Nuevos vientos están invadiendo corrosivamente la sociedad chilena

Nuevos vientos están invadiendo corrosivamente la sociedad chilena. El
letargo de los 20 años de transición pactada a la democracia no fueron
suficientes para zanjar los problemas fundamentales del país, herencia
directa de casi 17 años de dictadura militar. Las contradicciones
inherentes de un sistema neoliberal probado, en que los resultados
macroeconómicos arrojaron cifras exitosas, no se compadece con la
agudización de la injusticia social en términos de inequidad flagrante
consolidada durante los gobiernos de la Concertación, que habiendo
logrado algunas mejorías en el plano social : previsión social, acceso a
la salud, disminución de la pobreza, en ningún caso se planteó reducir
la injusticia creada por la distribución de los ingresos, que cada vez
fue superior e incompatible con un sistema de repartición de la renta
del país, que fuese más de acuerdo a los intereses de la mayoría.

Muy por el contrario, las privatizaciones alcanzaron verdaderos records
creando una riqueza insospechada en manos de algunos grupos económicos
en detrimento del conjunto de la población.

La aplicación de una política económica de clase en favor de las
oligarquías, como es sabido, no se hizo sólamente en el plano financiero
sino acompañada de una vasta y sostenida operación comunicacional con
carácter ideológico evidente que ayudaron a consolidar la dominación
político-económica, social y cultural de una clase en el poder, en
contra de los desposeídos.

El precio pagado por los chilenos es altísimo si se considera el grado
de desmovilización, de pérdida de la conciencia de sus intereses, de la
existencia de leyes laborales y represivas tendientes a aplastar la
organización de las masas y de la represión ejercida sistemáticamente
por el Estado frente a las reivindicaciones de los trabajadores y
estudiantes principalmente, agregándose la persecución racista al pueblo
Mapuche frente a todas sus reivindicaciones ancestrales y legítimas,
reconocidas incluso por organismos internacionales. Cabe decir que en
dos ocasiones, relatores especiales de la ONU se han pronunciado en
favor de las demandas de los pueblos originarios en el territorio
chileno.

Sin embargo, lo que se ha desencadenado –y ahora con mayor fuerza- es la
violencia de Estado como método de « apaciguamiento » de las tensiones
sociales. Ya en el pasado los liceanos fueron duramente reprimidos por
atreverse a reivindicar una educación más justa y socializada,
alejándose de los parámetros financieros que la rigen. Hoy en día,
vuelven a salir a la calle a protestar contra la privatización de la
educación y la respuesta que reciben son palos y lacrimógenas sin que
medien diálogos y acuerdos propios a una democracia de verdad.

Pero lo más patético sigue siendo la encarnizada razón de Estado contra
los Mapuche que al día  de hoy alcanzan  un número de 96 presos
políticos, de los cuales 32 realizan una huelga de hambre desde el 12 de
julio pasado. Sus reivindicaciones dicen relación con la demanda del
cese de la aplicación de la ley antiterrorista instaurada en tiempos de
la dictadura militar (que se aplicó durante todos los gobiernos de la
Concertación) ; poner término a la injusta medida de juzgar los mapuche
en tribunales civiles y militares a la vez, doblando las penas,  lo que
es en sí una aberración jurídica ;  cumplimiento y respeto de la
Convención 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas ; desmilitarización
de la Araucanía, su territorio de origen, en el fondo, reconocer la
existencia del pueblo mapuche con sus valores culturales y de propiedad
territorial que hoy están libradas indiscriminada y abusivamente a las
grandes empresas forestales y energéticas.

En un clima de tensión  álgido y de persecución flagrante a los
comuneros mapuche, los huelguistas  decidieron llevar a cabo hasta las
últimas consecuencias su protesta y reivindicaciones en los recintos
penales de Temuco, Valdivia, Angol, Lebu y Concepción. Las autoridades
gubernamentales después de 50 días no se han dignado a prestar la
atención que esta acción merece. Más aún, deliberadamente han optado por
desconocer la legitimidad de sus reivindicaciones y ningún gesto se ha
hecho presente, ni siquiera con la visita del presidente a la región de
la Araucanía. En este mismo instante todos los medios de comunicación
están abocados a cubrir la situación de los 33 mineros atrapados a 700
metros de profundidad en una mina de Atacama, lo que reconforta de
saberlos vivos y que las operaciones de rescate se emprendan con ahinco,
pero no es justo ni digno de una « democracia » no referirse a la vida
de 32 personas mapuche que están atrapados por el sistema que los
oprime, los discrimina y los aplasta.en una profundidad que ya no se
cuenta por metros. 

Esas son las paradojas del Estado chileno, 20 años de recuperación de la
democracia e incapaz –por opción política- de interesarse por los
suyos, por el pueblo, por los que sufren en Chile. A ellos se les aplica
el doble rasero, la zanahoria no basta, prefieren el garrote con el fin
de estigmatizar a un pueblo y criminalizar sus luchas. Lo insoportable
salta a los ojos y los ciudadanos del mundo debemos movilizarnos
imperativamente para denunciar estos atropellos básicos a la condición
humana. Decir BASTA a la violencia encubierta bajo forma de « orden » u
otras patrañas, La conciencia universal no debe permitir estas fechorías
institucionales que operan en toda impunidad, en circunstancias que el
propio Estado chileno ha firmado diversos tratados y convenciones
relativos a la defensa de los derechos humanos, que no respeta.

El domingo pasado se registró  la muerte de  un comunero mapuche que
esperaba en su casa el veredicto de la justicia respecto a su
inculpación. Alguna investigación tendrá que hacerse para determinar las
causas de su muerte. Cabe decir que sólo en el gobierno de Michelle
Bachelet hubo cuatro asesinatos de mapuche Hoy, tenemos 32 personas que
están al borde del colapso en su huelga de hambre, sin que autoridad
alguna haya atendido la gravedad de la situación. Muy por el contrario,
el silencio que se mantiene es deliberado, esperando que los mapuche
depongan su ac ción. El gobierno de Piñera tendrá que asumir plenamente
la responsabilidad del drama que se avecina si persiste en su
indiferencia e indolencia que caracteriza a esta derecha arrogante e
implacable en su política de discriminación étnica..
31 de agosto 2010