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La soledad mapuche 

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Lunes 31 de Enero 2011
El país tiene memoria de lo que demoraron meses atrás las autoridades y los medios
de comunicación en reaccionar frente a una prolongada huelga de hambre de los
presos políticos mapuche en las cárceles del sur. Cuando la protesta llegó a
amenazar severamente  la vida de los comuneros, es cuando el Gobierno y
los grandes medios de prensa se ocuparon del tema y se propusieron evitar un
desenlace fatal,  bajo la promesa de renunciar a la aplicación de la Ley Antiterrorista
invocada por el gobierno de Michelle Bachelet para encauzar a Héctor Llaitul y
otros dirigentes de la
Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Uno de los principales
referentes de nuestra etnia principal que por 200 años ha sufrido la
discriminación del estado chileno y todos los regímenes republicanos.

Acudiendo a la
Iglesia Católica como "garante", el gobierno de Sebastián
Piñera logró que los rebeldes depusieran  su huelga de hambre a cambio de
conseguir una formalización procesal más benigna para los imputados, valiéndose
de la disposición de los huelguistas a enfrentar un juicio que les permitiera
demostrar su inocencia frente a los inconsistentes y severos cargos del
Ministerio público. Pero lo que apreciamos hasta hoy es que los procesados son
víctima de acusaciones infundadas y testigos anónimos que, incluso, han llegado
a prestar declaraciones judiciales bajo el apremio de la tortura y el soborno.
Es escandaloso que una vez depuesta la Huelga de Hambre, los  fiscales se reiteren
en los mismos vicios procesales a fin de propinarles a estos dirigentes una
condena que , a no dudarlo, tiene objetivos políticos más que penales.

En estos días se llevan a cabo en Cañete las audiencias finales de un
proceso espurio que podría traerle a Chile drásticas sanciones internacionales
por la forma en que se aplica una legalidad represiva heredada de la Dictadura y que, por lo
mismo, viola flagrantemente los fundamentos de un justo proceso. Ante los
excesos procesales reconocidos por las propias autoridades políticas, éstas se
excusan en la imposibilidad de intervenir frente a la "autonomía"  de otro
poder del Estado. Con lo que arriesgan que Llaitul y otros líderes mapuche
resulten condenados y se reactive un conflicto que puede tener serias
consecuencias en la paz de la
Araucanía y del país entero. Cuando se sabe que  la
causa de esta etnia compromete la adhesión de la gran mayoría de los chilenos,
además de la solidaridad mundial  a favor de que se les restituyan a los
indígenas sus tierras arrebatadas, se les reconozca su identidad de minoría
étnica y derecho a ciertas formas de autonomía.

Por cierto que los voceros oficiales eluden el tema y los medios adictos
hacen caso omiso de lo que acontece en este juicio seguido por un buen número
de observadores internacionales y apenas dos o tres medios informativos, como
nuestra Radio Universidad de Chile. Tampoco se observa de la entidad "garante"
alguna acción para que se cumplan las promesas verbales de La Moneda, las que no quedaron
por escrito por un acto de confianza ingenuo de los líderes de la CAM y que hoy puede costarles
caro si es que el Tribunal de la causa cede a las presiones de los empresarios
de la Araucanía.
Verdaderos forajidos  empeñados en que el Estado chileno
continúe en la senda de defender sus privilegios y despojos, como consolidar un
clima de terror en las comunidades donde viven "los más pobres entre los
pobres", según el decir de los  obispos católicos.  La gran prensa
sólo reacciona ante los conatos de violencia que surgen en la Araucanía para
estigmatizar, siempre,  la lucha de los mapuches por sus derechos humanos
conculcados de forma sistemática. Se los acusa de violentistas y criminales a
pesar de la imposibilidad de los tribunales de la zona de probar las
imputaciones, lo que explica que recurran a falsos testimonios para evitar que
los juicios se desbaraten totalmente y caigan en el completo ridículo. Cuando
ya la evidencias señalan que las únicas víctimas de estos episodios son los
propios comuneros, agredidos criminalmente por la policía como ha quedado de
manifiesto en el caso de los mapuches ultimados por la espalda.

Ni el Gobierno cumple su palabra empeñada, ni la Iglesia garante
exige  – hasta aquí- que ésta se haga efectiva. Todo bajo la complicidad,
por cierto, de los grandes  medios de prensa y canales de televisión. Sin
embargo, los que llegan al desparpajo son los partidos políticos,
parlamentarios y otros que, sumidos en sus querellas internas, no tienen tiempo
de sensibilizarse frente a la pavorosa injusticia que se urde para silenciar la
lucha de los mapuche y condenar a la prisión a quienes no tienen
responsabilidad alguna en los delitos que se les imputan. Si es que siquiera
constituyen delito aquellas acciones de justa autodefensa contra el acoso
policial y la prepotencia de las empresas que se enseñorean en la zona. 
En otra manifestación evidente de que en más de dos décadas de post dictadura,
lo que hemos tenido es un grosero co gobierno de la Concertación y la Alianza por Chile, cebados
todos por el régimen institucional y el sistema económico que les legara
Pinochet. El autor, precisamente, de la Ley Antiterrorista
que a este gobierno y a sus antecesores les sirvió para poner en práctica una
nueva "pacificación de la
Araucanía".

*Fuente: Radio de la U de Chile

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