El pasado domingo intenté exponer dos hipótesis que hoy retomaré en breves líneas para desarrollar otros aspectos del tema. En momentos de debate (pospuesto) de los proyectos de las leyes SOPA y PIPA, el FBI las aplicó de facto como si ya existieran, mediante el cierre del sitio Megaupload y el encarcelamiento de sus dueños y directivos (en Nueva Zelanda) en una extensión de lo que EEUU viene haciendo en el mundo con su política diplomática y bélica: violar las leyes nacionales e internacionales y sembrar el terror para luego intentar naturalizar ese estado de cosas y doblegar toda posible resistencia. En este caso, se trata de la ofensiva más importante contra Internet, la privacidad y la libertad de expresión (en su breve historia masiva) que compromete seriamente, en caso de institucionalizarse o bien aplicarse violentamente, el futuro de nuestra relación con la producción y consumo del conocimiento, la cultura, la información y la interacción comunicativa.
La embestida supera ampliamente los intereses inmediatos de alguna gran corporación o un conjunto de ellas, centrándose en limitar la autonomía y capacidad de organización e información libre de la sociedad civil. El año que pasó resultó fuertemente contradictorio en materia de prácticas para la libertad de expresión. En primer lugar en términos expansivos, porque Internet fue un factor nutriente de las protestas y movilizaciones que se iniciaron en el mundo árabe y que luego se extendieron a EEUU y Europa, con los “indignados” en España, los “riots” de Londres o el movimiento Occupy Wall Street. También lo fue el apoyo de Anonymous a estos movimientos y en contra de las represiones, así como la repercusión y solidaridad surgida en redes sociales como Twitter y Facebook. Pero en segundo lugar, y en contraposición a lo antedicho, advertimos ataques furiosos como el que se desarrolló contra Wikileaks con la colaboración directa de empresas de crédito y pago (Visa, Paypal, etc.) para complementar la asfixia en el plano de la economía real. Todos los movimientos de lucha y protesta hicieron uso de alguna manera de las herramientas de comunicación e información digital que ofrece Internet para nutrir sus experiencias y darles visibilidad y eficacia. Es esta forma de poder popular autónomo y avance en la transparencia el verdadero centro de la ofensiva. Para los proyectos de ley, la cuestión específica de la propiedad intelectual es sólo una excusa o un aspecto secundario. Lo esencial que los proyectos consagran es la anomia, es decir, la inexistencia de toda ley y garantías. Cierto es que transforma la violación de los derechos de propiedad intelectual en un delito grave y crea un sistema que inhabilita a todos aquellos sitios que supuestamente los violen o permitan su violación. Pero lo significativo es que lo que permitirían estas leyes es nada menos que la prescindencia del propio aparato judicial, al menos tal como fue concebido por su principal creador y propulsor, el congresista de Texas Lamar Smith.
Simplemente se creará un sistema burocrático de recepción de denuncias que, sin la necesidad de un juicio o investigación, implicará el bloqueo de los dominios por parte del proveedor de servicios de Internet, en los 5 días sucesivos a la denuncia. Tal bloqueo implica la pérdida de la dirección tal como la usamos alfanuméricamente aunque en realidad podría lograrse al principio su acceso mediante su numeración IP (la serie de 4 números separados por puntos) cuya memorización es casi imposible. Pero para impedir inclusive esta última engorrosa opción, también están comprometidas a aplicar las restricciones las empresas de hosting, las que alojan a los sitios, con sólo recibir una notificación de SOPA. Para hacer más apremiante la confiscación prevé además que si el sitio ha pagado por publicidad en otra página, esta nueva dirección deberá remover cualquier invitación a entrar al sitio denunciado y que sus fondos queden congelados impidiéndole ingresos y pagos. Por último, cualquier enlace a una página denunciada, deberá ser borrado. Si esta norma no es ejecutada, la página que albergue este enlace corre el riesgo de ser denunciada y a su vez sufrir las mismas consecuencias que la denunciada en primera instancia. Esto último incluye obviamente a los buscadores como Google, Yahoo o Bing, que deberán eliminar los sitios denunciados de los resultados obtenidos haciéndolos, de este modo, directamente inaccesibles. Los productores de contenidos y, por añadidura, los consumidores (aunque cada vez más ocupamos ambos roles) estamos amenazados. Estemos violando o no el copyright.
