Huelga Mapuche: La hora crucial

La causa mapuche, fuera de toda agenda y catálogo político
de la partidocracia en el poder, se extiende como pólvora en territorios cada
vez más amplios de la sociedad chilena y la atención internacional.

La conmemoración  del
golpe de Estado del 11 de septiembre mezcló la imagen señera de Salvador
Allende con la presencia ardiente de organizaciones mapuche y los cantos
generales, exigiendo la libertad de los comuneros prisioneros. La actualidad
del homenaje de todos los años, esta vez, estuvo teñida de calor y color
originarios.

Ya el jueves 9 de septiembre, en el Parque Almagro, los
conjuntos musicales históricos del pueblo –Inti Illimani e Illapu-, junto a los
trovadores más recientes, como Pancho Villa y el hip-hop siempre lúcido de
SubVerso, actuaron en el Parque Almagro, en Santiago, para los muchos que
solidarizan con las reivindicaciones de los 34 presos políticos mapuche en
huelga de hambre –a los cuales ya sería preciso agregar a 4 originarios más de
la comuna de La Florida
que se sumaron hace pocos días al ayuno-.

Como era de esperar, el Estado, a modo de represión
selectiva, el mismo 11 de septiembre detuvo al periodista Marcelo Garay
Vergara, consejero metropolitano del Colegio de la Orden y reportero de la Radio Nuevo Mundo,
cuando salía de su casa. Marcelo fue aprehendido por agentes de la Brigada de Investigaciones
Policiales (BIPE), por un requerimiento de la Fiscalía Centro
Norte, para declarar sobre una detención anterior de la que fue objeto en Padre
Las Casas (localidad cercana a Temuco) el año pasado, cuando cubría una
historia relacionada con el pueblo Mapuche. Ya Marcelo Garay había denunciado
el hostigamiento de la policía desde que fue a cubrir profesionalmente la  militarización de las comunidades mapuche el
2009.

Bajo un Santiago ceniciento, en la tarde del primero de
septiembre alrededor de tres mil mapuche y chilenos se congregaron para
solidarizar con la huelga de hambre, convocados por  la Coordinación de Organizaciones Autónomas Mapuche
de Santiago.

Sus razones se resumen en que no se les aplique la Ley Antiterrorista
; no sean juzgados duplicadamente por la justicia militar y la civil; el
retorno a la normalidad de las zonas militarizadas, y la demanda máxima de la
recuperación de sus tierras usurpadas históricamente, antes y después de la
creación del propio Estado chileno.

El ayuno fue iniciado por reos políticos de las cárceles de
Temuco y Concepción hace  dos meses. El
miércoles primero de septiembre  se
agregaron dos menores de edad recluidos en la cárcel de Chol Chol.

Tanto la solidaridad mundial, a través de organismos
asociados a los Derechos Humanos, como Amnistía Internacional, protestas y
ocupaciones de embajadas en países europeos, la hermandad reluciente de los
indígenas y populares de Latinoamérica; como el creciente apoyo chileno de
personas, organizaciones sociales y políticas independientes de los que mandan,
sindicatos, la iglesia de los desheredados, gremios y colegios profesionales se
multiplican, apresurando la primavera a lo largo de todo país y obligando a los
medios de comunicación dominantes a visibilizar la huelga, jaqueando el
silencio racista y de clase de Sebastián Piñera.

Los presos políticos mapuche (PPM) están procesados o
condenados por su supuesta participación en ocupaciones  de tierras, consideradas ilegales por el
Estado, e incendios de instalaciones agrícolas, en el contexto del asentamiento
de  empresas agrícolas y forestales en la
región de La Araucanía,  tierras ancestrales del pueblo originario.

Eric Millán, representante de los ayunistas de la cárcel de
Temuco, dijo firmemente que los prisioneros 
“van a seguir la huelga hasta las últimas consecuencias. Hasta que este
gobierno deje de aplicar la Ley Antiterrorista, como el doble procesamiento,
y la devolución de las tierras usurpadas. Ellos no se dejarán alimentar por
ningún medio”.

-El gobierno sugirió instalar un mediador en el conflicto…
“El gobierno no se ha acercado, sólo habla  a través de la prensa. Y aquí los únicos
mediadores somos nosotros.”

SE ACERCAN “LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS”
La doctora Berna Castro es parte del equipo médico que
atiende permanentemente a los PPM. La profesional –de larga trayectoria en el
ámbito de la defensa de los Derechos Humanos en Chile- aclara que la huelga de
hambre es con consumo de agua con sal y glucosa.

