¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O enemigo en acción?

“No podemos callar lo que hemos visto y oído”
(‘Los hechos de los apóstoles’, 4,20)

Las sociedades pocas veces reciben de sus gobiernos acabada información acerca de los conflictos que se desatan dentro de las esferas del poder. Es más: en ciertas materias, como lo son las relaciones internacionales y los vínculos de las Fuerzas Armadas con el poder civil, la información no sólo se caracteriza por su mezquindad sino se la califica de ‘información extremadamente delicada’. Así, pues, cuando la información no llega oportunamente al sujeto receptor, llega pero está adulterada, es insuficiente o, simplemente, no llega, hace que se supongan infinidades de hipótesis que, en muchos casos, al ser formuladas en forma coherente, dan origen a lo que se conoce como ‘teoría de la conspiración’. Así, pues, la llamada ‘teoría de la conspiración’ (que de teoría tiene bien poco) no nace por la simple voluntad de un visionario, sino por una multiplicidad de circunstancias, la mayoría de las cuales obedece a una equívoca manera de administrar la nación.
Un suceso de cuya veracidad se tenga reparos puede, no obstante, ser analizado desde ángulos ajenos a la ‘teoría de la conspiración’. Ello sucede cuando se lo explica como una excepción; más específicamente, como una ‘casualidad’. Permítasenos, en relación a lo expresado, recurrir aquí a una consideración previa que nos vimos obligados a entregar a propósito de la publicación de nuestro libro ‘Escenarios múltiples para una sola ejecución’:

“Al mundo de las casualidades nadie puede ingresar sin observar cierta cautela. Ya nos lo advertía aquel agente del Servicio Secreto británico que era Ian Flemming, en su obra ‘Doctor No’. Dividida en tres partes, la primera de las cuales lleva por título ‘Casualidad’, la segunda ‘Coincidencia’ y la tercera ‘Enemigo en acción’, nos recuerda aquel trabajo una famosa regla de oro que debe guiar la conducta de los agentes secretos a lo largo de sus respectivas existencias.
Si, durante un paseo que das por la ciudad, dice aquella, encuentras a una persona a quien conoces, estás frente a una ‘casualidad’; si vuelves a encontrarla en tu recorrido, eso es una ‘coincidencia’. Pero si tropiezas nuevamente con ella en el camino, ya no hay casualidad ni coincidencia en ese hecho sino se trata de un ‘enemigo en acción’”.

El día 27 de febrero pasado no hubo solamente un violento terremoto que asoló a la zona más poblada del país  y un tsunami que cobró centenares de vidas, sino otros hechos que deben ser explicados. Y no como simples ‘casualidades’.

Los hechos
No fue una casualidad que el viernes 5 de febrero del presente año, en una breve ceremonia protocolar, el general Cristián Le Dantec Gallardo, tercera antigüedad en el Ejército, fuese designado Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. El cargo había sido creado por una ley promulgada el 22 de diciembre de 2009 y el flamante nuevo jefe debía asumir sus funciones el 10 de febrero, en una designación que, en palabras de la Coalición por el Cambio, alianza vencedora en los comicios presidenciales, no fue tema

“[…] consensuado con la administración de Bachelet”(1) .

Era aquella una forma elegante de señalar que dicha coalición no había participado en la elaboración de la ley ni en su aplicación.

Cuando la tierra se estremeció, el 27 de ese mes, el Jefe del Estado mayor Conjunto de la Defensa Nacional, Cristián Le Dantec, se encontraba en su departamento ubicado en el piso 14 de un edificio de Las Condes. Bajó, en ropas ligeras, con la prisa que requería la ocasión para reunirse con otros moradores que se encontraban en el primer piso del inmueble. En ese momento recibió una llamada que lo conminaba a acercarse a la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior ONEMI. Volvió a su departamento por las escaleras de servicio, para vestirse y acudir a la cita, llegando a esa repartición, aproximadamente, a las 5,10 de la mañana, donde ya lo esperaban otras autoridades; entre ellas, la propia presidenta. Cinco minutos más tarde, y luego de su arribo, sucedería allí algo muy especial que daría lugar a algo no tan casual. Previo es, sin embargo, señalar otros hechos.

A partir del momento mismo de la ocurrencia del sismo, el Pacific Tsunami Warning Center PTWC, con sede en Hawaii ─dependiente del National Oceanographic and Atmospheric Administration NOAA, a su vez, institución bajo la tutela jerárquica del Departamento de Comercio Federal de los Estados Unidos─, comenzó a detectar extraños movimientos sísmicos en el sector del Pacífico sur. A las 3,45 pudo comprobar la existencia de un terremoto de proporciones espectaculares (8,8 en la escala de Richter) en el centro de Chile. Un minuto exacto después, 3,46 de la mañana, envió un fax al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada SHOA en el que le decía, escuetamente:

“[…] no se sabe si el tsunami se ha generado […] Un terremoto de estas dimensiones tiene el potencial de generar un destructivo tsunami que puede golpear las costas cercanas al epicentro. La autoridad debería tomar una acción apropiada en respuesta a esta posibilidad […]”

El comunicado, que fue recibido oportunamente por el SHOA, no pareció una alerta suficiente para quienes se encontraban a cargo del Centro en Hawaii, por lo que uno de sus sismólogos decidió llamar directamente a Chile y advertir al SHOA sobre el inminente desastre. No pudo, sin embargo, entablar contacto con los nacionales, pues ‘casualmente’ no había en aquel servicio una sola persona que hablara inglés. Otro de los científicos hawaianos, el sismólogo Víctor Sardiña, que sí hablaba castellano, volvió a efectuar otra llamada para explicar a los funcionarios de turno la inminencia del peligro solicitándoles

“[…] información visual sobre el oleaje”.

