Esa esquiva libertad

Traiguén, Wallmapu/ La lluvia cae en Traiguén, la lluvia del sur.
Abundante como el verde de sus tierras. La reja de la cárcel cerrada
aunque es hora de visita. Pascual Pichún Collonao está adentro,
esperando. Esperando a su familia y amigos. Esperando esa esquiva
libertad, un futuro. Paso los absurdos controles, me registran y me
hacen pasar a la sala de visitas, se cierra la reja. Lo veo, lo abrazo,
converso con él y le digo algunas cosas que quienes hemos estado
prisioneros sabemos y sentimos. Es duro volver a una cárcel, pienso, y
él me lo dice. Para Pascual es mucho más duro, por mucha convicción que
tenga o mucha compañía que le hagamos. Somos seres libres y el encierro
es un poco de muerte, un disciplinamiento atroz. “Voy tarjando los días,
desde que llegué acá, algunos pasan mucho más rápido que otros”, dice.
“Ya me estoy acostumbrando a las rutinas, nos encierran a las cinco de
la tarde. Tenemos comida y abrigo, compañía de otros presos. Vivo en un
módulo tranquilo, donde están quienes hacen buena conducta para optar a
beneficios intrapenitenciarios. En la celda en la que duermo hay unos
veinte presos más”, agrega.

“Es fácil fugarse de aquí”, le digo, y le arranco la primera sonrisa.
Qué dolor es ver un espíritu libre entre rejas de odio y muerte. Qué
dolor inmenso es la impotencia, qué soledad es el encierro… Pero su
decisión de regresar le brotó del corazón y, asumiendo cualquier riesgo,
cruzó nuevamente la cordillera nevada, esta vez hacia Chile. Ida y
regreso. Un ciclo que se cierra. “Quiero aportar a la lucha de mi
pueblo, y aquí está mi familia, hermanos, sobrinos, mi comunidad. Es mi
lugar…”, dice.

Pascual Pichún Collonao es un militante y comunicador del pueblo
mapuche. Creó un grupo musical en la secundaria. Luchó por su comunidad.
Y emigró forzadamente a Puelmapu, donde se labró una senda. Su travesía
lo convirtió en comunicador. Quizá siempre lo fue. Y es que él y su
familia han sido perseguidos, estigmatizados y criminalizados por el
Estado desde hace más de una década. Pascual fue prácticamente obligado a
vivir siete largos años de autoexilio, alejado de sus seres queridos, y
su comunidad. Apenas tenía 19 años cuando debió detener su vida y huir
para hacer otra. Se clandestinizó y autoexilió para evitar la cárcel, la
condena injusta, las penas del infierno. Su caso -y el de su hermano
Rafael-, es uno de los tantos episodios de criminalización de la lucha
del pueblo mapuche por parte del Estado y los gobiernos de la
Concertación, que hicieron de esa persecución judicial, política y
mediática un deporte nacional. El 2002 se acusó sin pruebas concluyentes
a los hermanos Pichún de incendiar un camión forestal en las cercanías
de la comunidad Antonio Ñirripil, su comunidad, en Temulemu, comuna de
Traiguén. Ambos negaron cualquier participación en los hechos y, a pesar
de no existir indicios concretos, y sí muchos vicios, irregularidades
judiciales y contradicciones de supuestos testigos, se les condenó a
cinco años de cárcel y al pago de una millonaria multa: 12.000 dólares.
Algo inalcanzable para cualquier mapuche. El proceso fue una burla a la
justicia. Los hermanos Pichún fueron condenados como autores del
incendio de un camión forestal en el Fundo Nancahue, de propiedad del
abogado, ex ministro, latifundista y miembro del Tribunal
Constitucional, Juan Agustín Figueroa, influyente “pro-hombre” de la
llamada “democracia de los acuerdos”, la “democracia tutelada”, los
gobiernos civiles que administran las leyes y el modelo económico
fundado a sangre y fuego por la dictadura de Augusto Pinochet. El 2003,
fueron declarados prófugos y las policías iniciaron la captura. Los
medios de comunicación los mostraron como peligrosos “criminales y
terroristas”. Rafael fue detenido y encarcelado, cumpliendo finalmente
su condena. Pascual, en cambio, no quiso enfrentar la prisión y cruzó a
Puelmapu, solicitando refugio político en Argentina… Y es que su familia
ya había sido hostigada, perseguida y encarcelada. ¿Uno más para qué?
Pascual Pichún Paillalao, el lonko de la comunidad, y padre de Pascual y
Rafael, también fue “cazado” bajo el omnipresente ojo de los servicios
de seguridad del Estado, y se le estigmatizó y criminalizó durante años,
por su lucha por recuperar tierras que les pertenecían a la comunidad.
Al padre de los Pichún, le condenaron y encarcelaron injustamente junto
al también lonko Aniceto Norín. Hoy el caso de estos lonkos es visto por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