El Comité judicial de la cámara de representantes de los EEUU, entre otras informaciones sobre SOPA, publica un listado con las 142 empresas y asociaciones que apoyan la iniciativa, que va variando día a día. Seguramente hayan muchos más que “hacen lobby” a favor sin necesariamente exponerse en un listado explícito. Una primera mirada confirma mi hipótesis de que la iniciativa excede a los productores de bienes informacionales (inclusive a los de software o entretenimiento) ya que también involucra a varias ramas de la producción capitalista concentrada en general, además de asociaciones con fines ceñidamente ideológicos. Transcribir la lista completa aburriría aún al más atento e interesado lector, que puede consultarla en: http://judiciary.house.gov. Pero bien puede hacerse una octotipología básica según los rubros, ejemplificándola con algunos casos muy elocuentes. Veamos:
1) Productoras de contenidos televisivos y musicales masivamente comerciales como American Federation of Musicians (AFM), American Federation of Television and Radio Artists (AFTRA), American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP), CBS, Disney Publishing Worldwide Inc, EMI Music Publishing, ESPN, Sony Music Entertainment, Time Warner, Universal Music Publishing Group, Warner Music Group, National Cable & Telecommunications Association (NCTA), Gospel Music Association, etc.
2) Editoriales como McGraw-Hill Education, Hachette Book Group, HarperCollins Publishers Worldwide Inc, The Perseus Books Groups, Penguin Group (USA), Inc., etc.
3) Empresas de crédito, pago y asociaciones de comercio: como MasterCard, Visa, United States Chamber of Commerce, International Trademark Association (INTA), etc.
4) Empresas de nombres de dominios como Godaddy.com, que tiene ella sola más de 50 millones de nombres de dominios.
5) Asociaciones de difusión ideológica como Concerned Women for America (que esencialmente se dedica a difundir valores bíblicos y tradiciones familiares) o Congressional Fire Services Institute. Es llamativa la proporción de asociaciones cristianas que, además de las citadas, incluye por ejemplo en el plano musical a la Christian Music Trade Association o la Church Music Publishers Association.
6) Asociaciones del aparato represivo y gubernamental como International Union of Police Associations, Major County Sheriffs, National Center for Victims of Crime, National Crime Justice Association, National Narcotics Offers Associations, Coalition National Sheriffs, Coalition Against Online Video Piracy, Copyright Alliance, etc.
7) Asociaciones y empresas productoras de bienes tradicionales como L’Oreal, Estée Lauder, Revlon, Tiffany & Co, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, Pfizer Inc, etc.
8) Asociaciones deportivas que ganan con derechos televisivos como Major League Baseball, National Football League, United States Tennis Association.
Probablemente a nadie le pase desapercibida la ausencia de adhesión de los grandes oligopolios del software. Sin embargos ellos están como punto de apoyo de la palanca del lobby a través de la Business Software Alliance (BSA) que integran entre otras Micro$oft, Apple, Adobe, Intel, Corel, McAfee o Symantec.
Los intereses que tocan las prácticas de la sociedad civil son poderosos y crecientemente organizados. Por ello a resistencia no puede ser débil ya que amenazan verdaderas conquistas civilizatorias. A la campaña de firmas y los boicots debemos exigir el acompañamiento de cada vez más creadores críticos. ¿Qué están pensando al respecto, por caso, Steven Spielberg o Michel Moore? SOPA arrasa hasta con el principio moderno que sintetizó Voltaire con su frase, “podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida por defender tu derecho a decirlo”, cualquiera sea, agrego, su relación con la propiedad intelectual.
En noviembre de 1840 un escritor cuyano con ideales civilizatorios cuyo modelo no comparto escribió con carbón, camino al exilio en una quebrada, la célebre frase del escritor francés Volney Fortuol “on ne tue point les idees”. Si entonces hubiera existido SOPA, Sarmiento jamás podría haber escrito en su libro “Recuerdos de Provincia”: “¡Bárbaros! Las ideas no se matan”.
– El autor es profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano. cafassi@sociales.uba.ar
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Donde este una buena paella que se quite la sopa.