Represión contra los mineros en huelga en Collahuasi: habrían disparado a matar

Se consolida criminalización de lucha social
Con violencia y a 4.400 metros de altitud aterrizó un avión Hércules de la FACH, con más de 10 carros policiales y, por lo menos, 300 efectivos para ahogar la huelga de los trabajadores  contratistas de la Minera de Collahuasi. Según un trabajador que salió al aire el 12 de mayo en Radio Bío Bío, los policías habrían “disparado a matar” contra varios centenares de trabajadores que ocupaban la ruta. Hasta ahora, hay confirmados tres heridos.

Un conjunto de sindicatos de trabajadores tercerizados que representan a 4 mil personas levantó un pliego de peticiones incontestado por la empresa,  propiedad de las multinacionales Xstrata plc (44%), Anglo American (44%), y un consorcio japonés (12%) compuesto por Japan Collahuasi Resources BV, Mitsui & Co. Ltd., Nippon Mining & Metals Co. Ltd. y Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. La empresa operadora es la Compañía. Minera Doña Inés de Collahuasi.

La Minera Collahuasi se ubica a  menos de 200 kilómetros de Iquique y a 1.800 de Santiago. Produce el 3 %    del metal rojo que oferta la industria del cobre en Chile  a todo el planeta.

Las peticiones
Los mineros cupríferos demandaban diálogo con la gerencia para mejorar las condiciones del campamento donde alojan por graves problemas de hacinamiento, entre otras deficiencias. Asimismo, los trabajadores reivindicaban un bono de 1 millón 500 mil pesos proveniente de las ingentes utilidades de la mina (alrededor de 800 mil millones de pesos anuales o 1. 500 millones de dólares); equidad en temas de alimentación y atención de salud en la faena respecto de los mineros contratados directamente por la empresa; y la aplicación de la parte de la ley laboral correspondiente a trabajo pesado. Es decir, sólo demandas de este mundo.

La movilización
Con el objetivo de presionar por sus exigencias, los mineros en huelga, ya rotas las conversaciones por las negativas de la gerencia, bloquearon las rutas de acceso a la mina. Sin embargo, la respuesta de los intereses empresariales contra los trabajadores se tradujo en un represivo operativo militar y policial, dejando una vez más al descubierto la verdadera naturaleza del Estado y el gobierno de turno.

La estrategia represiva del estado
Como si no bastara con la violencia armada impuesta contra la movilización minera, la empresa presentó una querella por “daños y secuestro”. Del otro lado, los trabajadores realizarán una acusación contra el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, “por violaciones a tratados internacionales.”

De acuerdo a fuentes que solicitaron mantener su anonimato ante posibles represalias, “la Minera Collahuasi paga medios de comunicación en la zona; paga instituciones; paga candidaturas.” Ello explicaría la opaca, arbitraria  y parcial información en relación al conflicto sindical.

En este sentido, pero de manera ampliada, esta vez fuentes de La Moneda, explicaron la nueva estrategia gubernamental para contener manifestaciones sociales y asfixiar conflictos rápidamente. El plan habría debutado “en el Día del Combatiente, el 9 de marzo (Día de la Mujer), lo que se repitió el 1° de mayo y en el conflicto de la mina Collahuasi”.

La estrategia es sencilla y antigua. Fuertes medidas “precautorias” como llenar de fuerzas especiales de carabineros y gases lacrimógenos los escenarios de concentración; intimidar por número y presencia; y efectuar allanamientos a discreción. Los objetivos y procedimientos están ligados a la  criminalización de la protesta y organización social; el establecimiento de un Estado policíaco; y la defensa a ultranza de los intereses de los grandes capitales en desmedro de la vida de los asalariados.

De todos modos, el “nuevo” plan ya habría sido inaugurado antes de la llegada de Piñera, con la militarización e imposición del toque de queda en las regiones siniestradas por el terremoto-maremoto del 27 de febrero. También es posible advertir el mismo estilo –empleado durante los gobiernos de la Concertación- contra líderes del pueblo mapuche. De hecho, el pasado jueves 13 de mayo en  Temuco, fue allanada la casa de Waikilaf Cadin Calfunao donde se aloja Alejandro Stuart, poeta, fotógrafo y miembro de la Asociación de Reporteros Independientes. Waikilaf ya había sido  detenido, junto a otras 16 personas, en una marcha por la libertad de lo presos políticos mapuche.