VERGÜENZA DE CHILE

La sala de visitas es pequeña. No hay más de diez presos con sus
compañeras, niños pequeños y familiares. El lugar es frío, pero nos
abrigamos con unas rondas de mate y unas galletas. “¿Qué te hace
falta…?”, le pregunto. “Cosas materiales”, agrego, y le arranco otra
sonrisa. “Tengo varios libros y estoy haciendo artesanía en plata para
vender… Creo que no me falta nada, sí más apoyo para mi comunidad.
Después del terremoto, ha sido difícil para la comunidad vender madera.
Algunas empresas cerraron o dejaron de comprarla… En realidad, quisiera
que mi situación sirviera para dar cuenta de lo que está pasando con
todos los prisioneros políticos mapuches… Yo no soy el único, ni el que
tiene las condenas mayores. Quisiera que a partir de mi caso se pudiera
hablar de lo que está ocurriendo en las comunidades y con los familiares
de los prisioneros políticos, con sus hijos… Hace falta visibilizar
más la situación que vive el pueblo mapuche. Hay mapuches encarcelados,
padres de familia, quienes son el sustento del hogar, y sus hijos están
viviendo miseria y abandono”, dice.

En Chile continúa vigente la ley 18.314, ley antiterrorista de Pinochet
aplicada hoy principalmente contra los mapuches, pero también contra
todo aquél que cuestione el sistema vigente. Es una herramienta de
persecución y represión en manos del Estado, ocupada a discreción contra
quien alce la voz. El número de prisioneros políticos mapuche aumenta.
Aunque no existen listados oficiales, diversas organizaciones señalan
que existen 57 prisioneros. 106 mapuches se encuentran encarcelados,
condenados o procesados por razones políticas -57 prisioneros (dos
mujeres), 12 ex prisioneros cumpliendo condena en libertad vigilada, y
37 casos de procesados con medidas cautelares, como arresto
domiciliario, firma periódica, reclusión nocturna o arraigo-. Una
veintena de niñas y niños ha sido detenida y acusada por las policías,
sacándolos esposados incluso de sus colegios. A más de 30 prisioneros se
les ha aplicado la ley antiterrorista. En algunas comunidades
prácticamente hay una ocupación militar, allanamientos y tiroteos
terminan con más comuneros detenidos y acusados. El ordenamiento
jurídico chileno permite que tribunales militares juzguen a civiles, que
se presenten testigos sin rostro y protegidos, y que no haya traducción
al idioma originario. Pocos países del mundo sienten orgullo del
atropello, el abuso y la injusticia como Chile. “Este We Tripantu
renovamos nuestro compromiso con nuestra gente, con nuestro pueblo.
Muchos de nosotros nos encontramos encarcelados, aunque sin dolor ni
sufrimiento como tal vez se pueda creer. Lo enfrentamos con dignidad
porque justamente nuestra lucha, la lucha de nuestras comunidades es
digna por donde se le mire”, dice Pascual.

La ley antiterrorista y la permanencia de tribunales militares viola la
independencia e imparcialidad establecidas en tratados de derechos
humanos ratificados por Chile, por ejemplo, el Pacto de San José de
Costa Rica, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros. El propio relator
especial de la Comisión de DDHH de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, solicitó
al gobierno chileno no ocupar dicha ley contra los mapuches, y menos
aún si se trataba de “hechos relacionados con la lucha social por la
tierra y los legítimos reclamos indígenas”. Pero el Estado de Chile
incumple la Convención Americana de Derechos Humanos. La propia Corte
Interamericana ha dicho que “los Estados no pueden, para no dar
cumplimiento a sus obligaciones internacionales, invocar disposiciones
existentes en su derecho interno”. Chile se vanagloria de su injusticia,
de su vergüenza. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, en
una misiva dirigida al presidente Sebastián Piñera, dice: “Pascual
Pichún pertenece a una familia mapuche, víctima de una persecución
policial y política desde el 2001, por resistirse a la ocupación de sus
tierras por multinacionales forestales. Este joven mapuche, acusado,
junto a su hermano de incendiar un camión de dicha multinacional, pidió
asilo político en Argentina, en donde se asentó y comenzó a estudiar
Periodismo. Resulta inconcebible Sr. Presidente, que todavía hoy se
juzgue a los hermanos mapuches, que defienden su territorio y recursos
naturales, bajo la ley 18.314 sobre conductas terroristas, creada por la
dictadura militar de Pinochet para perseguir a sus opositores”. Su
carta ni siquiera fue publicada por la prensa oficial. El tema es
silenciado como mucho de lo que ocurre en Chile.

HACIA LA LIBERTAD

“Quería ver y vivir lo que está sucediendo acá, en mi comunidad, con la
lucha de mi pueblo… Aunque sé que las organizaciones que hay o había se
han alejado de los mapuches, se han convertido en elites… por eso creo
necesario construir desde abajo”, dice Pascual. “Manu” -como es conocido
por sus amigos- estudiaba periodismo en la Universidad Nacional de La
Plata y formaba parte del programa radial La Flecha, que trasmite Radio
Estación Sur, del Encuentro de Comunicadores Indígenas de Argentina, del
periódico mapuche Azkintuwe -donde firmaba como Manuel Lonkopan-, y de
otras muchas iniciativas y sueños.

