Las sospechas en torno al cafecito de Sabas Chahuán con Eliodoro Matte

1 de Abril de 2011
El 12 de mayo de 2010 -según una versión entregada por el departamento de
comunicaciones del Ministerio Público al periodista Fernando
Paulsen-, se efectuó una reunión entre el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán y
el empresario Eliodoro Matte. Según precisó el mismo Chahuán la solicitud de
Matte para tener un espacio en su agenda, se debió a un "asunto personal" y la
reunión entre ambos no habría durado más que una taza de café.

En principio, el Fiscal Nacional  creyó que Matte le pidió encontrarse
porque había sido víctima de un delito, pero según admitió, el empresario
abordó el caso del párroco Fernando Karadima, acusado de abuso sexual. Eliodoro
Matte lidera una familia profundamente católica y que maneja activos
equivalentes a US$ 8.100 millones. Y le habría dicho a Chahuán que quería "una
investigación rápida" en torno al sacerdote, con quién reconoció tener 
una relación de amistad.

Sabas Chahuán reveló que en su respuesta dejó claro "que la Fiscalía hace lo mismo en
todas las investigaciones", y que no hablaron más "porque no correspondía que
habláramos más, yo no tenía idea del tema", aseguro el Fiscal, sin dejar de
explicitar claramente que Matte no lo presionó.

Agenda Pública
El Fiscal es conocido por hacer su trabajo de manera exhaustiva y
silenciosa, pero respecto del caso Karadima fue excesivamente humilde al decir
que "no tenía idea" de cómo iba la investigación, ya que el 29 de abril, días antes
de la reunión con Matte, se dio tiempo para comentar la indagatoria al señalar:
"No creo que haya encubrimiento por parte  de la Iglesia"

El encuentro entre Chahuán y Matte fue el 12 de mayo de 2010. Poco después,
el 19 de mayo, se publicó en la prensa la preocupación  del Fiscal
Nacional transmitida a su subalterno, Xavier Armendáriz, en torno a que la
investigación de Karadima se resolviera "lo más rápido posible". En diciembre el caso fue
sobreseído por orden del juez Leonardo Valdivieso.

Según el diputado Jorge Burgos, miembro de la comisión de Constitución
Legislación y Justicia de la
Cámara, no se puede atribuir a la reunión con Matte la
actuación posterior del fiscal, pero admite que "da para sospechar".

Burgos junto a la ex diputada Carolina Tohá presentaron una moción para que
las agenda de las autoridades sea pública por ley, en el contexto del proyecto
que regula el lobby, iniciativa que lleva dos años detenida en el Senado,
debido a al veto del Ejecutivo anterior.

En la agenda de Burgos aparece su encuentro de ayer con Davor Harasic "sobre
algunas cosas que le parecen inconvenientes del proyecto sobre tv digital"
dice, igual que su encuentro con dos dirigentes vecinales y con la asesora
presidencial Fernanda Otero, programado para hoy al mediodía.

Según el parlamentario, su agenda no recibe "ni el 1% de las solicitudes que
tiene una autoridad como el Fiscal Nacional, pero trato de acceder a todas
dentro de lo que mi tiempo permite".

Lobby a lo gringo
Moisés Sánchez, Director Ejecutivo de la Fundación
Pro Acceso,  coincide con Burgos respecto de que las agendas de las
autoridades del Estado deben ser públicas. Precisa eso sí que el Ministerio
Público no está sujeto a la Ley
20.285, que regula el acceso a la información, "aunque ellos tienen mecanismos
por los cuales uno podría acceder a la información", reconoce.

Sin embargo para Sánchez, el principal obstáculo en este sentido, es que el
proyecto de ley para regular el lobby sigue estancado. "Cuando se instaló la
agenda de probidad en 2003,  incluía 30 medidas. Logramos avanzar en
algunos puntos, ahora hay un cambio de eje hacia asuntos como el fideicomiso,
los que están muy bien pero no representan el total de la discusión".

Como ejemplo está la Lobying Disclossure Act, la ley que regula por completo
las reuniones como la que hubo entre Sabas Chahuán y Eliodoro Matte y además
hay oficinas de ética donde no sólo existe un registro de lobbistas sino
además el reglamento que regula audiencias y hasta los regalos que reciben las
autoridades. "Es una tremenda experiencia acumulada, que debería usarse cuando
la ley de lobby se reactive" dice Sánchez, quién considera urgente avanzar
para "dar garantías de acceso democrático a las autoridades".

Por mientras lo que hay son "medidas de buenas prácticas" no obligatorias
por ley, pero que tienen a algunos servicios públicos como la Contraloría General
de la República,
publicando la agenda de Ramiro Mendoza.

Frente a la pregunta de si falta una cultura corporativa que se instale en los
servicios públicos, más allá de cuanto avance la ley, Jorge Burgos dice señala
que  "la cultura la hacen los hechos, y si hoy se está discutiendo acerca
de la reunión del Fiscal Nacional con un empresario, o hay alguna sospecha,
creo que es un muy buen momento para avanzar con urgencia en la aprobación de
la ley".

*Fuente:
El
Mostrador

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