultivos convencionales de maíz.

3.       Es importante destacar – siendo ya conocidos por la inmensa mayoría de los agricultores de nuestro país, que Alemania rechazó recientemente una partida de maíz exportado desde Chile,  por estar contaminado con maíz transgénico NK603 (2/05/2013), que se exportaba como maíz convencional.

4.       No fue la primera vez que se presenta esta situación, esto también ocurrió en 2001, 2005, 2009, 2010, 2011.  Este tipo de incidentes impactan negativamente en las exportaciones agrícolas de Chile, y existe el peligro de que se comiencen a exigir certificaciones europeas, como ha sido el caso en la miel. ¿Qué pasa entonces con nuestra definición categorizada por el slogan “Chile potencia agroalimentaria y forestal” y la seguridad de nuestros alimentos.

5.       Cabe hacer notar que este proyecto de ley no ha sido discutido por los pueblos originarios de Chile, como dispone el Convenio 169.  El Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre el convenio UPOV 91 observó que corresponde al Congreso llevar adelante ese proceso, cuestión que no se ha cumplido hasta el momento, aunque muchas organizaciones indígenas ya se han pronunciado en contra. Citaremos entre otras, la Red de de Semillas Libres del WallMapu, de la zona de la Araucanía, y organizaciones aymara del norte.

Un análisis de todos los puntos anteriores y resumiendo lo expuesto, indica que, este proyecto de ley apunta a fortalecer un sector productivo de tipo monopólico y altamente contaminante porque utiliza agrotóxicos y semillas transgénicas, en desmedro de los productores orgánicos, agroecológicos y convencionales, y en detrimento del patrimonio genético de Chile y particularmente de sus comunidades campesinas e indígenas. No se escapa ningún componente social de este drama. Esta ley operará teniendo como elemento auxiliar el mercado y las instituciones del agro, que con su accionar, es decir,  promocionando “que semillas colocan en los suelos” en las temporadas de siembra,  aseguran en la práctica el desplazamiento de las semillas campesinas y locales y su reemplazo por las alternativas certificadas, ya sea híbridas o transgénicas para la Exportación.

Segunda Parte

1.       Chile no cuenta aún con una Ley de Biodiversidad.  Aunque signatario del Convenio de Biodiversidad, es uno de los dos países latinoamericanos que no ha ratificado el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad de la Tecnología, y tampoco ha ratificado  el Protocolo Suplementario de Nagoya (2010) sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios Derivados. Para  Chile,  No ratificarlo es grave porque el proyecto que analizamos, aumenta las facilidades para el ejercicio de la biopiratería.

2.       Un caso muy importante para los pueblos originarios y comunidades campesinas dice relación con las Plantas medicinales y aromáticas en nuestro Chile. Cualquier planta medicinal y/o de uso tradicional por comunidades campesinas e indígenas, podría ser registrada fácilmente por un obtentor si no es  comercialmente conocida, o no está inscrita en un registro oficial y  se  le introduce un cambio cosmético. Posteriormente el dueño del registro podrá  impedir el uso de esa planta medicinal por la comunidad, alegando que es una variedad derivada esencialmente de la anterior o que no  es claramente distinta de la que él ha manipulado (artículos 5, 6 y 7).

3.        Es curioso y muy  llamativo que en el registro actual del SAG no figuren las plantas medicinales, lo cual explicaría el lobby empresarial para cambiar la ley e incluir también este tipo de especies, junto a otros aspectos que aseguran una mayor renta para este negocio que ya es una próspera realidad. La extensión de la duración del registro, de 15 a 20 y 25 años, y la prohibición de la guarda e intercambio de semillas (artículos 48 y 49), así como la facultad entregada al obtentor para perseguir judicialmente el uso indebido de las semillas registradas (Art. 48), sólo persiguen aumentar las ganancias de las empresas citadas y asegurar la expansión de los monocultivos a costa de la pequeña agricultura familiar campesina.

4.       Chile  tampoco ha firmado un segundo Protocolo Suplementario al Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad de la Tecnología, llamado Protocolo de Nagoya / Kuala Lampur , sobre Responsabilidad y Compensación, cuyo objetivo es “contribuir a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, proporcionando normas y procedimientos internacionales en la esfera de la responsabilidad y compensación en relación con los organismos vivos modificados”.

5.       Un examen del registro permite afirmar que los obtentores son en su gran mayoría empresas extranjeras. Es así como del total de 141 variedades protegidas de especies agrícolas, Semillas SZ (de varias empresas holandesas)  ha registrado 27 variedades. Monsanto ha registrado 22,  en tanto que ANASAC detenta 14 registros para empresas propietarias también extranjeras, de Nueva Zelanda, Francia, y Australia.  Monsanto obtiene royalties por distintos tipos de arvejas, cebollas, cilantro, frejol, lechuga, melón, pepino y tomate. Las variedades de ANASAC son para forraje: ballicas, pastos y tréboles, más trigo harinero. Semillas SZ por su parte ha registrado 22 variedades de papas.

6.       La transnacional Bayer tiene 6 obtenciones de alcachofa, a través de la semillera Nunhems.Junto a Monsanto forma parte de ANPROS, la Asociación Nacional de Productores de Semillas que ha desarrollado un intenso lobby a nivel parlamentario y de la prensa a favor de este proyecto de ley, desde hace meses.