La persona con quien habló Sardiña (jamás se dio a conocer su nombre), respondió entender que se trataba de un tsunami. Constituye una incógnita conocer por qué, en conocimiento de esos antecedentes, nada hizo para prevenir acerca del desastre. ¿Casualidad? Entretanto, la gran primera ola del tsunami se descargaba sobre Talcahuano.

La Marina tenía información de lo que sucedía. Las naves que habían salido del puerto le informaron sobre la inminencia del desastre. Por eso, ordenó el desalojo de la Base Naval de Talcahuano, lugar en el que permanecieron dos personas que, posteriormente, perecieron ahogadas(2) . Sin embargo, los efectivos de la Armada no alertaron a la población acerca del peligro. Y eso no fue casual. Los minutos vividos por la tripulación del submarino ‘Scorpene General Carrera’ (SS-22) ilustran con propiedad lo que sucedió en esos momentos.

La nave estaba anclada en el puerto de Talcahuano a cargo del capitán de fragata Hernán Parga, quien había decidido pasar la noche junto a su familia, en la Base Naval de esa ciudad. El fuerte temblor lo despertó de inmediato; la primera preocupación que tuvo fue dejar su familia a resguardo. Estaba en esos quehaceres cuando recibió la llamada urgente del oficial de guardia alertándolo acerca de lo que sucedía en los diques.

“Se sintió como si el agua nos diera latigazos. El submarino saltaba del movimiento”(3) .

De acuerdo al protocolo de la Armada, toda nave salir de inmediato hacia el mar en caso de producirse algún terremoto. Había, por tanto, que prepararse para la salida. Así lo hizo el capitán Parga. Casi treinta minutos habían transcurrido desde que se produjera el sismo. No había información sobre un posible maremoto, pero el agua estaba bajando demasiado y el submarino tocaba fondo.

“En ese instante, escuchamos por nuestra vía de comunicación para emergencias que los buques que ya habían salido del puerto avisaban que venía el mar […]”
“Estábamos cuatro en cubierta cuando, a lo lejos el teniente Álvarez vio la ola. Aseguramos todo y nos metimos en el submarino”(4) .

Así, pues, poco antes de 30 minutos después de ocurrido el sismo, la Armada sabía que una ola gigantesca se abatiría con fuerza sobre Talcahuano (5) . Pero quien sabe de tsunamis conoce que una ola no viene sola, sino se repite en forma espaciada y cada vez con mayor violencia. Podía suponerse que, por lo menos, otras dos vendrían a continuación. No fue, por consiguiente, casualidad el desalojo de la Base Naval.
La ola gigante se descargó sobre Talcahuano a las 3,52; dos minutos más tarde, a las 3,54, otra, de similares características, se abatió sobre las localidades costeras de Constitución, Chanco, Peyuhue y Coñaripe.

Sorprendido aún por la violencia del terremoto, el teniente primero Mario Andina, oficial de guardia del SHOA, envió a las 4,07, el primer fax a la ONEMI en el que señalaba lo siguiente:

“Se ha producido un sismo con magnitud suficiente para generar un tsunami, se desconoce si se ha producido. Si se diera la posibilidad de ocurrencia, situación que sería informada oportunamente, las horas estimadas de arribo serían las siguientes […] 3,45 Talcahuano”(6) .

Pero ¿era aquella una información preventiva? ¿Qué institución era esa que advertía, a las 4,07, la probabilidad que ¡diecisiete minutos antes, a las 3,45! se hubiese producido un tsunami en Talcahuano? ¿Estaba burlándose el SHOA de la ONEMI? ¡Si la segunda ola se dejaría caer sobre esa ciudad costera solamente un minuto más tarde, a las 4,08 de la mañana!…

El intercambio de información entre la ONEMI y el SHOA, pasadas las 4 de la mañana, pone de manifiesto por qué aquella vaciló en aplicar su propio protocolo pues el organismo técnico por excelencia, llamaba a la calma minimizando los efectos del sismo.

“ONEMI: Se solicita tener información respecto a Juan Fernández”.
“SHOA: Con respecto a Juan Fernández, y tal como fue informado hace algunos minutos atrás, la variación del nivel del mar no excedería aproximadamente los 20 centímetros con respecto al nivel normal de mareas. Cambio”.

Y a la consulta acerca de lo que sucedía en la región de Araucanía:

“SHOA: Encontré una información con respecto a Caleta Queule, efectivamente ahí se produce una variación de aproximadamente un metro sobre lo normal, siendo eso en zonas bajas. Es probable que se haya desplazado la costa o el nivel del mar entre 80 y 120 metros mar adentro, pero no genera ningún peligro ni ningún tsunami potencialmente destructivo”(7) .

