Voto en el extranjero: Surrealismo e inconsecuencia ética

Evidentemente, la desvergüenza y la falta de ética que
corroe nuestro país pueden adquirir expresiones auténticamente surrealistas
cuando la ausencia de una democracia con participación ciudadana permite a los
adversarios de ésta, inventar o establecer derechos y no-derechos de los
ciudadanos, acomodaticios a su particular ideología e interés. Ahora, a la
larga lista de medidas legales tiranizadoras de la vida nacional, se quiere
agregar una nueva "guinda de la torta", cuando ciertos sesudos políticos proponen
imponer determinadas condiciones a los chilenos exiliados y residentes en el
extranjero para poder ejercer su negado derecho a voto.  

Se anuncia que, para poder votar desde el extranjero, sería
exigible un determinado período de residencia en el país.. La intención
aparente sería calibrar el interés de quien reside en el extranjero por su país
de origen, y establecer la presencia o ausencia de un vínculo permanente con
éste que concedan validez a sus derechos electorales. Consecuentemente, desde
la partida, se pretende soslayar la motivación fundamental de la iniciativa,
que no es otra, que reconocer y re-establecer el derecho a voto de todos los
ciudadanos chilenos sin excepción, tal cual está ya contemplado en la corrupta
pero vigente Constitución Política de Pinochet. El re-conocimiento de una
normativa constitucional como ésta, no puede estar sometida a condición alguna,
pues, la marginación de los residentes en el extranjero de este derecho
soberano, es -como ya se sabe- anticonstitucional, es arbitraria, es corrupta,
es irracional. Y ajena a toda ética. Consecuentemente es inadmisible que los
mismos socios del dictador o sus herederos espirituales, quienes fueran los
causantes del éxodo nacional, desde su nuevo rol de « legisladores » se dediquen
a elucubrar disparatadas martingalas para tergiversar u omitir dicho
reconocimiento y para continuar 
restringiendo y, en suma, negando, un derecho que es legítimo y legal.

En la búsqueda de una artimaña adecuada para frenar una
supuestamente peligrosa avalancha de nuevos participantes en el cuadro
electoral, el esfuerzo intelectual de los legisladores  -y del propio Presidente de la República-  ha concluido que sólo pueden ser aceptados
como chilenos de pleno derecho, aquellos que puedan probar un vínculo
permanente con Chile. Un vínculo que sea expresivo de su interés por el país y
de su amor por la patria lejana. Y éste, no puede ser otro que la prueba de un
determinado período de residencia en el territorio nacional. Según este
brillante pensamiento, dicho interés y amor patrio sólo pueden ser mensurados
por actos físicos que implican el desplazamiento geográfico del individuo a su
lugar de origen. Consecuentemente, según dicho criterio, sería plenamente
posible realizar un catastro de la calidad de sus sentimientos y de sus
profundas motivaciones espirituales, por el simple método de verificar cuánto
tiempo permanece en uno u otro lugar del planeta. La teoría que se postula es
que la condición del alma humana está estrechamente ligada a su voluntad  de ubicuidad territorial. 

Naturalmente, la irracionalidad y el surrealismo de esta
idea permite obviar los deseos e intenciones particulares del individuo en
cuestión y no menos, las condiciones de vida, de trabajo y familiares a las que
éste pudiera estar atado en el lugar en que reside, por las fuerzas de la
circunstancias. Y hace caso omiso de que los vínculos que unen a cualquier
persona con su país son eminentemente subjetivos y tienen lugar en su mente y
en su corazón, nunca en su bolsillo ni en las circunstancias externas de su
existencia.

Aún cuando pudiera creerse que estas son elucubraciones de
mentecatos o de adolescentes demasiado astutos, debemos aclarar que no es así,
sino corresponden al pensamiento de personas mayores de edad, además con responsabilidad
política, lo que puede ser corroborado leyendo la prensa diaria.

