Los errores represivos llevan a los presos políticos a estas huelgas de hambre

La huelga de hambre de los presos políticos mapuche en Concepción y
Temuco: era evitable y es de inmediata solución si el gobierno actúa con
ética y justicia.

La huelga se inició el 12 de Julio en esas ciudades y las razones son
claramente mencionadas en los comunicados hechos por los Presos de ambos
centros de reclusión. El artículo de Lucía Sepúlveda aclara muchos
detalles (Nota 1) . La huelga de hambre de los presos políticos mapuche
en Concepción en septiembre del 2009 fue por razones muy similares y,
también la de Patricia Troncoso y sus compañeros mapuche. En realidad
las huelgas de hambre de presos políticos (también llamados prisioneros
de consciencia) resultan sistemáticamente de situaciones de represión
desmesurada, obsesiva, contra individuos y grandes grupos humanos.
Ghandi es un ejemplo importante. No es que sus opresores sean enfermos
mentales –aunque de repelente se parecen mucho- sino que la represión
tiene objetivos socio=económicos muy fuertes.

Los errores represivos llevan a los presos políticos a estas huelgas,
cuando han sido detenidos en forma injusta, abusados en condiciones
inhumanas de encarcelamiento y sin alternativas de juicios justos en los
que se cumpla una ley genuinamente democrática. Las situaciones contra
pueblos y libertarios de todo tipo son las que conocemos. La obsesión
denigrante y la mentira de los sistemas injustos llevan a que el preso
político ponga lo único que le queda para resistir: su vida. Y el
sistema trata de esconderlo y, cuando se sabe abiertamente, cuando hay
peligro de muerte con costo político mayor, los gobiernos y represores
se hacen “buenos”. Buscan entonces “salvarles las vidas a esos dementes”
¡que no lo son! Pero no buscan resolver los problemas simples, las
demandas tan simples como justicia. Por ello los factores de ética han
entrado. Los gobiernos buscaban en los cuerpos profesionales, ya
agotados los abogados, los jueces y los carceleros, que médicos y
enfermeras “les salven la vida”. Sí, esa condición superior -vivir- que
esos mismos gobiernos le niegan al preso político hasta la humillación
cotidiana.

Históricamente hablando los cuerpos médicos se resistieron a salirse de
la trampa puesta por el establecimiento político. Margaret Thatcher, en
la Inglaterra que ocupaba Irlanda, hizo todo lo que pudo para “salvarse
salvando presos políticos”, es decir no resolviendo los problemas
específicos y forzando alimentación. Y tuvo apoyo inicial de los
Colegios Médicos… pero no por mucho tiempo. La manipulación ha sido una
forma de controlar esta forma de represión.

Se intenta manipularlos como manipulan la democracia y la justicia: en
el caso chileno esto se ha transformado en una rutina. Los cómplices
profesionales de la justicia no están solos. Hasta permitir la demora
que lleva al agravamiento y riesgo de muerte es usado. “Tenemos que
salvarlos porque son tan dementes que no saben respetar ni siquiera sus
vidas”. Por ello ignorar esta huelga es inaceptable. El sitio de la
Asociación Médica Mundial contribuye a entender esta situación.
(http://www.wma.net: la Declaración de Malta puede ser vista en ese
sitio)

Así, las huelgas de hambre de consciencia pueden ser Evitables si las
leyes son democráticas y se cumplen. Enfocadas inmediatamente que
suceden para evitar los riegos graves fisiológicos, emocionales y
políticos para los prisioneros de consciencia. Las causas, como se
demuestra una y otra vez radican en la torpeza del autoritarismo frente a
las luchas sociales justas (2).