A esas alturas ya no había casualidades ni coincidencias, sino abierta desinformación; en tanto, las 4,08 la segunda ola hacía su ingreso a Talcahuano. Y sobre el archipiélago de Juan Fernández y Llolleo, en medio de tres réplicas de consideración, el tsunami se abatía sin piedad. Convencido, por la información recibida del SHOA, que el terremoto sólo había provocado un fuerte oleaje en el litoral, el subsecretario de Interior Patricio Rosende procedió a enviar un tranquilizador mensaje a la comunidad, a través del Canal Nacional que, junto a otros, había comenzado a transmitir:

“[…] se descarta toda posibilidad de tsunamis en las costas chilenas”.

La tragedia, a esas alturas, estaba ya desencadenada. Ignorantes acerca de lo que sucedía, los sismólogos del PTWC seguían insistiendo al SHOA sobre la necesidad de adoptar medidas de prevención. En un segundo comunicado oficial indicaban que la catástrofe era inminente por lo que se hacía necesario advertir a las autoridades al respecto.

A las 4,44, desde Hawaii, Víctor Sardiña denunció que se había enviado un segundo boletín al SHOA en cuyas partes principales se indicaba que:

“[…] las lecturas del nivel del mar indican que se generó un maremoto. Pudo haber sido destructivo en las costas cercanas al epicentro del terremoto y podrían ser también una amenaza para costas más distantes. Las autoridades debieran tomar acciones apropiadas en respuesta a esta posibilidad”.

Las autoridades, sin embargo, no reaccionaron: el nexo entre la autoridad civil y la militar se había roto, en tanto las replicas continuaban con otras tres nuevas, de igual intensidad.
A las 4,56, uno de los expertos del SHOA (cuyo nombre jamás se dio a conocer) decidió cancelar vía radio la alerta del tsunami. ¿Casualidad, también? Carmen Fernández, estimando que la verdad estaba de parte del organismo técnico, siguió aquellas recomendaciones:

“‘No hay tsunami’, dijimos”,

expresó, cuando fue consultada por la prensa.

Sin embargo, eran aquellos los momentos en que la tercera ola se abatía sobre Talcahuano; y era, también, el instante en que la presidenta arribaba a la ONEMI.

Michelle Bachelet había hecho su ingreso a ese organismo a las 5,07 de la madrugada. No era casual esa llegada, porque allí había de esperar el helicóptero que solicitado al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Ricardo Ortega Perrier desde su domicilio. Ortega se había comprometido a tenerlo listo a las 5 de la mañana. Sin embargo, aquello jamás ocurrió. Por el contrario: cada exactos 20 minutos, el comandante en Jefe de la Fuerza Aérea comenzó a disculparse de ese atraso en una explicación reiterativa y majadera: aún no estaba listo el helicóptero porque no había pilotos o éstos eran inubicables; se dijo, incluso, que aquellos no podían llegar al Aeropuerto pues los caminos de acceso al terminal estaban cortados. Hubo, entonces, fuertes altercados entre el ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma y el oficial. El helicóptero estuvo listo, finalmente, a las 9 de la mañana, y la presidenta pudo sobrevolar parte de la zona afectada. La última explicación ─de antología, por cierto─ fue que, al cortarse el suministro de la electricidad, había sido imposible cargar con combustible al helicóptero, pues eso se hacía de manera automática.

“La carga fue manual, esto es, sacar el combustible con una manguera, cargarlo en bidones y así abastecer a los helicópteros […]”(8) .

Ninguna autoridad colocada por sobre el poder militar mostró interés alguno en referirse al hecho; menos aún, en cuanto a aplicar una eventual sanción a los responsables. Y eso no fue simple casualidad. Tampoco hubo explicación alguna acerca de por qué el helicóptero presidencial no contaba con pilotos que hiciesen turnos junto al mismo para el caso de emergencia, ni cuál era el motivo de mantenerlo sin combustible e inutilizado, por consiguiente, para cualquier situación de alerta. Es más: jamás la FACH reconoció, por intermedio de su Comandante en Jefe, haber faltado a su deber. Por el contrario, en dos o tres declaraciones hechas a los medios de comunicación, a propósito de los saqueos en Concepción, el general Ricardo Ortega Perrier acusó directamente al poder político, es decir, a la presidenta, el hecho de no haber actuado con decisión. Sus palabras fueron:

“Nosotros teníamos los aviones disponibles con todo listo dos horas después del terremoto […] El problema es que no nos llegó la orden, y creo saber por qué […]”
“[…] como le digo, nosotros teníamos todos nuestros aviones disponibles dos horas después del terremoto, con tripulaciones […] los helicópteros, los aviones, teníamos todo listo. Nosotros somos los encargados de repartir personas, alimentos, del transporte, pero tenemos que llevar esas cosas, no las tenemos”(9) .

Michelle Bachelet. Patricio Rosende y Carmen Fernández esperaban al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Cristián Le Dantec, en el edificio de calle Beauchef. Correspondía a él, en esa calidad, tomar el control de las situaciones relacionadas con una emergencia de esa naturaleza; por consiguiente, cuando a las 5,15 el operador del SHOA quiso entregar un nuevo comunicado, el uniformado  tomó el teléfono para contestar. Pero,
“[…] al no entender qué quería decir, el general prefirió pasarle el teléfono a la presidenta para que hablara con ella”(10) .

