La crisis de la salud en Chile

Entre 1952 y 1981, el sistema nacional de salud contaba con cobertura
universal, gratuidad, y era completamente financiado por el Estado. En
la madrugada de la década de los 80, en plena dictadura militar y
promovido por José Piñera, hermano de Sebastián, Pinochet fragmentó el
sistema sanitario, contrajo brutalmente la inversión pública en salud y
creo los Institutos de Salud Previsional (Isapres).

Del origen de la seguridad social a su descalabro

Después de la Segunda Guerra Mundial se originaron diversos sistemas de
salud en todo el planeta con el objetivo de lograr la cohesión social y
amortiguar la lucha de clases. En Francia, la Asamblea Consultiva
Provisoria estableció el 5 de julio de 1945 que la seguridad social
“responde a la preocupación de liberar a los trabajadores de la
incertidumbre sobre el mañana (…) que, genera entre ellos, un
sentimiento de inferioridad, fundamento de la distinción de clases entre
los propietarios, seguros de sí mismos y de su futuro, y los
trabajadores, sobre quienes pesa, en todo momento, la amenaza de la
miseria”.

El principio escrito de “derecho a la salud para todos” condujo a la
creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948. Y la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo ratificó en 1978. Claro
está que como una muestra de buenas intenciones únicamente.

Ya en 1883, el canciller alemán Otto von Bismarck, sobre  un modo de
producción fundado en la industrialización generalizada y por razones
militares, inauguró la seguridad social con el fin claro de garantizar
obreros y trabajadores sanos para enfrentar las duras condiciones de las
labores fabriles y se afectara lo menos posible el rendimiento del
trabajo. También para contar con soldados duraderos. Sin embargo, lo que
en un principio fue una medida tendiente a disciplinar y asegurar la
producción y la ganancia capitalista, luego se constituyó en una
conquista de los propios asalariados mediante la lucha social y
política.

No obstante, las iniciativas y logros que cimentaron la seguridad social
y la salud pública en buena parte de mundo, y, por tanto, las bases del
llamado Estado de Bienestar, sufrieron una estratégica involución desde
la década de los 80 del siglo XX. Tal es así, que en el informe de 2008
de la OMS se afirma que “las políticas de ajuste estructural
-impulsadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial- han
hecho tambalear seriamente el sistema de salud pública; la brecha entre
la oferta de la atención privada y pública se profundizó.” Y añade que
“la mercantilización no regulada de los sistemas de salud los hace muy
ineficaces y muy caros; acentúa las desigualdades y lleva a una atención
de calidad incluso hasta peligrosa”.

Ocurrió que los denominados "25 años dorados” del capitalismo habían
llegado a su fin. Una violenta crisis de sobreproducción en los países
centrales a principio de los 70 (asociada al precio del petróleo,
energía madre de la economía mundial) comenzó a limitar paulatinamente
las garantías sociales de los Estados europeos y de Estados Unidos con
el objetivo de que el capital recuperara su tasa de ganancia. El mismo
fenómeno dio pie a las privatizaciones de los recursos naturales,
industria y derechos sociales, como la salud; y a la financiarización
mundial. Ahora sólo el que puede pagar tiene la salud asegurada. El
mercado sin cotos significa que se prestan los mejores servicios
sanitarios al segmento social que pueda costearlo, y el sistema público
–con menos recursos y que está obligado a atender a la mayoría de la
gente- queda para todos los demás.

Las ISAPRES

En Chile, un 73 % de de la gente pertenece al Fondo Nacional de Salud
(Fonasa), un 17 % a Isapres, y un 10 % a ninguno de los dos. Para Fonasa
se descuenta el 7 % del cotizante, por planilla o voluntariamente, y
para Isapres, como piso, un 7 %, pero en la realidad, sumando los co
pagos, adicionales  y otros, la administración privada cobra entre un 10
% a un 14 % del salario.

Según el Doctor en Economía, Camilo Cid, “cuando la contribución (o
prima) está restringida a los que tienen recursos para pagarlas y no hay
regulaciones del mercado privado (Isapres), se generan incentivos a la
selección de riesgos.” Cid afirma que la selección de riesgos es un
grave problema en Chile y causa inequidad en el acceso a la salud porque
promueve la segmentación de los beneficiarios, atenta contra el
principio de solidaridad y es socialmente ineficiente.

