Alarma ciudadana por aprobación en el senado de la ley de concesiones eléctricas 

Publicado el 04 Julio 2013

El Consejo de Defensa de la Patagonia catalogó como “Una pésima señal a los derechos de la ciudadanía y otros sectores productivos” la aprobación en el Senado de la Ley de Concesiones Eléctricas en segundo trámite legislativo. A pesar de los férreos cuestionamientos de los senadores Alejandro Navarro (MAS), Antonio Horvath (RN), José Antonio Gómez (PRSD), Juan Pablo Letelier (PS), Jaime Quintana (PPD), Guido Girardi (PPD) y Pedro Muñoz (PS), sobre la brutal restricción de garantías ciudadanas que comprende el cuerpo legal, éste pasó a tercer trámite y su articulado deberá revisarse la próxima semana en la Cámara de Diputados.

En tal sentido, la directora de Fundación Terram, Flavia Liberona, insistió en que “esta Ley de Concesiones garantiza mayores derechos a las empresas eléctricas que a los afectados, incluidos pueblos originarios, violando con ello el Convenio 169 OIT suscrito por Chile”. “La unión de senadores UDI, DC y algunos de RN permitió que la consulta a pueblos indígenas se realice previo a la construcción de obras eléctricas, no previo a la entrega de la concesión como se evitaría vulnerar los derechos indígenas” cuestionó Liberona, recordando que la ley de concesiones vigente es del año 1982, o sea de la época de Pinochet y sin embargo garantiza mayores derechos a las personas que la que acaba de aprobar la alianza DC-UDI.

A pesar del sombrío panorama, ahora serán los Diputados quienes volverán a revisar los artículos críticos vistos en el Senado.

La directora ejecutiva de Chile Sustentable, Sara Larraín, explicó que la ciudadanía está y estará atenta a la votación de los parlamentarios, y ello incidirá en las preferencias sobre sus representantes en las elecciones de noviembre próximo. “No da lo mismo elegir entre quienes han defendido los derechos de la gente y el medio ambiente, o entre los que han votado persistentemente apoyando su debilitamiento para dar privilegios a las empresas eléctricas, situando las derechos de proyectos como Hidroaysén por sobre los que establece la Constitución y las leyes afirmó Larraín”.

Con la aprobación en el Senado, se estrecha la posibilidad de modificar el texto legal en temas como los demandados por el CDP, tal como es establecer un plazo definido para las concesiones y que no sean a perpetuidad como en la ley vigente. Probablemente la próxima semana la Cámara de Diputados deberá revisar nuevamente el texto legal, pero solo sobre los cambios introducidos en el Senado, en relación al acuerdo UDI-DC para asegurar una consulta indígena previa a la entrega de la concesión; que se respete la Convención de Washington sobre flora, fauna y bellezas escénicas, y que se obligue a buscar trazados alternativos para proteger este patrimonio; junto con que las empresas eléctricas no tengan privilegios por sobre la ciudadanía y otros sectores económicos, y que se garantice la igualdad ante la ley de de todas las personas y empresas afectadas.

Finalmente, el CDP lamentó que quienes promovieron el acuerdo parlamentario UDI-DC para tramitar esta Ley, justifiquen su actuar basados en que existe una crisis en el sistema transmisión que afecta a nuestro país, el cual pertenece al sector privado que lucra con ello. Estos parlamentarios claramente han demostrado su disposición a conculcar derechos ciudadanos para favorecer a las eléctricas, en vez de identificar los problemas puntuales y buscar soluciones a ellos. Más aun cuando el debate eléctrico ya tiene larga data en el país y hay diversos sectores que han levantado propuestas concretas para dar una discusión de fondo sobre el modelo eléctrico y avanzar en temas como generación distribuida, incorporación de las fuentes renovables, eficiencia y ahorro energético, regulación de las termoeléctricas entre otros, además de diversificación de actores en la matriz eléctrica. La aprobación de la Ley de Concesiones en el Senado transparenta el actuar parlamentario y pone en evidencia a quienes verdaderamente están defendiendo son los intereses privados de empresas que hoy monopolizan la generación y distribución.

*Fuente: El Clarin