Operación Cóndor: agrupaciones de DD.HH exigen salida de embajador Labbé

Miembros de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara emplazaron al
Gobierno a destituir inmediatamente al embajador en Panamá, Alberto
Labbé, por haber declarado en calidad de inculpado en la fatídica
Operación Cóndor. El ministro del Interior, en tanto, señaló que deberá
responder ante la Justicia como cualquier ciudadano, pero no se refirió a
su salida de Cancillería.

Cada día que pasa aumenta más la presión al Gobierno para la salida del
embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé, quien fue llamado a
declarar en calidad de inculpado en la investigación de la llamada
Operación Cóndor de la dictadura.

Parlamentaros de la comisión de Derechos Humanos insistieron en exigir
la inmediata destitución del representante diplomático.

El diputado  PS Sergio Aguiló señaló que es de extrema gravedad que
Labbé se mantenga en funciones. “El principal instigador de esta
operación de terrorismo internacional fue Chile, en la figura de
Pinochet y en el director de la DINA. Y uno de los actores más
importantes es Arancibia Clavel, quien participó en el asesinato del
general Prats y parece ser uno de los contactos más privilegiados que
tenía este actual embajador Labbé. Reiteramos la solicitud unánime de la
comisión de Derechos Humanos de solicitar la inmediata remoción de este
embajador”, indicó el parlamentario.

Los diputados expresaron  que no sería improvisación lo que está
haciendo el Gobierno, sino una estrategia para reivindicar a personajes
ligados con la dictadura militar y con violaciones a los derechos
humanos. Esto, por los casos de Iván Andrusco en Gendarmería, Miguel
Otero en Argentina, Luis Castillo en el ministerio de Salud y ahora
Labbé en Panamá, todos vinculados al régimen militar.

Teoría a la que se sumó la presidenta de la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, quien en el programa Humanas.cl
de la Radio Universidad de Chile, criticó al Ejecutivo por aún no
destituir al embajador Labbé, en una acción que ha contribuido a
relativizar los crímenes de la dictadura ante la opinión pública.

“Un país, un gobierno, un Piñera que dice ‘mi Gobierno defiende los
derechos humanos’ lo primero que tiene que hacer es pedirle la renuncia.
No lo hicieron con Otero, él renunció; en el caso de Iván Andrusco lo
defendieron hasta al final, también renunció él, pero ¿cuántos más están
ocultos? ¿Cómo vamos a confiar si no llevan tres meses en el poder y 
ya tenemos a cuatro sujetos vinculados a crímenes de los derechos
humanos”, señaló Pizarro.

El diplomático debe aclarar su actuación en 1975, cuando se desempeñaba
como segundo secretario de la embajada de Chile en Argentina, por sus
presuntos vínculos con el ex agente de la DINA, Enrique Arancibia
Clavel.

Gobierno deja todo en manos de la Justicia

Desde el gobierno insisten en respaldar al embajador Labbé. El ministro
del Interior, Rodrigo Hinzpeter, reiteró que los miembros del Ejecutivo
deben estar disponibles si la justicia los solicita, mientras el
canciller Alfredo Moreno no descartó su destitución, pero en el caso de
que éste sea procesado.

El ministro del Interior prefirió guardar silencio al ser consultado por
qué el Programa de Derechos Humanos de su cartera decidió nuevamente
llamar a declarar por estas causas a un funcionario del actual Gobierno.

Por otra parte, Hinzpeter reconoció que existe tardanza en las
resoluciones de los casos de violaciones a los derechos humanos,
falencias que atribuyó a la lentitud de los procesos judiciales.

Sin embargo, entre los factores que inciden en la demora de estas causas
se encuentra la tardanza del Ejército en colaborar en ellas, la ley de
amnistía, que ha protegido a los más de 500 militares involucrados en
este tipo de procesos, además de los datos poco claros y falsos sobre el
paradero de los detenidos desaparecidos entregados por las Fuerzas
Armadas.

En tanto, el titular de Justicia, Felipe Bulnes aseguró que el Gobierno
tiene un “compromiso irrenunciable” y se está trabajando para avanza en
la materia. “Los derechos humanos no son patrimonio de un sector
específico sino de todos los chilenos”, aseguró.
sábado, 03 de julio de 2010

* Fuente
: El Clarin