Con la selección, los planes que venden las Isapres (seguros privados)
ajustan las primas según el costo esperado del individuo, y llegado el
momento, el individuo no paga dicha prima y es expulsado de la isapre.

Camilo Cid concluye que está “demostrado que en un mercado competitivo
de seguros de salud, sin regulación (como el chileno), las primas
asociadas a riesgos serán altas para los adultos mayores, para enfermos,
mujeres en edad fértil y familias numerosas, y menos caras para los
jóvenes, los solteros y para las familias pequeñas.”

A las Isapres no les interesa atender a las personas de alto riesgo,
como a los enfermos crónicos, gente con dolencias preexistentes y,
naturalmente, a trabajadores de ingresos bajos y medios, o a pobres.

Para Chile, un sistema privado de salud que sólo se basa en la edad y el
sexo (y no en las enfermedades reales, por ejemplo) no sirve, porque
considera muy “pocos factores relevantes del paciente”, dice Cid.

En buenas cuentas, las Isapres son caras, poco eficientes, no hay libre
elección (debido a las preexistencias o a los clientes cautivos por la
edad), son discriminatorias y antisociales. Eso sí, resultan un
excelente negocio para sus propietarios.

Como si no bastara, los altos co pagos y gastos de bolsillo de la
población por atenciones médicas, en cualquiera de los dos sistemas, es
de 33 % según la Superintendencia del sector.

Las carencias

En 1979, el régimen militar, mediante un decreto ley, sentó las bases
del actual Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS), y el Fondo
Nacional de Salud (Fonasa). En 1980, la dictadura trasladó los
consultorios primarios de salud a las municipalidades, entregándoles
también su propiedad y bienes. Y junto con la creación de las Isapres,
las medidas de Pinochet estuvieron orientadas a la privatización total
del sistema de salud.

Recién el 2004 se estableció la Ley de Autoridad Sanitaria y Gestión,
AUGE, que creó un sistema de garantías explícitas de acceso financiado
para una “canasta” que hoy cubre 56 enfermedades. No obstante, la
reforma de la Concertación no innovó en relación a los consultorios de
atención primaria, los cuales todavía dependen de los municipios. Ello
se traduce en que la mayoría de las comunas del país, que son pobres,
tienen una salud primaria deficiente. Asimismo, existe una abierta
discriminación entre los pacientes AUGE y los no AUGE; y se ha revelado
la falta de camas y de recursos humanos. De hecho, en la Atención
Primaria de Salud falta el doble de médicos para cubrir la demanda; el
40 % de los doctores llega apenas al año en los consultorios públicos, y
el 60 % no supera los 3 años de antigüedad. Progresivamente, el mayor
número de médicos del país se concentra fuera del sistema público. Y la
tendencia se incrementa cuando los doctores se especializan.

Asimismo, existen significativas falencias en especialidades como
Medicina Intensiva, Geriatría, Anestesiología, Imagenología, Oncología; y
en los hospitales públicos se carece de, por lo menos, 600 enfermeras
en las Unidades de Cuidados Intensivos.

En Chile hay 183 hospitales (59 de alta complejidad, 24 de mediana
complejidad y 100 de baja complejidad); 7 centros de diagnóstico y
tratamiento; 4 centros de referencia de salud; y 1.805 establecimientos
en la atención primaria de salud. En materia hospitalaria, la
Concertación terminó 14 hospitales, dejó 14 en etapa de ejecución de
obras civiles; 8 en etapa de licitación de obras civiles; y 8 en etapa
de desarrollo de proyectos.

En 2009 el número de camas disponibles era de 26.202 (2 por cada mil
beneficiarios). Ahora bien, luego del terremoto del pasado 27 de
febrero, 25 hospitales quedaron severamente dañados; 7.147 camas
terminaron inutilizadas y otras 9.339 deben repararse.

