La huelga de hambre de Alejandro Rodríguez y la intervención urgente del Instituto de DD.HH.

Alejandro Rodríguez Escobar es un ex prisionero político del
Mapu Lautaro, uno de los destacamentos antidictatoriales más destacados en la
lucha contra la tiranía de Pinochet. Entre 1992 y el 2004 estuvo preso en
distintos penales por razones asociadas a su actividad militante. Salió en
libertad condicional y actualmente, a sus 40 años, producto de una estrategia
estatal ("represión por sospecha o preventiva") que procura desmoralizar a
quien intente en Chile presentar lucha frente a un sistema caracterizado por la
extraordinaria concentración de la riqueza, líder de la desigualdad social, el
trabajo precario y la mala vida generalizada, debió comenzar una huelga de
hambre, tras 4 meses de presidio, esta vez, acusado sin pruebas de hechos que
acontecieron el 2009.

En la misiva donde Alejandro Rodríguez explica las razones
de su drástica decisión, señala que   "A
contar del 30 de agosto me encuentro 
prisionero en la cárcel de Santiago Uno en los módulos de máxima
seguridad, procesado por el asalto a un camión de Valores, hecho ocurrido el 13
de septiembre de 2009, delito en el que declaro no tener participación alguna.
Desde el 2004 me encuentro en libertad condicional después de casi 12 años de
prisión política, y cumpliendo todos los requisitos que se me exige para dicha
libertad. Desde septiembre de 2009
a agosto de 2010, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI)
intensifica sus habituales seguimientos e investigaciones contra mi persona
hasta el nivel de acoso, sin encontrar vínculo alguno que me ligue a dicho
asalto, razón por la cual realiza un burdo montaje, utilizando a testigos
inducidos, cometiendo graves aberraciones investigativas, como consta en el
mismo proceso y que antaño las hicieron las fiscalías militares. Y es que
frente a estas atrocidades el juez del 4º Juzgado de Garantía me otorga la
libertad en dos ocasiones, pero en ambas la fiscalía recurre a la Corte de Apelaciones, quien
finalmente me deja en prisión preventiva, apelando a mi historial político. En
razón de los antecedentes esgrimidos en la Corte de Apelaciones, continúo siendo un
prisionero político desde 1992. Por todo lo expresado, desde el martes 21 de
diciembre me declaro en huelga de hambre líquida de carácter indefinida,
exigiendo mi libertad inmediata y la absolución de todos los cargos que se me
imputan."

LA DEFENSA
La abogada defensora de Alejandro Rodríguez, Alejandra
Arriaza, confirma su declaración y agrega que fue informado de su
formalización  "en la investigación de
dos hechos ilícitos: un robo con violencia a un camión de Prosegur en el Parque
Arauco y un robo con intimidación de una camioneta. Sin embargo, desde el
minuto de detención hasta la fecha, Alejandro ha visto cómo sus derechos más
esenciales han sido vulnerados en la investigación, porque cuando fue detenido
sufrió su exhibición en todos los medios de comunicación como la persona
responsable y culpable de los ilícitos sin tener prueba alguna para ello."

-¿Cuándo pasaron los
incidentes que se le imputan?
"Ocurrieron un año
antes, en septiembre de 2009, y hasta ahora las policías no tenían responsables
ni autores. Es decir, había que usar a alguien para responsabilizarlo. En este
marco se privó de libertad a Alejandro. En el intertanto que debía ser puesto a
disposición del tribunal, con pruebas concretas del Ministerio Público, se
mostraron fotografías a las presuntas víctimas de estos acontecimientos y se
realizaron reconocimientos fuera de todo procedimiento legal."

-¿Por qué?
"Porque la orden del juez 
sólo era para colocarlo a disposición del tribunal. Es decir, las
acciones fotográficas y de reconocimiento en horas previas, fueron cuestionadas
por el propio  4º Juzgado de Garantía. La
exhibición fotográfica sólo da cuenta de 32 rostros que no son al azar, sino
que se supone, corresponden a rostros de personas que han tenido participación
violenta en hechos ilícitos similares. Sin embargo, muchos de esos rostros son
de prisioneros políticos de las décadas del 80 e inicios de los 90. Y esto nos
preocupa. ¡Además, quienes participan de la rueda de presos, son los mismos
funcionarios aprehensores que diligenciaron la orden!  Es decir, el proceso está viciado tanto en la
forma, como en el fondo. Y esa es la única prueba con la que cuenta el Ministerio
Público."