Quizás debiéramos recordar que quienes debieron abandonar el
país en tiempos de la dictadura, tanto por razones políticas como económicas,
no lo hicieron por su gusto y voluntad y en la mayoría abrumadora de los casos
han debido afrontar una difícil vida como ciudadanos de tercera clase, sobre
todo en los países desarrollados, 
independientemente de sus eventuales méritos y capacidades.
Consecuentemente, sus condiciones económicas de vida son en la mayoría de los
casos precarias. Para una madre con dos hijos, abandonada por su marido, es
absolutamente imposible regresar o viajar a Chile, por grandes que fueren sus
deseos de hacerlo. Un abuelo de 95 años de edad (caso real), con la plenitud de
sus facultades mentales y nostalgia eterna por su país, está absolutamente
impedido físicamente de viajar a Chile desde hace 11 años, pero no por eso, ha
renunciado a querer viajar allí o a participar en las elecciones de su paîs. 

Los chilenos en el exilio nunca han dejado de ser, de
pensar, de sentir o de considerarse chilenos. Sus vínculos y nexos con su país
son permanentes, activos, actuales y adoptan infinidad de formas y enumerarlas
extensamente escaparía al objeto de este artículo. Y también sería largo
consignar los hechos que racionalmente hacen imposible identificar los
sentimientos de los chilenos por su país, con el número de sus visitas o
ausencias de éste. Son dos cuestiones completamente distintas y, por tanto,
-repito- no pueden ser identificadas sin caer en flagrante arbitrariedad,
aunque así lo quieran los legisladores de derecha.

Por otra parte, la iniciativa que se anuncia hace caso omiso
de la condición de nacionales de los chilenos que  viven en el extranjero y pretende desconocer
la validez de dos documentos oficiales de la República que lo prueban:
el pasaporte y la cédula de identidad. Todavía más, junto con desconocer la
existencia de estos documentos, apunta a establecer otra discriminación
absolutamente arbitraria e injusta: la de quienes han viajado a Chile "lo
suficiente"  -según el arbitrio
parlamentario- y los que no. O sea, aspira a crear dentro de una discriminación
que existe desde hace más de tres décadas, una nueva. Se ha dado por entendido
que la iniciativa sobre el voto de los chilenos en el extranjero es, nada más y
nada menos, que el reconocimiento de un derecho de plena ley, sin embargo,
nuestros políticos parecen adolecer de reticencias éticas en esta materia y
procuran transformar tal derecho, en un regalo, en un premio que sólo algunos
podrían ganar. Los otros, los que no puedan demostrar a través de un cierto
número de tickets de vuelo, que aman a Chile lo suficiente, serán castigados
manteniéndolos al margen de todo derecho a voto. Por tanto, tendríamos una
nueva categoría de chilenos en el extranjero: los premiados y los nuevamente
castigados.

Es decir, para nuestros ilustres parlamentarios, -y para el
propio Presidente de la
República- la nacionalidad ha dejado de ser una categoría
constitucional válida para el reconocimiento del derecho a voto de los
ciudadanos, lo que el resto del mundo  -y
la más mínima capacidad de entendimiento- considera inherente a ella. El
proyecto así anunciado se orienta a coronar, legalizar, perfeccionar y
perpetuar la discriminación creada por la anterior dictadura y sostenida todo
el tiempo por toda la derecha nacional, preferentemente. Conviene recordar aquí
que los políticos, torturadores y asesinos al servicio de Pinochet jamás se
vieron privados de sus derechos como ciudadanos, pero sí lo siguen siendo sus
víctimas. Aún después de 37 años.

El derecho a voto de los residentes en el extranjero debe
ser reconocido y puesto en práctica sin condición ninguna. Por ello, es no sólo
increíble sino completamente inaceptable que ciertos connotados representantes
de la agonizada Concertación siquiera admitan 
-sin la más mínima consecuencia ética- la posibilidad de una negociación
con la derecha en esta materia. No estamos ante el caso de discutir un
impuesto, un aumento salarial o la construcción de un puente, sino de reconocer
o negar, basados en principios de soberanía y legalidad, la existencia de un
derecho genérico. Y los principios no se negocian. Se reconocen o no, pero no
se negocian.
27 octubre 2010