Presos políticos mapuches cumplen 70 días en huelga de hambre

23 / 05 / 11
Cuatro presos políticos mapuches que cumplen condenas de entre 20 y 25 años completaron este lunes 70 días en huelga de hambre en la cárcel de Angol. Según relató a The Clinic Online Natividad Llanquileo, vocera del grupo, Hector Llaitul, José Huenuche, Jonathan Huillical y Ramón Llanquileo han perdido hasta 22 kilos de peso, buena parte de su masa muscular y están comenzando a presentar problemas cardiacos.

La huelga comenzó el 15 de marzo de este año para protestar contra la aplicación de la Ley Antiterrorista por la cual fueron procesados y condenados los cuatro comuneros por el ataque al fiscal Mario Elgueta ocurrido durante el 2008. Llanquileo se mostró preocupada por la decisión de Gendarmería de trasladar de vuelta a la cárcel de Angol a José Huenuche y Ramón Llanquileo, quienes la semana pasada debieron ser derivados de urgencia a un recinto asistencial por complicaciones de salud, luego de sumar más de 65 días de huelga de hambre.

La portavoz sostuvo que en caso de presentarse nuevos episodios críticos, las autoridades carcelarias de la IX región han solicitado trasladar a los activistas al Hospital Penal de Temuko, lugar que no contaría con condiciones adecuadas para recibirlos, poniendo en serio riesgo sus vidas: «Gendarmería solicitó que se pudieran derivar al Hospital Penal de Temuko, sin embargo, ese hospital no cumple con los requisitos que pide el médico que los está tratando, porque ellos están expuestos a contagiarse con cualquier enfermedad dentro de un hospital», explicó.

La vocera describió que Héctor Llaitul perdió 21,5 kilos; Jonathan Huillical 19,3 kilos; José Huenuche 17,2 kilos, y Ramón Llanquileo 18,1 kilos. Este último, además, «presenta un problema cardíaco» y registraba «48 latidos por minuto». Llanquileo afirmó que pese al grave deterioro de su salud en los últimos días, los comuneros encarcelados han manifestado su intención de continuar en huelga de hambre hasta las últimas consecuencias.

La vocera agregó que a pesar de la situación actual, ni autoridades de la Iglesia ni del Gobierno se han acercado a dialogar con personeros del movimiento, para buscar una solución a su problema. Específicamente, la imposición de penas carcelarias superiores a los 20 años en juicios objetados por organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos.

«Desde la última vez que hablamos con monseñor (Ricardo) Ezzati, que fue después de la movilización que hicimos dentro de la catedral, no hemos tenido ninguna conversación con él ni con el Gobierno tampoco. Al parecer, no están muy interesados en este tema, especialmente el Gobierno, que en realidad ni se inmuta con lo que está pasando y no está viendo la gravedad de lo que está sucediendo con la salud de los comuneros», señaló.

Llanquileo indicó que aunque el Gobierno ha cumplido algunos compromisos, como el retiro de las querellas por Ley Antiterrorista, por otra parte ha avalado todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público y ha solicitado que no se anule el juicio oral en su contra. Los trámites del juicio de los comuneros se han prolongado por más de dos años y todavía no finalizan. Pablo Ortega, abogado de Héctor Llaitul, alegó a la instancia superior del poder judicial por el caso. El 3 de mayo pasado, la Corte Suprema aceptó acoger en trámites la solicitud, abriendo así una esperanza para los comuneros.

Según Ortega, las condenas sólo fueron posibles por el uso de herramientas de la Ley Antiterrorista, destacando la desventaja en el proceso que tienen los defensores, indicó a Radio Bío Bío, dado que permite el uso de testigos sin rostro (anónimos) y eso dificulta la preparación de preguntas y una investigación más exhaustiva por parte de la Defensa.

«Confiamos en que el Ministerio Público pierda este recurso, que la Corte Suprema acoja los alegatos de la Defensa toda vez que ha quedado en evidencia que la tesis -equívoca- de la Fiscalía, y dado que la prueba que acogió por mayoría el Tribunal Oral de Cañete se sustenta en una sola piedra angular: En la declaración de un testigo secreto», declaró Ortega. Los abogados de los cuatro presos pidieron a la Corte Suprema que anule su proceso porque se realizó bajo condiciones que no permitieron su adecuada defensa al incluir testigos sin rostro. El tribunal anunció su decisión para el 3 de junio.

Lorena Fries, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, objetó el juicio en el que se condenó a los cuatro mapuches «porque se aplicaron las ventajas investigativas de la Ley Antiterrorista, que fue invocada por el ministerio público para llegar a sanciones penales comunes». El presidente Sebastián Piñera no se refirió a este tema en su mensaje a la Nación del pasado día sábado, que duró dos horas, y tampoco hay una mediación en marcha, como sí hizo hace un año la Iglesia católico cuando estos mismos cuatro y otros 15 mapuches detenidos hicieron otra huelga de hambre durante 70 días.

*Fuente: Azkintuwe