Ha llegado la hora de hacer frente a la farsa electoral y sólo concentrarse en la posibilidad de convocar al país a la lucha frontal por una Asamblea Constituyente. De esta forma, las opciones están radicadas entre quienes quieran permanecer como súbditos del régimen heredado por la Dictadura versus los ciudadanos conscientes y libres que manifiesten desdén por el orden actual y se propongan, como en los grandes capítulos de nuestra historia republicana, construir cambio democrático en las calles y con sus propias organizaciones.
Después de 23 años, parece muy improbable que la Constitución Política del país y el sistema electoral puedan ser sustituidos o reformados drásticamente a fin de consolidar una institucionalidad genuinamente democrática. Más allá de algunas intenciones, lo cierto es que los sucesivos gobiernos y parlamentos no han provocado avance alguno en este sentido, salvo algunos retoques concordados por los partidos políticos que más bien han venido a sacralizar el régimen autoritario y excluyente impuesto por la Dictadura Militar. Tampoco en nuestras relaciones económicas y laborales se aprecian reformas sustantivas, como que después de tanto tiempo continuemos asignados como uno de los países más desiguales de la Tierra y con niveles de sindicalización que acaso superan el 10 por ciento de nuestra fuerza laboral.
De esta manera, las Fuerzas Armadas en los hechos siguen consolidadas como un gran poder fáctico dotado de ingentes recursos y favorecidos con una cantidad de privilegios inconcebibles en cualquier sistema que se repute republicano. A vista y paciencia de los habitantes de Viña del Mar y las cámaras de una turista, las manifestación xenofóbica de un contingente de la Armada es una expresión de lo despreciables que resultan para nuestras instituciones castrenses los objetivos de paz e integración con nuestros países vecinos. Asimismo, se asume hasta por los propios políticos el descarado tráfico de influencias influencia que ejercen algunos grupos empresariales en la discusión de las leyes y el financiamiento de las contiendas electorales, lo que ha tenido como resultado la imposibilidad de aprobar una reforma tributaria que efectivamente acorte la brecha de la inequidad social y obligue a las grandes transnacionales afincadas, especialmente, en la minería a pagar un royalty decente por vaciar nuestros yacimientos.
Para colmo, el país vive atónito con los sucesos de corrupción que afectan la credibilidad de nuestros gobernantes y legisladores y que tiene como capítulo más reciente la escandalosa decisión del titular del Servicio de Impuestos de condonar las deudas tributarias de un poderoso consorcio privado, mientras que a los contribuyentes comunes y corrientes se les descarga “todo el peso de la Ley” a la hora de evadir o eludir sus compromisos con el fisco.
De esta forma es que una vez más el país es convocador a las urnas para integrar las cámaras legislativas y darse un nuevo gobierno en que lo más probable es que el duopolio que controla la política mantenga su poder en el Parlamento, cuanto reponga o consolide en La Moneda a quienes ya tuvieron la oportunidad de cambiar las cosas y cumplir con la promesa democrática que sigue demandando el pueblo en las calles, en las redes sociales y hasta en los Tribunales de Justicia. Único poder del estado que ha enfrentado cambios de actitud de sus magistrados, pese a la existencia vergonzante de una Ley Antiterrorista cuya aplicación es desestimada por los propios tribunales por oponerse al debido proceso y contemplar sanciones completamente absurdas para el derecho internacional y el sentido común. Al respecto, cómo no destacar los reiterados reveses de las autoridades frente a sus bullados montajes jurídico policiales que resultan con la absolución total de los imputados.
Una vez más, lo previsible es que retengan sus curules parlamentarios los mismos que se han cebado allí con una millonaria dieta y colaborar muy excepcionalmente a ciertas reformas. Diputados y senadores que ya ni sus partidos tienen el poder de reemplazarlos, pese a que varios de éstos de han “repetido el plato” por más de dos o tres períodos y otros han superado los 70 o los 80 años de edad. Aunque ahora realicen algunas elecciones primarias, no escapa a la conciencia ciudadana que estos procesos resultan una completa impostura y son completamente manipulados con el caciquismo local, la propaganda millonaria y el arreglo cupular a la hora de confeccionar las listas. El recambio de unos por otros radica más bien en el retiro voluntario o el fallecimiento de algunos de estos personajes, no sin antes asegurarse su reemplazo por un hijo u otro pariente o por algún miembro de la cúpula política que quiera emigrar de un poder del estado a otro, o se haya jubilado en una embajada u organismo internacional. En este sentido, es común observar cómo los elefantes de la farándula política buscan morir al Senado de la República, cuando no prefieren alguna legación diplomática que les permita recibir un buen estipendio sin trabajar demasiado.
La promesa electoral de los nuevos candidatos al Parlamento es que – ahora si – se podría alcanzar una mayoría legislativa que permitiera terminar con el sistema binominal e, incluso, conformar una Asamblea Constituyente o algo similar que nos conduzca a una nueva Carta Fundamental. Una completa falacia, por supuesto, desmentida por más de cinco elecciones y por las mismas normas del sistema. Cuyas trampas radican, como sabemos, en la imposibilidad de alcanzar los quorum necesarios para cambiar la Ley y acabar con las exclusiones precisamente concebidas por quienes nos heredaron este sistema acotado. Lo que explica, entre otras cosas, que buena parte de los llamados “hijos de Pinochet” sigan posicionados en los principales cargos del gabinete presidencial , como que los que negociaron con ellos la posdictadura se hayan convertido en senadores y diputados vitalicios, aunque avalados por consultas electorales espurias y que en los últimos años no concitan la participación mayoritaria de los ciudadanos. Tanto así, que los alcaldes y concejales acaban de ser ratificados en sus cargos con más de un 60 por ciento de abstención.
Lo increíble es que desde la autodenominada izquierda, en especial de los sectores extraparlamentarios, haya quienes postulen ingenuamente la posibilidad de resultar elegidos bajo el estricto imperio del sistema binominal. Que realicen, también, toda suerte de conciliábulos, para reunir firmas, estructurar listas y consolidar cuoteos todavía más insensatos que los que ostentan los actuales cargos, manejan las millonarias cajas electorales y controlan los grandes medios de comunicación tan adictos al régimen que se ha dado en llamar de “democracia protegida”… justamente para que nadie ose alterar los índices de la macropolítica y la macroeconomía.
Más bien, pareciera que ya ha llegado la hora de hacer frente a la farsa electoral y manifestar consecuencia con todo lo que se ha planteado absteniéndose de participar en las elecciones parlamentarias. Para sólo concentrarse en la posibilidad de convocar al país a la lucha frontal por una Asamblea Constituyente. Declarando, desde ya y con resolución, la ilegitimidad de quienes vuelvan a ser elegidos bajo un sistema que se reitera rígido e inexpugnable, que sólo parece posible de desbaratar por la movilización social.
De esta forma, las opciones están radicadas entre quienes quieran permanecer como súbditos del régimen heredado por la Dictadura y sacralizado por sus sucesores en el Gobierno y el Parlamento, versus los ciudadanos conscientes y libres que manifiesten desdén por el orden actual y se propongan, como en los grandes capítulos de nuestra historia republicana, construir cambio democrático en las calles y sus propias organizaciones. Una vez que nuestra institucionalidad y sistema de partidos se han demostrado anquilosados y corruptos.
*Fuente: Radio de la U de Chile
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