El Colegio Médico de Chile (3) publica un documento al respecto que es
muy claro. Sin embargo, en su punto sobre los pacientes que entren en
estado de confusión o incapaces de tomar decisiones complejas es algo
ambiguo. Deja al médico la decisión de qué se hace con el preso. La
sociedad ha cambiado: nunca más es aceptable que a una persona en su
juicio se le imponga una forma cualquiera de tratamiento. Mucho menos a
la fuerza y con tortura física y psicológica. El médico no está
autorizado a ir más lejos que lo que fueron los deseos del paciente
mismo cuando estableció su relación de ser o no tratado durante su
huelga de hambre. No es distinto del paciente terminal que acepta
terapias que lo hagan sentirse cómodo o sin dolor pero que no acepta
terapias invasivas. La alimentación en estos casos es un acto invasivo
si el o la paciente no lo aceptan.

Violar ese mandato es inmoral y debe ser plausible de procesamiento
judicial. El caso del "encarnizamiento terapéutico" no es aceptable
desde el punto de vista ético en ningún caso de personas que han tomado
decisiones conscientes e informadas. No son accidentes las huelgas de
hambre de los prisioneros de consciencia. Prevenirlas y resolverlas en
base a justicia y ética es una obligación. La declaración de Malta
indica que los médicos funcionarios (Gendarmería o servicios públicos o
privados de las cárceles) no deben ser presionados en forma alguna a
violar las decisiones de estos pacientes. Esto no fue respetado en Chile
ya antes.

El papel de un médico puede ser importante. Debe identificar que su
responsabilidad incluye la de buscar que las causales originales de esta
huelga de hambre, en los casos de pacientes que sean presos políticos
(prisioneros de conciencia) sean identificadas y resueltas. Los
pacientes que son maltratados –la tortura en Chile existe y no hay un
protocolo confiable del estado para prohibirla- y que, repentinamente
son considerados en riesgo de muerte no implica que se los pueda obligar
a aceptar alimentación o cualquier forma de tratamiento de modo
obligatorio.

En Chile, en el caso de Patricia Troncoso, aún presa en la cárcel de
Angol, sabemos que tuvo una prolongada huelga de hambre por razones de
privación de sus derechos elementales de detenida. Es interesante que
esta fue una persecución política muy dura. Ella fue absuelta dos veces
en el juicio y fue, eventualmente con montajes y uso de testigos
encapuchados que Agustín Figueroa, abogado y miembro del Tribunal
Constitucional quien la perseguía, que consiguió inculparla y
sentenciarla. Cuando el Colegio Médico “hizo algo” ella llevaba más de
cincuenta días de huelga. Prescribió -diciéndole a los médicos tratantes
de Chillán- que se les diera alimentación forzada ("no íbamos a
dejarlos morir sólo porque algunos quisieran tener mártires"… Esa fue la
frase que me dijo el Dr. Julio Montes, Director del Departamento de
Ética del Colegio Médico cuando conversé con él. Una forma muy sórdida
de justificarse.

Patricia Troncoso identifica con claridad que ella fue sometida a
violencia física, torturada con inyecciones y terapias que ella no
aceptaba, incluida la alimentación por sonda y la alimentación
intra-venosa. En las raras ocasiones que le pidieron un consentimiento
informado estos fueron obtenidos a la fuerza, inmovilizada por varias
personas para ser alimentada y amenazada de violencia contra su familia:
lo que ella “aceptara” no fue consentimiento informado. Ese no se da
bajo tortura y violencia. JAMAS. Eso no tiene valor legal, moral ni
ético alguno. En las huelgas de hambre de presos políticos, los
gobiernos se empantanan y se hunden en sus mentiras.

El Colegio falló en el caso de Patricia Troncoso y sus compañeros al no
haberse involucrado con el caso desde el comienzo para informarse y así
tomar medidas simples que habrían parado la huelga: otorgarle los
derechos carcelarios que todos los presos tienen. Es un error que el
Colegio mire esto como una discusión política que, en casos éticos de
este tipo no tiene lugar. Su papel es impedir que toda forma de tortura y
de abuso que pueda llevar a daño de una persona pueda ser impedido o
detenido una vez que empezó. Lo antes posible. Hoy los fiscales le dicen
que ni siquiera podrá ejercer su profesión de profesora… Es decir, se
intenta viciosamente destruir a las personas.

