No hay remedio

Domingo 5 de febrero 2012
Si en Chile tuviéramos una genuina democracia, las autoridades habrían reaccionado severamente en contra de la delictiva colusión llevada a cabo por las tres grandes cadenas de farmacias a objeto de elevar los precios de, al menos, 206 medicamentos. Se habrían hecho eco de la indignación nacional por éstas y otras estafas concertadas sistemáticamente contra los consumidores y deudores por las grandes empresas de ese largo listado integrado por La Polar y otras multitiendas, productoras avícolas,  instituciones financieras que han atentado y siguen burlando la “libre competencia” tan vociferada por los activistas y exégetas del sistema económico social que nos rige. Lo único que tenemos, a los sumo, son los buenos deseos de unos cuantos ingenuos o hipócritas políticos que hacen votos porque estas irregularidades sean sancionadas por la Justicia, en larguísimos procesos que ya se sabe concluyen en muy discretas multas a los infractores. Que en nada, por supuesto, se condicen con las multimillonarias utilidades obtenidas por este tipo de infractores.

De acuerdo a una de las leyes sancionadas en el Congreso durante el propio gobierno de Ricardo Lagos, los ejecutivos de estas empresas fueron librados de la posibilidad de cumplir penas de cárcel por sus despropósitos. A lo más podrían arriesgar otras cuantas multas, pero que en ningún caso afectarán el frondoso patrimonio que estos “emprendedores” han logrado acumular durante los años de Dictadura y post dictadura. Seguramente que a fin de estimular la inversión privada, el conjunto de la clase política agregó al capital foráneo y nacional esta nueva prebenda, además de las exenciones tributarias y a las leyes del gallinero que rigen todavía las relaciones entre empresarios y trabajadores en nuestro país.

Si en Chile tuviéramos una justicia efectiva, nunca nuestro pomposo Tribunal de la Libre Competencia habría negociado con sólo una de las cadenas de farmacias para obtener su autoinculpación a cambio de una multa ridícula, en una resolución que claramente hacer dudar de la probidad de los jueces y del fiscal económico que realizaron tal faena. Al menos debiera abrirse un proceso que investigue si Farmacias Ahumada pagó soborno a esos magistrados para comprar apenas por un millón de dólares su impunidad. También habría que indagar porqué el mismo Fiscal Enrique Vergara dejó sin acusar a ese conjunto de laboratorios que proveía las farmacias y cuyos ejecutivos, como se ha dicho, estuvieron totalmente al corriente de esta monstruosa colusión.

Si existiera en nuestro país un régimen de soberanía popular, los representantes del pueblo habrían decretado la intervención del estado para controlar, al menos, los precios de los medicamentos fundamentales que son justamente los que llegaron a incrementar su venta al público hasta en un dos mil por ciento. Por el contrario, lo que escuchamos de los voceros gubernamentales es que sería fatal intervenir políticamente en este asunto, repitiendo majaderamente aquello de que “el Estado es un mal administrador”. Una sentencia que cada vez se hace más absurda con este largo prontuario de desfalcos, usuras y otros que envuelve la actividad privada. Como también a las empresas públicas que caen en manos del cuoteo político y que, ahora bajo este Gobierno, les han sido confiadas a los ejecutivos de los grandes consorcios mineros. Gerentes que, por ejemplo, aterrizados en Codelco en un curioso deseo de “servicio público“ que en realidad ya toma los perfiles de una comisión de servicio en el ánimo de producir su descalabro y facilitar su próxima privatización. Algo muy similar a lo que ocurrió durante el pinochetismo, en que un puñado de “hombres de confianza” del Tirano vendió a vil precio las empresas de todos los chilenos para terminar enseguida instalados en los directorios y gerencias de Endesa, las sanitarias y otras que finalmente terminaron revendidas por estos mismos personajes a inversionistas extranjeros. O lo que ocurrió hace algunos años en que el Presidente del Banco del Estado respaldó un millonario empréstito a un poderoso empresario para comprar con crédito del fisco otro banco de la plaza en el que después instalara en su directorio al intermediador fiscal señalado. Es decir, el dirigente socialista Jaime Estévez, que devino de radical exiliado a uno de los conspicuos representantes de las patronales chilenas.

La colusión, las prácticas monopólicas y los abusos de precios que a diario éstas y otras empresas cometen sin tregua contra los chilenos de reducidos ingresos –y que tanto afectan también a pequeños y medianos empresarios- serían imposibles con dirigentes sindicales y organizaciones laborales dignas y poderosas, condición fundamental de una sana democracia. Las buenas acciones del Servicio Nacional del Consumidor caen en el vacío con la corrupción que afecta a la Central Unitaria de Trabajadores y otras organizaciones que ya son pura denominación y cúpulas perpetuadas en sus cargos gracias a la complicidad de los partidos políticos y las erogaciones que desde los gobiernos de turno les hacen para “convencerlos” de sus impresentables políticas salariales y perpetuar el modelo de inequidad. Una estrategia de “desarrollo” que constituye a nuestro país en paradigma mundial de cómo es posible crecer sin repartir, así como ir concentrando la riqueza en un grupo cada vez más acotado socialmente. Lo que explica que nuestra población ya no pueda estamentarse en quintiles o deciles, y los cientistas políticos sugieran la necesidad de repartirnos ahora en veintiles, en razón de que los realmente ricos no exceden jamás el 5 por ciento de la población

Si viviéramos una democracia que garantizara la libertad de expresión y la diversidad informativa, se haría inexplicable que estos escándalos fueran consignados inicialmente por los grandes medios de comunicación para luego desaparecer de sus páginas o noticiarios de la televisión y radios. Como ocurre normalmente con los diarios del duopolio de la prensa escrita, los canales uniformados y las radios crecientemente concentradas en las mismas manos empresariales que delinquen y compran la resoluciones de los legisladores. A propósito de esto, cómo no destacar que un propio diputado y el Ministro de Salud hayan atestiguado el desfachatado tráfico de influencias o lobby realizado en estos días por las industrias tabacaleras para oponerse a una ley que limita el consumo de cigarrillos. Como ocurre habitualmente, los grandes medios destapan el escándalo y luego lo ocultan al abrigo de los millonarios contratos publicitarios que rápidamente cierran con las empresas cuestionadas. Felizmente el internet, las redes sociales y un puñado de medios libres pueden contrarrestar en parte estas graves transgresiones a la ética profesional cometidas por patrones, editores y periodistas adláteres. Aunque desde los Estados Unidos y los poderosos  intereses transnacionales ya se urden severas restricciones a este revolucionario y democrático invento que logra que muchas verdades sobrepasen el umbral de las censuras nacionales  y universales.

El cualquier democracia, la protesta por estos abusos tendría encendidas las calles y pueblos, así como cercado a los delincuentes de cuello y corbata. Siempre protegidos por las leyes del más fuerte y un estado de derecho inexistente que, por lo mismo, indica que las enfermedades de nuestra sociedad no tienen remedio dentro de los causes de la Constitución pinochetista, sus instituciones y lo revenidos referentes políticos de esta cuatro décadas de grave interdicción ciudadana.

*Radio U de Chile