Abuso sexual infantil: delito de lesa humanidad y muerte civil asociada

Los acontecimientos sucedidos en los últimos días, en relación a una red de abuso y comercio sexual  infantil en Santiago de Chile, ha dejado al descubierto la bajeza y la perversión humana en su lado más oscuro de su naturaleza biopsicosocial.

¿Señal de una sociedad chilena moralmente decadente?… ¿señal de una moral sexual castrante, reprimida y distorsionada?… ¿señal de una sexualidad machista, permisiva, liberal y mercantilista?… ¿una de ellas o todas juntas?

Lo cierto, es que una vez más se vulnera sistemáticamente uno de los preceptos fundamentales de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948): “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” (artículo 5).

Por otra, Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989) agrega: “Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño/a contra todas las formas de explotación y abusos sexuales…se tomarán todas la medidas necesarias para impedir la incitación o coacción para que un niño/a se dedique a cualquier actividad sexual ilegal; la explotación del niño/a en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; la explotación del niño/a en espectáculos o materiales pornográficos” (Artículo 34)

Ahora le corresponde a la justicia conocer los testimonios y pruebas, ejecutar sentencias y emitir sanciones, de acuerdo a los compromisos internacionales adquiridos y a las leyes penales vigentes. Es de esperar que se haga justicia, nos sólo para reivindicar y restituir a las víctimas y sus familias, sino también para dejar precedente de que este tipo de delitos son inaceptables, son injustificables, son reprochables y condenables desde todo punto de vista. No hay consideración ni términos medios. El daño producido es tan grotesco y escandaloso que no merecen consideraciones de ningún tipo, caiga quien caiga.

En términos éticos y sociales -con los antecedentes y principios arriba descritos- se  puede considerar estas acciones criminales como un delito de lesa humanidad, ya que en rigor se estaría vulnerando, dañando y ofendiendo no sólo a unas cuantas niñas y adolescentes involucradas, sino a todo un grupo social. Es decir, si lo haces contra esas niñas menores de edad, estás ultrajando y lastimando la dignidad del grupo generacional de niñas y adolescentes de nuestra sociedad. Es una ofensa para tu hija, mi hija; para tu nieta y mi nieta. Es una ofensa y humillación a cada niña y adolescente que cada día hace el esfuerzo por estudiar y vivir dignamente. Es una ofensa y ultraje al género femenino en todos sus sentidos. Es un delito que ofende la pobreza y dignidad de nuestras familias.

En el caso de la red de abuso y comercio sexual infantil, súmese el poder económico y status social de los adultos involucrados que ha servido como instrumento para seducir, persuadir y manipular las conciencias y situación de pobreza de las víctimas. Agréguese y súmese el tráfico de drogas y el porte de armas por demostrar. En resumen, se ha desbaratado una auténtica red de asociación ilícita, una de las más grandes descubiertas en el país. Una vergüenza pública.

Pero, además de constituirse como delito de lesa humanidad, estas acciones en sí constituyen una muerte civil asociada. Una vez más, cada acto o actitud que violente y denigre la convivencia social conlleva implícitamente consecuencias posteriores. Todo delito, todo crimen contra los derechos humanos deben ser públicamente censurados y sancionados con todo el rigor de la ley, por tanto, los agresores/as –imputados/as por ahora- deben asumir las responsabilidades penales correspondientes y aceptar los costos sociales de repudio y malestar generalizado.

Considerar que en todo abuso sexual infantil hay una relación de poder adultista desigual, asimétrico, premeditado y desproporcionado; en todo abuso sexual infantil el adulto agresor interfiere perversamente en el proceso evolutivo biopsicosocial de las víctimas, dejando impreso a su paso secuelas traumáticas de profundas y de imprevisibles consecuencias personales; en todo abuso sexual infantil hay perfiles de pedófilos, pederastas y proxenetas que están cerebralmente dañados e incapacitados de tener relaciones sexuales normales. El deseo sexual no se realiza entre iguales y con consentimientos mutuos, sino que buscan el foco del placer morboso en menores de edad, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad y en desventaja psicosocial. En esto último, los psiquiatras y psicólogos especializados pueden describir con mayor precisión este tipo de parafilia.

A partir de este ingrato y doloroso acontecimiento, nos queda un gran y mayúsculo desafío por realizar: contribuir y restituir la dignidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro país a través de una nueva Constitución Política del Estado de Chile, donde el tema generacional –de niños, niñas, adolescentes y jóvenes- adquiera el rango de categoría constitucional. Es decir, que explícitamente se les reconozcan sus derechos y deberes; sus especificidades generacionales y sus procesos evolutivos en desarrollo. Pero sobre todo, reconocerles su categoría de sujetos de derechos como verdaderos y auténticos sujetos sociales, políticos y económicos del acontecer comunitario, local, regional y nacional. Ahora, es la sociedad civil organizada la que tiene que plantear este cambio. Cada generación tiene sus propios desafíos, la nuestra es protegerla, reivindicarla y dignificarla.

– El autor de este Artículo es Diplomado en Derechos del Niño y Políticas Sociales para la Infancia-Adolescencia. En la actualidad es Técnico en Prevención y realiza labores de desarrollo social y comunitario en Iquique.