Esta circunstancia, entendida de manera bastante distorsionada, sirvió para que Roberto Camacho Olivares, ex funcionario de la dictadura y ex oficial de las Fuerzas Armadas, que se desempeñara en el carácter de director del SHOA entre 1988 y 1991, justificara el actuar de esa institución y aprovechara la oportunidad para culpabilizar a la presidenta Bachelet de todos los errores cometidos. En una entrevista que le hiciera el periódico ‘Las Últimas Noticias’, señaló, muy suelto de cuerpo, que

“De acuerdo a los ejercicios que rutinariamente se hacen y que se utilizan a nivel internacional, la alarma del tsunami fue correctamente informada”.

Si la alerta del tsunami había sido ‘correctamente informada’ no sólo recaía la culpa sobre toda la ONEMI, sino sobre ‘alguien’ que no interpretó bien las claves de la Marina:

“Primero, por la llamada de la Presidenta por teléfono. Si hay un procedimiento que está rigurosamente establecido y se saca a un actor importante y es reemplazado por otro que no está en conocimiento del procedimiento (la Presidenta), pasaría lo mismo que en el aterrizaje de un avión comercial: aunque el piloto sea el mejor, ese avión va a chocar contra la pista. La forma como se informa de estos fenómenos pudo no haber sido entendido por la Presidenta. Y dos, ellos (la ONEMI) saben que por conocimiento conceptual que cualquier sismo sobre 7,5 escala Richter puede producir tsunami, y ante eso hay que actuar”(11) .

La tendencia a acusar directamente a la presidenta ─y, por ende, a través suyo, a todo el poder civil─ de todo lo sucedido no fue casual: volvió a hacerse presente al día siguiente del terremoto, cuando el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea expresó que todos los aviones de ese cuerpo armado estaban disponibles y que sólo esperaban la orden que nunca llegó. Más tarde, el 26 de marzo, el ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Juan Emilio Cheyre expresaría que, bajo el mandato de la Concertación,

“Al Ejército no se le consideraba una herramienta, por el poder político, útil para una misión que le corresponde en la Constitución […]”
“Para que la rueda empiece a girar, en el caso de las Fuerzas Armadas, sobre todo en estas tareas, usted le tiene que dar la orden. Entonces aquí hubo una grave crisis y una falta inexcusable de oportunidad en dar la orden para actuar. Me estoy refiriendo al poder político y específicamente a la Presidenta, porque los asesores aquí no valen”(12) .

Las reflexiones
Sin lugar a dudas, los hechos descritos constituyen una seguidilla de situaciones anómalas, que exigen, a lo menos, un análisis.
En una sociedad jerárquicamente organizada el presidente no es un ciudadano cualquiera. Está allí para tomar bajo su responsabilidad la resolución de determinadas situaciones; sus actos se presumen importantes. Entonces, no puede aceptarse que, cada veinte minutos, el Comandante en Jefe de una de las ramas de las Fuerzas Armadas le esté entregando excusas por no poder cumplir con la orden recibida y, así, transcurran seis horas desde el momento en que la recibió. Aceptémoslo, no obstante, como una casualidad. Pero, ¿puede aceptarse, también, como casualidad, el hecho que no se encontrase a un piloto competente para hacer funcionar el helicóptero ni se pudiese llenar con combustible el estanque del mismo? ¿Son, ambas circunstancias, simplemente, casualidades? ¿Es posible aceptar a un cuerpo armado de la nación la excusa de no haber instaurado el sistema de turnos de pilotos para responder a una emergencia de esa magnitud o, en otras palabras, no haber previsto lo que debía prever? No existe nada más ridículo que las excusas entregadas por el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea tanto respecto de no encontrar a los pilotos como aquella que usó para explicar los problemas que significaba recargar manualmente el aparato. ¿No poseen las Fuerzas Armadas equipos especiales, que generen electricidad en forma autónoma, especialmente fabricados para ser ocupados en situaciones de catástrofes? ¿Es esto una nueva casualidad? ¿O una coincidencia?

Las afirmaciones del general Ortega, formuladas al día siguiente de esos sucesos, y relativas a que dos horas luego del sismo tenía la FACH aparatos aéreos listos para despegar, ¿fueron una casualidad, también? ¿O una coincidencia? ¿Fue éste, como lo expresa Santiago Escobar, un ‘rasgo político de insubordinación y falta de respeto frente a Michelle Bachelet cuando todavía era Presidenta’ lo que hizo Ortega al señalar esa acusación? Si no lo fue, aquello no dejó de ser en todo caso un acto volitivo, es decir, un acto consciente y deliberado de su parte(13) . El general Ortega se había caracterizado por su falta de criterio a la hora de emitir opiniones. Había sido él quien afirmara, con arrogancia, ante las críticas de Perú acerca de la compra de los aviones F-16:

“[…] todos los que nos están mirando, todos los que están alrededor nuestro, saben que tenemos la capacidad de pegar fuerte, o sea, es mejor que nos dejen tranquilos”(14) .