-¿Cuál es el estado de salud de los comuneros?
“Se encuentran en una
situación crítica, muy crítica Están con evidentes daños de su cuerpo. Han
sufrido una baja significativa de peso. Estoy hablando de un promedio de más de
18 kilos promedio por huelguista, es decir han perdido, al menos, un 20 % de su
peso.”

La profesional comunicó que los ayunistas que están en peor
situación sanitaria  “son Felipe de
Angol, Ramón de Temuco, y Héctor Llentul de Concepción”. Desde la medicina,
Berna Castro analizó que “después de las 
7 semanas comienzan a tener daño interno. Ellos han perdido tejido
adiposo y gran parte de su tejido muscular. Entonces el cuerpo, para mantener
sus funciones vitales, empieza a consumir proteínas, vitaminas, minerales de su
propio organismo para proteger el órgano más noble del cuerpo humano: el
cerebro. Y ya estamos en esa etapa”.

-Uno de los aspectos más controversiales tiene que ver con
la negativa de los huelguistas de permitir hacerse exámenes por los servicios
estatales…
“Nosotros le estamos pidiendo al Estado chileno que nos dé
garantía en la toma de exámenes, porque ello nos permite evaluar con mayor
precisión sus condiciones. Pero eso nos ha sido negado. Los comuneros plantean
que no existen las condiciones para realizar las muestras. Los fiscales no han
podido comprobar ninguno de las imputaciones de las cuales se les acusa –de
hecho, han perdido testigos- , y las muestras de sangre podrían emplearse para
inculparlos de incidentes en los que no han incurrido. Nosotros pedimos al
Estado las garantías mínimas. Explícitamente, que esté alguno de los médicos
que asisten a los huelguistas para asegurar el buen uso de los exámenes.”

La doctora Castro no dudó en sentenciar  que “Sus vidas están en peligro. Además, en
las cárceles donde permanecen los comuneros se están cometiendo violaciones que
configuran tortura por parte del Estado. Que no tengan acceso a la luz del día
implica que los prisioneros pierden la noción del tiempo, y el cerebro, que
ordena las funciones del cuerpo, sin luz solar, altera actividades hormonales
relevantes. Y ello es tortura.”

“En Angol –agregó- gendarmería no considera como una
herramienta válida la huelga de hambre de los comuneros, sino que la cataloga
de un vulgar mal comportamiento. En consecuencia, han realizado allanamientos
periódicos de noche en las celdas. En ese contexto, los gendarmes han castigado
comuneros e incluso los han incomunicado.”

-¿Cuál es el estado de ánimo de los ayunistas?
“La voluntad y
claridad de los huelguistas es fortísima. Yo soy cristiana y aquí uno ve la
capacidad extraordinaria de estos jóvenes en la lucha por la causa de su
pueblo. Y para mí no hay nada superior que aquel hombre que da la vida por
amor.”

 “EL ESTADO DEFIENDE
CON MUCHA MÁS FUERZA LA
PROPIEDAD PRIVADA QUE LA VIDA”
Alberto Espinoza es abogado asesor de las causas que están
en la justicia, asumiendo la defensa de los PPM en la Corte Marcial en
Santiago.

-¿Cuáles son las diferencias entre ser juzgado por una Corte
Marcial y una Civil?
“Hace 5 años que la Corte Interamericana
de Derechos Humanos pronunció una sentencia que establece que bajo ninguna
circunstancia se puede aceptar que los civiles sean juzgados por tribunales
militares. Sin embargo, en Chile subsiste esta judicatura penal especial.”

El abogado de Derechos Humanos indicó que “Ello atenta
contra principios asociados al debido proceso, la imparcialidad e independencia
del tribunal. El juez es un militar de carrera que se promueve dentro del
generalato. No es un letrado, en términos de formación jurídica. Es removido
por razones castrenses más que por  
méritos juridiccionales. Y la Corte Marcial está integrada por tres miembros de
la Fuerzas Armadas
y dos ministros de la Corte
de Apelaciones de Santiago. Es decir, los jueces militares hacen mayoría”.

Espinoza anadió que “En el aspecto procesal, el
procedimiento resulta inquisitivo, de acuerdo a las reglas de un sumario
antiguo que es secreto, escrito, donde las posibilidades del derecho a la
defensa de los imputados son precarias o prácticamente inexistentes. Es un
sumario que se puede prolongar  de manera
indefinida. En resumen, que personas civiles sean juzgados por militares
resulta totalmente contrario a los estándares internacionales sobre derecho
sumario. En este caso, los mapuche son civiles, y no han cometido delitos
militares.”