Su condición de mapuche ya la había segregado a ser procesada por la Ley
Anti-Terrorista, lo que viola los acuerdos del Comité Contra la Tortura
(CCT) del Consejo de Derechos Humanos de naciones Unidas y los del
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR). Esto
implica, además, la violación del Convenio 169 de la OIT que incluye que
los pueblos indígenas deben participar en todas las situaciones que
afecten su calidad de vida y que lleven a decisiones sobre éstas. Es
importante recordar que todas estas normas han sido firmadas por el
Estado de Chile pero las han violado. James Anaya, Relator Especial de
Naciones Unidas ya se lo recordó al gobierno el año pasado pero las
irregularidades procesales persisten: se encierra a gente con
acusaciones sin evidencia, se traslada a los detenidos de una ciudad a
otra para cortarlos de sus familias, de sus bases de apoyo e, incluso,
de su defensa legal.

El gobierno actual hace exactamente lo opuesto de lo que el estado
chileno ha firmado y prometido hacer. Guarda silencio y quiere usar el
tiempo que agrava la salud de los presos como forma de justificar mas
adelante el asalto a los principios éticos de los prisioneros de
consciencia. La presidencia y sus ministerios de Justicia y del Interior
deben respetar los derechos humanos fundamentales del pueblo mapuche y
los de cada preso político mapuche. No hacerlo es un crimen de lesa
humanidad en nada diferente a las violaciones conocidas desde la
dictadura.

Los principios sociales, democráticos y éticos deben considerar con toda
claridad que las huelgas de hambre de este tipo pueden y deben ser
prevenidas. Eso se hace con normas democráticas que son respetadas para
todos y cada uno. El llamado “conflicto mapuche” –que no es otra cosa
que la agresión persistente del estado chileno y de sus asociados que se
benefician de estas agresiones a los pueblos indígenas- ha subido en
complejidad y tiene ahora dos tendencias muy claras: es discriminatorio
(racista) y reduce al pueblo mapuche a un verdadero “apartheid” (o
gueto). Las recomendaciones de que se establezcan negociaciones
adecuadas no han sido cumplidas y, en cambio, se ha aumentado la
militarización, la violencia contra todo el pueblo –no solo contra sus
dirigentes- y mantiene prácticas ilegítimas de una justicia que viene
desde la dictadura. Estas prácticas deben cesar y es lo que los
huelguistas exigen. Han llegado a esta decisión en que ponen sus vidas
de por medio cuando el estado y gobiernos han rechazado respetarlos. Se
hacen acusaciones a repetición, a menudo de causas ya resueltas y
sobreseídas.

Se sigue acusando y manteniendo a los presos en detención y en terribles
condiciones: sucede porque el estado/gobierno ha decidido no dejarles
escapatoria alguna. Han cerrada la puerta al DEBIDO PROCESO, mantienen
el uso de la Justicia Militar que es repudiada en el mundo entero y que
no tiene justificación alguna en Chile, excepto de que se la usa para
dos aspectos: 1. Asegurar la impunidad y amnistías de los criminales de
lesa humanidad –para aquellos que hicieron nuestro país tristemente
célebre en el mundo con sus crímenes y desapariciones. 2. Para “tomar
las causas de presos que el sistema quiere mantener presos de modo
permanente. Es así que cuando no quieren liberar a alguien, los
pretenden juzgar por la Justicia Militar y la Justicia Civil. (Hay siete
casos en esta situación: para uno de ellos el fiscal “pide” 103 años de
presidio firme… cuando no tiene evidencia algún y usa de testigos a la
policía y a encapuchados…!) No hay duda de que ambas (in)justicias
actúan de común acuerdo.