Ortega no sólo había formulado aquel exabrupto, sino cuando se debatía la necesidad de adquirir un nuevo avión presidencial, debido a que el que mantenía la FACH se encontraba en pésimas condiciones y amenazaba la vida de la primera mandataria, se opuso a ello, justificando su negativa con este torpe argumento:

“[…] quiero un avión para la FACH, no para la Presidencia. Para eso ya tenemos”.

Ricardo Ortega Perrier es el prototipo de las personas que, a juicio de los gobiernos de la Concertación, había de considerárselas en demasía tan sólo porque eran los descendientes de personas vinculadas a la Unidad Popular: el héroe debe reproducirse en el hijo. La transmisión genética es el fundamento del compromiso social. O el simple hecho de ser pareja del causahabiente. Ricardo Ortega Perrier era hijo de Ricardo Ortega Fredes, subsecretario de Aviación en el Gobierno de Allende.
No sucede así, sin embargo, en la vida real: el hijo no sucede al padre, ni el sobrino al tío, ni la pareja (o el cónyuge) a la persona con quien ha convivido, pues las ideas no se transmiten por los genes ni por contacto directo. El propio Ricardo Ortega se encargó de confirmarlo el mismo día en que fue designado en el cargo, el 5 de octubre de 2006, cuando, refiriéndose a su padre, dijo:

“No tengo ningún problema con que él haya sido subsecretario del Presidente Allende. Al contrario, soy un hombre muy orgulloso de lo que él hizo. Pero él tiene su carrera y yo tengo la mía, son más de 30 años que estoy en la Fuerza Aérea y creo que valgo por lo que yo he hecho"(15) .

 Se explica de esa manera que haya participado en las negociaciones con el gobierno laborista británico para obtener la repatriación de Augusto Pinochet, en 1998, pues se había desempeñado, anteriormente, en misiones militares en ese país. Sus acciones no eran simple casualidad. Ni tampoco coincidencia.

¿Y qué decir de Roberto Camacho Olivares? ¿Fue casual que acusara al poder civil de inmiscuirse en las cuestiones técnicas de la Marina y culpabilizarlo de ‘no entender’ los mensajes? ¿Una mera coincidencia? O… ¿un enemigo en acción?

Dejémonos de ingenuidades. Las Fuerzas Armadas están precisamente para responder a todo tipo de imprevistos: son una fuerza de ocupación. Deben tener la capacidad para sortear toda clase de obstáculos. De otra manera, ¿cómo podrían enfrentar una guerra? Actuar como la Fuerza Aérea chilena lo hizo ─con sus propios connacionales─ para enfrentar el terremoto, implica no sólo insensibilidad social sino, además, un notable abandono de deberes; implica, a la vez, transformarse y transformar a las autoridades en el hazmerreír de la comunidad internacional. Una Fuerza Aérea, incapaz de levantar un helicóptero en un plazo más o menos breve, es una institución que no sirve, que no planifica, que no está preparada para enfrentar situaciones extremas.

La Fuerza Aérea chilena no es el único instituto que ha mostrado encontrarse en tan deplorable situación. También ha sucedido con la Marina chilena, cuya actuación despierta grandes interrogantes. ¿Fue casualidad lo que ocurrió con el instituto máximo de prevención de catástrofes, el SHOA? ¿Fue una simple coincidencia el desalojo que la propia Armada ordenó de la Base Naval de Talcahuano sin entregar esa información a la ONEMI ni a la población civil? ¿Fue una simple casualidad que los barcos hechos a la mar, en esa Base, hayan podido comunicarse entre sí, con el almirantazgo, con un submarino (el ‘Carrera’), y que ninguno de los estamentos superiores alertara acerca de la inminencia de un tsunami no sólo a toda la población civil sino al propio SHOA que, hasta las 6 de la madrugada, seguía enviado informaciones erróneas a un organismo, como la ONEMI, incapaz de adoptar sus propias resoluciones? ¿Es posible aceptar todo ello como si fueran producto de casualidades, coincidencias o simple mala suerte?
En el informe que la Armada de Chile entregara al presidente Sebastián Piñera, y que hemos copiado de su página webb, se puede leer el siguiente párrafo:

“El Oficial de Guardia del SHOA, Teniente 1° Sr. Mario Andina Medina, (Ingeniero Naval en Hidrografía y  Oceanografía), previo análisis de los antecedentes provenientes del PTWC, resolvió emitir la Alerta de Tsunami.
Esto se comunicó inicialmente a la ONEMI, por VHF, a las 03:51 horas, ocasión en que el propio Oficial de Guardia estableció el enlace e informó:
“OMEGA 0 DE SHOA: ALERTA DE TSUNAMI EN CURSO.”

La Armada sabía, entonces, desde las 3,51 que había peligro de tsunami. Entonces, ¿todos los mensajes entre el SHOA y la ONEMI, más arriba transcritos, en donde no se habla, precisamente, de un tsunami sino de un fuerte oleaje, las informaciones del PTWC, sus intentos de comunicarse con alguien que hablara inglés, las reiteraciones que no había peligro de tsunami, la cancelación del peligro de tsunami vía radio, son invenciones de la prensa? ¿O es una mera casualidad que todo ello haya sucedido? ¿O una coincidencia? Las vidas de tantos chilenos ¿se pagan con la renuncia del Jefe del SHOA o de otro oficial? ¿No hay más responsables de toda esta verdadera comedia de equivocaciones dentro de un cuerpo armado, capaz de ocupar a toda la nación y enfrentarse con enemigos?