-Algunos argumentan que estarían involucrados miembros de
carabineros…
“Se arrastran hasta la justicia militar supuestos atentados
a carabineros, que por norma constitucional, son una fuerza de orden y
seguridad pública, al igual que la policía de Investigaciones. Es decir, no se
trata de una fuerza militar, pero están bajo la tutela juridiccional de esta
judicatura especial. Y ello también es contrario a la Convención Interamericana
de Derechos Humanos. Todo redunda en un tratamiento muy desigual de la justicia
militar.”

Alberto Espinoza puntualizó que “Cuando eventualmente son
los carabineros las víctimas, las penas contra los imputados son del infierno,
y cuando son los carabineros los victimarios las penas son muy benevolentes.
Aquí hay un doble estándar. Cuando los carabineros son los victimarios las
penas nunca superan los tres años, con beneficios carcelarios, y nunca son
penas de privación de libertad efectiva”.

-¿Por qué pareciera existir una súper esperanza en la
justicia civil entre los familiares y amigos de la causa mapuche?
“En general, es más confiable la justicia civil que la
militar. Por su estructura orgánica y de procedimiento. Sin embargo, también
hay que observar con cierta reserva a los tribunales ordinarios. Sobre todo,
porque el problema y la causa mapuche es tratada con una mirada estatal,
integral. La política regresiva histórica contra el pueblo mapuche se articula
desde todos los frentes del Estado. Y en ese contexto, el Poder Judicial,
Legislativo, Ejecutivo y el Ministerio Público, no están al margen. No hay que
pecar de exceso de confianza al respecto. Aquí vemos cómo el Ministerio Público
–teóricamente autónomo- se alinea con los intendentes y gobernadores al momento
de calificar hechos como terroristas. Y los tribunales de justicia también
condenan como terrorismo conductas que no lo son.”

-¿Desde su experiencia y perspectiva, dónde se encuentra el
meollo central de esta lucha?
“El nudo que explica todo esto es la imposición de un modelo
económico fundado en el capitalismo actual. Ello da cuenta del tratamiento con
el que se ha denominado “el problema mapuche”. 
Y se refleja en cómo los violadores de derechos humanos de la dictadura
militar que cometieron crímenes de Lesa Humanidad, son sentenciados a penas
irrisorias, cuando el bien jurídico que ellos afectaron fue la vida. Y cuando
se toca el bien jurídico de la propiedad, la reacción del Estado chileno es
brutal. Se puede ver en las penas que pesan sobre algunos comuneros mapuche en
huelga de hambre que superan los 100 años. Y Manuel Contreras –jefe de la Inteligencia
pinochetista- acaba de ser condenado con 
5 años con pena remitida por el asesinato del sacerdote Antonio Llidó.
Que se diga claramente que el Estado defiende con mucho mayor fuerza la
propiedad que la vida.”

-Hace unos días el presidente Piñera envió un Proyecto de
Ley para tratar el tema de la justicia militar 
y su eventual modificación…
“Proyectos de Ley de
esa naturaleza están parados en el Congreso desde hace unos tres años. Lo que
dice Piñera no es nuevo. Aquí el Poder Legislativo ha mostrado una indiferencia
sobre el tema, que puede calificarse de desidia, notable abandono de deberes o
simplemente, de flojera parlamentaria. Si hasta los militares están por cambiar
la judicatura. Y sobre la
Ley Antiterrorista ocurre lo mismo.”

UN ASUNTO DE RAZÓN Y FUERZA
Los comuneros mapuche han realizado mil movilizaciones,
ocupaciones hospitalarias, interrumpido discursos de Piñera, puesto el cuerpo
por su razón, la misma que la de los presos políticos en huelga de hambre. Pero
el tiempo corre invariablemente y la salud de los ayunistas empeora de manera
progresiva, colocándolos al borde de un riesgo mortal. La sociedad chilena
amplía su sensibilidad. Sin embargo, las autoridades, por convicciones propias
y acompañadas a la vez por el gremio de los dueños de Chile (Confederación de la Producción y el
Comercio) caminan con pies de plomo hacia una resolución del conflicto. Los
discursos de mediación eclesiástica o de un grupo de diputados autoproclamados
al respecto, fortalece la posición desde el poder de que el pueblo originario y
sus presos políticos son seres incompletos, objetos de ayuda, una suerte de
comunidad infantil que adolece de recursos y estatura para encarar en igualdad
de condiciones al gobierno de turno. Pero los mapuche saben mejor que nadie que
sólo pueden confiar en sus propias fuerzas, compuestas también, por todos
aquellos que empatizan con cabeza, respeto y corazón con una causa justiciera
que sintetiza medio milenio de usurpación, crímenes, discriminación y condena a
un pueblo entero.
Septiembre 12 de 2010