7.       Los obtentores chilenos se concentran en el rubro agrícola, siendo el ex presidente de ANPROS  Erick von Baer, cuya empresa sigue siendo miembro de la directiva de los semilleros, quien registra el mayor número de variedades: de cebada, avena, quinoa, entre otros. El INIA y Fundación Chile son las únicas entidades públicas que figuran en el registro actual, el primero con apenas 10 obtenciones, y Fundación Chile con  Agric. Panam Seed Service detenta 7 variedades de maíz, Alliance Semillas tiene 2 de frejol y Anasac una de trébol rosado.

8.       En el rubro de las especies ornamentales no hay obtentores chilenos. De las 99 variedades registradas, 93 lo son por Holanda. Entre ellas está la alstroemeria, obtenida a partir de una especie nativa chilena, sin que ello signifique para el país ningún tipo de royalty.

9.       En frutales, que concentra el mayor número de variedades (461) hay sólo 23 variedades en manos de empresas o entidades chilenas.   Casi la mitad de las 461 inscripciones están registradas por empresas y universidades norteamericanas.

Tercera parte: Algunas conclusiones

1.       En concreto,  de acuerdo a nuestra organización Gremial : Bio Bio Orgánico, es importante destacar que este proyecto de ley contradice las nuevas políticas de la FAO que  declara al  2014 como el “Año de la Agricultura Familiar Campesina” y que está impulsando en América Latina y el mundo, iniciativas de respuesta al problema del hambre y a los desafíos planteados por el cambio climático a realizarse con comunidades de la agricultura familiar. Insistimos también en señalar lo llamativo que es, que en  el registro actual del SAG no figuren las plantas medicinales, lo cual explicaría el lobby empresarial para cambiar la ley e incluir también este tipo de especies, junto a otros aspectos que aseguran una mayor renta para este negocio que ya es una próspera realidad.

2.       La extensión de la duración del registro, de 15 a 20 y 25 años, y la prohibición de la guarda e intercambio de semillas (artículos 48 y 49), así como la facultad entregada al obtentor para perseguir judicialmente el uso indebido de las semillas registradas (Art. 48), sólo persiguen aumentar las ganancias de las empresas citadas y asegurar la expansión de los monocultivos a costa de la pequeña agricultura familiar campesina.

3.       Este proyecto de ley contradice las nuevas políticas de la FAO que a partir de la declaración de 2014 como “Año de la Agricultura Familiar Campesina” está impulsando en América Latina y el mundo, iniciativas de respuesta al problema del hambre y a los desafíos planteados por el cambio climático a realizarse con comunidades de la agricultura familiar.

4.       Este proyecto beneficia fundamentalmente a los obtentores de semillas híbridas y transgénicas, un negocio cuyas reglas han sido abordado por el Congreso en un paquete de tres leyes relacionadas entre sí: el convenio UPOV 91, ya aprobado, la Ley de Obtentores, y la ley de Bioseguridad que de ser aprobada, sancionaría la expansión del negocio de los transgénicos hacia el mercado interno.

5.       Para nuestra organización Bio Bio orgánico, no es casual que sea ANPROS la principal agrupación gremial de las grandes empresas interesada en la aprobación de esta ley y de las otras dos. Su interés es asegurar mayores ganancias y garantías para ese sector, en desmedro de otras actividades agrícolas expuestas a la contaminación de sus productos por los cultivos transgénicos.  La  publicidad de ANPROS busca convencer al parlamento y a la sociedad de que el negocio de exportación de semilla es sumamente importante para la economía del país, en circunstancia que en realidad alcanza aproximadamente a los 400 millones de dólares anuales, una cifra muy menor en relación a las exportaciones totales del sector silvoagropecuario, que en 2012, alcanzaron a los US$12.315  miles de millones (ODEPA, Panorama 2012). ANPROS ha expuesto en la Comisión de Agricultura a favor  del convenio UPOV 91, y ha estado en dos oportunidades  presionando por la aprobación de la ley de obtentores. Las tres leyes mencionadas favorecen al mismo sector ya mencionado y su efecto a largo plazo impactará negativamente en el sector agroexportador que hoy día tiene una importancia central en el país.

Cuarta parte: Llamado a los parlamentarios

Coincidimos y hacemos nuestros los planteamiento emanados de la  Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas.  Como organización de agricultores Orgánicos y agroecológicos de la región del Bio Bio, consideramos que:

1.       esta ley debe ser rechazada, porque  los intereses de los obtentores vegetales ya están suficientemente protegidos por la actual Ley de Semillas, Nº 19.234.

2.       Llamamos a  todos los  parlamentarios y miembros de la Comisión de Agricultura del Senado, a discutir y aprobar leyes a favor de la biodiversidad, la agroecología y la agricultura sustentable, y a impulsar la ratificación de convenios como los protocolos ya citados, emanados de Naciones Unidas, con el objetivo de proteger la biodiversidad y el valioso patrimonio genético del país.

3.       Asegurar el derecho de los campesinos e indígenas a contar con semillas tradicionales, libres de patentes, transgénicos y plaguicidas,  y a producir nuestros alimentos en forma sana y segura, con métodos agroecológicos. Nuestra propuesta es crear un banco de semillas a través del INIA que preserve este derecho  y sea protegido por Ley de la república, única forma de asegurar en parte nuestra soberanía alimentaria.

Por todo esto, y porque la ofensiva de Monsanto – Von Baer nos lleva a que la ley de Obtentores vegetales tenga un gran respaldo en la Sala del senado, los invitamos a movilizarnos a la Plaza de Armas de la Ciudad de Chillán el día 17 de Agosto de 2013 a las 11 de la mañana a decir NO a las transnacionales y su juego privatizador.

Nota: Puede reproducirse el material y difundirlo.

Más información: www.biobioorganico.cl,

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