Leíamos hace poco, las páginas de un comentarista que, al respecto, expresaba, refiriéndose al informe de la Marina sobre el tsunami:

“Mientras la Armada investigaba lo que todos sabíamos a tres días del desastre, el país cambió y sigue cambiando, mirando sin comprender el rostro mismo de su propio error. En esos 21 días nadie más que los responsables de la Armada han podido darse el lujo de esperar, de tomarse la justicia con calma, de preguntarse por lo evidente. Veintitrés días, casi un mes. Con esa velocidad de respuesta, Dios nos libre de una guerra de verdad”16) .

Esto no es una exageración. Cualquiera persona sabe que una Base Naval no es un balneario sino el lugar de resguardo de una escuadra, es decir, donde se guarecen y apertrechan naves de guerra. Es un campo que se protege de cualquier incursión marítima, terrestre o aérea. Allí se revisan, mantienen y cuidan las naves que protegen a la nación. Es, por consiguiente, un campo protegido con artilugios de guerra, un campo marítimo preparado para que una nave extraña no pueda incursionar allí sin peligro de ser destruida. La protección, en el mar, se consigue con la instalación de baterías costeras, vigilancia satelital, patrullaje y, fundamentalmente, con la colocación de minas, estableciéndose una ruta secreta que deben recorrer las naves nacionales. Se trata, pues, de una Base Naval. ¿Qué sucedió con las minas que deberían existir en aquel lugar? ¿Fueron o no removidas por el tsunami? Y en caso de haber sido removidas ¿dónde se encuentran?

¿Y qué decir del ejército? El flamante nuevo ministro de Defensa Jaime Ravinet De la Fuente, refiriéndose al problema de la interrupción del sistema de comunicaciones, había sostenido que el país no estaba preparado, en ese sentido, para afrontar una guerra. Sin embargo, de acuerdo a una investigación que hiciera el periodista Asacanio Cavallo:

“Ninguna de las fuerzas militares salieron de sus cuarteles en las primeras cuatro horas […] Pero la inacción tampoco lo es todo. El nuevo comandante en Jefe del Ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba, declaró que la Red Torrente, el enlace de comunicaciones de la institución, funcionó perfectamente después del terremoto, una refutación indirecta de la afirmación del ministro de Defensa, según la cual el país no estaría preparado para una emergencia bélica”.

“Lo que no funcionó, agregó el general, fue el enlace entre esa red y las autoridades civiles. Sin embargo, no se sabe de ningún oficial que haya ofrecido  esa red a las autoridades para obtener o entregar información. Peor aún, las autoridades civiles de Concepción requirieron una y otra vez que la Armada y el Ejército los proveyeran de comunicación con Santiago, precisamente para acelerar la declaración de estado de catástrofe, No hubo apoyo, a pesar de estar en esa ciudad la principal Base Naval y el Comando de Operaciones Terrestres del Ejército”(17) 

En efecto, en una entrevista que los panelistas de l programa ‘Tolerancia Cero’ hicieran a recién nombrada intendenta de Concepción Jacqueline Van Rysselberghe, el periodista Fernando Paulsen preguntó directamente a ésta si había o no requerido de la ayuda a las Fuerzas Armadas para comunicarse con Santiago. La aludida contestó que sí se había contactado con el Ejército y, eludiendo una respuesta directa que pudiese comprometerla, se limitó a sonreír cuando el periodista le repitió la pregunta (18) .

Los hechos son más graves, aún. En un comentario a la respuesta que, en una inserción de 30 de marzo recién pasado, en la sección Negocios, de ‘La Tercera (sin referirse, por supuesto a estas materias), diera al artículo de Ascanio Cavallo el ministro de Defensa Jaime Ravinet, refiriéndose a aquel, expresa el periódico ‘The Clinic’:

“El columnista incluso dice que las autoridades civiles de la VIII región pidieron infructuosamente a los uniformados que los ayudasen a contactarse con Santiago. Y este último punto es donde comienzan a desgranar las críticas, porque hoy en Concepción hasta se dice que los primeros uniformados que llegaron a la ciudad lo hicieron cantando el Himno Nacional como se cantaba hasta marzo de 1990”(19) . 

Los hechos más arriba consignados nos hacen creer que nos encontramos no ante casualidades ni coincidencias sino ante actos volitivos, lo que hace grave lo sucedido. Un acto volitivo es un acto voluntario, un acto del intelecto en el que se da conformidad a una acción. No son actos impensados ni, mucho menos, reflejos; ameritan, por el contrario, una investigación más profunda pues comprometen al alto mando de los institutos armados.