Tanto es así que en los juicios a miembros de las fuerzas armadas y
carabineros que han estado envuelto en tortura a niños, la justicia
civil se declara “incompetente”, pasa los casos a la Justicia Militar
(que se basa en el principio de obediencia y no tiene bases legales) y
ésta libera o da por sobreseídos los crímenes conocidos. Esto ha sido
particularmente identificado en los casos de violencia contra menores.
Por ejemplo, José Huenulao, menor desaparecido en Puerto Montt: sus
raptores son conocidos pero no se avanza para los casos del pueblo
mapuche porque en Chile no hay justicia que haga justicia… El asesino de
Matías Catrileo “fue condenado a firmar mensualmente” por dos años. Y
quienes lo mandaron matar siguen tranquilos desde la altura del poder.

El gobierno esconde la cara y niega su responsabilidad cómplice: las
fuerzas del GOPE las manda el Ministro del Interior. La complicidad de
los gobiernos y de esta justicia vergonzante es obvia y pone a Chile
como claro violador de los principios que dice respetar. Las familias de
los dirigentes, para que no se confunda nadie, son a menudo aterradas,
abusadas, golpeadas (incluso tomadas en video, como el caso del menor
que fuera pateado en la cara, su agresor sobreseído por la justicia
militar y el detenido… Los juicios orales previstos son una farsa,
faltan a todos los principios de la justicia Es este tipo de farsa que
los presos políticos rechazan y ponen sus vidas en el camino. ¿Puede el
estado ignorarlo y ser respetable? Imposible.

Las demandas de los huelguistas están en perfecto acuerdo con los
principios establecidos y las recomendaciones hechas al gobierno de
Chile en los diversos Comités de Naciones Unidas ya mencionados (CCT,
CEDR, Convenio 169). El gobierno, a todos sus niveles, debe tomar
consciencia de que son sus acciones abusivas, reñidas con la justicia a
la base del problema. La lucha del pueblo Mapuche no es ni terrorista ni
criminal. Los explosivos que se encuentran los ponen las “las fuerzas
del orden” en sus montajes. Las armas son monopolio del estado y, como
ya lo sabemos, los muertos , heridos y agredidos son monopolio Mapuche.
El Pueblo Mapuche es perseguido políticamente y sus demandas son justas.
La democracia requiere de que Chile tenga una Constitución democrática y
no la actual, hecha en dictadura que permite que suceda esta actitud
discriminatoria y ajena a la justicia.

Si el gobierno se desliga de esta responsabilidad está cometiendo una
violación muy grave a los DDHH’s en el país. La solidaridad con los
derechos humanos y la exigencia de todo el pueblo chileno por una
verdadera justicia y democracia es una responsabilidad de cada uno de
nosotros. Las luchas por la libertad, por la justicia social, la equidad
y los derechos humanos no se resuelven con la cárcel ni con fiscales y
sistemas inmorales. El Presidente tiene la palabra y el juicio sobre su
actitud será más severo que lo que él pueda creer.
Jueves 22 de julio de 2010


*José Venturelli B., Pediatra Profesor Emérito, Universidad de McMaster
Hamilton, Ontario – Canadá. Vocero del Secretariado Europeo de la
Comisión Ética Contra la Tortura.

*Fuente: Kilapan

Notas:

1) http://www.observatorio.cl/noticias…

2) Bobby Sands, irlandés libertario que murió en 1981 en huelga de
hambre por la libertad de su pueblo y por estupidez del gobierno inglés
de la época: el de Margaret Thatcher. Sands explicaba: “Yo sólo era un
niño de clase obrera de un gueto Nacionalista, pero es la represión la
que genera el espíritu revolucionario libertario. No descansaré hasta
conseguir la liberación de mi país, hasta que Irlanda sea una república
soberana, independiente y socialista”.
http://www.irishhungerstrike.com/bo…

3) http://www.colegiomedico.cl/Default…