“Sabía los riesgos de volver, los asumo, no quería esconderme”, dice
Pascual. Al tomar su decisión, lo hizo conciente de todo lo que ello
significaba, como el ser detenido y encarcelado. Su amiga y compañera de
La Flecha, Zulema Enríquez, le explica lo que la Comisión Pascual Libre
Argentina ha realizado, y las últimas noticias en Facebook y el Blog
que han abierto por su libertad en Argentina. Pascual se sorprende sin
ocultar un poco de orgullo: “La solidaridad en Puelmapu ha sido
importante, pero en Chile hay pocos gestos similares. Acá ha sido más
difícil que mi situación, y la de todos los presos políticos, se
visibilice, se difunda. Los medios oficiales no publican nada. Bachelet,
cuando era presidenta, dijo que en Chile no había prisioneros políticos
mapuches, y recientemente el presidente Piñera, volvió sobre lo mismo.
Hay razón de Estado, la derecha y la que hoy es la oposición están
básicamente de acuerdo en el tratamiento que le dan al pueblo mapuche”,
dice. “Estoy muy agradecido -continúa- del apoyo que he recibido, pero
quisiera que se hiciera más por todos los prisioneros políticos, que mi
situación sirva para que se tome conciencia de lo que está ocurriendo en
las comunidades. Aquí y allá, al otro lado de la cordillera. Más allá
de mi caso en particular debiera generarse un compromiso de la sociedad
chilena y del movimiento mapuche, para cambiar esta situación, que ya no
da para más”, dice.

Pascual deberá cumplir una condena de cinco años, a la que se agregarán
40 y tantos días más por el delito de “usurpación de identidad”. Si le
suman el tiempo en que firmó más los meses que lleva encarcelado, se
acortará un poco la pena. Hay posibles salidas administrativas a las que
pudiera acogerse, como la prescripción parcial y los beneficios
intrapenitenciarios, incluso lo que ha publicitado la iglesia y el
gobierno como “indulto bicentenario”. Pero nada es seguro. Todo
dependerá de la presión que pueda ejercer el movimiento mapuche acá y
allá, y quiénes le apoyan.

“¿Han venido a verte organizaciones de derechos humanos, la CECT, la
Defensoría Popular, FASIC, CODEPU, Agrupaciones de Familiares de
Ejecutados y Detenidos Desaparecidos, Ex Presos Políticos, algún
parlamentario, el Colegio de Periodistas?”, le pregunto. “No”, responde
Pascual. “Algunas organizaciones han firmado cartas de apoyo, que están
conmigo y eso, denunciando mi situación, pero no han venido a verme ni a
expresar acá qué van a hacer o qué están haciendo por mi causa”, dice.

En Argentina, la Comisión Pascual Libre, el programa radial La Flecha,
Radio Estación Sur de La Plata, Indymedia Pueblos Originarios,
comunicadores indígenas, organizaciones de derechos humanos y
estudiantiles, la Secretaria de Derechos Humanos de la Facultad de
Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata y el Encuentro de
Organizaciones de Pueblos Originarios, entre otros, se han movilizado
desde el día siguiente en que Pascual fue detenido, el 26 de febrero de
2010, exigiendo su libertad. La última acción de denuncia se realizó
frente al Consulado chileno en Argentina. “Hicimos una radio abierta
donde se pidió por tu liberación y la de todos los prisioneros políticos
mapuches. La Comisión Pascual Libre fue recibida por el Cónsul Adjunto
de Chile en Buenos Aires, que se comprometió a hacer llegar al
presidente Piñera toda la documentación que le entregamos”, le informa
Zulema Enríquez. “En Bélgica también se realizó una acción a tu favor
ese mismo día”, agrega.

“Extraño algunas vivencias en Puelmapu, pero trato de no pensar mucho en
eso, pienso más en lo que hoy hago acá”, dice. “Hay presos que llevan
más años y lo sacan a uno de cavilaciones, no te dejan entristecer, te
sacan rápidamente de esos pensamientos. Ellos se dan cuenta cuando
alguien se angustia”, dice.

Las dos horas han pasado con prisa. Pareciera que el reloj se apura o el
corazón late más apresurado, más rápido. “Que estés bien, cuídate
mucho”, le digo cuando la visita acaba y suena el pito. La gente se
empieza a ir. Los presos miran con angustia como sus amores se marchan.
Un apretón de manos, un abrazo fuerte. Soy el último. Una tradición de
otras prisiones, de otros años, de viejos hermanos que ya se fueron o
nos dejaron. “Sí, estoy acá, pero ya estaré allá, afuera”, me dice. El
dolor inunda todo como la lluvia que sigue cayendo. Una parte de mí se
queda con él, en esos muros oscuros de sólidas rejas, prisionero. Pero
los carceleros no saben, ni siquiera sospechan… que una parte de él,
sale conmigo, en mis ojos, mi corazón, mi piel, traspasando rejas y
muros hacia la libertad, sintiendo la lluvia en los pies.

– Historiador y periodista, ex prisionero político.