Estos actos no han sido solamente en contra de la presidenta Bachelet, como alguien erróneamente pudo suponer, sino contra todo el poder civil. No se explica de otro modo que, a poco de producido el sismo, levantase la voz el general Juan Emilio Cheyre tanto en el artículo de un vespertino como en una entrevista que le hiciera CNN Chile para culpabilizar al poder civil de los saqueos producidos en Concepción. Cheyre es un individuo cuya participación en la dictadura constituye un enigma. No está ajeno a los luctuosos sucesos de Antuco. Es más: sobre él recae toda la responsabilidad de ese trágico hecho. No es, por consiguiente, el más indicado para representar  lo que debió o no hacerse ante la catástrofe del 27 de febrero.

¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O, teoría de la conspiración? Agreguemos otro hecho más a los ya consignados.

Si lo anteriormente mencionado constituye un conjunto de actos volitivos y, a la vez, una clara confesión de la incapacidad de algunos institutos armados para mantenerse a la altura de las circunstancias, su estamento superior debería ser removido. Sin embargo, la presidenta Bachelet no lo hizo. ¿Por qué? Una actitud similar ha adoptado el presidente Piñera. ¿Por qué?
Jaime Ravinet, ministro de Defensa de Sebastián Piñera, había anunciado que

“[…] aquí va a haber una investigación, y el Comandante en Jefe está muy consciente de que aquí hay responsabilidades que deben ser investigadas”.

Constituye un enigma el informe que el día 24 de marzo de 2010 entregara la Armada al Gobierno de Sebastián Piñera al que el propio ministro de Defensa Jaime Ravinet de la Fuente calificara de ‘insuficiente’. Y lo constituye porque, al día siguiente de expresar su opinión al respecto, y al anunciarse que el Comandante el Jefe de la Marina Edmundo González Robles permanecería en su puesto, Ravinet expresó:

“El presidente ha estudiado el informe que se le entregó el día de ayer, ha valorizado sus conclusiones, el reconocimiento de que aquí hubo errores del Shoa y de Onemi que son serios  y por esa razón ha aceptado la solicitud de la Armada de cursar el pase a retiro del capitán de navío Rojas, como así mismo ratifica la decisión del almirante de sancionar al teniente en cuestión […]”

“Asimismo con el fin de transparentar el proceso de investigación y que la opinión pública tenga acceso a ella, vamos  a subir el informe a la página web de la marina  y obviamente antes de hacerlo le enviaremos a la fiscal el informe completo de manera que pueda continuar con su investigación encargada  por el Ministerio Público"
“[…] nunca he escuchado que la permanencia del almirante estuviera en cuestión, en todo caso el Presidente ha expresado su confianza en el almirante Edmundo González”(20) .

No existe razón para haber sancionado únicamente a su jefe, el capitán de navío Mariano Rojas por los errores cometidos por el SHOA. Tampoco hay razón para no dar los nombres de las personas que intervinieron en los diálogos cuyos textos constan en el intercambio de fax entre ese organismo y la ONEMI. Pero sorprende que el presidente Piñera no rectificara los errores cometidos por la presidenta Bachelet, no llamara a retiro tanto al Jefe de la Armada como al Jefe de la Fuerza Aérea ni exigiese una investigación por los sucesos de Concepción y Talcahuano. ¿No han sido, acaso, suficientes las pruebas acerca de la incompetencia de ciertos estamentos al interior de los institutos armados? Lo cierto es que los responsables no serán sancionados: habrá, para ellos, olvido y perdón, constante en favor de los dominadores que identifica a esta nación a lo largo de sus doscientos años de historia.

¿Casualidad? ¿Coincidencia?
Un hecho parece cierto: el megaterremoto de febrero pasado ha puesto sobre el tapete de la discusión la extrema vulnerabilidad de Chile frente a cualquier agresión externa pues ha bastado que se desplomen dos o más puentes para dividir al país y facilitar su ocupación por una potencia extranjera. El flujo normal de comunicaciones entre las ciudades fue interrumpido; la capital ha quedado aislada de las demás regiones. Eso ya lo sabe cualquier potencia extranjera a estas alturas. Y no va a bastar que un energúmeno diga, con aire suficiente:

“[…] tenemos la capacidad de pegar fuerte, o sea, es mejor que nos dejen tranquilos”

No cabe la menor duda que muchas de los actos realizados por los institutos armados a propósito del gran terremoto de febrero pasado  pueden caer dentro de lo que se conoce como ‘incompetencia’ e ‘ineptitud’ militar; pero hay, también, actos voluntarios que, ejercidos por ciertos y determinados estamentos castrenses, superan con creces cualquier calificación de ‘error’ (o ‘incompetencia’) con lo que se intente explicar los hechos. Lo cual nos conduce a una única conclusión.