-¿Y qué dice el juez
del 4º Juzgado?
"El juez de garantía que ha revisado en dos oportunidades la
situación de privación de libertad de Alejandro ha señalado lo mismo, y ha
enfatizado que los procedimientos empleados vulneran los derechos
constitucionales de los inculpados, y el principio de inocencia. En resumen, no
hay prueba alguna. No obstante, la privación de libertad de Alejandro se
mantiene."

-¿Cuáles son sus
fundamentos como defensora legal de Alejandro Rodríguez?
"Me consta que los días en el que a él se le acusa de
participar en los ilícitos, Alejandro se encontraba trabajando en la empresa
Maxhuber. Estos antecedentes han sido puestos en conocimiento de los
tribunales. A la misma hora en que sucedieron los ilícitos, Alejandro estaba
muy lejos de esos lugares, trabajando. Eso está acreditado por el contrato de
trabajo de Alejandro, a través del registro de sus ingresos y sus salidas de la
empresa. Y sus compañeros de trabajo confirman lo mismo. En septiembre de 2009,
Alejandro jamás faltó a su empleo, ni tuvo retrasos. Esto es, resulta imposible
que el imputado haya estado en dos lugares al mismo tiempo, a la misma hora,
considerando también, que él se desempeñaba en la sede del centro de Santiago,
en calle Bandera, y los acontecimientos que se están investigando pasaron en
las comunas de San Miguel y Las Condes. Asimismo nos preocupa que sea
precisamente la 8ª Sala de la
Corte de Apelaciones de Santiago la que revoque la resolución
de los juzgados de garantía bajo el argumento de que por la gravedad de los
ilícitos,  por el tiempo que ha pasado
entre los hechos y la detención de Alejandro, sumado a sus antecedentes
penales, lo considera un "peligro", y decreta su detención preventiva."

-¿Qué lectura hace de
las razones esgrimidas por esa Corte?
"Aquí se está criminalizando a una persona por hechos
anteriores por los cuales ya cumplió una privación de libertad de 12 años. Alejandro
estaba en un régimen de libertad condicional desde el 2004, donde jamás tuvo
una falta y registra cumplimiento cabal e íntegro respecto de las condiciones
que le impusieron a cambio de obtener el beneficio de la libertad condicional.
Por eso estamos exigiendo la libertad de Alejandro Rodríguez Escobar.
Lamentamos que ahora esté poniendo en riesgo su vida para llamar la atención,
tanto de la justicia, como de la sociedad. Y la reciente creación del Instituto
de Derechos Humanos tiene la obligación de tomar cartas en este asunto."

Bárbara Catalán es la compañera de Alejandro Rodríguez desde
hace un buen tiempo. Ella indica que "nosotros, como familiares y amigos, nos
sentimos orgullosos del pasado combativo de Alejandro y por lo mismo, no vamos
a aceptar ningún montaje ni criminalización que se le esté haciendo hacia su
persona y hacia otros tantos compañeros que están encarcelados por montajes por
parte del Estado y de todo su aparato político-jurídico."

-Desde el inicio de
la huelga, ¿quién puede visitarlo?
"Su abogada y personas de agrupaciones de Derechos Humanos."

-Usted ha señalado
que ha recibido mal trato en el penal donde está prisionero Alejandro
Rodríguez…
"Cuando lo visitamos sufrimos situaciones denigrantes.
Debemos aguantar que los funcionarios de gendarmería nos insulten, y no nos
podemos defender ni apelar a ética alguna porque sino castigan la visita. Nos
hacen bajarnos la ropa interior, ponernos en cuclillas y darnos vuelta;
subirnos el sostén, aceptar que nos manoseen literalmente; abrir la boca,
permitir que nos revisen los oídos."

María  Cristina
Pacheco, incombustible luchadora e integrante de la 
Asamblea de Derechos Humanos dice que  "debemos resistir estos abusos a través de la
denuncia, la difusión y la acción".

Por su parte, el vocero de Alejandro Rodríguez, el miembro
del secretariado ejecutivo del Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores
(MPT), Marcos Riquelme, informa que "hay dos cosas que nos preocupan: la manera
de romper el cerco mediático a la que está sometido Alejandro, y que este
montaje es una acción política que tiene por objetivo intentar amedrentar a los
luchadores sociales. Por otro lado nos interesa que  las instituciones de Derechos Humanos
intervengan respecto de la integridad de Alejandro. Su situación se agrava en
tanto pasan los días. Nosotros no buscamos mejoras carcelarias. Queremos su
libertad."

Diciembre 28 de 2010