En la actualidad, el sistema de salud público, parcialmente privatizado,
atiende al 73 % de la población chilena, mientras la minoría (17 %) 
ocupa las privadas Isapres. El porcentaje restante corresponde a
funcionarios de las FF.AA que tienen un sistema propio.

Chile gasta muy poco en salud

De acuerdo al informe de la OMS de 2009, la inversión en salud de Chile
cayó a 5,3 % del PIB en 2006 respecto del 6,2 % que registraba en 2000.
Sin embargo, el promedio global es de un 8,7 %, y dentro de
Latinoamérica, Chile está en el lugar doce, bajo Argentina y Nicaragua.

La mayor parte de la inversión  pública sanitaria se explica por la
inversión privada que retrocedió a 47,3 % de la inversión total, desde
51,3 % que comportaba a comienzos del milenio. La inversión privada
corresponde a las Isapres que atienden a un 17 % de la población. Por el
contrario, el aporte del gobierno a la inversión total en salud,
aumentó desde 48,7 % a 52,7 % en el mismo período. Pero la inversión
fiscal está destinada a atender al 73 % de toda la población. Además,
los chilenos están distrayendo un promedio de 689 dólares al año al pago
de exámenes, consultas, hospitalización y medicamentos –el promedio
mundial es de 716 dólares-.

Los trabajadores

Según el presidente de los trabajadores de la salud, agremiados en la
Confenats , Roberto Alarcón, los gobiernos de la Concertación , y en
especial el de Ricardo Lagos, “Se resumió en meterle plata de todos los
chilenos a los privados. También creó convenios para que se atiendan
pacientes privados dentro de los hospitales públicos. Eso está
ocurriendo ahora, más allá de las concesiones. Hoy la atención de salud
ya está privatizada. Los médicos trabajan unas horas en los hospitales
en la mañana, y todo lo que no alcanzan a hacer temprano, lo realizan en
la tarde dentro del mismo hospital, pero con pacientes privados. Sus
contratos son de 22 horas, no de 44 con el hospital público. Y el
hospital presta toda la infraestructura y el equipamiento para el
servicio a particulares.”

¿Y el Plan Auge?

“Los empresarios aplaudieron a Lagos por el famoso Plan Auge, porque la
derecha sabe que el sistema público no está en condiciones de atender
esa canasta de prestaciones debido a que los especialistas son los
mismos en el sector público que en el privado. Además, como sólo las
prestaciones Auge están financiadas, únicamente si la enfermedad de la
persona esta en la canasta, se le atiende. Pero la persona cuya dolencia
no está en el Auge, aunque llegue muriéndose, no se le atiende porque
no le significa plata al hospital. Esa es la persona que lleva esperando
dos o tres años para ser atendido (600 mil casos).”

¿Y qué pasa con la llamada “autogestión” de los hospitales?

“Con la ley de 2009 los 56 hospitales de mayor complejidad (El Salvador,
Barros Luco, Exequiel González, Félix Bulnes, Roberto del Río, San José
y todos los hospitales cabecera de regiones) se deben autogestionar, es
decir, se convirtieron en empresas. El director del hospital ahora es
un gerente que debe cumplir con ciertas metas por las que es evaluado
permanentemente. Entonces debe producir con los propios enfermos. Esa es
su materia prima. Si no, se cierra el establecimiento. Ya la salud dejó
de ser un derecho social.”

Roberto Alarcón enfatiza  que el actual sistema de concesiones
hospitalarias que comenzó con la Concertación , y que Piñera profundiza,
aprovechando los efectos del terremoto, “no sólo es una cuestión de
poner los ladrillos, sino que según la ley votada el 15 de enero de
2010, los privados pueden meterse en la administración de los
hospitales. Es decir, los privados están facultados para hacer funcionar
el hospital; contratar gente; vender servicios; decidir cuántas camas
van a particulares y cuántas a pacientes públicos. Además las empresas
exigen encargarse de los servicios de lavandería, alimentación,
laboratorio, farmacia, etc. Y de ahí a que se tomen toda la parte
clínica hay un paso. Eso es lo más delicado.”

El sistema de salud público en Chile está en riesgo desde hace tiempo.
Sin embargo, ahora mismo vive horas cruciales con respecto a su
sobrevivencia o su definitiva privatización.