Queremos afirmar, aquí, nuestra convicción en el sentido que la contradicción creada en tiempos de la dictadura ─poder civil versus poder militar─ no ha sido resuelta en estos 20 años de democracia débil e inestable. Lo cual no implica, en modo alguno, decir que los sucesos narrados anteriormente hayan constituido un conato de golpe militar. No. Los golpes militares no se dan a petición de parte ni para satisfacer la voluntad de una persona por importante que sea, sino cuando las circunstancias así lo permiten. Más exactamente: cuando la acumulación está amenazada. Pero sí puede suceder que, en la disputa por mezquinas cuotas de poder, exista la voluntad de ciertos y determinados estamentos de boicotear las acciones del poder civil en situaciones especiales e, incluso, en situaciones extremas, algunas de ellas tan dramáticas como lo ha sido la emergencia vivida por la población chilena a partir del 27 de febrero del año en curso. Cuando ello ocurre, los efectos de esta conducta pueden ser si no los propios de una insubordinación, al menos similares en sus efectos. Y eso sí puede adquirir caracteres de gravedad. Porque realizar acciones en contra de un pueblo necesitado para resolver mezquinas cuestiones de poder implica pasar por encima de los juramentos empeñados por los uniformados en cuanto a servir a una Patria, a la que se le vuelve la espalda en la primera oportunidad en que se sienten amenazados los intereses personales.

La subordinación definitiva del poder militar al poder civil no se ha consumado en estos años de democracia; y es difícil que ello ocurra mientras se mantenga la franquicia del 10 % de los ingresos del cobre que la dictadura pinochetista estableció a favor de las Fuerzas Armadas para la compra de pertrechos bélicos, granjería que siempre la Concertación quiso eliminar pues daba aliento al poder militar para desafiar al poder civil. No pudo hacerlo; pero, justo es reconocerlo, tampoco tuvo voluntad para intentarlo. En el programa de la Coalición por el Cambio, también figuraba la eliminación de esa granjería; se planteaba la posibilidad de reemplazar ese porcentaje por una suma que, establecida en el Presupuesto General de la Nación, colocase a las Fuerzas Armadas bajo el control de la sociedad y no como un poder aparte, separado de todo y de todos. Las reacciones de la presidenta Bachelet y del actual presidente Piñera en torno a no adoptar medidas en torno a los ‘errores’ e ‘incompetencia’ de las Fuerzas Armadas permiten suponer que esta situación no ha sido, es ni será posible resolverla con la simpleza que se creía. Y tal vez requiera de un largo tiempo más de conversaciones y negociaciones entre ambas partes. En tanto, es de esperar que otra desgracia, como lo ha sido el megaterremoto de 27 de febrero pasado, no vuelva a asolar a esta sufrida nación. Porque, de esa manera, volveremos a encontrarnos con un escenario no muy diferente al actual.
Santiago, abril de 2010

Notas:
1 “Bachelet nombra a tercera antigüedad del Ejército como primer jefe de Estado Mayor Conjunto”, ‘El Mercurio digital, de 6 de febrero de 2010.
2  La información está contenida en el mismo artículo que citamos más adelante en la nota (5).
3  Bakit, Matías: “45 minutos de combate submarino”, ‘El Mercurio’ de 28 de marzo de 2010, sección ‘Reportajes’, pág. D-12.
4  Bakit, Matías: Id. (2).
5 Grünewald, Federico: “Las dudas de la bloquera…”, ‘Las Últimas Noticias’, 24 de marzo 2010, pág 3.
6  Valenzuela, Óscar: “Armada reconoce que canceló alerta de tsunami”, ‘Las Últimas Noticias’ de 24 de marzo 2010, pág.2.
7   Anónimo: “El polémico audio de las conversaciones SHOA-ONEMI”, ‘Las Últimas Noticias, 24 marzo 2010, pág.3.
8  Anónimo: “El lío con los helicópteros”, ‘El Mercurio’ de 7 de marzo de 2010, ‘Reportajes’, D-13.
9  Contreras, Mario: “Ortega (FACH): ‘Dos horas después del terremoto teníamos los aviones listos para salir… el problema es que no nos llegó la orden’”, ‘La Segunda’, 2 de marzo 2010, pág. 14.
10  Equipo de política: “Las 48 horas de tensión…”, ‘El Mercurio’, pág, C-2.
11  Morales, Juan: “La alarma del tsunami fue correctamente informada”, ‘Las últimas Noticias’, 24 de marzo de 2010, pág. 4.
12  Canal CNN:Entrevista al general Juan Emilio Cheyre, de 26 de marzo de 2010.
13  Escobar, Santiago: “El terremoto y la incompetencia militar”, ‘El Mostrador’, 29 de marzo de 2010.
14  Contreras, Mario: Citado en (8).
15  Radio Cooperativa: “Ricardo Ortega Perrier es el nuevo Comandante en Jefe de la Fach”, versión digital en Internet, de 5 de octubre de 2006.
16  Gumucio, Rafael: “El lujo de esperar 21 días”. ‘Las Últimas Noticias’, 24 de marzo de 2010, pág. 3.
17  Cavallo Ascanio: “¿Qué Pasó con las Fuerzas Armadas el 27F?”, ‘La Tercera’, sección ‘Reportajes’, 28 de marzo de 2010, pág. 11.
18  Chilevisión: “Tolerancia Cero”, programa correspondiente al 28 de marzo de 2010. Invitada: Jacqueline Van Rysselberghe.
19  Anónimo: “Más raro que la…: El inserto de Jaime Ravinet contra Ascanio Cavallo”, ‘The Clinic’, N° 337, 1 de abril de 2010, pág. 10.
20  Anónimo: “Gobierno respalda a comandante en jefe de la Armada tras informe del tsunami”, ‘La Tercera’ digital de 24 de marzo de 2010.